El ministerio público rebaja de 42 a 39 años el tiempo de prisión que solicita para el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Madrid
Tras un año de juicio, el ministerio público apenas si ha retirado uno de los ocho delitos fiscales de que acusaba al extesorero del PP Luis Bárcenas, del año 2009, por el que se le reclamaba una pena de tres años de prisión.
De este modo, su petición final de condena pasa de 42 a 39 años de cárcel.
En el caso de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, la fiscalía ofrece al tribunal una alternativa de pena: en lugar de considerarla autora de los delitos fiscales de los que también acusa a su marido, propone que se le pueda considerar cooperadora necesaria en los mismos, eso sí, atribuyendo al extesorero toda la cuota imponible defraudada y aplicada hasta ahora a ambos cónyuges por separado.
A la hora de calcular las cuotas tributarias supuestamente defraudadas por Luis Bárcenas, la fiscalía tiene en cuenta los documentos del extesorero hallados por la Guardia Civil en el domicilio de Beltrán Gutiérrez Moliner, encargado de las cuentas del PP madrileño, en febrero de 2016.
En carpetas, archivadores e, incluso, una caja los agentes localizaron cientos de facturas, recibos de pago y certificados de autenticidad de joyas a nombre de Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias.
Otra modificación sustancial que la fiscal Concepción Sabadell ha incorporado a su escrito de conclusiones tiene que ver con el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López-Viejo, que al inicio del juicio, en octubre de 2016, confesó como ciertos los delitos de los que le acusaba el ministerio público. Con esta confesión, López-Viejo ha logrado que se le retire un delito contra la Hacienda Pública del año 2008 y la posibilidad de que el tribunal pueda apreciar delitos de fraude y exacciones ilegales donde la fiscalía acusaba por un tipo penal más grave, la malversación.
Al exconsejero de Esperanza Aguirre se le solicitaban inicialmente 46 años de prisión.
La fiscal ha mantenido este lunes en el juicio del caso Gürtel su petición de 125 años y un mes de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, a quien de nada han servido las acusaciones que lanzó al comenzar el juicio, en las que reconoció que cobró mordidas junto a Bárcenas a cambio de intermediar en contratos públicos.
En la sesión de hoy la fiscal Concepción Sabadell ha señalado que la Fiscalía sigue acusando a los 37 enjuiciados.
Además ha rebajado la petición de pena para los tres acusados que confesaron los hechos en el juicio, el empresario Jacobo Gordon, el exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández y el constructor Alfonso García Pozuelo, para quienes solicita cinco meses de prisión por blanqueo al primero, once meses por fraude y malversación al segundo y dos años por cohecho al tercero.
En general, el resto de acusaciones y conclusiones se mantienen idénticas.
De este modo, el PP como persona jurídica y la exministra de Sanidad Ana Mato, siguen siendo considerados partícipes a título lucrativo de los delitos de los principales acusados en la trama.
Según la fiscalía, Ana Mato se benefició de 28.400 euros en viajes y regalos familiares que la red de Correa dio a su exesposo y antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.
En cuanto al PP, la fiscalía considera que se benefició de 245.000 euros que la red Gürtel aportó para las campañas de las elecciones municipales de 2007 en Pozuelo y Majadahonda.
Quien no se ha visto favorecido por ninguna modificación ha sido el supuesto denunciante de la trama, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas.
Este sigue enfrentándose a una petición de seis años y medio de cárcel por los delitos de asociación ilícita, cohecho continuado en concurso con falsedad documental, fraude continuado a las Administraciones Públicas y malversación de caudales públicos continuada con prevaricación.
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