La falta de espacio o el exceso de trabajo son algunas de las excusas que ponen quienes no quieren recoger a sus mayores una vez dados de alta.
Algunos alegan que la casa en la que viven es pequeña.
Otros, que tienen mucho trabajo y nada de tiempo.
Y algunos ni siquiera se molestan en poner una excusa: directamente no responden a las llamadas.
La sala de Urgencias del Hospital General de La Palma se ha convertido en un lugar utilizado por familiares que abandonan a sus mayores cuando les resultan un estorbo en casa.
Allí los dejan para no volver a por ellos.
En el centro hay ahora cuatro ancianos en esa situación, aunque la media habitual oscila entre los 10 y 20.
El modus operandi se repite la mayoría de las veces.
Un día aparecen por el hospital con el anciano por alguna patología aguda que este ha sufrido, desde un ictus a una insuficiencia cardíaca.
Durante el proceso de curación, el personal del centro se da cuenta de que los familiares no vienen a visitarlo, o que lo hacen muy poco.
La confirmación de las sospechas de que ha sido abandonado se produce cuando días o semanas después le dan el alta médica y administrativa al paciente y nadie viene a recogerlo.
“Hay gente que no puede hacerse cargo de ellos porque
también son dependientes, pero otros casos son sangrantes”, se queja el
gerente del centro y de los Servicios Sanitarios de La Palma, José
Izquierdo, quien ha visto cómo el hospital que dirige ha sido noticia en
varios medios de comunicación por esta situación, aunque aclara “que no
solo se da aquí sino en todos los hospitales de Canarias y de España,
porque la población de nuestro país es cada vez más mayor”.
Explica que ha denunciado ante la Fiscalía algunos de los casos para su tramitación como delito de abandono.
Sin embargo, el éxito ha sido escaso, “tanto porque esa figura penal no está muy bien regulada como porque tampoco se puede hablar propiamente de que se dé en estos supuestos, al estar el mayor siendo atendido en un centro hospitalario”, apunta.
Comienza entonces el proceso de búsqueda de una plaza en un centro sociosanitario, labor en la que el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y los ayuntamientos palmeros trabajan en conjunto. Con una población cada vez más envejecida en la isla y un número de plazas limitadas a unas 300, el proceso puede prolongarse desde unos meses hasta casi un año.
En no pocas ocasiones, además, las familias que los han abandonado, al haber obtenido previamente la declaración de incapacidad de los ancianos, se quedan disfrutando de su pensión y sus propiedades, mientras las entidades públicas afrontan el coste de la plaza sociosanitaria de estos, que asciende a unos 3.000 euros mensuales cada una.
Por eso, Izquierdo reclama una mejor regulación que obligue a devolver al mayor aquello que le pertenecía en caso de que sus familiares no se comprometan a atenderlo.
En lo que se prolonga ese periodo hasta su reubicación, el funcionamiento normal del hospital se ve alterado.
Operaciones que han de ser pospuestas por falta de camas —ocupadas por los ancianos— y aumento de las listas de espera son las principales consecuencias.
“Tenemos que hacer equilibrios constantes”, añade el gerente.
Pese a todo, esta semana es “de bonanza” en el centro, indica Izquierdo.
Solo cuatro ancianos frente a los 12 que atendían hace solo unos días atrás, cifra bastante más cercana a la habitual durante todo el año, que ronda el 10 por ciento de las 200 camas con las que cuenta el Hospital General de La Palma.
Los mayores abandonados aquí suelen tener entre 70 y 85 años. Uno de ellos, de 87, lleva internado desde mayo de 2017, cuando entró por Urgencias por un problema de salud puntual ya resuelto. Es una persona con autonomía que solo necesita de alguien que le recuerde tomar la medicación a su hora y le ayude a preparar la comida.
Se sincera con una empleada del centro (que prefiere guardar el anonimato) a la que cuenta que no entiende por qué sus hijos no lo vienen a buscar.
“Dice que no entiende lo que pasa. Que trabajó toda la vida y que tiene su casa.
Llora mucho.
Y lo que pide es que le saquen del hospital porque es un ‘sitio feo’ en el que ve mucha gente ‘que se va, que se muere’ ”.
Otros, que tienen mucho trabajo y nada de tiempo.
Y algunos ni siquiera se molestan en poner una excusa: directamente no responden a las llamadas.
La sala de Urgencias del Hospital General de La Palma se ha convertido en un lugar utilizado por familiares que abandonan a sus mayores cuando les resultan un estorbo en casa.
Allí los dejan para no volver a por ellos.
En el centro hay ahora cuatro ancianos en esa situación, aunque la media habitual oscila entre los 10 y 20.
El modus operandi se repite la mayoría de las veces.
Un día aparecen por el hospital con el anciano por alguna patología aguda que este ha sufrido, desde un ictus a una insuficiencia cardíaca.
Durante el proceso de curación, el personal del centro se da cuenta de que los familiares no vienen a visitarlo, o que lo hacen muy poco.
La confirmación de las sospechas de que ha sido abandonado se produce cuando días o semanas después le dan el alta médica y administrativa al paciente y nadie viene a recogerlo.
Explica que ha denunciado ante la Fiscalía algunos de los casos para su tramitación como delito de abandono.
Sin embargo, el éxito ha sido escaso, “tanto porque esa figura penal no está muy bien regulada como porque tampoco se puede hablar propiamente de que se dé en estos supuestos, al estar el mayor siendo atendido en un centro hospitalario”, apunta.
Comienza entonces el proceso de búsqueda de una plaza en un centro sociosanitario, labor en la que el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y los ayuntamientos palmeros trabajan en conjunto. Con una población cada vez más envejecida en la isla y un número de plazas limitadas a unas 300, el proceso puede prolongarse desde unos meses hasta casi un año.
En no pocas ocasiones, además, las familias que los han abandonado, al haber obtenido previamente la declaración de incapacidad de los ancianos, se quedan disfrutando de su pensión y sus propiedades, mientras las entidades públicas afrontan el coste de la plaza sociosanitaria de estos, que asciende a unos 3.000 euros mensuales cada una.
Por eso, Izquierdo reclama una mejor regulación que obligue a devolver al mayor aquello que le pertenecía en caso de que sus familiares no se comprometan a atenderlo.
En lo que se prolonga ese periodo hasta su reubicación, el funcionamiento normal del hospital se ve alterado.
Operaciones que han de ser pospuestas por falta de camas —ocupadas por los ancianos— y aumento de las listas de espera son las principales consecuencias.
“Tenemos que hacer equilibrios constantes”, añade el gerente.
Pese a todo, esta semana es “de bonanza” en el centro, indica Izquierdo.
Solo cuatro ancianos frente a los 12 que atendían hace solo unos días atrás, cifra bastante más cercana a la habitual durante todo el año, que ronda el 10 por ciento de las 200 camas con las que cuenta el Hospital General de La Palma.
Los mayores abandonados aquí suelen tener entre 70 y 85 años. Uno de ellos, de 87, lleva internado desde mayo de 2017, cuando entró por Urgencias por un problema de salud puntual ya resuelto. Es una persona con autonomía que solo necesita de alguien que le recuerde tomar la medicación a su hora y le ayude a preparar la comida.
Se sincera con una empleada del centro (que prefiere guardar el anonimato) a la que cuenta que no entiende por qué sus hijos no lo vienen a buscar.
“Dice que no entiende lo que pasa. Que trabajó toda la vida y que tiene su casa.
Llora mucho.
Y lo que pide es que le saquen del hospital porque es un ‘sitio feo’ en el que ve mucha gente ‘que se va, que se muere’ ”.
