De zona residencial desconocida hace una década a
cumbre de famosos que ya trasciende a la moda.
Una estética propia y
líneas de ropa o zapatillas que llevan su nombre confirman el fenómeno.
Clones de Kim Kardashian en la campaña de Yeezy Season 6.
Foto: Yeezy
¿Cómo una ciudad en la que apenas existen aceras por las que pasear ha llegado a convertirse en la meca del streetwear? La respuesta tiene nombres y apellidos: Kim Kardashian y Kanye West. Abanderados del nuevo lujo que viste con chándal y zapatillas, han hecho de ello su propia marca (Yeezy) con la ayuda de visionarios de la moda como Virgil Abloh
– Off-White-, el reciente fichaje de Louis Vuitton que viene a
confirmar que las grandes casas también les siguen de cerca. Así se ha
forjado su identidad. Está a 48 kilómetros de Los Ángeles y su extensión es de
apenas 34 kilómetros cuadrados. Calabasas es en realidad un barrio
residencial a lo grande. Calles idénticas con mansiones, centros
comerciales y parkings en los que aparentemente no pasa nada pero que
celebridades como los Kimye, Justin Bieber, Snoop Dogg o Drake (que incluso le ha dedicado una canción), han elegido para quedarse a vivir. El día a día transcurre en coches de lujo y a base de mucha comida take away. El reality Keeping Up With The Kardashians, en
emisión desde 2007, ha situado a la ciudad y a su exclusivo barrio en el
que viven las hermanas, Hidden Hills, en el imaginario colectivo
haciendo de ese estilo de vida simplón pero lujoso una máxima. Y lo ha
trasladado a la forma de vestir de sus habitantes. Ropa deportiva
–porque hace falta poco más para desplazarse en coche de casa a la
tienda o al gimnasio– con estilismos estudiados y prendas exclusivas
junto a un maquillaje siempre a punto (el contouring es marca de la casa). Precisamente sobre esos dos pilares han construido parte de su imperio comercial los Kardashian Jenner: Yeezy, la línea de ropa urbana de Kanye y KKW Beauty, de Kim, o la firma de cosmética de la pequeña del clan, Kylie Cosmetics. Su identidad también son colores. La gama de tonos beige, caqui o grises
y los neutros blanco y negro (nada de estampados) inundan las
colecciones del rapero West en Yeezy Supply, su línea para adultos. Las prendas clave son los pantalones de chándal, sudaderas, gorras y camisetas de grupos de música,
a menudo vestidas por la empresaria. En su última colección, la sexta,
las fotos promocionales son de la propia Kim Kardashian relatando su
cotidianidad en Calabasas. Subiendo y bajando del coche, andando por sus
asépticas calles y con una bebida en vaso de plástico en la mano.
El Gobierno insiste en que bajará el déficit manteniendo la presión fiscal en el entorno del 38% del PIB.
Los Presupuestos
están “pensados para los pensionistas, servidores públicos y para
financiar mejor los servicios públicos fundamentales”, afirmó ayer el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al presentar las cuentas de
2018 en el Congreso con seis meses de retraso.
Nunca mejor dicho: el
gasto en pensiones y funcionarios de la Administración central alcanzará
por primera vez el 51% del presupuesto consolidado del Estado,
incluyendo la Seguridad Social.
167.354 millones de un total de 327.955
millones.
Estos cálculos no contemplan la nómina de empleados de
comunidades y entidades locales.
La incorporación de más pensionistas con mejores carreras de
cotización ha aumentado el gasto en pensiones mientras que todo lo
demás sufría con la crisis. En 2018, esta partida, que representa la
mayor de todos los presupuestos, subirá un 3,7% hasta 144.834 millones. Del aumento de 5.188 millones, unos 1.000 se corresponden con la subida
de las pensiones bajas y de viudedad.
Por
otra parte, el gasto en personal de la Administración central se
elevará un 2%, unos 500 millones más hasta 22.520 millones, por el alza
del 1,75% de los sueldos públicos y el inicio de la equiparación
salarial en los cuerpos de seguridad del Estado. El conjunto de estos
gastos crece más que el resto, y eso hace que engorde su participación
en los presupuestos hasta niveles nunca registrados: si el año pasado
llegó a ser justo la mitad, este año ha superado esa cota y alcanza por
primera vez el 51%. Una interpretación es que se ayuda a aquellos que no se
benefician de la mejora experimentada en el sector privado, como señaló
el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. Otra es que se
trata de los colectivos que más presión política pueden ejercer sobre el
Ejecutivo después de haber aguantado mejor sus rentas durante la
recesión.
Guiños electorales
Y los guiños electorales no quedan ahí:
se rebaja el IRPF en 2.000 millones, se eleva en 800 millones la
rúbrica de infraestructuras o se destinan otra vez 500 millones al
complemento salarial para jóvenes, entre otros. Todo ello hará que el
gasto consolidado crezca un 3% hasta 327.955 millones. Y eso se
compaginará con no tocar la carga tributaria. Según reconoció Montoro, el objetivo es dejar la recaudación en el mismo
nivel: el entorno del 38% del PIB, uno de los menores de la zona euro. Sin subir la presión fiscal, el cumplimiento del déficit que exige
Bruselas dependerá del incremento de los ingresos que reporte la
recuperación. Hay que bajarlo del 3,1% al 2,2% del PIB, esto es: 10.000
millones. Y el Gobierno espera una mejora total de la recaudación de
casi 13.000 millones, un 4,6% más hasta 293.200 millones. Es decir,
andará muy justo si hay que restar todos los gastos prometidos.
Además, el Gobierno prevé un aumento de los ingresos
exclusivamente tributarios del 6% hasta una recaudación récord de
210.015 millones, por encima incluso del pico de la burbuja.
Sin
embargo, los analistas consideran que esta cifra puede estar levemente
inflada al reducir impuestos y no repuntar mucho los salarios del
conjunto de la economía, como explica María Jesús Fernández de Funcas. También está por ver en qué ejercicio se contabilizan finalmente los
4.000 millones que se ingresaron mediante el Sistema Inmediato (SII)
para recaudar el IVA y que podrían tener que sustraerse de los ingresos
de este año. Pese a todos los caramelos presupuestarios, el gasto crece por debajo del PIB incluyendo la inflación
y, por tanto, caerá a mínimos de una década: el 40,5% del PIB. El
Estado del Bienestar seguirá disminuyendo en proporción a la riqueza
nacional pese al crecimiento del gasto en pensiones, que cada vez
absorbe más recursos y que acentúa el sesgo del gasto público hacia los
grupos de mayor edad. Consciente de no tener el respaldo para aprobar las cuentas, el Gobierno
apuntó: tres de cada cuatro jubilados se beneficiarán de las medidas;
3,5 millones de trabajadores y pensionistas que cobran entre 12.000 y
18.000 euros tendrán una rebaja media de 440 euros en el IRPF y 3,1
millones de funcionarios recibirán un alza salarial. Montoro esgrimió
estas cifras para presionar a PNV y PSOE.
El alto
tribunal ratificó la condena a un docente y una funcionaria en un caso
similar al de Cristina Cifuentes: la alumna no había ido a clase ni se
había examinado con sus compañeros.
Estudiantes de Selectividad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.
Las irregularidades en torno al máster de Cristina Cifuentes
en la Universidad Rey Juan Carlos se multiplican a horas de que la
presidenta de la Comunidad de Madrid comparezca en la Asamblea regional. Y la cuestión no es ya solo si merecía el título, sino si se han podido
cometer delitos y faltas administrativas por parte de algunos
profesores de la universidad y de otros funcionarios públicos.
El Tribunal Supremo, en febrero de 2017, condenó a un profesor a siete años de inhabilitación,
y a otra funcionaria como cooperadora necesaria, por regalar la nota a
una alumna que no había asistido a clase y que no había hecho el examen. Los hechos ocurrieron en 2007, cuando una alumna de pedagogía de la
Universidad de Granada habló con la jefa de sección y adjunta a la
administradora de su facultad para contarle que, como trabajaba en
Cádiz, no podía ir a clase ni hacer los exámenes, pero que necesitaba
aprobar una asignatura troncal para que le compensaran otras materias y
obtener su título. La funcionaria, María del Carmen Cara Jiménez,
accedió a ello y habló con un profesor titular del departamento de
didáctica y orientación escolar con el que mantenía buena relación,
Fernando Peñafiel Martínez, que accedió a aprobarla sin más. Matrícula fuera de plazo y sobresaliente sin examen ni asistencia a clase La alumna ni siquiera estaba matriculada en la asignatura,
cosa que hizo fuera de los plazos oficiales, el 2 de noviembre de 2007,
“sin que conste ninguna solicitud previa al efecto ni resolución
estimatoria”, según señala la sentencia del Supremo. El 7 de marzo de
2008 el profesor hizo constar en su asignatura un sobresaliente sin
haber realizado examen de ningún tipo a la estudiante, ni haberle
exigido un trabajo, y sin que ella hubiera asistido a clase.
La Audiencia Provincial de Granada condenó al profesor a
siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público,
"recayendo la pena impuesta sobre el empleo de profesor titular de la
Universidad de Granada". Fue absuelto de un delito de falsedad en
documento público. La funcionaria fue también condenada, como
cooperadora necesaria. La alumna, por su parte, fue absuelta: no es
funcionaria pública y el poder de aprobarla lo tenían los que sí lo
eran. La libertad de cátedra no es una carta en blanco exenta de control El Tribunal Supremo en su sentencia, dictada el 10 de
febrero de 2017 por la Sala de lo Penal y de la que fue ponente el
magistrado Luciano Varela, ratificó las condenas de la Audiencia
Provincial. La resolución del alto tribunal reflexiona aquí sobre las
potestades de los docentes, y aclara que la libertad de cátedra “nunca
constituye, o al menos no debe constituir, una carta en blanco para
expedir la acreditación de suficiencia de conocimientos de modo
libérrimo y, menos, exento de control que excluya la arbitrariedad”. Y
añade que hay dos límites “incuestionables” para los profesores: "el
derecho del estudiante a la objetividad en la evaluación de su
competencia y los intereses públicos sobre los que en definitiva la
oficial proclamación de capacidad del estudiante despliega sus efectos
en la medida que habilita para actividades profesionales de las que son
destinatarios los ciudadanos”. “En conclusión, la calificación que subsigue al sistema de
evaluación constituye la resolución considerada como presupuesto típico
del delito de prevaricación del artículo 404 del código penal”, que
castiga con pena de inhabilitación de 9 a 15 años (era de 7 a 10 años
hasta 2015) "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su
injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto
administrativo”. No hay rastros sobre la convocatoria y celebración de un examen Para el Supremo fue también relevante la “ausencia absoluta
del más mínimo de los rastros sobre la convocatoria y celebración” del
supuesto examen que alumna y profesor aseguraron que sí se había llevado
a cabo. La sentencia constituye la primera condena a un profesor por
una prevaricación de este tipo. Esta doctrina plantea no pocos problemas a Cristina
Cifuentes en la actualidad. Si su caso llega a los tribunales y
compañeros de promoción aseguran que no la vieron en clase ni en los
exámenes -tal y como han asegurado a eldiario.es-,
correspondería a los profesores que la aprobaron en sus 12 asignaturas
(aparte de los numerosos problemas que plantea su Trabajo Fin de
Máster), probar cómo se realizó la evaluación y por qué quedó exenta
tanto de la asistencia a clase como de hacer el examen con el resto de
los alumnos.
Ciudadanos
impulsará una comisión de investigación en la Asamblea para aclarar las
incógnitas que rodean al máster de la presidenta de Madrid
Cristina Cifuentes exhibe documentos en el atril de la Asamblea.Luis Sevillano
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, no ha convencido a los partidos de la oposición en
su comparecencia por las sospechas que rodean a su máster
de la universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
PSOE, Podemos y Ciudadanos
han coincidido en que la dirigente del PP de Madrid no ha satisfecho
sus preguntas tras su intervención en el hemiciclo en un acto que ha
durado una hora y media.
A Ciudadanos, partido que sostiene al Gobierno
de Cifuentes, le han convencido tan poco las explicaciones de Cifuentes
que impulsará una comisión de investigación para que acudan a ella el
rector de la universidad Rey Juan Carlos y las tres personas, entre
otros posibles comparecientes, que firmaron supuestamente el acta del
máster de la dirigente del PP.