Un Blues

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Del material conque están hechos los sueños

4 abr 2018

Así ha reaccionado Paloma Rocasolano, la madre de Letizia, al polémico vídeo del enfrentamiento con Sofía

Los familiares de la reina tampoco han podido escapar el enorme revuelo motivado por el encontronazo entre Letizia y la reina emérita...


Paloma Rocasolano

 

Estilo Calabasas: cómo un suburbio convirtió en lujo ir en chándal y zapatillas


De zona residencial desconocida hace una década a cumbre de famosos que ya trasciende a la moda. 

Una estética propia y líneas de ropa o zapatillas que llevan su nombre confirman el fenómeno.

Estilo Calabasas: cómo un suburbio convirtió en lujo ir en chándal y zapatillas
Clones de Kim Kardashian en la campaña de Yeezy Season 6. Foto: Yeezy
 
¿Cómo una ciudad en la que apenas existen aceras por las que pasear ha llegado a convertirse en la meca del streetwear?
 La respuesta tiene nombres y apellidos: Kim Kardashian y Kanye West
Abanderados del nuevo lujo que viste con chándal y zapatillas, han hecho de ello su propia marca (Yeezy) con la ayuda de visionarios de la moda como Virgil Abloh – Off-White-, el reciente fichaje de Louis Vuitton que viene a confirmar que las grandes casas también les siguen de cerca.
 Así se ha forjado su identidad.
Está a 48 kilómetros de Los Ángeles y su extensión es de apenas 34 kilómetros cuadrados.
 Calabasas es en realidad un barrio residencial a lo grande.
 Calles idénticas con mansiones, centros comerciales y parkings en los que aparentemente no pasa nada pero que celebridades como los Kimye, Justin Bieber, Snoop Dogg o Drake (que incluso le ha dedicado una canción), han elegido para quedarse a vivir.
 El día a día transcurre en coches de lujo y a base de mucha comida take away.
El reality Keeping Up With The Kardashians, en emisión desde 2007, ha situado a la ciudad y a su exclusivo barrio en el que viven las hermanas, Hidden Hills, en el imaginario colectivo haciendo de ese estilo de vida simplón pero lujoso una máxima.
 Y lo ha trasladado a la forma de vestir de sus habitantes. 
Ropa deportiva –porque hace falta poco más para desplazarse en coche de casa a la tienda o al gimnasio– con estilismos estudiados y prendas exclusivas junto a un maquillaje siempre a punto (el contouring es marca de la casa). 
Precisamente sobre esos dos pilares han construido parte de su imperio comercial los Kardashian Jenner:
 Yeezy, la línea de ropa urbana de Kanye y KKW Beauty, de Kim, o la firma de cosmética de la pequeña del clan, Kylie Cosmetics.
Su identidad también son colores.
 La gama de tonos beige, caqui o grises y los neutros blanco y negro (nada de estampados) inundan las colecciones del rapero West en Yeezy Supply, su línea para adultos.
 Las prendas clave son los pantalones de chándal, sudaderas, gorras y camisetas de grupos de música, a menudo vestidas por la empresaria.
 En su última colección, la sexta, las fotos promocionales son de la propia Kim Kardashian relatando su cotidianidad en Calabasas. Subiendo y bajando del coche, andando por sus asépticas calles y con una bebida en vaso de plástico en la mano.

 

 

Pensionistas y funcionarios se llevan la mitad de los Presupuestos

El Gobierno insiste en que bajará el déficit manteniendo la presión fiscal en el entorno del 38% del PIB.

Los Presupuestos están “pensados para los pensionistas, servidores públicos y para financiar mejor los servicios públicos fundamentales”, afirmó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al presentar las cuentas de 2018 en el Congreso con seis meses de retraso. 

Nunca mejor dicho: el gasto en pensiones y funcionarios de la Administración central alcanzará por primera vez el 51% del presupuesto consolidado del Estado, incluyendo la Seguridad Social. 

167.354 millones de un total de 327.955 millones.

 Estos cálculos no contemplan la nómina de empleados de comunidades y entidades locales. 

La incorporación de más pensionistas con mejores carreras de cotización ha aumentado el gasto en pensiones mientras que todo lo demás sufría con la crisis.
 En 2018, esta partida, que representa la mayor de todos los presupuestos, subirá un 3,7% hasta 144.834 millones. 
 Del aumento de 5.188 millones, unos 1.000 se corresponden con la subida de las pensiones bajas y de viudedad.

Por otra parte, el gasto en personal de la Administración central se elevará un 2%, unos 500 millones más hasta 22.520 millones, por el alza del 1,75% de los sueldos públicos y el inicio de la equiparación salarial en los cuerpos de seguridad del Estado. 
El conjunto de estos gastos crece más que el resto, y eso hace que engorde su participación en los presupuestos hasta niveles nunca registrados: si el año pasado llegó a ser justo la mitad, este año ha superado esa cota y alcanza por primera vez el 51%.
Una interpretación es que se ayuda a aquellos que no se benefician de la mejora experimentada en el sector privado, como señaló el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal.
 Otra es que se trata de los colectivos que más presión política pueden ejercer sobre el Ejecutivo después de haber aguantado mejor sus rentas durante la recesión.

Guiños electorales

Y los guiños electorales no quedan ahí: se rebaja el IRPF en 2.000 millones, se eleva en 800 millones la rúbrica de infraestructuras o se destinan otra vez 500 millones al complemento salarial para jóvenes, entre otros.
 Todo ello hará que el gasto consolidado crezca un 3% hasta 327.955 millones.
 Y eso se compaginará con no tocar la carga tributaria.
 Según reconoció Montoro, el objetivo es dejar la recaudación en el mismo nivel: el entorno del 38% del PIB, uno de los menores de la zona euro. 
 Sin subir la presión fiscal, el cumplimiento del déficit que exige Bruselas dependerá del incremento de los ingresos que reporte la recuperación.
 Hay que bajarlo del 3,1% al 2,2% del PIB, esto es: 10.000 millones. 
Y el Gobierno espera una mejora total de la recaudación de casi 13.000 millones, un 4,6% más hasta 293.200 millones. 
Es decir, andará muy justo si hay que restar todos los gastos prometidos.

Además, el Gobierno prevé un aumento de los ingresos exclusivamente tributarios del 6% hasta una recaudación récord de 210.015 millones, por encima incluso del pico de la burbuja. 







Sin embargo, los analistas consideran que esta cifra puede estar levemente inflada al reducir impuestos y no repuntar mucho los salarios del conjunto de la economía, como explica María Jesús Fernández de Funcas. 
También está por ver en qué ejercicio se contabilizan finalmente los 4.000 millones que se ingresaron mediante el Sistema Inmediato (SII) para recaudar el IVA y que podrían tener que sustraerse de los ingresos de este año.
Pese a todos los caramelos presupuestarios, el gasto crece por debajo del PIB incluyendo la inflación y, por tanto, caerá a mínimos de una década: el 40,5% del PIB. 
El Estado del Bienestar seguirá disminuyendo en proporción a la riqueza nacional pese al crecimiento del gasto en pensiones, que cada vez absorbe más recursos y que acentúa el sesgo del gasto público hacia los grupos de mayor edad.
Consciente de no tener el respaldo para aprobar las cuentas, el Gobierno apuntó: tres de cada cuatro jubilados se beneficiarán de las medidas; 3,5 millones de trabajadores y pensionistas que cobran entre 12.000 y 18.000 euros tendrán una rebaja media de 440 euros en el IRPF y 3,1 millones de funcionarios recibirán un alza salarial. Montoro esgrimió estas cifras para presionar a PNV y PSOE.

El Supremo inhabilitó siete años a un profesor en 2017 por regalar una nota



El alto tribunal ratificó la condena a un docente y una funcionaria en un caso similar al de Cristina Cifuentes: la alumna no había ido a clase ni se había examinado con sus compañeros.

Estudiantes de Selectividad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.
Estudiantes de Selectividad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.
Las irregularidades en torno al máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos se multiplican a horas de que la presidenta de la Comunidad de Madrid comparezca en la Asamblea regional.
 Y la cuestión no es ya solo si merecía el título, sino si se han podido cometer delitos y faltas administrativas por parte de algunos profesores de la universidad y de otros funcionarios públicos.

El Tribunal Supremo, en febrero de 2017, condenó a un profesor a siete años de inhabilitación, y a otra funcionaria como cooperadora necesaria, por regalar la nota a una alumna que no había asistido a clase y que no había hecho el examen. 
 Los hechos ocurrieron en 2007, cuando una alumna de pedagogía de la Universidad de Granada habló con la jefa de sección y adjunta a la administradora de su facultad para contarle que, como trabajaba en Cádiz, no podía ir a clase ni hacer los exámenes, pero que necesitaba aprobar una asignatura troncal para que le compensaran otras materias y obtener su título.
 La funcionaria, María del Carmen Cara Jiménez, accedió a ello y habló con un profesor titular del departamento de didáctica y orientación escolar con el que mantenía buena relación, Fernando Peñafiel Martínez, que accedió a aprobarla sin más.
Matrícula fuera de plazo y sobresaliente sin examen ni asistencia a clase
La alumna ni siquiera estaba matriculada en la asignatura, cosa que hizo fuera de los plazos oficiales, el 2 de noviembre de 2007, “sin que conste ninguna solicitud previa al efecto ni resolución estimatoria”, según señala la sentencia del Supremo. 
El 7 de marzo de 2008 el profesor hizo constar en su asignatura un sobresaliente sin haber realizado examen de ningún tipo a la estudiante, ni haberle exigido un trabajo, y sin que ella hubiera asistido a clase.

La Audiencia Provincial de Granada condenó al profesor a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, "recayendo la pena impuesta sobre el empleo de profesor titular de la Universidad de Granada". 
Fue absuelto de un delito de falsedad en documento público.
 La funcionaria fue también condenada, como cooperadora necesaria. 
La alumna, por su parte, fue absuelta: no es funcionaria pública y el poder de aprobarla lo tenían los que sí lo eran.
La libertad de cátedra no es una carta en blanco exenta de control
El Tribunal Supremo en su sentencia, dictada el 10 de febrero de 2017 por la Sala de lo Penal y de la que fue ponente el magistrado Luciano Varela, ratificó las condenas de la Audiencia Provincial. La resolución del alto tribunal reflexiona aquí sobre las potestades de los docentes, y aclara que la libertad de cátedra “nunca constituye, o al menos no debe constituir, una carta en blanco para expedir la acreditación de suficiencia de conocimientos de modo libérrimo y, menos, exento de control que excluya la arbitrariedad”. Y añade que hay dos límites “incuestionables” para los profesores: "el derecho del estudiante a la objetividad en la evaluación de su competencia y los intereses públicos sobre los que en definitiva la oficial proclamación de capacidad del estudiante despliega sus efectos en la medida que habilita para actividades profesionales de las que son destinatarios los ciudadanos”.
“En conclusión, la calificación que subsigue al sistema de evaluación constituye la resolución considerada como presupuesto típico del delito de prevaricación del artículo 404 del código penal”, que castiga con pena de inhabilitación de 9 a 15 años (era de 7 a 10 años hasta 2015) "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”.
No hay rastros sobre la convocatoria y celebración de un examen
Para el Supremo fue también relevante la “ausencia absoluta del más mínimo de los rastros sobre la convocatoria y celebración” del supuesto examen que alumna y profesor aseguraron que sí se había llevado a cabo. 
La sentencia constituye la primera condena a un profesor por una prevaricación de este tipo.
Esta doctrina plantea no pocos problemas a Cristina Cifuentes en la actualidad.
 Si su caso llega a los tribunales y compañeros de promoción aseguran que no la vieron en clase ni en los exámenes -tal y como han asegurado a eldiario.es-, correspondería a los profesores que la aprobaron en sus 12 asignaturas (aparte de los numerosos problemas que plantea su Trabajo Fin de Máster), probar cómo se realizó la evaluación y por qué quedó exenta tanto de la asistencia a clase como de hacer el examen con el resto de los alumnos.

Ciudadanos impulsará una comisión de investigación en la Asamblea para aclarar las incógnitas que rodean al máster de la presidenta de Madrid


Caso Cristina Cifuentes
Cristina Cifuentes exhibe documentos en el atril de la Asamblea.
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no ha convencido a los partidos de la oposición en su comparecencia por las sospechas que rodean a su máster de la universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
 PSOE, Podemos y Ciudadanos han coincidido en que la dirigente del PP de Madrid no ha satisfecho sus preguntas tras su intervención en el hemiciclo en un acto que ha durado una hora y media.
 A Ciudadanos, partido que sostiene al Gobierno de Cifuentes, le han convencido tan poco las explicaciones de Cifuentes que impulsará una comisión de investigación para que acudan a ella el rector de la universidad Rey Juan Carlos y las tres personas, entre otros posibles comparecientes, que firmaron supuestamente el acta del máster de la dirigente del PP.