La vicepresidenta Sáenz de Santamaría recuerda a Puigdemont que su suspensión "está prevista en las leyes".
Elsa García de Blas
-
Con "proporcionalidad" y "firmeza" asegura el Gobierno que actuará para impedir que se celebre el 1 de octubre un referéndum "en contra de la Constitución, de las leyes, de las instituciones de autogobierno" y "contrario a todo el derecho internacional".
Ese es el marco para el Ejecutivo, expresado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ese marco implica que la consulta se impedirá si es necesario con la retirada de las urnas.
El Gobierno quiere evitar dar detalles de los pasos que dará cuando llegue el momento pero deja claro que retirarlas está encima de la mesa.
"No le voy a decir al señor Puigdemont qué es lo que voy a hacer para retirarle las urnas", ha afirmado Santamaría en una entrevista en la Cadena SER, "ya se encargarían las autoridades
"Que la estrategia quede a buen recaudo".
Aún así, Santamaría recuerda también al presidente catalán, Carles Puigdemont, que su suspensión es otra posibilidad, ya que "está previsto en las leyes", y avisa además de que el censo que se trate de utilizar para la consulta puede ser motivo de infracción por las leyes de protección de datos personales.
"¿Los señores de la Generalitat se creen que se pueden montar un censo con datos de los ciudadanos alegremente?", se ha preguntado.
El Ejecutivo insiste en que el referéndum no se va a celebrar porque además de ilegal "es una chapuza", teniendo en cuenta que estamos ya a 4 de septiembre y no hay ni voto por correo, ni extranjero, ni locales. "Necesitan muchas cosas para que salga ese referéndum", ha recordado la número dos del Gobierno.
La intención del Ejecutivo es dar todos los pasos para impedirlo con el acuerdo del PSOE y Ciudadanos, que son "una mayoría muy importante en el Congreso, y no digamos ya en el Senado".
"Vayamos juntos en este mes", les pide Santamaría a socialistas y al partido de Albert Rivera.
l 1 de octubre "no será otro 9-N", insiste la vicepresidenta, y a partir del día 2 el Gobierno está dispuesto a hablar de otros asuntos como la comisión de estudio que va a proponer el PSOE para una reforma territorial (de la que "se puede hablar"), o el modelo de financiación autonómica. Si una parte de la ciudadanía catalana quiere en todo caso un referéndum sobre el encaje de Cataluña, la respuesta del Ejecutivo es solo una: "Los representantes de esos ciudadanos que quieren un referéndum pueden plantearlo a través de una reforma de la Constitución".
"Ir en contra del Tribunal Constitucional es un delito, una ilegalidad.
Pido que si están dispuestos a tirarse por el precipicio, la Generalitat, para no enmendar su propia palabra, que no arrastren a funcionarios ni a nadie que tenga que participar en esta ilegalidad", ha reclamado la vicepresidenta del Gobierno a las autoridades catalanas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario