HUequitos de Sol: Ignacio González, detenido en la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II de Madrid

Se esperan 12 detenciones y registros por delitos como malversación, blanqueo y cohecho en el marco del operativo.

I gnacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, ha sido detenido este miércoles en una operación contra la corrupción centrada en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II de Madrid.

La investigación, bautizada operación Lezo, está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y trata de averiguar si una serie de operaciones de desvío de dinero de fondos públicos beneficiaron a personas vinculadas al Gobierno madrileño anterior.

Otras fuentes añaden que también se investigaba una supuesta financiación ilegal del PP a través del Canal de Isabel II, o la compra por parte del expresidente madrileño de empresas en Latinoamérica por un precio superior al que tenían en el mercado.

La Guardia Civil ha realizado hasta el momento 12 detenciones y numerosos registros, entre ellos el del domicilio de Ignacio González y su despacho profesional, al que ha sido conducido a media mañana.
Entre los arrestados se encuentra el hermano de Ignacio González, como presunto testaferro, y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado "el hombre de Ignacio González en Latinoamérica". Fuentes conocedoras del caso relacionan a Rodríguez Sobrino con la supuesta compra de empresas a un precio superior al que tenían. Su nombre apareció vinculado a varias sociedades offshore creadas en Panamá y por este motivo fue destituido por Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, como presidente de Inassa (la empresa que gestiona el resto de compañías del Canal en Latinoamérica).

El juez Velasco llama a Cifuentes como testigo para que amplíe información

El juez Eloy Velasco ha citado este mediodía a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a Josep Creuheras, presidente del grupo Planeta, entre otras personas, como testigos para que amplíen información sobre la investigación abierta por la Audiencia Nacional por la que ha sido detenido este miércoles el expresidente del Gobierno madrileño Ignacio González.
El origen de la causa se sitúa en una denuncia del propio Gobierno regional presentó ante la fiscalía Anticorrupción en julio de 2016 por la compra venta a un precio excesivo de una compañía de aguas en Brasil.
Las diligencias, declaradas secretas, investigan, entre otros, supuestos delitos de prevaricacion, organizacion criminal, malversacion, cohecho, blanqueo, fraude, falsificacion documental y corrupcion en los negocios.
Además de Cifuentes y Creuheras, el magistrado ha tomado declaración a Ángel Garrido, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Marisa González, jefa de Gabinete de Cifuentes y Rafael Prieto, actual director general del Canal de Isabel II.

También ha sido detenida María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal.

Ignacio Gonzalez — Registro en la vivienda de Ignacio González. Álvaro García

Otras investigaciones al Canal del Isabel II

No es la primera vez que el Canal de Isabel II es investigado por la UCO.
En marzo de 2016, el juez Velasco ordenó a la Guardia Civil dentro del caso Púnica el análisis de las facturas emitidas a cuenta de un millonario contrato de publicidad de la empresa madrileña del agua ante la sospecha de que las mismas pueden ser "falsas" y encubrir un supuesto desvío de fondos.
Esa documentación había llegado a la Audiencia Nacional de la mano de David Colomer, directivo de Arena Media, la sociedad que a comienzos de 2014 se hizo con dicha adjudicación.

Cuando el magistrado interrogó a este directivo, le preguntó si había hecho pagos al experto informático de la trama, Alejandro de Pedro, a petición de miembros del Ejecutivo madrileño e, incluso, detalles del dinero que recibió del PP regional por organizar la campaña de las elecciones autonómicas de mayo de 2015.
Aunque Colomer negó entonces cualquier irregularidad, admitió haberse reunido con Salvador Victoria, entonces número dos del Gobierno de Ignacio González, en su despacho.
Victoria ya estaba entonces imputado en el caso Púnica.
El juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción sospechaban que la trama pudo haber seguido una mecánica similar a la que mantuvo con otros proveedores del Gobierno regional, como Indra, para que presuntamente se hicieran cargo de los pagos a las empresas de De Pedro por los trabajos de reputación online que hizo para mejorar la imagen del hoy expresidente madrileño tras estallar el escándalo de su ático de Estepona.
De hecho, Adrián de Pedro, hermano del experto informático llegó a asegurar ante el juez que sus empresas recibían "facturación ficticia" a través del Canal de Isabel II.
En este caso, el contrato bajo sospecha fue adjudicado por el Gobierno de la Comunidad en enero de 2014 a la empresa Arena Media, filial de la multinacional francesa de publicidad Havas.
El importe del mismo era de 5,55 millones de euros, IVA incluido, y tenía como objeto "los servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión SA" durante 15 meses.
Fue precisamente el entonces consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Salvador Victoria, entonces presidente de la compañía pública, el que presentó la propuesta de adjudicación a dicha mercantil por ser la oferta económica "más ventajosa".

¿Qué es la operación Lezo?

Fernando J. Pérez

La operación Lezo son en realidad dos operaciones coordinadas y conjuntas del juez Eloy Velasco y su homólogo del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
En ambas operaciones se investiga al consorcio público, Mercasa Incatema, participado al 51% por la SEPI, y que se encarga de la gestión y construcción de mercados mayoristas de abastos.
Es el juzgado 5, el que lleva la investigación troncal de Mercasa, tras abrir una pieza separada del caso Defex, y el 6 se encarga de algunos aspectos colaterales de esta empresa, según fuentes de la Audiencia Nacional.
En la investigación sobre Mercasa se investiga a una serie de personas que firmaron un contrato para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en Luanda, la capital de Angola.
En este contrato, de más de 500 millones de dólares, se investigan sobreprecios, pagos de comisiones y lucro personal de una decena de personas, que no han sido detenidos.
La causa abierta por De la Mata, en la que sí ha habido registros, se investigan delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal.
Se trata de la primera vez que dos juzgados de la Audiencia Nacional se coordinan para investigar delitos económicos.