España no tiene ninguna asociación dedicada a defender a presos inocentes.
Cada uno de los reclusos que pide la revisión de su pena lo hace por su cuenta y con su propio abogado. De tanto en tanto, casos como los de Rafael Ricardi -preso durante 13 años por una violación que jamás cometió- o Ahmed Tommouhi -interno durante 15 años tras una investigación plagada de irregularidades- muestran que no todos los condenados por graves delitos eran culpables.
Pero no hay ninguna ONG dedicada a prestar asistencia jurídica a reclusos que cumplen pena en España ante casos de este tipo.
En EE UU sí existe una organización de estas características.
Se llama Innocence Project, y sus estadísticas son espeluznantes: 307 personas han salido hasta el momento de prisión gracias a ellos y a pruebas de ADN que acreditaban sin ningún género de duda que los jueces, los fiscales y/o la policía, se equivocaron al detenerlos y condenarlos.
Pero todos ellos pasaron tiempo privados de libertad y casi perdieron la esperanza de que se hiciera justicia. Algunos llevaban 10 o 20 años en prisión.
Otros esperaban su ejecución en el corredor de la muerte.
El Death Penalty Information Center acredita, por otro lado, que 142 personas han sido liberadas desde 1973 después de ser condenadas a la pena capital.
Innocence Project, que funciona desde 1992, solo acepta casos en los que pueda haber restos de ADN para analizar.
Aparte de tratar cada caso concreto para ver los fallos y tratar de probar la inocencia del preso, estudian sus propias estadísticas para sacar conclusiones.
¿Qué lleva a condenar a un inocente? ¿Qué fallo provoca que un sistema haya encarcelado a 307 personas inocentes
? Una de las respuestas más relevantes es que más del 80% de estas condenas injustas tienen como base reconocimientos erróneos de los sospechosos por parte de víctimas y testigos del delito.
No es que estos últimos mientan; más bien, se equivocan sin querer.
Pero lo verdaderamente peligroso es que muchas veces lo hacen por malas técnicas de los investigadores como preparar reconocimientos en rueda con cebos que apenas se parecen al sospechoso o "sugerir" quién es el culpable en un álbum policial. Una vez que al testigo se le ha metido esa cara en la cabeza y se ha convencido de que es el culpable, no hay nada que hacer, según los psicólogos del testimonio: será ese rostro el que recuerde de la noche del crimen aunque este lo haya cometido otra persona.
La organización ha propuesto que se establezcan legislativamente reglas en la investigación que impedirían, o al menos minimizarían, prácticas que llevan inexorablemente a la condena de inocentes.
Pero solo algunos Estados de EE UU las han adoptado.
Mientras tanto, y aparte de muchos otros argumentos en contra de la pena de muerte, uno de los que utilizan los reclusos del corredor de la muerte es la imposibilidad de que la justicia corrija este tipo de errores.
Ningún consuelo se puede dar ya al que ha sido ejecutado.
La próxima semana, precisamente, se celebra en Madrid el V Congreso mundial contra la pena de muerte. "¿Por qué debe lucharse contra esta condena en un país en el que no existe?", se preguntaba ayer en un acto en el Consejo General de la Abogacía Española Joaquín José Martínez, español condenado a muerte en Florida (EE UU) que abandonó el corredor de la muerte el 6 de junio de 2001.
Lo hizo tras tres años de angustia y gracias a que logró que se celebrara un nuevo juicio en el que resultó absuelto del doble asesinato por el que había sido antes condenado.
"Debemos pelear por lo que dijo mi padre en 1997: Yo hoy tengo a un hijo condenado.
Mañana puede ser el vuestro.
Mientras se imponga en cualquier país del mundo, nadie está exento de sufrirla, ni siquiera un inocente".
Cuando él salió del corredor, hace 12 años, había cinco españoles condenados a muerte en todo el mundo. Ya solo queda uno, Pablo Ibar, en EE UU. Lleva 13 años en el corredor y seis más encarcelado por un triple asesinato. Su padre, Cándido, acompañaba ayer a Joaquín José Martínez.
El suyo es otro caso lleno de irregularidades en el que el acusado reivindica un nuevo juicio.
El abogado que defendió a Ibar en el primer proceso admitió poco después que su defensa había sido pésima y la única prueba en su contra fue un video borroso.
Su supuesto compinche en el crimen, Seth Peñalver, ha quedado en libertad después de que se repitiera su juicio: se trata, precisamente, del liberado número 142.
Ha sido el último en salir, según los datos del Death penalty Information Center.
"Lo de mi hijo han sido muchos años de lucha, mucha tristeza", relataba ayer Cándido Ibar. "Lo único que pedimos es que tenga un juicio justo, como al final lo ha tenido Peñalver".
Foto: Pablo Ibar en el corredor de la muerte de una cárcel de Florida (EE UU)
Se llama Innocence Project, y sus estadísticas son espeluznantes: 307 personas han salido hasta el momento de prisión gracias a ellos y a pruebas de ADN que acreditaban sin ningún género de duda que los jueces, los fiscales y/o la policía, se equivocaron al detenerlos y condenarlos.
Pero todos ellos pasaron tiempo privados de libertad y casi perdieron la esperanza de que se hiciera justicia. Algunos llevaban 10 o 20 años en prisión.
Otros esperaban su ejecución en el corredor de la muerte.
El Death Penalty Information Center acredita, por otro lado, que 142 personas han sido liberadas desde 1973 después de ser condenadas a la pena capital.
Innocence Project, que funciona desde 1992, solo acepta casos en los que pueda haber restos de ADN para analizar.
Aparte de tratar cada caso concreto para ver los fallos y tratar de probar la inocencia del preso, estudian sus propias estadísticas para sacar conclusiones.
¿Qué lleva a condenar a un inocente? ¿Qué fallo provoca que un sistema haya encarcelado a 307 personas inocentes
? Una de las respuestas más relevantes es que más del 80% de estas condenas injustas tienen como base reconocimientos erróneos de los sospechosos por parte de víctimas y testigos del delito.
No es que estos últimos mientan; más bien, se equivocan sin querer.
Pero lo verdaderamente peligroso es que muchas veces lo hacen por malas técnicas de los investigadores como preparar reconocimientos en rueda con cebos que apenas se parecen al sospechoso o "sugerir" quién es el culpable en un álbum policial. Una vez que al testigo se le ha metido esa cara en la cabeza y se ha convencido de que es el culpable, no hay nada que hacer, según los psicólogos del testimonio: será ese rostro el que recuerde de la noche del crimen aunque este lo haya cometido otra persona.
La organización ha propuesto que se establezcan legislativamente reglas en la investigación que impedirían, o al menos minimizarían, prácticas que llevan inexorablemente a la condena de inocentes.
Pero solo algunos Estados de EE UU las han adoptado.
Mientras tanto, y aparte de muchos otros argumentos en contra de la pena de muerte, uno de los que utilizan los reclusos del corredor de la muerte es la imposibilidad de que la justicia corrija este tipo de errores.
Ningún consuelo se puede dar ya al que ha sido ejecutado.
La próxima semana, precisamente, se celebra en Madrid el V Congreso mundial contra la pena de muerte. "¿Por qué debe lucharse contra esta condena en un país en el que no existe?", se preguntaba ayer en un acto en el Consejo General de la Abogacía Española Joaquín José Martínez, español condenado a muerte en Florida (EE UU) que abandonó el corredor de la muerte el 6 de junio de 2001.
Lo hizo tras tres años de angustia y gracias a que logró que se celebrara un nuevo juicio en el que resultó absuelto del doble asesinato por el que había sido antes condenado.
"Debemos pelear por lo que dijo mi padre en 1997: Yo hoy tengo a un hijo condenado.
Mañana puede ser el vuestro.
Mientras se imponga en cualquier país del mundo, nadie está exento de sufrirla, ni siquiera un inocente".
Cuando él salió del corredor, hace 12 años, había cinco españoles condenados a muerte en todo el mundo. Ya solo queda uno, Pablo Ibar, en EE UU. Lleva 13 años en el corredor y seis más encarcelado por un triple asesinato. Su padre, Cándido, acompañaba ayer a Joaquín José Martínez.
El suyo es otro caso lleno de irregularidades en el que el acusado reivindica un nuevo juicio.
El abogado que defendió a Ibar en el primer proceso admitió poco después que su defensa había sido pésima y la única prueba en su contra fue un video borroso.
Su supuesto compinche en el crimen, Seth Peñalver, ha quedado en libertad después de que se repitiera su juicio: se trata, precisamente, del liberado número 142.
Ha sido el último en salir, según los datos del Death penalty Information Center.
"Lo de mi hijo han sido muchos años de lucha, mucha tristeza", relataba ayer Cándido Ibar. "Lo único que pedimos es que tenga un juicio justo, como al final lo ha tenido Peñalver".
Foto: Pablo Ibar en el corredor de la muerte de una cárcel de Florida (EE UU)
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