El tribunal, por mayoría, rechaza la posición de la fiscalía, que veía "inútil" su comparecencia.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá declarar como
testigo en el juicio del caso Gürtel.
El tribunal presidido por Ángel Hurtado ha decidido por mayoría de 2 a 1 que Rajoy sea citado en una fecha por determinar pese a que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se habían opuesto a que declare como testigo en el juicio que se celebra desde el 4 de octubre pasado en la Audiencia Nacional.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 412, establece que, al menos en fase de instrucción, el presidente del Gobierno, entre otros altos cargos de la nación, está obligado a declarar como testigo cuando lo soliciten los jueces.
La ley da la posibilidad de que declare por escrito cuando el testimonio se refiere a hechos conocidos por razón de su cargo de jefe del Ejecutivo.
Cuando la declaración, como sucede en este caso, versa sobre hechos que no tienen que ver con su función como presidente, la norma da la opción de que pueda declarar en su domicilio o despacho oficial.
La declaración de los testigos durante el juicio oral se regula en los artículos 702 y 703 de la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero de estos artículos permite declarar por escrito solo a los miembros de la Familia Real, y también al presidente del Gobierno y otros altos cargos, pero solo sobre hechos conocidos por razón de su cargo.
En el resto de casos deberán declarar de forma oral.
Será el tribunal, que se ha dividido a la hora de decidir si era pertinente citar a Rajoy, el que deberá arbitrar la fórmula bajo la que comparezca aquel.
La ley apenas establece que la declaración como testigo del presidente "se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo".
La solicitud de comparecencia la había formulado la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).
El tribunal presidido por Ángel Hurtado ha decidido por mayoría de 2 a 1 que Rajoy sea citado en una fecha por determinar pese a que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se habían opuesto a que declare como testigo en el juicio que se celebra desde el 4 de octubre pasado en la Audiencia Nacional.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 412, establece que, al menos en fase de instrucción, el presidente del Gobierno, entre otros altos cargos de la nación, está obligado a declarar como testigo cuando lo soliciten los jueces.
La ley da la posibilidad de que declare por escrito cuando el testimonio se refiere a hechos conocidos por razón de su cargo de jefe del Ejecutivo.
Cuando la declaración, como sucede en este caso, versa sobre hechos que no tienen que ver con su función como presidente, la norma da la opción de que pueda declarar en su domicilio o despacho oficial.
La declaración de los testigos durante el juicio oral se regula en los artículos 702 y 703 de la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero de estos artículos permite declarar por escrito solo a los miembros de la Familia Real, y también al presidente del Gobierno y otros altos cargos, pero solo sobre hechos conocidos por razón de su cargo.
En el resto de casos deberán declarar de forma oral.
Será el tribunal, que se ha dividido a la hora de decidir si era pertinente citar a Rajoy, el que deberá arbitrar la fórmula bajo la que comparezca aquel.
La ley apenas establece que la declaración como testigo del presidente "se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo".
La solicitud de comparecencia la había formulado la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).
Antes de que el tribunal anunciara su decisión de citar a Rajoy, el
ministerio público había reiterado su posición inicial de que la
testifical del jefe del Ejecutivo no es "ni útil ni necesaria".
La
fiscalía consideraba que la citación, además, sería "redundante" para
probar la existencia de la caja b del PP,
porque esta existencia "está suficientemente acreditada" ya.
La
declaración del presidente "no aparece como relevante por cuanto no
aparece con potencialidad para modificar el sentido del fallo", había
afirmado la fiscal Concepción Nicolás.
El PP, que está personado en la causa como partícipe a título lucrativo, también se había opuesto a la petición de que declare el jefe del Ejecutivo.
Se trata de una diligencia enormemente perturbadora, con finalidad espuria y extraprocesal”, afirmó el letrado del partido, Jesús Santos. Según él, la acusación popular de Adade, que realizó la petición de que testifique Rajoy, "falta a la verdad" a la hora de atribuir cargos orgánicos en el partido al presidente del Gobierno.
El cargo de vicesecretario encargado de asuntos electorales, que ADADE atribuye a Rajoy “ni siquiera existe en los estatutos del PP”, ha dicho Santos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha enfrentaba por tercera vez a la petición de declarar como testigo en el caso Gürtel por solicitud de la acusación popular que ejerce Adade.
La asociación fundamenta la petición que realizó el pasado marzo en que en Rajoy fue secretario general del partido y, por tanto, debía conocer las actividades del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
El PP, que está personado en la causa como partícipe a título lucrativo, también se había opuesto a la petición de que declare el jefe del Ejecutivo.
Se trata de una diligencia enormemente perturbadora, con finalidad espuria y extraprocesal”, afirmó el letrado del partido, Jesús Santos. Según él, la acusación popular de Adade, que realizó la petición de que testifique Rajoy, "falta a la verdad" a la hora de atribuir cargos orgánicos en el partido al presidente del Gobierno.
El cargo de vicesecretario encargado de asuntos electorales, que ADADE atribuye a Rajoy “ni siquiera existe en los estatutos del PP”, ha dicho Santos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha enfrentaba por tercera vez a la petición de declarar como testigo en el caso Gürtel por solicitud de la acusación popular que ejerce Adade.
La asociación fundamenta la petición que realizó el pasado marzo en que en Rajoy fue secretario general del partido y, por tanto, debía conocer las actividades del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
"La conciencia social exige sanciones"
La acusación popular considera que "la conciencia social exige sanciones" y que "resulta necesario oír a los máximos responsables".
Adade opina que a estas alturas del juicio ya se han podido constatar que el abogado que representa los intereses del PP ha querido trasladar la responsabilidad de las ilícitas subvenciones electorales realizadas por el Grupo Correa a sus directos beneficiarios, los entonces alcaldes: Ortega de Majadahonda y Sepúlveda de Pozuelo, y que está clara la intención "de salvar al jefe Rajoy", tratando de cargar las responsabilidades a "escalones inferiores".
La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que el hecho de que Mariano Rajoy deba declarar como testigo en el caso Gürtel es un motivo más para pedir que asuma responsabilidades políticas, y ha instado al jefe del Gobierno a colaborar con la Justicia y no esconderse detrás de "un plasma".
"Esperamos que el PP y el Gobierno colaboren con la Justicia y que esa comparecencia se produzca", ha dicho la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos. Montero ha acusado al Partido Popular de haber "instalado la corrupción como forma de Gobierno" y haber beneficiado "a sus amigos en grandes empresas" mientras el coste de la crisis recaía en las espaldas de los ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario