Ignacio González, detenido en la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II de Madrid

José Antonio Hernández

Se esperan 12 detenciones y registros por delitos como malversación, blanqueo y cohecho en el marco del operativo.

I gnacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, ha sido detenido este miércoles en una operación contra la corrupción centrada en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II de Madrid.

 La investigación, bautizada operación Lezo, está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y trata de averiguar si una serie de operaciones de desvío de dinero de fondos públicos beneficiaron a personas vinculadas al Gobierno madrileño anterior.

 Otras fuentes añaden que también se investigaba una supuesta financiación ilegal del PP a través del Canal de Isabel II, o la compra por parte del expresidente madrileño de empresas en Latinoamérica por un precio superior al que tenían en el mercado.

La Guardia Civil ha realizado hasta el momento 12 detenciones y numerosos registros, entre ellos el del domicilio de Ignacio González y su despacho profesional, al que ha sido conducido a media mañana.
 Entre los arrestados se encuentra el hermano de Ignacio González, como presunto testaferro, y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado "el hombre de Ignacio González en Latinoamérica". Fuentes conocedoras del caso relacionan a Rodríguez Sobrino con la supuesta compra de empresas a un precio superior al que tenían. Su nombre apareció vinculado a varias sociedades offshore creadas en Panamá y por este motivo fue destituido por Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, como presidente de Inassa (la empresa que gestiona el resto de compañías del Canal en Latinoamérica).

El juez Velasco llama a Cifuentes como testigo para que amplíe información

El juez Eloy Velasco ha citado este mediodía a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a Josep Creuheras, presidente del grupo Planeta, entre otras personas, como testigos para que amplíen información sobre la investigación abierta por la Audiencia Nacional por la que ha sido detenido este miércoles el expresidente del Gobierno madrileño Ignacio González.
El origen de la causa se sitúa en una denuncia del propio Gobierno regional presentó ante la fiscalía Anticorrupción en julio de 2016 por la compra venta a un precio excesivo de una compañía de aguas en Brasil.
 Las diligencias, declaradas secretas, investigan, entre otros, supuestos delitos de prevaricacion, organizacion criminal, malversacion, cohecho, blanqueo, fraude, falsificacion documental y corrupcion en los negocios.
Además de Cifuentes y Creuheras, el magistrado ha tomado declaración a Ángel Garrido, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Marisa González, jefa de Gabinete de Cifuentes y Rafael Prieto, actual director general del Canal de Isabel II.

También ha sido detenida María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal.

Registro en la vivienda de Ignacio González. Álvaro García

Otras investigaciones al Canal del Isabel II

No es la primera vez que el Canal de Isabel II es investigado por la UCO. 
En marzo de 2016, el juez Velasco ordenó a la Guardia Civil dentro del caso Púnica el análisis de las facturas emitidas a cuenta de un millonario contrato de publicidad de la empresa madrileña del agua ante la sospecha de que las mismas pueden ser "falsas" y encubrir un supuesto desvío de fondos. 
Esa documentación había llegado a la Audiencia Nacional de la mano de David Colomer, directivo de Arena Media, la sociedad que a comienzos de 2014 se hizo con dicha adjudicación.

Cuando el magistrado interrogó a este directivo, le preguntó si había hecho pagos al experto informático de la trama, Alejandro de Pedro, a petición de miembros del Ejecutivo madrileño e, incluso, detalles del dinero que recibió del PP regional por organizar la campaña de las elecciones autonómicas de mayo de 2015. 
Aunque Colomer negó entonces cualquier irregularidad, admitió haberse reunido con Salvador Victoria, entonces número dos del Gobierno de Ignacio González, en su despacho.
 Victoria ya estaba entonces imputado en el caso Púnica.
El juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción sospechaban que la trama pudo haber seguido una mecánica similar a la que mantuvo con otros proveedores del Gobierno regional, como Indra, para que presuntamente se hicieran cargo de los pagos a las empresas de De Pedro por los trabajos de reputación online que hizo para mejorar la imagen del hoy expresidente madrileño tras estallar el escándalo de su ático de Estepona.
 De hecho, Adrián de Pedro, hermano del experto informático llegó a asegurar ante el juez que sus empresas recibían "facturación ficticia" a través del Canal de Isabel II.
En este caso, el contrato bajo sospecha fue adjudicado por el Gobierno de la Comunidad en enero de 2014 a la empresa Arena Media, filial de la multinacional francesa de publicidad Havas.
 El importe del mismo era de 5,55 millones de euros, IVA incluido, y tenía como objeto "los servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión SA" durante 15 meses.
 Fue precisamente el entonces consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Salvador Victoria, entonces presidente de la compañía pública, el que presentó la propuesta de adjudicación a dicha mercantil por ser la oferta económica "más ventajosa".

¿Qué es la operación Lezo?

Fernando J. Pérez

La operación Lezo  son en realidad dos operaciones coordinadas y conjuntas del juez Eloy Velasco y su homólogo del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. 
En ambas operaciones se investiga al consorcio público, Mercasa Incatema, participado al 51% por la SEPI, y que se encarga de la gestión y construcción de mercados mayoristas de abastos.
 Es el juzgado 5, el que lleva la investigación troncal de Mercasa, tras abrir una pieza separada del caso Defex, y el 6 se encarga de algunos aspectos colaterales de esta empresa, según fuentes de la Audiencia Nacional.
En la investigación sobre Mercasa se investiga a una serie de personas que firmaron un contrato para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en Luanda, la capital de Angola.
 En este contrato, de más de 500 millones de dólares, se investigan sobreprecios, pagos de comisiones y lucro personal de una decena de personas, que no han sido detenidos.
La causa abierta por De la Mata, en la que sí ha habido registros, se investigan delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal.
 Se trata de la primera vez que dos juzgados de la Audiencia Nacional se coordinan para investigar delitos económicos.

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Concursantes de Supervivientes 2017 por un puñado de euros

Famosos en decadencia y otros rodeados de polémicas se reúnen en el programa de Telecinco.

Gloria Camila Ortega, Bigotes Arrocet, Alba Carrillo. Cordon press

Una vez más Telecinco se vuelca con Supervivientes para intentar mantenerse en la cima de la audiencia. 
Ver en la isla a famosos en decadencia y a otros que hacen cualquier cosa por serlo atrae siempre a los espectadores.
 Se trata de un grupo dispuesto a pasar hambre, frío y a luchar contra los insectos. 
Todo por un puñado de euros. 
El espectáculo está garantizado. Estos son los participantes anunciados por la cadena.
Bigote Arrocet. Es sin duda una las estrellas de Supervivientes 2017. Su relación con Teresa Campos le ha devuelto a la actualidad tras estar años apartado de la primera línea.
 En las últimas semanas ha sido noticia por una presunta crisis con la presentadora, por sus tibias relaciones con las hijas de esta y por sus problemas de liquidez.
 Ver al humorista sin su característico tupé será todo un aliciente para los fans de este formato.
Gloria Camila. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, de 21 años, no necesita sus apellidos como nombre artístico.
 Hasta ahora ha estado en una segunda línea informativa. 
Nunca ha estado en un plató, pero si responde a los micrófonos de la calle sobre los problemas de su padre, la rehabilitación de su hermano. También arremete contra su hermanastra. 
Tiene, dicen, mucho que contar en tantas horas de soledad en una isla de Honduras. 
Aspira a ser una estrella una vez que ha fracasado como modelo, propietaria de una tienda y diseñadora.
 A la isla se lleva a su novio Kiko Jiménez en calidad de concursante.

Alba Carrillo. Ella misma se ríe de su inestabilidad emocional tras su divorcio del tenista Feliciano López. La modelo ha protagonizado numerosas polémicas tras su separación tanto con su marido como con Fonsi Nieto, el padre de su hijo. En tratamiento psiquiátrico, Carrillo asegura que la productora garantiza que podrá seguirlo en la isla.
Janet Capdevila. Concursó en Quiero ser monja, pero la experiencia no le hizo cambiar su vida para convertirse en religiosa, sí para repetir en un reality.
Leticia Sabater. Si hay algo en ella destacable es que no tiene miedo a hacer el ridículo, es más presume de ello. 
Acaba de lanzar un nuevo disco. Se trata de Toma Pepinazo, la versión para vegetarianos de La Salchipapa. Se declara admiradora de Donald Trump. Dice que no es del PP, aunque prefiere que no gane Podemos.
 Horas antes de viajar a Honduras se ha hecho su enésimo retoque estético.
José Luis Losada cambia los fogones de Master Chef, concurso en el que fue finalista, por Honduras donde precisamente lo que no se hace es comer. El cocinero tendrá que tirar de ingenio para preparar recetas a base de los cocos y el pescado que logren.
Eliad Cohen. "Soy gay, pero eso no cambia mi vida.
 La imagen de los gais en televisión normalmente es extravagante y quiero normalizar eso”. Estas dos frases bastaron para que Eliad Cohen se convirtiera en trending topic la semana pasada. Se trata de un modelo israelí, de 28 años, que actualmente reside en Madrid y que es conocido dentro de la escena LGTB por ser el productor y empresario de su propia fiesta, la Papa Party, que lleva con éxito en su Papa World Tour por ciudades de medio mundo como Tel Aviv, Sidney, Miami o Madrid.

 

Juan Ramón Jiménez, el pasajero cabreado

El poeta emprendió hace un siglo una batalla legal contra una naviera tras su viaje de recién casados con Zenobia Camprubí

Eva Díaz Pérez

Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, el día de su boda, en la iglesia de St. Stephen, en Nueva York, el 2 de marzo de 1916.

En 1917, Juan Ramón Jiménez publicó Diario de un poeta recién casado, obra deslumbrante, luminosa y preñada de modernidad.
 Un libro lleno de felicidad fruto de su relación con Zenobia Camprubí y que escribe en la travesía que le lleva a Nueva York, donde contrae matrimonio y en su vuelta a España.
 En esta obra asoma el Juan Ramón maestro de generaciones, faro de la nueva poesía.
 Hace ahora un siglo de este libro que describe su relación con Zenobia, pero también inesperadas anécdotas de la vida cotidiana. Un Juan Ramón que protagoniza una áspera historia de reclamaciones a raíz de ese viaje trasatlántico realizado junto a su esposa desde Estados Unidos a Cádiz.

En los archivos de la Compañía Trasatlántica, la empresa de vapores que cubría el trayecto entre ambas ciudades, se guarda la relación epistolar protagonizada por el poeta a raíz de una reclamación "excesiva", según la empresa, que realizó en 1916 por el deterioro sufrido por su equipaje en el viaje. 
Hace unos años, el escritor Juan Ignacio Varela Gilabert investigó estos papeles que bajo la apariencia de un intrascendente conflicto entre una poderosa compañía naviera y un pasajero insatisfecho desvelan la particular personalidad del poeta.
A su llegada a Cádiz en el vapor Montevideo, el 21 de junio de 1916, la pareja recién casada es toda felicidad. Juan Ramón ha escrito un diario a bordo y pasean por Cádiz. 
El poeta dedica hermosos poemas a la ciudad: "Esos verdes de sulfato de cobre con cal, esos rosas de geranio, esos azules marinos, esos blancos traslúcidos". 
Se alojan en el hotel Francia París, en la plaza de San Francisco, pero algo molesta al poeta hasta hacerle retrasar el regreso a Madrid y buscar un notario para emprender una reclamación.
 Las ropas que estaban guardadas en el baúl de viaje han llegado inservibles a causa de una filtración de agua.
El agente en Cádiz de la Compañía Trasatlántica, Carlos Barrie, envía un informe al presidente de la naviera, Claudio López Bru, marqués de Comillas, buen amigo de Raimundo Camprubí, padre de Zenobia. 
Las frases del representante desvelan el carácter huraño del poeta. "La forma en que se presentó el señor Jiménez fue violenta, dejándose decir que él tenía la culpa por viajar en vapores que no eran de pasaje, sino cargueros y otras frases por el estilo (…) El señor Jiménez me parece que tiene un carácter vidrioso y desagradable". 
Y añade unas palabras del sobrecargo: "Dice que desde que entró a bordo el señor Jiménez, conoció que era uno de esos pasajeros que tienen que proporcionar disgustos en la travesía". 

La primera carta de reclamación que Juan Ramón Jiménez envía desde el Hotel de Francia y París en Cádiz.

¿Estuvo de tan mal humor Juan Ramón Jiménez durante la travesía? Repasando uno de los poemas, Sol en el camarote, se descubre, sin embargo, que vive instalado en la felicidad:
 "Mientras me baño viendo por el tragaluz abierto, el mar azul con sol, y cantando, luego toda la mañana".

Lluvia torrencial

El sobrecargo de la compañía aseguró que ningún otro equipaje había resultado afectado y que no se habían producido problemas de filtración en el viaje.
 Y argumentaba que la verdadera causa se debió a que "el señor Jiménez llegó al muelle para embarcar en los momentos en que estaba  lloviendo torrencialmente y su baúl venía en el techo del coche que los conducía".
 ¿Fue efectivamente así? Repasemos el Diario: 
"Se quedan atrás, con el leve ir del barco, barriles rotos, maderas viejas, guirnaldas de humo y espumas.
 Volviendo la cabeza a lo de antes, que ya no es nada, New-York, como una realidad no vista o como una visión irreal, desaparece lentamente, inmensa y triste, en la llovizna". 
En el archivo de la naviera está la respuesta airada del poeta ya en Madrid: 
"Usted sabe bien que los bultos de bodega se entregan, para esos vapores, la víspera de la salida de los barcos.
 El día en que yo llevé, en automóvil, mis baúles, hacía un sol espléndido.
 Es cierto que llovió el siguiente, pero mi equipaje no pudo sufrir, por mi culpa de tal aguacero".
Sin embargo, el marqués de Comillas prefirió renunciar a una batalla con una gran figura de las letras y aprobó el pago. El representante de la naviera accede con pesar: "Nuestro señor presidente, por razones especiales, ha dispuesto que se satisfagan al señor Jiménez las 4.000 pesetas que reclama".
 Ganó Juan Ramón a la poderosa Compañía Trasatlántica una batalla que desvela su carácter "vidrioso y desagradable".

 

Mariano Rajoy declarará como testigo en el juicio del caso Gürtel

Fernando J. Pérez

El tribunal, por mayoría, rechaza la posición de la fiscalía, que veía "inútil" su comparecencia.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una foto de archivo. Foto: AFP. Vídeo: ATLAS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel. 
El tribunal presidido por Ángel Hurtado ha decidido por mayoría de 2 a 1 que Rajoy sea citado en una fecha por determinar pese a que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se habían opuesto a que declare como testigo en el juicio que se celebra desde el 4 de octubre pasado en la Audiencia Nacional.
 La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 412, establece que, al menos en fase de instrucción, el presidente del Gobierno, entre otros altos cargos de la nación, está obligado a declarar como testigo cuando lo soliciten los jueces. 
La ley da la posibilidad de que declare por escrito cuando el testimonio se refiere a hechos conocidos por razón de su cargo de jefe del Ejecutivo.
 Cuando la declaración, como sucede en este caso, versa sobre hechos que no tienen que ver con su función como presidente, la norma da la opción de que pueda declarar en su domicilio o despacho oficial.
La declaración de los testigos durante el juicio oral se regula en los artículos 702 y 703 de la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero de estos artículos permite declarar por escrito solo a los miembros de la Familia Real, y también al presidente del Gobierno y otros altos cargos, pero solo sobre hechos conocidos por razón de su cargo.
 En el resto de casos deberán declarar de forma oral.
 Será el tribunal, que se ha dividido a la hora de decidir si era pertinente citar a Rajoy, el que deberá arbitrar la fórmula bajo la que comparezca aquel.
 La ley apenas establece que la declaración como testigo del presidente "se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo".
La solicitud de comparecencia la había formulado la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

 Antes de que el tribunal anunciara su decisión de citar a Rajoy, el ministerio público había reiterado su posición inicial de que la testifical del jefe del Ejecutivo no es "ni útil ni necesaria".

 La fiscalía consideraba que la citación, además, sería "redundante" para probar la existencia de la caja b del PP, porque esta existencia "está suficientemente acreditada" ya.

 La declaración del presidente "no aparece como relevante por cuanto no aparece con potencialidad para modificar el sentido del fallo", había afirmado la fiscal Concepción Nicolás.
El PP, que está personado en la causa como partícipe a título lucrativo, también se había opuesto a la petición de que declare el jefe del Ejecutivo.
 Se trata de una diligencia enormemente perturbadora, con finalidad espuria y extraprocesal”, afirmó el letrado del partido, Jesús Santos. Según él, la acusación popular de Adade, que realizó la petición de que testifique Rajoy, "falta a la verdad" a la hora de atribuir cargos orgánicos en el partido al presidente del Gobierno.
 El cargo de vicesecretario encargado de asuntos electorales, que ADADE atribuye a Rajoy “ni siquiera existe en los estatutos del PP”, ha dicho Santos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha enfrentaba por tercera vez a la petición de declarar como testigo en el caso Gürtel por solicitud de la acusación popular que ejerce Adade.
 La asociación fundamenta la petición que realizó el pasado marzo en que en Rajoy fue secretario general del partido y, por tanto, debía conocer las actividades del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

 

"La conciencia social exige sanciones"
La acusación popular considera que "la conciencia social exige sanciones" y que "resulta necesario oír a los máximos responsables". 
Adade opina que a estas alturas del juicio ya se han podido constatar que el abogado que representa los intereses del PP ha querido trasladar la responsabilidad de las ilícitas subvenciones electorales realizadas por el Grupo Correa a sus directos beneficiarios, los entonces alcaldes: Ortega de Majadahonda y Sepúlveda de Pozuelo,  y que está clara la intención "de salvar al jefe Rajoy", tratando de cargar las responsabilidades a "escalones inferiores". 
La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que el hecho de que Mariano Rajoy deba declarar como testigo en el caso Gürtel es un motivo más para pedir que asuma responsabilidades políticas, y ha instado al jefe del Gobierno a colaborar con la Justicia y no esconderse detrás de "un plasma".
"Esperamos que el PP y el Gobierno colaboren con la Justicia y que esa comparecencia se produzca", ha dicho la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos. Montero ha acusado al Partido Popular de haber "instalado la corrupción como forma de Gobierno" y haber beneficiado "a sus amigos en grandes empresas" mientras el coste de la crisis recaía en las espaldas de los ciudadanos.