Alumnos y padres tiran de la huelga.

VÍDEO: REUTERS-LIVE / FOTO: GORKA LEJARCEGI

Los padres y los alumnos tiraron ayer de una gran movilización educativa contra las políticas del ministro José Ignacio Wert, la tercera que sufre en el tiempo que lleva a la cabeza del departamento. Estaban llamados a la huelga general docentes, familias y estudiantes de todas las etapas, de infantil a la Universidad, contra los recortes en educación (de más de 6.400 millones desde 2010) y la conocida como ley Wert. Los convocantes la ven como un ataque a la escuela pública y a la igualdad de oportunidades, aunque el Gobierno lo niegue una y otra vez. Los docentes de la concertada también estaban convocados.

Los motivos del descontento

J. A. AUNION / E. SILIÓ

La reforma educativa. La LOMCE cuenta con el rechazo mayoritario de la oposición y de los grupos de la comunidad educativa. Protestan contra los exámenes externos, que serán reválidas al final de la ESO y bachillerato, porque creen que condicionarán los contenidos y la forma de impartir las clases y que supondrán un obstáculo para los alumnos con más dificultades; opinan que la reforma ha reducido la capacidad de decisión de los consejos escolares de los centros; no están de acuerdo con el adelanto de los itinerarios formativos que conducen a la FP o el bachillerato ni con la recuperación de la asignatura alternativa a la Religión, que contará para conseguir becas; el impulso a la enseñanza concertada —se apoya la libertad de elección y se explicita la cesión de suelo público para colegios concertados— tampoco gusta. El FSIE, sindicato mayoritario en la concertada, dice que ese apoyo no es tal o, al menos, no suficiente, y que deja en peor situación a los docentes de estos centros. También convocaron ayer huelga.
Miles de millones de recorte. El presupuesto del Ministerio de Educación y las comunidades para escuelas y universidades ha bajado, al menos, 6.400 millones de euros desde 2010. La previsión enviada el año pasado por el Gobierno español a la UE prevé un recorte educativo entre 2010 y 2015 de un punto del PIB, entre 10.000 y 11.000 millones.
Menos plantilla. El Gobierno flexibilizó el año pasado la ley —más alumnos por aula, más horas de clase para los docentes y menor cobertura de bajas— para facilitar un ajuste que hasta el curso pasado supuso un descenso de más de 22.000 profesores en la pública. En escuelas e institutos el recorte docente lo suelen pagar los alumnos con dificultades, que pierden horas de refuerzo; además, la financiación de estos programas de apoyo se ha reducido enormemente. En la Universidad se aumentaron las horas de clase a los docentes que investigan menos; los rectores calculan una pérdida de 3.000 profesores.
Sin libros de texto. Los recortes han reducido entre un 30% y un 50% las ayudas de comedor y el año pasado perdieron la de libros de texto 578.000 alumnos, un 60% de los beneficiarios.
E Becas menos accesibles. Se han endurecido los requisitos académicos para conseguir becas generales, las destinadas a alumnos con menos recursos. Para conseguir la exención del pago de la matrícula las exigencias son un poco menores (5,5 de nota media) que para una ayuda monetaria (6 o 6,5, dependiendo de la rama de estudios). El Ministerio de Educación admite que al menos 10.000 alumnos han perdido ya la beca.

El impacto en las aulas fue evidente. La situación se repetía en la mayoría de los colegios e institutos públicos que visitó este diario en diferentes puntos de España: un seguimiento muy alto del alumnado (atribuible a los padres en las edades más tempranas), aunque el del profesorado pudiese variar mucho, desde la nada a un tercio de la plantilla o la práctica totalidad. Había también algún colegio, por supuesto, en que apenas se notó la ausencia de unos ni de otros. En la Universidad, también fueron los alumnos los que llevaron el peso de una protesta que, en el caso de los estudiantes, empezó el pasado martes y ha ido en aumento. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia se suspendieron entre el 50% y el 90% de las clases (dependiendo de las facultades). En los principales campus de Madrid y Andalucía el seguimiento fue muy alto, según las universidades, y en los de Cataluña, irregular.
Miles de personas se manifestaron en toda España durante todo el día: Oviedo, Valencia, Alicante, Sevilla, Granada, A Coruña, Pamplona... En Barcelona fueron entre 30.000 (según la policía) y 170.000 (los convocantes). En Madrid, la marcha se detuvo ante el Ministerio de Educación para pedir la dimisión de Wert.
La jornada tuvo momentos de tensión —con cargas policiales al final de la manifestación en Madrid, contenedores quemados en Valencia o algunos piquetes que impedían el paso a profesores en la Autónoma de Madrid—, pero también sus momentos lúdicos, como el cumpleaños feliz que le cantaron en una plaza madrileña a Wert, quien había calificado anteriores protestas contra su política como fiestas “de cumpleaños”.
Ayer se pudo ver a universitarios enfadados por el endurecimiento de los requisitos para conseguir una beca o por el aumento de precio de las matrículas. A padres que se disculpaban por llevar a sus hijos a clase —“Es que trabajamos y no tenemos con quién dejarla”, decía Luisa, una madre de Madrid—; a abuelos cuidando de los nietos en la puerta de un centro de mayores, y también a padres enfadados por la huelga. A docentes convencidos de la necesidad del paro y a otros que, aun creyendo en los motivos, lo inútil. “Con toda la movilización que ya hubo sin lograr ni un cambio, ahora que la ley [LOMCE] está aprobada, ya no se va a conseguir nada”, dijo el director del colegio Eusebio da Garda de A Coruña, Manuel Naveira.
Aunque se pueden resumir en los recortes y la reforma (recién aprobada en el Congreso), un amplio espectro de sectores de la comunidad escolar (más que nunca, al convocar también huelga el sindicato FSIE, mayoritario en la concertada, y ANPE) encuentra razones para la protesta, a veces solapadas, a veces incluso contrapuestas, o dirigidas también contra esta o aquella comunidad autónoma, pero siempre unidas en el rechazo al tijeretazo presupuestario y en la acusación al ministerio de falta de diálogo.
Solo el PP apoyó con sus votos la aprobación el pasado 10 de octubre en el Congreso de los Diputados de la LOMCE. Buena parte de la oposición (todos los grupos menos Foro Asturias, UPN y UPyD) se ha comprometido a derogar la ley en cuanto sumen una mayoría suficiente para hacerlo. El sindicato conservador ANPE pidió ayer “aplazar el trámite parlamentario para buscar un acuerdo y consenso mínimos”. La ley tiene que pasar ahora por el Senado y, si se cambia algún punto, volver al Congreso para su aprobación definitiva.
La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública —formada por la principal asociación de padres, CEAPA, el sindicato de Estudiantes, FAEST, CC OO, FETE-UGT y STES— ha hecho una consulta ciudadana contra la ley Wert que ya ha reunido un millón de firmas. Y ha planteado movilizaciones de protesta que culminarán en las próximas semanas con una marcha por la educación en Madrid.
De momento, la huelga de ayer sufrió la habitual guerra de cifras. El Ministerio de Educación sumó su repercusión en la escuela públicas, la concertada y la Universidad, y cifró el seguimiento en un 20,76% del profesorado. El departamento que dirige Wert no dio información desagregada a pesar de las peticiones de este diario, pero de alguna manera reconoce con su cifra un mayor impacto que en la anterior huelga general de mayo. Entonces, sin contar a la enseñanza concertada que baja la media por un menor apoyo, el ministerio dijo que el seguimiento no alcanzó el 20%.
Por su parte, los sindicatos lo dieron por separado: 83% en los colegios e institutos públicos, 91% en la Universidad (en mayo hablaron de alrededor de un 72%) y 35% en la privada subvencionada.
 El sindicato ANPE, que también convocaba, habló de un 70% en la pública no universitaria. Escuelas Católicas, patronal mayoritaria de los centros privados subvencionados, dio un seguimiento del 10%.
Sobre el alumnado, las cifras van desde el 13,18% que ofreció el Gobierno de Castilla y León (solo cuentan desde tercero de ESO, porque antes los niños no tienen reconocido el derecho a huelga), hasta el 80% que dio el de Canarias y el 90% de la Junta de Andalucía. En Baleares, donde los docentes recibieron el inicio de curso con tres semanas de huelga contra los recortes y el decreto de trilingüismo que reduce horas de catalán en clase, hubo un seguimiento en torno al 70%, según los sindicatos, y del 25,9%, según la consejería.
La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, tildó de “fracaso” la huelga e invitó a todos los sindicatos a un diálogo “real y abierto” con su ministerio. Aprovechó además su alocución para dar las gracias a los padres, profesores y alumnos que no secundaron el paro ni respondieron a una serie de lemas “demagógicos, simplistas y en muchos casos ofensivos” que no tienen “nada que ver” con la propuesta de reforma del ministerio.
“Las familias hemos vuelto a vaciar las aulas. No vamos a aceptar los recortes ni una ley que rechaza toda la sociedad menos el Gobierno.
 Y nos negamos a tener de interlocutor al ministro. Que haga las maletas y se vaya”, contestó José Luis Pazos, portavoz de CEAPA. Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, no quiso quedarse atrás: “Nos sentaremos si hay un compromiso de revertir la ley. Están encastillados y mirando hacia otro lado para no ver la respuesta de la sociedad”.
Y en la misma línea se ha manifestado Carlos López Cortiñas, secretario de FETE-UGT: “Han decidido provocarnos ahora a través de la secretaria de Estado. Hoy se han cumplido dos hitos: que llamase a la huelga todo el sector educativo y que el 35% de los profesores de la concertada la secundara”.
En la elaboración de estas informaciones han participado P. Álvarez, E. Tejedor, I. Vallespín, J. Mouzo, P. Montaña, M. Planelles, J. M. Játiva, P. Almenar, E. Moltó, A. Manresa, I. Touza y P. Obelleiro.