Diego Torres, socio del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin.
El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no declarará por el caso Nóos el próximo día 22. En un escrito remitido al juzgado, el letrado de Torres, Manuel González Peeters, justifica la decisión por la "desaforada presión mediática" sobre el caso.
En ese contexto, dice, la declaración de Torres es "inviable". El exsocio del duque de Palma, yerno del Rey, pidió voluntariamente prestar declaración como imputado después de que, en la primera comparecencia, optase por guardar silencio.
El juez José Castro ha admitido la petición de Torres de no declarar el próximo día 22, informa Andreu Manresa. En el escrito, el juez Castro subraya la "falta de seriedad de la actuación" y asegura que la "presión mediática" esgrimida es común, ha dicho, "a todos los que intervenimos en esta causa".
Además, el magistrado reprocha al exsocio de Urdangarin que no diga quién le siga, quién le presiona y le hace "ofrecimientos". A lo que apostilla: "Difícilmente por ello este juzgado puede poner freno".
El día 17 acudirá al juzgado como imputado Jaume Matas en la pieza del caso Palma Arena-caso Nóos.
Tras la declaración de Urdangarin, en la que este le atribuía todas las decisiones en el instituto Nóos —que facturó casi 10 millones de euros de Administraciones públicas, la mayoría gobernadas por el PP—, Torres pidió declarar para explicar su versión de los hechos
. Esa declaración se anticipaba como clave para el desarrollo del caso. Fuentes próximas al exsocio de Urdangarin señalaban a principios de mes que en esta comparecencia, Torres estaba dispuesto a airear información supuestamente comprometedora sobre el caso. Abogados que intervienen en la causa señalaban estas amenazas de “chantaje grosero e inaceptable, consistente en amenazar con airear correos electrónicos privados que pueden dañar la imagen del Rey”.
Las defensas de los dos imputados mantienen abiertas negociaciones para presentar un acuerdo conjunto a la fiscalía que pasa por admitir su responsabilidad, aceptar una pena de prisión no superior a los dos años y abonar la cantidad defraudada para reparar el mal causado a la administración pública.
El abogado dice en el escrito que entiende que "el objeto de la causa suscite un especial interés".
Pero denuncia que, más allá de eso, la declaración de Torres se hace imposible por "la desaforada presión mediática las constantes falsas afirmaciones (...) y las tergiversaciones sistemáticas de la realidad".
El escrito, que ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, denuncia además los "continuos seguimientos personales" a los que, según la defensa, se ha sometido a Torres, lo que incluye una "intromisión en la vida privada sin límite". González Peeters admite que la decisión "en modo alguno ha sido fácil de adoptar", pero subraya que es "absolutamente insostenible" mantener la declaración.
En ese contexto, dice, la declaración de Torres es "inviable". El exsocio del duque de Palma, yerno del Rey, pidió voluntariamente prestar declaración como imputado después de que, en la primera comparecencia, optase por guardar silencio.
El juez José Castro ha admitido la petición de Torres de no declarar el próximo día 22, informa Andreu Manresa. En el escrito, el juez Castro subraya la "falta de seriedad de la actuación" y asegura que la "presión mediática" esgrimida es común, ha dicho, "a todos los que intervenimos en esta causa".
Además, el magistrado reprocha al exsocio de Urdangarin que no diga quién le siga, quién le presiona y le hace "ofrecimientos". A lo que apostilla: "Difícilmente por ello este juzgado puede poner freno".
El día 17 acudirá al juzgado como imputado Jaume Matas en la pieza del caso Palma Arena-caso Nóos.
Tras la declaración de Urdangarin, en la que este le atribuía todas las decisiones en el instituto Nóos —que facturó casi 10 millones de euros de Administraciones públicas, la mayoría gobernadas por el PP—, Torres pidió declarar para explicar su versión de los hechos
. Esa declaración se anticipaba como clave para el desarrollo del caso. Fuentes próximas al exsocio de Urdangarin señalaban a principios de mes que en esta comparecencia, Torres estaba dispuesto a airear información supuestamente comprometedora sobre el caso. Abogados que intervienen en la causa señalaban estas amenazas de “chantaje grosero e inaceptable, consistente en amenazar con airear correos electrónicos privados que pueden dañar la imagen del Rey”.
Las defensas de los dos imputados mantienen abiertas negociaciones para presentar un acuerdo conjunto a la fiscalía que pasa por admitir su responsabilidad, aceptar una pena de prisión no superior a los dos años y abonar la cantidad defraudada para reparar el mal causado a la administración pública.
El abogado dice en el escrito que entiende que "el objeto de la causa suscite un especial interés".
Pero denuncia que, más allá de eso, la declaración de Torres se hace imposible por "la desaforada presión mediática las constantes falsas afirmaciones (...) y las tergiversaciones sistemáticas de la realidad".
El escrito, que ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, denuncia además los "continuos seguimientos personales" a los que, según la defensa, se ha sometido a Torres, lo que incluye una "intromisión en la vida privada sin límite". González Peeters admite que la decisión "en modo alguno ha sido fácil de adoptar", pero subraya que es "absolutamente insostenible" mantener la declaración.
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