Las nuevas ayudas públicas a BFA-Bankia son un atraco al Tesoro.
Un atraco al bolsillo del contribuyente. Lo son por su cuantía.
Si culminan los planes del Gobierno, el total de apoyo público al grupo, europeo y español, ascenderá a 82.965 millones de euros.
Referencia comparativa: una cifra superior al déficit de la Administración central y de las comunidades autónomas, que ascendió en 2011 a 82.107 millones. No se acaloren. De los apoyos a BFA-Bankia, no todo son inyecciones en vena de capital.
Hay avales del Tesoro, dispensandos desde 2008 a las cajas hoy fusionadas, por 28.500 millones.
Hay créditos blandos del BCE, al 1%, por 40.000 millones (15.000 en diciembre y 25.000 en febrero).
Hay una suscripción de 4.465 millones en preferentes, remuneradas al 8%, por el FROB-I: ahora, como pide José Ignacio Goirigolzarri y se concedió de antemano, se trocarán en acciones, sujetas al riesgo de una difícil recuperación. Y si se añadiesen los 10.000 millones extra que preveía el Gobierno, sumarían esos 82.965 millones.
¿Que implica esa cifra? En lo económico, es obvio que no hubiese enjugado el déficit y que por tanto no se necesitasen recortes, aunque algunos sí podrían evitarse. Pero sí que conlleva un coste de oportunidad: esos recursos podrían haberse dedicado a otros fines, tan o más urgentes en era de crisis.
En lo político, se trata de una herencia legada por dos Administraciones populares: Miguel Blesa/Comunidad de Madrid/Esperanza Aguirre y José Luis Olivas/Comunidad Valenciana/Paco Camps & antecesores.
Una herencia catastrófica, con consejeros de partido, fricciones de facciones del partido y utilización de las cajas como cajas B de las autonomías para proyectos grandilocuentes, del control de Iberia a la financiación del agujero negro de Terra Mítica... incluido el pago por el filial Banco de Valencia de la fianza de tres millones de Jaume Matas, el presidente balear condenado por corrupción. (Una síntesis, en Donde digo liberalismo..., en estas páginas, 12 de mayo de 2011).
Una herencia del PP al PP recibida por Rodrigo Rato, quien pugnó por desinfectarla —con sacrificios, 3.857 despidos, cierre de 853 sucursales—, pero era tarde. Y que incubó errores: juntar siete cajas malas, que no dieron una buena; mantener a demasiados correligionarios en los consejos y rechazar la fusión con La Caixa, por no dar primacía a la entidad catalana.
Las ayudas irritan. Es de ley que la oposición proteste.
Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar quebrar a BFA/Bankia?
Algunos lo postulan para los bancos sistémicos, too big to fail, demasiado grandes para caer. Otros, como Simon Johnson, matizan: “La solución correcta es obvia: no dejar que las instituciones financieras se conviertan en demasiado grandes; recortar las que lo son” (“13 bankers”, Random House, 2010).
Ya es tarde para eso. Y se entiende que al Gobierno le aterrorice un caso Lehman, o repetir la quiebra de los bancos islandeses: el perjuicio fue peor, y aún más injusto, que la injusta ayuda a los bancos en crisis.
Pero las ayudas son muy relevantes y la entidad muy grande. Y la auditoría de Deloitte apunta a una situación de práctica quiebra técnica en BFA —por consunción del capital—, y la presión de la morosidad y de los vencimientos de los 106.350 millones de deuda es asfixiante. Parece pues que debería tratarse el caso con más contundencia que los de las cajas pequeñas/medianas hasta ahora sometidas al túrmix del FROB. O sea, dispensar las nuevas ayudas en condiciones. Con más duras condiciones:
Un atraco al bolsillo del contribuyente. Lo son por su cuantía.
Si culminan los planes del Gobierno, el total de apoyo público al grupo, europeo y español, ascenderá a 82.965 millones de euros.
Referencia comparativa: una cifra superior al déficit de la Administración central y de las comunidades autónomas, que ascendió en 2011 a 82.107 millones. No se acaloren. De los apoyos a BFA-Bankia, no todo son inyecciones en vena de capital.
Hay avales del Tesoro, dispensandos desde 2008 a las cajas hoy fusionadas, por 28.500 millones.
Hay créditos blandos del BCE, al 1%, por 40.000 millones (15.000 en diciembre y 25.000 en febrero).
¿Que implica esa cifra? En lo económico, es obvio que no hubiese enjugado el déficit y que por tanto no se necesitasen recortes, aunque algunos sí podrían evitarse. Pero sí que conlleva un coste de oportunidad: esos recursos podrían haberse dedicado a otros fines, tan o más urgentes en era de crisis.
En lo político, se trata de una herencia legada por dos Administraciones populares: Miguel Blesa/Comunidad de Madrid/Esperanza Aguirre y José Luis Olivas/Comunidad Valenciana/Paco Camps & antecesores.
Una herencia catastrófica, con consejeros de partido, fricciones de facciones del partido y utilización de las cajas como cajas B de las autonomías para proyectos grandilocuentes, del control de Iberia a la financiación del agujero negro de Terra Mítica... incluido el pago por el filial Banco de Valencia de la fianza de tres millones de Jaume Matas, el presidente balear condenado por corrupción. (Una síntesis, en Donde digo liberalismo..., en estas páginas, 12 de mayo de 2011).
Una herencia del PP al PP recibida por Rodrigo Rato, quien pugnó por desinfectarla —con sacrificios, 3.857 despidos, cierre de 853 sucursales—, pero era tarde. Y que incubó errores: juntar siete cajas malas, que no dieron una buena; mantener a demasiados correligionarios en los consejos y rechazar la fusión con La Caixa, por no dar primacía a la entidad catalana.
Las ayudas irritan. Es de ley que la oposición proteste.
Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar quebrar a BFA/Bankia?
Algunos lo postulan para los bancos sistémicos, too big to fail, demasiado grandes para caer. Otros, como Simon Johnson, matizan: “La solución correcta es obvia: no dejar que las instituciones financieras se conviertan en demasiado grandes; recortar las que lo son” (“13 bankers”, Random House, 2010).
Ya es tarde para eso. Y se entiende que al Gobierno le aterrorice un caso Lehman, o repetir la quiebra de los bancos islandeses: el perjuicio fue peor, y aún más injusto, que la injusta ayuda a los bancos en crisis.
Pero las ayudas son muy relevantes y la entidad muy grande. Y la auditoría de Deloitte apunta a una situación de práctica quiebra técnica en BFA —por consunción del capital—, y la presión de la morosidad y de los vencimientos de los 106.350 millones de deuda es asfixiante. Parece pues que debería tratarse el caso con más contundencia que los de las cajas pequeñas/medianas hasta ahora sometidas al túrmix del FROB. O sea, dispensar las nuevas ayudas en condiciones. Con más duras condiciones:
- Reducción del capital a cero. La ayuda pública solo se justifica tras agotar todo el capital privado del grupo. O sea, reducir el valor de las acciones a un euro, como en las crisis bancarias de los ochenta. Bankia ya no es una caja benéfica, sino un negocio a riesgo, como lo eran Urquijo, Catalana o Banesto.
- Una explicación detallada del Gobierno, el Banco de España y los dos Ejecutivos autonómicos sobre el origen, causas y desarrollo de la crisis y sobre la solución elegida y, en su caso, asunción de responsabilidades.
- Venta o troceamiento. La nacionalización transitoria debe servir para sanear el activo (no solo los 31.400 millones de ladrillo hoy dudoso) y desinsectarlo de politiquería: Olivas, uno de los grandes culpables, sigue atrincherado en Bancaja. Y para evaluar no solo su futura venta, sino también su troceamiento, quizá la mejor vía de sajar sus males y permitirle generar negocio recurrente, que hoy no puede. Hay precedentes en varios países de la UE: Fortis, Dexia...
- Responsabilidades. Encargar al Banco de España, y en su caso a la jurisdicción, el deslinde de responsabilidades administrativas y de todo tipo de quienes crearon el problema. No de quienes lo afrontaron sin éxito.
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