El Gobierno debate decretar el estado de alarma
Sánchez comparece con esta medida encima de la mesa, que permite limitar temporalmente la circulación de personas.
El
Gobierno ha debatido en las últimas horas la posibilidad de dar un
salto y decretar el estado de alarma para contener la expansión de la
pandemia del coronavirus.
Pedro Sánchez ha anunciado este viernes una
comparecencia excepcional, lo que hace pensar que declararía esta medida
extrema.
Esta previsión constitucional está en pleno debate entre los
ministros, según fuentes del Ejecutivo.
Las medidas que se pueden
acordar con el estado de alarma —inicialmente durante de 15 días― son
las siguientes: Limitar la circulación o la permanencia de personas o
vehículos en horas y lugares determinados; practicar requisas temporales
de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias;
intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres,
explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de
domicilios privados; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo
de artículos de primera necesidad; e impartir las órdenes necesarias
para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de
los servicios de los centros de producción de los productos de primera
necesidad.
En los últimos días ha habido intensos debates
internos sobre la necesidad de ir más lejos en algunas medidas, pero
finalmente el presidente optó el jueves por seguir con una línea
gradual.
Sin embargo, la presión sigue, la oposición aprieta, otros
países como Portugal han decretado el estado de alarma con menos casos y
en el Ejecutivo se va fraguando la decisión de dar un salto más fuerte.
Hay ministros más favorables al gradualismo, por las consecuencias
económicas y sociales que tiene cada medida extrema, y otros que
apuestan por llegar al máximo de restricciones cuanto antes tenga el
coste que tenga.
Sánchez ha insistido públicamente en que todas las
decisiones se toman en función de lo que recomiendan los expertos, en
especial Fernando Simón, que en todo momento han sido más cautelosos y
han propuesto adecuar las medidas a las dimensiones alcanzadas por el
contagio sin ir a las máximas desde el primer momento.
El
decreto de estado de alarma tiene solo un precedente en la etapa
democrática, en la crisis de los controladores aéreos, en 2010.
La
oposición empieza a reclamar también que se active: la presidenta de
Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido al presidente del Gobierno su
activación para restringir los desplazamientos.
El Ejecutivo, según las
fuentes consultadas, estudia de cerca el caso de Madrid —con 2.000
afectados y 40 muertos por el momento— para tomar una decisión.
Tiene
varias opciones encima de la mesa e irá graduando la respuesta en
función de la situación: hay 3.784 afectados y 84 muertos en toda
España, según el último dato oficial, y el debate interno en el seno del
Ejecutivo ya ha empezado
. Portugal acaba de decretar el estado de
alarma.
El estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981,
permitiría al Consejo de Ministros adoptar medidas extraordinarias en
toda España o en una parte del territorio en varios supuestos, entre los
que se encuentran las “epidemias y situaciones de contaminación
graves”.
Este estado, previsto para cuando las circunstancias hagan
imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios,
faculta al Gobierno a poner bajo su mando a todos los funcionarios y
empleados públicos, incluidos los cuerpos policiales, de todas las
Administraciones e imponerles “servicios extraordinarios por su duración
o su naturaleza”.
En esa situación es cada vez más probable un
aplazamiento de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia,
previstas para el 5 de abril.
Pero no hay una decisión tomada al
respecto en este momento: ambos Ejecutivos autónomos estudian todas las
opciones legales, al igual que la Junta Electoral Central.
La
declaración del estado de alarma, a diferencia de los estados de
excepción y sitio, no afecta, en principio, a la vigencia de los
derechos fundamentales —como la libertad de expresión o de prensa, o la
libertad de manifestación—. Sin embargo, sí permite al Gobierno “limitar
la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares
determinados”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no mencionó expresamente el
estado de alarma en su comparecencia de ayer jueves, tras ser preguntado
por ello por los periodistas, pero tampoco descartó ningún escenario.
El Gobierno “tomará las decisiones que hagan falta, cuando hagan falta y
donde hagan falta”, subrayó Sánchez.
La oposición ha tomado la
delantera con la propuesta de Arrimadas, pero dentro del Gobierno
algunos ministros han mostrado reticencias por los efectos secundarios
de carácter económico que podría tener esa medida.
España cerró 2019 con
un crecimiento en torno al 2%, y el Ejecutivo preveía una ligera
desaceleración, hasta el 1,5%, para este año. Pero el contagio global y
sus efectos en España han dejado muy viejo ese escenario.
Hasta el punto
de que los expertos apuntan que la economía española podría llegar a
entrar en recesión a lo largo del segundo trimestre, en función de la
evolución de los contagios, de las medidas tomadas y de cómo funcione el
plan de choque anunciado ayer por Pedro Sánchez, con un estímulo de
18.200 millones entre liquidez, créditos baratos y fondos para
incrementar el gasto sanitario en las comunidades.
El Ejecutivo puede declarar el estado de alarma mediante un
decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días,
dando cuenta al Congreso de los Diputados, que se debe reunir
inmediatamente y que a su vez debe autorizar cualquier prórroga de este
plazo.
El decreto determina el ámbito territorial al que se extienden
los efectos de la declaración, según recoge la Constitución en su
artículo 116, algo esencial para las elecciones gallegas y vascas.
El
estado de alarma se ha aplicado hasta ahora una sola vez en la reciente
historia democrática.
Fue en diciembre de 2010 cuando el Consejo de
Ministros militarizó las torres de control aéreo
tras el abandono de su puesto de trabajo por parte de los controladores
civiles, que realizaron una huelga encubierta con bajas médicas
masivas.
