Un guardia civil confiesa el espionaje que ordenó el Gobierno de Aguirre.
El agente José Oreja a la juez: “Nos mandaron cometer barbaridades y me quejé al consejero Granados”
Manuel Cobo y Alfredo Prada, adversarios de la entonces presidenta, fueron los espiados.
Manuel Cobo, en una foto de archivo. / LUIS SEVILLANO
La investigación judicial del supuesto espionaje político a dos dirigentes del PP, Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid; y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad, ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre
y pagado con dinero público, ha dado un giro crucial para conocer
quiénes fueron los miembros del Ejecutivo autónomo del PP que idearon
esa actuación ilegal aprovechando los recursos de la Administración
pública.
José Oreja, uno de los guardias civiles contratado como asesor de seguridad por el Gobierno autónomo y que según los informes periciales de la policía estuvo haciendo los seguimientos a los dos políticos del PP, ha confesado a la juez, casi tres años después de que estallara el escándalo, que hizo los partes obedeciendo las órdenes del director general de Seguridad, Sergio Gamón, y que su jefe político directo, el entonces consejero de Interior y hoy senador, Francisco Granados, estaba al tanto de lo que sucedía.
En su declaración, el guardia civil declara a la juez que hasta ahora no había confesado por “miedo”, porque temía “quedarse sin trabajo” y porque tenía que “estar dos años y un día de excedencia en la Guardia Civil”.
Oreja detalla a la juez cómo entre enero y junio de 2008 —en los meses previos al congreso nacional del PP donde Esperanza Aguirre amagaba con disputarle el poder a Mariano Rajoy— “Gamón [director general de Seguridad] y Castaño [número dos del departamento] nos mandaron cometer esas barbaridades”, en relación con el espionaje a Cobo y a Prada.
“Nosotros nos quejamos al consejero de Interior, señor Granados, que nos dijo que nos negáramos a hacer lo que nos habían mandado y que no nos preocupáramo
s. Nos negamos y no lo hicimos, pero Castaño y Gamón continuaron ordenándonos lo mismo”, declaró Oreja. “Yo solo iba a los sitios en que sabía que iban a ir también Castaño y Gamón, y si sabía que no iban a ir, yo no iba tampoco.
Nos pidieron que informáramos por escrito, hicimos los informes a máquina, sin membrete y no los firmamos. Esas notas se las entregábamos a Gamón y a Castaño”.
Los informes de la policía basados en la posición de los teléfonos móviles de este guardia civil y de otros dos compañeros, guardias civiles también contratados como asesores de Seguridad en la Comunidad de Madrid, sostuvieron que al menos en abril y mayo de 2008 —únicos meses de los que se pidieron datos a Telefónica—, Oreja y los otros dos agentes siguieron a Prada y Cobo no solamente en sus actos públicos sino también en sus actividades privadas.
Había seguimientos pasada la medianoche, cuando Prada cenaba con su mujer y su hija en un restaurante determinado.
De ese espionaje quedó constancia por escrito en unos partes mecanografiados. Prada y Cobo eran entonces adversarios políticos de Aguirre dentro del propio PP.
Meses después del espionaje, Aguirre destituyó a Prada como consejero.
La fiscalía mostró al guardia civil Oreja una fotocopia de los partes del espionaje y este reconoció ante la juez: “Tienen la misma forma que los reales.
Yo identificaba a Prada como "P" entrecomillado. En los partes a veces copiaba la agenda y otras veces ponía lo que era indispensable. Aunque dudo de la realidad de los mismos dado que he visto a Castaño escribir sobre ellos”.
El guardia civil que ha confesado ahora que sus jefes de la Consejería de Interior le ordenaron espiar a los políticos Cobo y Prada defiende que la letra manuscrita que aparece en algunos partes, donde se identificaban matrículas de vehículos y se identificaba a sus propietarios, no es de José Manuel Pinto, funcionario de la Comunidad de Madrid imputado en la causa porque hay una pericial caligráfica que asegura que escribió en esos partes aunque él no estuvo en los seguimientos, sino de Castaño, el número dos de la dirección general de Seguridad.
Los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid llegaron a justificar el seguimiento a Prada en que los agentes hacían contravigilancias.
El guardia civil niega haber hecho “ni vigilancia ni contravigilancia a nadie” para a continuación recordar que pese a que el consejero Granados les decía que no obedecieran al director general, Sergio Gamón, “el que mandaba era el señor Gamón”.
“Pregunté al señor Gamón si existían órdenes de otras personas y me respondió que tenía especial interés el actual presidente de la Comunidad de Madrid [Ignacio González]”. Yo no pregunté más porque me parecía que era una locura”, declaró el guardia civil José Oreja a la juez.
Esta confesión que apunta a González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, coincide con la que hizo la exmujer de Sergio Gamón: “Mi exmarido ya investigaba desde 2006 a Prada para Ignacio González”.
A raíz de aquella declaración, la exmujer de Gamón fue despedida como secretaria de Telemadrid y Gamón fue apartado de un cargo en la Comunidad de Madrid en el que cobraba 90.000 euros.
Las declaraciones del guardia civil José Oreja así como las distintas pruebas recabadas en el sumario sitúan a dos altos dirigentes del PP en el punto de mira de la investigación judicial como responsables últimos del espionaje ilegal pagado con fondos públicos
. Uno de ellos, Granados, es actualmente senador, con lo que cualquier imputación pasa por el Tribunal Supremo y la juez debería inhibirse en el caso.
José Oreja, uno de los guardias civiles contratado como asesor de seguridad por el Gobierno autónomo y que según los informes periciales de la policía estuvo haciendo los seguimientos a los dos políticos del PP, ha confesado a la juez, casi tres años después de que estallara el escándalo, que hizo los partes obedeciendo las órdenes del director general de Seguridad, Sergio Gamón, y que su jefe político directo, el entonces consejero de Interior y hoy senador, Francisco Granados, estaba al tanto de lo que sucedía.
En su declaración, el guardia civil declara a la juez que hasta ahora no había confesado por “miedo”, porque temía “quedarse sin trabajo” y porque tenía que “estar dos años y un día de excedencia en la Guardia Civil”.
Oreja detalla a la juez cómo entre enero y junio de 2008 —en los meses previos al congreso nacional del PP donde Esperanza Aguirre amagaba con disputarle el poder a Mariano Rajoy— “Gamón [director general de Seguridad] y Castaño [número dos del departamento] nos mandaron cometer esas barbaridades”, en relación con el espionaje a Cobo y a Prada.
“Nosotros nos quejamos al consejero de Interior, señor Granados, que nos dijo que nos negáramos a hacer lo que nos habían mandado y que no nos preocupáramo
s. Nos negamos y no lo hicimos, pero Castaño y Gamón continuaron ordenándonos lo mismo”, declaró Oreja. “Yo solo iba a los sitios en que sabía que iban a ir también Castaño y Gamón, y si sabía que no iban a ir, yo no iba tampoco.
Nos pidieron que informáramos por escrito, hicimos los informes a máquina, sin membrete y no los firmamos. Esas notas se las entregábamos a Gamón y a Castaño”.
Los informes de la policía basados en la posición de los teléfonos móviles de este guardia civil y de otros dos compañeros, guardias civiles también contratados como asesores de Seguridad en la Comunidad de Madrid, sostuvieron que al menos en abril y mayo de 2008 —únicos meses de los que se pidieron datos a Telefónica—, Oreja y los otros dos agentes siguieron a Prada y Cobo no solamente en sus actos públicos sino también en sus actividades privadas.
Había seguimientos pasada la medianoche, cuando Prada cenaba con su mujer y su hija en un restaurante determinado.
De ese espionaje quedó constancia por escrito en unos partes mecanografiados. Prada y Cobo eran entonces adversarios políticos de Aguirre dentro del propio PP.
Meses después del espionaje, Aguirre destituyó a Prada como consejero.
La fiscalía mostró al guardia civil Oreja una fotocopia de los partes del espionaje y este reconoció ante la juez: “Tienen la misma forma que los reales.
Yo identificaba a Prada como "P" entrecomillado. En los partes a veces copiaba la agenda y otras veces ponía lo que era indispensable. Aunque dudo de la realidad de los mismos dado que he visto a Castaño escribir sobre ellos”.
El guardia civil que ha confesado ahora que sus jefes de la Consejería de Interior le ordenaron espiar a los políticos Cobo y Prada defiende que la letra manuscrita que aparece en algunos partes, donde se identificaban matrículas de vehículos y se identificaba a sus propietarios, no es de José Manuel Pinto, funcionario de la Comunidad de Madrid imputado en la causa porque hay una pericial caligráfica que asegura que escribió en esos partes aunque él no estuvo en los seguimientos, sino de Castaño, el número dos de la dirección general de Seguridad.
Los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid llegaron a justificar el seguimiento a Prada en que los agentes hacían contravigilancias.
El guardia civil niega haber hecho “ni vigilancia ni contravigilancia a nadie” para a continuación recordar que pese a que el consejero Granados les decía que no obedecieran al director general, Sergio Gamón, “el que mandaba era el señor Gamón”.
“Pregunté al señor Gamón si existían órdenes de otras personas y me respondió que tenía especial interés el actual presidente de la Comunidad de Madrid [Ignacio González]”. Yo no pregunté más porque me parecía que era una locura”, declaró el guardia civil José Oreja a la juez.
Esta confesión que apunta a González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, coincide con la que hizo la exmujer de Sergio Gamón: “Mi exmarido ya investigaba desde 2006 a Prada para Ignacio González”.
A raíz de aquella declaración, la exmujer de Gamón fue despedida como secretaria de Telemadrid y Gamón fue apartado de un cargo en la Comunidad de Madrid en el que cobraba 90.000 euros.
Las declaraciones del guardia civil José Oreja así como las distintas pruebas recabadas en el sumario sitúan a dos altos dirigentes del PP en el punto de mira de la investigación judicial como responsables últimos del espionaje ilegal pagado con fondos públicos
. Uno de ellos, Granados, es actualmente senador, con lo que cualquier imputación pasa por el Tribunal Supremo y la juez debería inhibirse en el caso.
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