El silencio sobre los presuntos malos tratos que
profirió a su mujer durante más de una década reabre el debate sobre por
qué se ignora la violencia de género en el relato vital de los mitos
del cine.
Federico Luppi y Cecilia Roth en 'Martin (Hache)', 1997.
Foto: Cordon Press
“¿Sabés cuándo me separé de Haydée, yo? En 1978. ¿Y ahora habla de las palizas?”. Así, sin desmentirlas, contestó
Federico Luppi a las presuntas acusaciones de maltrato que su ex,
Haydée Padilla, había narrado en televisión ese mismo año, en 2013,
adelantándose entonces a esas actrices de Hollywood que ahora han
destapado los abusos de Weinstein.
Padilla
decidió hablar en la época en la que los encontronazos violentos del
actor con la prensa argentina saltaron a una politizada palestra
mediática (con pocos días de diferencia, Luppi abofeteó a un periodista frente a las cámaras y agarró por el cuello
a otra cronista televisiva en un acto social). La también intérprete,
con la que mantuvo una relación durante más de una década en los años
70, desveló que éste la agredía al mantener relaciones sexuales (“son
cosas que él pedía y que yo no estaba dispuesta a hacer en la intimidad. Yo creo que todo es aceptable con respecto al sexo. Pero… a ver, si yo
quiero. Vamos juntos, no me obligues”), dijo que alguna vez llegó a
pensar “que podría haber muerto”
y que su círculo de amistades estaba al tanto de los ocurrido (“yo amo a
Soledad Silveyra, Selva Alemán y Virginia Lago, ellas fueron testigos
cuando iba al teatro rara, llegaba tarde, tapada y me apoyaron en ese
momento. A veces uno no puede defenderse por miedo. Había otro Federico
Luppi para el mundo. Yo era la loca, ¿cómo un tipo tan bueno, tan culto,
podía hacer eso?”).
Luppi en ‘El hombre con pistolas’.
Conocida como ‘La Chona’ en Argentina, la mujer justificó
destapar el maltrato décadas después –nunca denunció– porque hacerlo en
2013 no era lo mismo que hacerlo en 1976: “El problema es que hace años
te decían: ‘bueno, está bien, aguántatela’. Eran tiempos diferentes”. Al
hilo de sus acusaciones, otra ex del actor, la cantante Cecilia Milone,
negó haber recibido malos tratos por parte de Luppi pero sí apoyó la
teoría de Padilla, aclarando que era un secreto a voces en el gremio: “Algunos actores dicen que sabían esas cosas tan horribles de lo de Haydée, y no entiendo por qué no lo contaron antes”, dijo
en televisión. A otra de sus ex parejas, la actriz uruguaya Brenda
Accinelli, no quiso reconocer un hijo que ella afirmaba que era del
actor. Él la llamaba “hija de puta” ante los medios por reclamar una pensión alimenticia. El pasado 20 de octubre Luppi fallecía en Buenos Aires por las
complicaciones de un hematoma tras una caída en su casa unos meses
atrás. En el amplio espectro de necrológicas y mensajes de recuerdo por
personajes públicos, pocos han sido los medios o los personajes que han
recordado este episodio, nunca desmentido por el actor, al resumir su
vida. Guillermo del Toro lo calificó de “hombre bueno y leal”, Pablo Iglesias dijo que “pocos actores supieron tocar las conciencias como él” y Juan Diego Botto lo recordó como “inmenso ser humano”. La guionista y columnista argentina Carolina Aguirre fue de las pocas en destacar este caso al tuitear: “Leo loas a Federico Luppi, cuya esposa contó cómo le pegaba. Después
se preguntan cómo paso lo de Harvey Weinstein. Simple. No les importa”.
Decida lo que decida, Puigdemont deja ya una dolorosa división de la sociedad.
Manifestación de estudiantes contra el artículo 155.MARTA PEREZEFE
La DUI es una amenaza que pende sobre el sistema democrático
español como un ataque vírico dañino que, a pesar de haber sido
combatido con la ilegalización del referéndum, parece convertirse en una
enfermedad latente y crónica en el cuerpo. La ley del Referéndum
preveía la declaración de independencia si había un solo voto a favor
más que en contra, sin un mínimo de participación, y los más
recalcitrantes quisieron y quieren seguir hasta el final con ella a
pesar de que la consulta fue suspendida por el Tribunal Constitucional,
como la propia ley, y que se celebró sin ningún tipo de garantía legal,
ni transparencia, ni censo. Puigdemont quiso exhibir el 10 de octubre
una especie de asunción de independencia que inmediatamente dejó en
suspenso. En su respuesta hace una semana a Rajoy, incluso se atrevió a
amenazar al Gobierno con proclamarla si el Parlament lo consideraba
oportuno. Los rebrotes continuaban y el Estado tenía que defenderse.
Con las decisiones que tome hoy y mañana Puigdemont, las
cosas pueden empezar a volver a su sitio o agravarse, pero en todo caso
nada de esto saldrá gratis.
A la DUI latente hemos sumado un artículo
155 que empieza a demostrar su eficacia antes incluso de su aprobación
en el Senado y que, pase lo que pase, quedará latente a su vez ante
cualquier espantajo de ilegalidad que proceda de Cataluña o de cualquier
otra comunidad autónoma.
Pero no solo es la DUI la gran herencia por acción u omisión de
Puigdemont, sino la enorme retórica que ha utilizado el Govern y sus
aliados independentistas en la construcción de la gran mentira a la que
han arrastrado a buena parte de la población de Cataluña.
Su recurso de amparo al Constitucional
en contra de las medidas tomadas por el Gobierno denunciando “anomalías
del 155” ha sido un ejercicio de cinismo difícil de justificar.
Su
defensa del autogobierno en estos días en que lo ven amenazado por el
Gobierno, cuando fueron ellos mismos quienes renunciaron a él con su
salto al vacío de una República fantasiosa e ilegal ha sido una
irresponsabilidad de la que ahora deberán responder ante quienes
creyeron sus palabras.
Por el camino ha quedado también Barcelona como
capital financiera de Cataluña, como capital editorial de toda
Iberoamérica y un bocado importante al turismo, el consumo y la
inversión. Una población enfrentada.
Una calle caliente.
Una ristra de
casos judiciales.
Y un monstruo nacionalista español despertado que
acompañará y dificultará todo debate sobre una reforma constitucional.
El estado autonómico tal y como lo conocíamos está en cuestión ahora ya
no solo por los independentistas, sino también por los
recentralizadores.
El profesor emérito de Oxford inaugura la Tribuna del Hispanismo, que impulsa el Instituto Cervantes.
El historiador británico John H. Elliott, esta semana en Madrid. CLAUDIO ÁLVAREZ
Llegó a la Historia de España, curiosamente, por Cataluña. Antes
había hecho un viaje por la península Ibérica con unos amigos, montados
en un camión del ejército británico, durmiendo en pensiones de tercera o
bajo el abrigo de unos olivos. Campeaba la plena miseria de los años
cincuenta, durante la cual, lo que verdaderamente asombró de los
españoles a John H. Elliott, que consiguió el Premio Príncipe de Asturias
en 1996, fue su dignidad. Ante la pobreza, ante el hambre, ante el
oprobio... “Una enorme dignidad”, recuerda, “junto a la majestuosidad de
lugares como el Museo del Prado”. Lo dice en este siglo XXI, al que España, como país, pareciera que
hubiese aterrizado desde el XIX en muchos casos, saltándose el XX. Del
atraso secular hacia la modernidad, a la velocidad de la luz: “Todos los
historiadores dedicados a este país cometimos el mismo error. No fuimos
capaces de predecir el enorme cambio que se ha vivido desde 1978 hasta
ahora. No analizamos nuestra sorpresa, ni el impacto en el deseo de
reconciliación que marca haber sufrido una guerra civil”. Dice historiador porque no le gusta la palabra hispanista. Aun así, a sus 87 años, ha aceptado abrir la tribuna que el Instituto Cervantes
ha inaugurado esta semana con él, en la que se irán sucediendo colegas
expertos en dicha disciplina provenientes de todo el mundo. “Creo que la
historia de España ha sufrido un tutelaje desde el ámbito exterior. Una
especie de sentimiento de superioridad del que puede deducirse que los
extranjeros la conocemos mejor que vosotros mismos. Y no es verdad”. De ahí que rechace el término hispanismo: “Tampoco le gustaba a Raymond Carr o a Hugh Thomas”,
afirma Elliott. A este último precisamente, muerto el pasado mes de
mayo, se le rinde homenaje este jueves en la Casa de América, con
presencia de su amigo, entre otros colegas. Thomas exploró el mundo contemporáneo. Elliott eligió la Edad Moderna.
Desde el siglo XV hasta el XVIII, pocas claves se le escapan. Cataluña
es una, desde luego. Con el estudio de su nobleza y la revuelta que
sufrió Felipe IV tanto allí como en Portugal en 1640, se pueden trazar
demasiados paralelismos. A ese episodio dedicó Elliott el primer estudio
que hizo en los años cincuenta sobre España. “Fue uno de los hechos más
graves de su reinado. El descontento actual viene en parte de ahí,
sigue con los decretos de Nueva Planta, ya con los Borbones, a
principios del siglo XVIII, y se perpetúa hasta hoy”. Durante ese año trágico, bajo las riendas del Conde Duque de Olivares,
tenemos una república proclamada que dura una semana, el apoyo inicial
de Francia que frena de repente y los agentes económicos en armas. Si
cambiamos esos tres elementos por declaración unilateral de
independencia, una Europa que no apoya el cisma y fuga de empresas,
apenas nada ha cambiado en cuatro siglos. “Así es…”, asegura Elliott. ¿Y cómo seguimos en el atolladero entonces? ¿Sacando jugo al
victimismo? “Entiendo las razones que les han podido llevar hasta ahí. Sobre todo después de los años del franquismo. Pero no valorar el
increíble cambio que se ha producido tanto en España como en Cataluña en
los últimos 40 años, es un tremendo error”. Si a eso añadimos otros
ingredientes, llegamos al callejón sin salida. “Por ejemplo, la
educación. A lo largo de los años ochenta, con las competencias en las
escuelas en los años de Jordi Pujol, se ha trasladado a esas
generaciones una falsificación de la Historia y una manipulación con
tintes nacionalistas. Han escondido deliberadamente esas partes en las
que es de justicia hablar del progreso”. El contrapunto del nacionalismo español, tampoco ha ayudado mucho a
equilibrar la balanza del sentido común, opina Elliott. “Se impone
reconocer la diversidad como factor de enriquecimiento para valorar la
unidad. Quizás fue hacer de menos implantar el término nacionalidades y
no el de naciones. Hay que reconocer ese carácter sin duda para Cataluña
y el País Vasco, sobre todo. También es cierto que en el famoso debate
del café para todos sobre las autonomías había que ofrecer algo más a
estas comunidades tanto en términos económicos, como refuerzo cultural
por el hecho de tener lengua propia y demás. Pero creo que al final, se
les ha dado demasiado café a algunos”. Tampoco el federalismo es una vía
para el profesor Elliott: “En España sería artificial en exceso, no
vale”.
El PSOE
introduce una enmienda en el texto que tramita la Cámara alta que
contempla que las medidas queden en suspenso si se convocan elecciones
autonómicas.
Votación en la comisión del artículo 155 en el Senado.Samuel Sánchez
La Generalitat ha argumentado, en el escrito de alegaciones
contra la aplicación del artículo 155 remitido al Senado, que "para
resolver lo que el Gobierno del Estado ha calificado de grave situación
extraordinaria, se va a crear una todavía más grave situación
extraordinaria, al arrebatar a Cataluña su autonomía política". Concluye
que el alcance de las medidas propuestas por el Gobierno "va más allá
del concepto de 'medidas necesarias', puesto que tiene como directa e
inmediata consecuencia desposeer al pueblo de Cataluña de sus
instituciones". No obstante, los ponentes de la comisión que tramita la
activación del 155 ha rechazado este mediodía las alegaciones de la
Generalitat, no las ha incluido en el texto que se debatirá esta tarde
en la comisión. El dictamen ha sido aprobado con los votos de PP, PSOE y
UPN. Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han presentado propuestas contra las
medidas del Gobierno, pero no han sido admitidas. El trámite sigue ahora su curso tras la reunión de los ponentes que
elaboran el dictamen, que se debe aprobar esta tarde para ser enviado
luego al pleno de mañana. En la ponencia se ha producido un detalle
relevante: el PSOE ha presentado una enmienda que contempla dejar en
suspenso la aplicación del 155 en caso de que Puigdemont convoque
elecciones autonómicas, y quede clara una voluntad de retorno a la
legalidad, según ha informado fuentes de la ponencia. Sobre este punto y
ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat convoque
finalmente elecciones, se le ha preguntado en rueda de prensa a Xavier
García-Albiol, uno de los ponentes. Ha explicado que el Senado tiene "un
encargo", tramitar la activación del 155, y su misión es llevarlo a
cabo, "al margen de las novedades que surgen a cada momento".
Los socialistas también pretenden graduar más la aplicación de las
medidas, una cuestión en la que han coincidido con el PP, que no plantea
obstáculos en este terrreno. Del mismo modo, desean matizar los
términos de la intervención de TV3 y los medios de comunicación públicos
catalanes. Fuentes de la dirección popular en el Senado aseguran que el
partido quiere modular la propuesta del Gobierno en aspectos técnicos
que faciliten su puesta en marcha en la práctica. El texto de la ponencia, con las enmiendas propuestas, pasa ahora a la
reunión final de la comisión de esta tarde a las cinco. En ella
intervendrá en primer lugar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, para explicar la posición del Ejecutivo. En su escrito
de alegaciones, el Govern ha designado a Ferran Mascarell para que asuma
la representación del president de la Generalitat, Carles
Puigdemont. Tomará la palabra tras la vicepresidenta para su exposición
de alegaciones. Como alternativa, sugirió la Generalitat, también
podrían intervenir Josep Lluís Cleries y Miquel Angel Estradé,
representantes de PDeCAT y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en
este organismo. Puigdemont ya confirmó este miércoles que no acudiría
finalmente el jueves al Senado, como se había anunciado, ni tampoco el
viernes. Las alegaciones de la Generalitat están expuestas en un documento de
ocho páginas enviado este jueves en un burofax, justo cuando expiraba el
plazo fijado a las diez de la mañana. Fuentes de la Cámara alta
informaron minutos después de esa hora que no había llegado, pero poco
después se anunció que sí. La hora exacta de recepción del documento ha
sido las 10.03, precisan fuentes de presidencia del Senado, y así consta
en el burofax, lo que ha causado momentos de confusión y discusión
técnica sobre si se podía aceptar, pero finalmente se ha admitido. El
portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries ha explicado luego
que "se ha atascado el papel". "Ha habido un tema técnico en el
burofax, es lo que me han dicho, que ha quedado atascado el papel en
medio, esto a veces es por aquello de las diez en punto, pero aquí están
las alegaciones y se han aceptado", ha dicho en un pasillo del Senado.
el Govern razona que, si el objetivo es que "cesaran las actuaciones de
la Generalitat relacionadas con el proceso para la independencia", se
trata de "un límite que ha sido ampliamente sobrepasado", porque
entiende que las medidas propuestas "no se dirigen solo a que la
Generalitat revoque la declaración de independencia, sino que despojan
prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales
atribuciones". En concreto, señala que dar la facultad al Gobierno de
disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas
"contradice frontalmente el principio de autonomía política" reconocido
en la Constitución a las comunidades autonómas. Lo mismo se aduce,
señalando violaciones el Estatut y otras normas, sobre el cese del
presidente de la Generalitat y su Gobierno. Hay un pasaje que constituye un aguijonazo directo al Partido Popular, a
la hora de rebatir la posible capacidad de veto de iniciativas
parlamentarias en la Cámara catalana por parte del Gobierno. El escrito
recuerda que "ya en 1978 se rechazó la posibilidad de introducir en la
Constitución esta facultad de veto estatal a las leyes autonómicas". Se
refiere, según explica la Generalitat, a un voto particular presentado
por Alianza Popular, formación predecesora del PP, y defendido en el
pleno del Congreso del 18 de julio de 1978 por Manuel Fraga, presidente
del partido. Fue rechazado, puntualiza el texto, por 284 votos, con solo
17 a favor y dos abstenciones. "Por tanto, reintroducirla por esta vía
sería contrario al espíritu mismo de la Constitución", concluye. El Govern justificó la renuncia en que "el Gobierno español ya
tiene decidido aplicar el 155".
