Se está escribiendo -con extrañas intenciones, porque no responde a la realidad- que en la formación del nuevo Gobierno andaluz ha desaparecido “por la crisis” la Consejería de Igualdad:
No es cierto. Lo que se ha hecho es una nueva estructura mucho más acorde con lo que llevamos pidiendo las feministas desde que hay democracia.
Nunca ha habido solo una Consejería de Igualdad, ni en Andalucía ni en ninguna otra comunidad autónoma. Aquí el departamento era el de Igualdad con el añadido de Bienestar Social, que agrupa dependencia, mayores, drogodependientes y servicios sociales en general, lo que tampoco desaparece, sino que pasa a formar parte de la Conserjería de Salud, como la mayoría de los expertos señalan adecuado.
En Andalucía, a lo largo de estos 30 años de autonomía, las políticas de igualdad se han ejecutado a través del Instituto Andaluz de la Mujer, organismo autónomo que ha alcanzado un considerable prestigio desde el año 1989 en que fue creado. Su dependencia orgánica ha variado con el tiempo. Inicialmente dependía de la Consejería de Asuntos Sociales y muchas mujeres del PSOE protestamos por ello. Conseguimos que pasara a depender de Presidencia, sin lograr, sin embargo, que a la denominación de esta consejería se le añadiera la de Igualdad. Más tarde, pasó a ser la que hasta ahora se llamaba Consejería de Igualdad y Bienestar Social y aunque no nos gustaba volver a formar parte del departamento responsable de los servicios sociales, lo aceptamos. Al menos, la Igualdad aparecía en la denominación de la Consejería.
Las feministas siempre hemos defendido que, en la estructura del Gobierno debiera existir una consejería dedicada a las políticas de igualdad o que tales políticas debieran estar adscritas al departamento de Presidencia por ser este el responsable de la coordinación de todas las políticas y ejercer funciones de carácter transversal. Es lo que recomendó, por otra parte, la Conferencia Mundial de Pekín de 1995
. La razón es bien sencilla: las mujeres no somos ningún colectivo social marginado, sino la mitad de la humanidad, que padece discriminaciones diversas por muchas causas que son conocidas. Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de eliminar los obstáculos que impidan que la igualdad sea real y efectiva y se trata de buscar el instrumento más adecuado para lograrlo.
Toda la acción del Gobierno tiene que ir encaminada a ese objetivo y para conseguir que la igualdad no sea un “gueto”, sino algo que obligue a todo el Gobierno, que impregne toda su acción. Es bueno que las políticas de igualdad estén en Presidencia
. Ahora, por fin, lo hemos conseguido, con la conformidad de IU, en coalición en el Gobierno. Solo deseamos que los resultados estén a la altura de las expectativas creadas.
Amparo Rubiales es abogada y feminista. Fue consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía.
. La razón es bien sencilla: las mujeres no somos ningún colectivo social marginado, sino la mitad de la humanidad, que padece discriminaciones diversas por muchas causas que son conocidas. Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de eliminar los obstáculos que impidan que la igualdad sea real y efectiva y se trata de buscar el instrumento más adecuado para lograrlo.
Toda la acción del Gobierno tiene que ir encaminada a ese objetivo y para conseguir que la igualdad no sea un “gueto”, sino algo que obligue a todo el Gobierno, que impregne toda su acción. Es bueno que las políticas de igualdad estén en Presidencia
. Ahora, por fin, lo hemos conseguido, con la conformidad de IU, en coalición en el Gobierno. Solo deseamos que los resultados estén a la altura de las expectativas creadas.
Amparo Rubiales es abogada y feminista. Fue consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía.
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