Más de 150
músicos, entre ellos Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Juanes, Amaral,
Rosendo, Dani Martín, Santiago Auserón, Kiko Veneno y Malú, firman un
manifiesto para que el Ministerio de Cultura les ampare.
Desde la izquierda, Rosendo, Eva Amaral, Alejandro Sanz y Pablo Alborán.Los grandes músicos del pop se declaran en bloque “víctimas de fraude”
por la entidad que les representa: la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE). Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Dani
Martín, Malú, Juanes, Amaral, Rosendo, Santiago Auserón, Vanesa Martín,
Rosario Flores, Eliseo Parra, Rosana, Antonio Carmona, Siniestro Total,
Los Ilegales, Rosa León y decenas más de artistas españoles hasta cerca
de 150 voces han firmado un manifiesto, al que ha tenido acceso EL PAÍS,
en el que piden el amparo urgente del Ministerio de Cultura “para
evitar el uso de la sociedad como instrumento fraudulento” tras el caso de la rueda,
una trama por la que varios miembros de la entidad aliados con las
cadenas de televisión ingresan millones de euros por los derechos de
autor de canciones con falsos arreglos emitidos en programas nocturnos. “Las actuaciones llevadas a cabo por la justicia
se dirigen únicamente contra los causantes de los delitos de estafa,
fraude o administración desleal; en ningún caso a la generalidad de los
autores, cuya imagen no se debe en absoluto desprestigiar. Orientamos
nuestra petición a las autoridades y al Ministerio de Cultura,
invitándolos a que actúen contra las malas prácticas llevadas a cabo,
atendiendo a su obligación de tutela sobre la SGAE”, señala el texto. Para ello, dicen los firmantes, es “necesaria la modificación de los
actuales estatutos”. Fuentes del Ministerio de Cultura han confirmado a
este periódico que preparan una reunión con una representación de los
artistas. El manifiesto, titulado En defensa de nuestros derechos, viene
respaldado por siete asociaciones de autores y compositores españoles.
La Coalición Autoral (COA), que fue creada para proteger a los autores
ante la falta de transparencia de la SGAE, ha sido el principal motor
para elaborar este texto y unir a los músicos en la causa. “El colectivo
de autores hemos sido víctimas de una estafa. Nuestros ingresos se han
visto mermados porque el reparto ha sido desviado de una manera fraudulenta. Todo esto ha ocurrido porque la SGAE lo ha permitido y desvirtúa la
representación social”, asegura Patacho Recio, fundador del grupo
Glutamato Ye-Yé y miembro de COA y la Junta de Autores de Música (JAM). Según el auto del juez Ismael Moreno, que puso en marcha una
investigación policial, la rueda generó un fraude de más de 100 millones
de euros entre 2006 y 2011. Esto en un contexto en el que los ingresos
de la sociedad no han parado de bajar desde 2012, situando la
recaudación en 239 millones en 2016. EL PAÍS ya adelantó en julio la rebelión de los músicos.
Más de 25 destacados artistas pedían una refundación de la SGAE y
también solicitaban al Ministerio de Cultura su intervención. Algunos de
ellos como Kiko Veneno, Leiva, Fito, Quique González, Izal, Depedro y
Sabino Méndez se incluyen también en este manifiesto abierto a la
incorporación del resto del gremio de los músicos, que constituyen el
82,3% de los 120.842 socios de la SGAE y generan al menos un 70% de sus
ingresos. En este sentido, el manifiesto es una radiografía
generacional de la música española en todos sus frentes. Se incluyen
algunos de los músicos más recaudadores del negocio como Pablo Alborán,
Malú, Fito, Antonio Orozco, Vanesa Martín, Leiva, Juanes, Dani Martín,
Amaral, Niña Pastori, Melendi, Pablo López, India Martínez o Bebe. En
este grupo, mención especial tiene Alejandro Sanz, que respaldó el
primero la iniciativa de la COA y gestionó la incorporación de algunos
de los nombres más conocidos. También aparecen músicos de un gran valor
simbólico por su dilatada trayectoria como Rosendo, Santiago Auserón,
Kiko Veneno, José María Guzmán, Eliseo Parra, Jorge Martínez de
Ilegales, Julián Hernández de Siniestro Total, José María Cano de
Mecano, Jaume Sisa, José Ignacio Lapido, Rosario Flores, Marta Sánchez,
Antonio Carmona de Ketama o Rosa León, célebre por sus canciones
infantiles. La variedad también se ve en firmantes como el productor
Javier Limón; primeros espadas del rock duro con miembros de Asfalto, Boikot, Reincidentes y Extremoduro y del indie
como Fernando Alfaro, Francisco Nixon, Love of Lesbian y Second;
destacados compositores como José Abraham y Juan Mari Montes Gonzalo;
autores sinfónicos como Consuelo Díez; y músicos más subterráneos como
Íñigo Coppel, Pablo Martín y Pedro Víllora. El manifiesto expone otros objetivos como “la atribución
equitativa y proporcional de los derechos acorde con las aportaciones de
cada autor”. Con canciones inaudibles en residuales programas de tarot
emitidos de madrugada o la existencia de autores irreales entre
familiares y testaferros, la perversión del sistema es total con la
rueda. “Necesitamos una reforma urgente del sistema de repartos y que
los derechos de autor provenientes de televisiones se haga de una forma
justa y se ajuste a los niveles de audiencia”, apunta Patacho. También se pide una reforma en la representación,
“facilitando el derecho a voto a un mayor número de socios”. El voto
ponderado -que permite que cuanto más dinero recaude un autor más votos
acumula- mantiene blindada a la cúpula de la sociedad, auspiciada, según
el auto judicial, por los socios conchabados con las televisiones y que
tienen ingresos mayores que los grandes superventas de la música
española. “No tiene sentido que menos del 20% de los socios tengan
derecho a voto. Tampoco que la mitad de ese 20% tenga el voto asocial,
que es un voto que se da y se quita y que no tiene en cuenta una serie
de consideraciones como el trabajo histórico de un autor”, comenta
Patacho. Algunos artistas y asociaciones, que han acudido al despacho
MA Abogados para el asesoramiento jurídico de este manifiesto, van a
personarse en la Audiencia Nacional como acusación. Exigirán, como
recoge el manifiesto, “la devolución de las cantidades presuntamente
defraudadas”. Los músicos ya no solo gritan basta: han pasado a la acción.
El ciclón aumenta de peligrosidad y mantiene en alerta el sur de Florida y el Caribe.
Trayectoria del huracán Irma.CENTRO NACIONAL DE HURACANES / VÍDEO: ATLAS
El huracán Irma se elevó este martes a categoría cinco –máximo nivel de potencia– y continúa su trayectoria de entrada por el Caribe.
Según las predicciones del Centro Nacional de Huracanes de EE UU,
mañana miércoles Irma tocará Puerto Rico. Entre jueves y viernes podría
afectar a la isla de Haití y República Dominicana, primero, y Cuba
después. A partir de entonces la predicción es aún demasiado incierta,
pero si siguiese su trayectoria de ascenso hacia el noroeste, el fin de
semana el huracán –"extremadamente peligroso", avisa el Centro de
Huracanes– podría impactar contra el sur de Florida, cuyo gobierno
declaró ayer, lunes, el estado de emergencia. Irma amenaza el Caribe y
EE UU justo días después del paso demoledor del huaracán Harvey por
Texas, que dejó al menos 60 muertos y daños materiales en torno a los
200.000 millones de dólares.
El huracán Irma se dirige hoyhacia la entrada oriental del Caribe y en las próximas horas podría tocar tierra en las Islas de Sotavento
con olas de hasta tres metros. Hoy a las ocho de la mañana (horario de
la costa Este de EE UU) los vientos sostenidos del huracán a mar abierto
alcanzaban picos de 280 kilómetros por hora. El radio de alcance de sus
rachas de aire es de 75 kilómetros.
Los residentes de las islas de las Antillas Menores apuraban sus
preparativos de última hora este lunes de tarde y comenzaban a formarse
colas para llenar los tanques de los vehículos, mientras las autoridades
cancelaban vuelos, habilitaban albergues y cerraban las escuelas. El gobernador de Florida, Rick Scott, ha declarado en
emergencia a los 67 condados del Estado. "El huracán Irma es una
tormenta grande y que implica riesgo de muerte, y Florida debe estar
preparada", ha escrito el gobernador. En agosto se cumplieron 25 años
del paso por Florida del huracán Andrew, hasta la fecha el más dañino de
su historia con 65 muertos y 60.000 casas arrasadas. En paralelo, en Puerto Rico,
el gobernador Ricardo Rosselló ha anunciado la habilitación de
albergues para 62.000 personas, así como la suspensión de las clases. El
director de la División del Caribe de la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA), Alejandro de la Campa, ha dicho que un
portaaviones estadounidense fue movilizado para ayudar en casos de
emergencia. El portaaviones cuenta con 30 helicópteros, equipo anfibio y
un hospital.
Los duques de Cambridge esperan su tercer hijo, según ha anunciado el
palacio de Kensington en un comunicado. El anuncio se ha producido al
verse obligada Kate Middleton
a cancelar un compromiso este lunes por la mañana, debido a la
hipeméresis gravídica, fuertes náuseas que se dan en mujeres gestantes y
que la duquesa ya padeció en sus dos anteriores embarazos. El bebé,
tercer hijo de Middleton y el príncipe Guillermo y sexto bisnieto de la
reina Isabel II, ocupará el quinto lugar en la línea de sucesión al
trono británico. La noticia llega cuatro días después del 20º aniversario de la trágica
muerte de Diana de Gales, primera esposa de Carlos de Inglaterra y madre
de Guillermo, cuyo recuerdo ha marcado los últimos días de la agenda
oficial de los duques de Cambridge. El anuncio se produce la misma
semana en la que el primogénito de Guillermo y Kate, el príncipe Jorge, de cuatro años, se dispone a empezar el colegio. Su hermana, la princesa Carlota, tiene dos años.
La vicrepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Cadena Ser.FERNANDO ALVARADO (EFE)
Con "proporcionalidad" y "firmeza" asegura el Gobierno que actuará para impedir que se celebre el 1 de octubre un referéndum
"en contra de la Constitución, de las leyes, de las instituciones de
autogobierno" y "contrario a todo el derecho internacional". Ese es el
marco para el Ejecutivo, expresado por la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y ese marco implica que la consulta se
impedirá si es necesario con la retirada de las urnas. El Gobierno
quiere evitar dar detalles de los pasos que dará cuando llegue el
momento pero deja claro que retirarlas está encima de la mesa. "No le
voy a decir al señor Puigdemont qué es lo que voy a hacer para retirarle
las urnas", ha afirmado Santamaría en una entrevista en la Cadena SER,
"ya se encargarían las autoridades
"Que la estrategia quede a buen recaudo".
"Los
Gobiernos no anuncian, actúan", enfatiza la vicepresidenta para no
desvelar los planes concretos del Ejecutivo para impedir la consulta del
1 de octubre. Aún así, Santamaría recuerda también al presidente
catalán, Carles Puigdemont, que su suspensión es otra posibilidad, ya
que "está previsto en las leyes", y avisa además de que el censo que se
trate de utilizar para la consulta puede ser motivo de infracción por
las leyes de protección de datos personales. "¿Los señores de la
Generalitat se creen que se pueden montar un censo con datos de los
ciudadanos alegremente?", se ha preguntado. El Ejecutivo insiste en que el referéndum no se va a celebrar porque además de ilegal "es una chapuza",
teniendo en cuenta que estamos ya a 4 de septiembre y no hay ni voto
por correo, ni extranjero, ni locales. "Necesitan muchas cosas para que
salga ese referéndum", ha recordado la número dos del Gobierno. La intención del Ejecutivo es dar todos los pasos para impedirlo con el
acuerdo del PSOE y Ciudadanos, que son "una mayoría muy importante en
el Congreso, y no digamos ya en el Senado". "Vayamos juntos en este
mes", les pide Santamaría a socialistas y al partido de Albert Rivera. l 1 de octubre "no será otro 9-N", insiste la vicepresidenta, y a partir
del día 2 el Gobierno está dispuesto a hablar de otros asuntos como la
comisión de estudio que va a proponer el PSOE para una reforma
territorial (de la que "se puede hablar"), o el modelo de financiación
autonómica. Si una parte de la ciudadanía catalana quiere en todo caso
un referéndum sobre el encaje de Cataluña, la respuesta del Ejecutivo es
solo una: "Los representantes de esos ciudadanos que quieren un
referéndum pueden plantearlo a través de una reforma de la
Constitución". "Ir en contra del Tribunal Constitucional es un delito, una ilegalidad. Pido que si están dispuestos a tirarse por el precipicio, la
Generalitat, para no enmendar su propia palabra, que no arrastren a
funcionarios ni a nadie que tenga que participar en esta ilegalidad", ha
reclamado la vicepresidenta del Gobierno a las autoridades catalanas.
