El PSOE introduce una enmienda en el texto que tramita la Cámara alta que contempla que las medidas queden en suspenso si se convocan elecciones autonómicas.
La Generalitat ha argumentado, en el escrito de alegaciones
contra la aplicación del artículo 155 remitido al Senado, que "para
resolver lo que el Gobierno del Estado ha calificado de grave situación
extraordinaria, se va a crear una todavía más grave situación
extraordinaria, al arrebatar a Cataluña su autonomía política". Concluye
que el alcance de las medidas propuestas por el Gobierno "va más allá
del concepto de 'medidas necesarias', puesto que tiene como directa e
inmediata consecuencia desposeer al pueblo de Cataluña de sus
instituciones".
No obstante, los ponentes de la comisión que tramita la activación del 155 ha rechazado este mediodía las alegaciones de la Generalitat, no las ha incluido en el texto que se debatirá esta tarde en la comisión.
El dictamen ha sido aprobado con los votos de PP, PSOE y UPN. Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han presentado propuestas contra las medidas del Gobierno, pero no han sido admitidas.
El trámite sigue ahora su curso tras la reunión de los ponentes que elaboran el dictamen, que se debe aprobar esta tarde para ser enviado luego al pleno de mañana.
En la ponencia se ha producido un detalle relevante: el PSOE ha presentado una enmienda que contempla dejar en suspenso la aplicación del 155 en caso de que Puigdemont convoque elecciones autonómicas, y quede clara una voluntad de retorno a la legalidad, según ha informado fuentes de la ponencia.
Sobre este punto y ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat convoque finalmente elecciones, se le ha preguntado en rueda de prensa a Xavier García-Albiol, uno de los ponentes.
Ha explicado que el Senado tiene "un encargo", tramitar la activación del 155, y su misión es llevarlo a cabo, "al margen de las novedades que surgen a cada momento".
Los socialistas también pretenden graduar más la aplicación de las medidas, una cuestión en la que han coincidido con el PP, que no plantea obstáculos en este terrreno.
Del mismo modo, desean matizar los términos de la intervención de TV3 y los medios de comunicación públicos catalanes.
Fuentes de la dirección popular en el Senado aseguran que el partido quiere modular la propuesta del Gobierno en aspectos técnicos que faciliten su puesta en marcha en la práctica.
El texto de la ponencia, con las enmiendas propuestas, pasa ahora a la reunión final de la comisión de esta tarde a las cinco.
En ella intervendrá en primer lugar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para explicar la posición del Ejecutivo.
En su escrito de alegaciones, el Govern ha designado a Ferran Mascarell para que asuma la representación del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Tomará la palabra tras la vicepresidenta para su exposición de alegaciones.
Como alternativa, sugirió la Generalitat, también podrían intervenir Josep Lluís Cleries y Miquel Angel Estradé, representantes de PDeCAT y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en este organismo.
Puigdemont ya confirmó este miércoles que no acudiría finalmente el jueves al Senado, como se había anunciado, ni tampoco el viernes.
Las alegaciones de la Generalitat están expuestas en un documento de ocho páginas enviado este jueves en un burofax, justo cuando expiraba el plazo fijado a las diez de la mañana.
Fuentes de la Cámara alta informaron minutos después de esa hora que no había llegado, pero poco después se anunció que sí.
La hora exacta de recepción del documento ha sido las 10.03, precisan fuentes de presidencia del Senado, y así consta en el burofax, lo que ha causado momentos de confusión y discusión técnica sobre si se podía aceptar, pero finalmente se ha admitido.
El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries ha explicado luego que "se ha atascado el papel".
"Ha habido un tema técnico en el burofax, es lo que me han dicho, que ha quedado atascado el papel en medio, esto a veces es por aquello de las diez en punto, pero aquí están las alegaciones y se han aceptado", ha dicho en un pasillo del Senado.
el Govern razona que, si el objetivo es que "cesaran las actuaciones de la Generalitat relacionadas con el proceso para la independencia", se trata de "un límite que ha sido ampliamente sobrepasado", porque entiende que las medidas propuestas "no se dirigen solo a que la Generalitat revoque la declaración de independencia, sino que despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones".
En concreto, señala que dar la facultad al Gobierno de disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas "contradice frontalmente el principio de autonomía política" reconocido en la Constitución a las comunidades autonómas.
Lo mismo se aduce, señalando violaciones el Estatut y otras normas, sobre el cese del presidente de la Generalitat y su Gobierno.
Hay un pasaje que constituye un aguijonazo directo al Partido Popular, a la hora de rebatir la posible capacidad de veto de iniciativas parlamentarias en la Cámara catalana por parte del Gobierno.
El escrito recuerda que "ya en 1978 se rechazó la posibilidad de introducir en la Constitución esta facultad de veto estatal a las leyes autonómicas".
Se refiere, según explica la Generalitat, a un voto particular presentado por Alianza Popular, formación predecesora del PP, y defendido en el pleno del Congreso del 18 de julio de 1978 por Manuel Fraga, presidente del partido. Fue rechazado, puntualiza el texto, por 284 votos, con solo 17 a favor y dos abstenciones.
"Por tanto, reintroducirla por esta vía sería contrario al espíritu mismo de la Constitución", concluye.
El Govern justificó la renuncia en que "el Gobierno español ya tiene decidido aplicar el 155".
No obstante, los ponentes de la comisión que tramita la activación del 155 ha rechazado este mediodía las alegaciones de la Generalitat, no las ha incluido en el texto que se debatirá esta tarde en la comisión.
El dictamen ha sido aprobado con los votos de PP, PSOE y UPN. Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han presentado propuestas contra las medidas del Gobierno, pero no han sido admitidas.
El trámite sigue ahora su curso tras la reunión de los ponentes que elaboran el dictamen, que se debe aprobar esta tarde para ser enviado luego al pleno de mañana.
En la ponencia se ha producido un detalle relevante: el PSOE ha presentado una enmienda que contempla dejar en suspenso la aplicación del 155 en caso de que Puigdemont convoque elecciones autonómicas, y quede clara una voluntad de retorno a la legalidad, según ha informado fuentes de la ponencia.
Sobre este punto y ante la posibilidad de que el presidente de la Generalitat convoque finalmente elecciones, se le ha preguntado en rueda de prensa a Xavier García-Albiol, uno de los ponentes.
Ha explicado que el Senado tiene "un encargo", tramitar la activación del 155, y su misión es llevarlo a cabo, "al margen de las novedades que surgen a cada momento".
Los socialistas también pretenden graduar más la aplicación de las medidas, una cuestión en la que han coincidido con el PP, que no plantea obstáculos en este terrreno.
Del mismo modo, desean matizar los términos de la intervención de TV3 y los medios de comunicación públicos catalanes.
Fuentes de la dirección popular en el Senado aseguran que el partido quiere modular la propuesta del Gobierno en aspectos técnicos que faciliten su puesta en marcha en la práctica.
El texto de la ponencia, con las enmiendas propuestas, pasa ahora a la reunión final de la comisión de esta tarde a las cinco.
En ella intervendrá en primer lugar la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para explicar la posición del Ejecutivo.
En su escrito de alegaciones, el Govern ha designado a Ferran Mascarell para que asuma la representación del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Tomará la palabra tras la vicepresidenta para su exposición de alegaciones.
Como alternativa, sugirió la Generalitat, también podrían intervenir Josep Lluís Cleries y Miquel Angel Estradé, representantes de PDeCAT y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en este organismo.
Puigdemont ya confirmó este miércoles que no acudiría finalmente el jueves al Senado, como se había anunciado, ni tampoco el viernes.
Las alegaciones de la Generalitat están expuestas en un documento de ocho páginas enviado este jueves en un burofax, justo cuando expiraba el plazo fijado a las diez de la mañana.
Fuentes de la Cámara alta informaron minutos después de esa hora que no había llegado, pero poco después se anunció que sí.
La hora exacta de recepción del documento ha sido las 10.03, precisan fuentes de presidencia del Senado, y así consta en el burofax, lo que ha causado momentos de confusión y discusión técnica sobre si se podía aceptar, pero finalmente se ha admitido.
El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries ha explicado luego que "se ha atascado el papel".
"Ha habido un tema técnico en el burofax, es lo que me han dicho, que ha quedado atascado el papel en medio, esto a veces es por aquello de las diez en punto, pero aquí están las alegaciones y se han aceptado", ha dicho en un pasillo del Senado.
el Govern razona que, si el objetivo es que "cesaran las actuaciones de la Generalitat relacionadas con el proceso para la independencia", se trata de "un límite que ha sido ampliamente sobrepasado", porque entiende que las medidas propuestas "no se dirigen solo a que la Generalitat revoque la declaración de independencia, sino que despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones".
En concreto, señala que dar la facultad al Gobierno de disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones autonómicas "contradice frontalmente el principio de autonomía política" reconocido en la Constitución a las comunidades autonómas.
Lo mismo se aduce, señalando violaciones el Estatut y otras normas, sobre el cese del presidente de la Generalitat y su Gobierno.
Hay un pasaje que constituye un aguijonazo directo al Partido Popular, a la hora de rebatir la posible capacidad de veto de iniciativas parlamentarias en la Cámara catalana por parte del Gobierno.
El escrito recuerda que "ya en 1978 se rechazó la posibilidad de introducir en la Constitución esta facultad de veto estatal a las leyes autonómicas".
Se refiere, según explica la Generalitat, a un voto particular presentado por Alianza Popular, formación predecesora del PP, y defendido en el pleno del Congreso del 18 de julio de 1978 por Manuel Fraga, presidente del partido. Fue rechazado, puntualiza el texto, por 284 votos, con solo 17 a favor y dos abstenciones.
"Por tanto, reintroducirla por esta vía sería contrario al espíritu mismo de la Constitución", concluye.
El Govern justificó la renuncia en que "el Gobierno español ya tiene decidido aplicar el 155".
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