Pensionistas y funcionarios se llevan la mitad de los Presupuestos

El Gobierno insiste en que bajará el déficit manteniendo la presión fiscal en el entorno del 38% del PIB.

Los Presupuestos están “pensados para los pensionistas, servidores públicos y para financiar mejor los servicios públicos fundamentales”, afirmó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al presentar las cuentas de 2018 en el Congreso con seis meses de retraso. 

Nunca mejor dicho: el gasto en pensiones y funcionarios de la Administración central alcanzará por primera vez el 51% del presupuesto consolidado del Estado, incluyendo la Seguridad Social. 

167.354 millones de un total de 327.955 millones.

 Estos cálculos no contemplan la nómina de empleados de comunidades y entidades locales. 

La incorporación de más pensionistas con mejores carreras de cotización ha aumentado el gasto en pensiones mientras que todo lo demás sufría con la crisis.
 En 2018, esta partida, que representa la mayor de todos los presupuestos, subirá un 3,7% hasta 144.834 millones. 
 Del aumento de 5.188 millones, unos 1.000 se corresponden con la subida de las pensiones bajas y de viudedad.

Por otra parte, el gasto en personal de la Administración central se elevará un 2%, unos 500 millones más hasta 22.520 millones, por el alza del 1,75% de los sueldos públicos y el inicio de la equiparación salarial en los cuerpos de seguridad del Estado. 
El conjunto de estos gastos crece más que el resto, y eso hace que engorde su participación en los presupuestos hasta niveles nunca registrados: si el año pasado llegó a ser justo la mitad, este año ha superado esa cota y alcanza por primera vez el 51%.
Una interpretación es que se ayuda a aquellos que no se benefician de la mejora experimentada en el sector privado, como señaló el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal.
 Otra es que se trata de los colectivos que más presión política pueden ejercer sobre el Ejecutivo después de haber aguantado mejor sus rentas durante la recesión.

Guiños electorales

Y los guiños electorales no quedan ahí: se rebaja el IRPF en 2.000 millones, se eleva en 800 millones la rúbrica de infraestructuras o se destinan otra vez 500 millones al complemento salarial para jóvenes, entre otros.
 Todo ello hará que el gasto consolidado crezca un 3% hasta 327.955 millones.
 Y eso se compaginará con no tocar la carga tributaria.
 Según reconoció Montoro, el objetivo es dejar la recaudación en el mismo nivel: el entorno del 38% del PIB, uno de los menores de la zona euro. 
 Sin subir la presión fiscal, el cumplimiento del déficit que exige Bruselas dependerá del incremento de los ingresos que reporte la recuperación.
 Hay que bajarlo del 3,1% al 2,2% del PIB, esto es: 10.000 millones. 
Y el Gobierno espera una mejora total de la recaudación de casi 13.000 millones, un 4,6% más hasta 293.200 millones. 
Es decir, andará muy justo si hay que restar todos los gastos prometidos.

Además, el Gobierno prevé un aumento de los ingresos exclusivamente tributarios del 6% hasta una recaudación récord de 210.015 millones, por encima incluso del pico de la burbuja. 







Sin embargo, los analistas consideran que esta cifra puede estar levemente inflada al reducir impuestos y no repuntar mucho los salarios del conjunto de la economía, como explica María Jesús Fernández de Funcas. 
También está por ver en qué ejercicio se contabilizan finalmente los 4.000 millones que se ingresaron mediante el Sistema Inmediato (SII) para recaudar el IVA y que podrían tener que sustraerse de los ingresos de este año.
Pese a todos los caramelos presupuestarios, el gasto crece por debajo del PIB incluyendo la inflación y, por tanto, caerá a mínimos de una década: el 40,5% del PIB. 
El Estado del Bienestar seguirá disminuyendo en proporción a la riqueza nacional pese al crecimiento del gasto en pensiones, que cada vez absorbe más recursos y que acentúa el sesgo del gasto público hacia los grupos de mayor edad.
Consciente de no tener el respaldo para aprobar las cuentas, el Gobierno apuntó: tres de cada cuatro jubilados se beneficiarán de las medidas; 3,5 millones de trabajadores y pensionistas que cobran entre 12.000 y 18.000 euros tendrán una rebaja media de 440 euros en el IRPF y 3,1 millones de funcionarios recibirán un alza salarial. Montoro esgrimió estas cifras para presionar a PNV y PSOE.