A la pregunta de cómo calificaría el segundo año de Felipe VI en el
trono, que se cumple este 19 de junio, un alto cargo de la Casa del Rey
resopla: “Ufffff…”. El bufido, pretendiendo un efecto evasivo, no puede
resultar más expresivo. Infiere que el período no ha sido como cabía
esperar desde la perspectiva de La Zarzuela.
El año ha tenido vida propia y ha situado al Rey en el eje de un
período intenso y anómalo en la reciente historia de España. Las
consecuencias de la crisis y el hastío causado por la corrupción y la
condescendencia de los principales partidos han fraccionado los bloques
tradicionales y
han abocado a una congestión política que ha alterado las previsiones públicas de la jefatura del Estado.
La Casa del Rey pretendía un perfil bajo de Felipe VI en un ámbito
tan desacreditado como el de la política. Calculaba, desde la distancia
de la institución, recuperar la confianza y el prestigio perdido de la
Corona con nuevos parámetros: austeridad, sobriedad y proximidad como
marcas prioritarias. Las guías estaban fijadas
desde la proclamación, el 19 de junio de 2014,
y solo había que ir fijando las traviesas de la agenda sobre el
calendario y combinarlas con una adecuada proyección internacional.
Pero la situación de atasco político, con la prolongación de su
cometido constitucional en la investidura, ha derivado en lo que La
Zarzuela considera una sobreexposición de la figura del Rey. El riesgo:
una devaluación en la percepción ciudadana contra la renta de situación
lograda con el cambio dinástico, que puso el cuentakilómetros a cero.
Sin embargo, el naufragio de la investidura, con tres rondas de contactos fracasadas y la frustración social producida por
la incapacidad de alcanzar acuerdos por parte de los partidos,
no ha tenido consecuencias negativas para Felipe VI.
o Los sondeos de
opinión realizados en este período apuntan que los españoles, pese a la
frustración, valoran el trabajo realizado por el Rey en el mandato
constitucional de la investidura.
El contraste de la pérdida de confianza en una clase política
ineficaz para resolver una situación que exigía altura de miras y la
entereza de la jefatura del Estado durante el proceso ha tenido sus
consecuencias.
La actitud del Rey y sus apelaciones constantes al
diálogo y al acuerdo, intercaladas en sus discursos, han contribuido a
reforzar su imagen.
Pero las nuevas elecciones, con idéntica
fragmentación electoral, devuelven al Rey al centro del escenario
político con nuevas incertidumbres para La Zarzuela sobre los efectos
que le pueda deparar la repetición del proceso.
En el desarrollo de sus obligaciones constitucionales el Rey también
ha tenido que afrontar un inesperado pulso con el Gobierno en funciones.
Tras declinar la proposición de Felipe VI para intentar la investidura
como partido más votado aunque sin apoyos suficientes, el PP pretendió
mantener el atasco para forzar la repetición de elecciones, invocando un
informe a medida del Consejo General del Estado.
Felipe VI, en cambio, se aferró a la Constitución frente a esta inhibición estratégica para facilitar el flujo institucional.
Para no romper la neutralidad,
ante a un candidato sin ninguna posibilidad (Mariano Rajoy) y otro con
alguna, aunque remota (Pedro Sánchez), el jefe del Estado ofreció al
socialista la oportunidad de intentar la investidura.
Este desafío consolidó al Rey en su posición pero ha tenido
consecuencias.
En privado, Moncloa y Zarzuela se reprochan no haber
actuado con la corrección debida y la frecuencia de los despachos del
Rey con Rajoy se ha visto perturbada
. Además, el choque ha tenido
notables secuelas en la agenda internacional del Rey, a la que el
Gobierno ha dado la espalda.
La plataforma de despegue para la proyección exterior del Rey con
esperados efectos vigorizantes para su imagen en España no ha podido
funcionar a pleno rendimiento.
Si antes de las elecciones pudo realizar
dos viajes de Estado a México y los Estados Unidos, así como estar
presente en la cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en
Nueva York, después del 20-N ha tenido que
aplazar o suspender importantes visitas a Arabia Saudí, Reino Unido, Japón y Corea del Sur,
con los lógicos inconvenientes para su impulso internacional y para los
países anfitriones, que ya tenían organizados los viajes.
En este año, la nueva realidad política ha añadido otros problemas
para el Rey como la mayor presencia del republicanismo, un
acontecimiento que pese a no ser invasivo resulta inquietante para La
Zarzuela por su ruido y potencial de contagio.
La debilidad del
bipartidismo ha dado oxígeno a nuevas organizaciones políticas con una
inspiración republicana muy efervescente y un activismo no menos
dinámico.
Media docena de Ayuntamientos catalanes han declarado persona non
grata a Felipe VI y a la familia real (algo que no le ocurrió a su padre
en el País Vasco en los años más duros).
Un hecho que, más allá de la
tensión territorial de Cataluña, salpica a otros puntos de España y
conecta con los ecos de otros Consistorios (incluso algún Parlamento)
que retiraran símbolos monárquicos de sus dependencias.
Con todo, uno de
los golpes de efecto que más ha dolido en La Zarzuela ha sido la
decisión del Gobierno de Navarra de
sacar a la Casa del Rey de la entrega del premi o Príncipe de Viana, al que estaba vinculado desde 1993.
La infanta, en el banquillo
Pero siendo una carga pesada la derivada de la situación política, al
segundo año del Rey no le han faltado grados de dificultad añadidos. La
celebración del juicio del
caso Nóos, iniciado el pasado 11 de enero, constituye
un acontecimiento histórico por sentar en el banquillo a la hermana del Rey,
la Infanta Cristina, procesada como cooperadora necesaria en dos
delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a su esposo, Iñaki
Urdangarin.
A pesar de que Felipe VI, en una de las decisiones más complicadas de su vida,
revocó el ducado de Palma a su hermana
como cortafuegos entre la institución que representa y su propia
familia, cada comparecencia de Cristina de Borbón en el juicio se ha
vivido con palpable incomodidad en La Zarzuela. A pesar de que ya no
forma parte de la familia real, no deja de ser la hermana del Rey y
conserva sus derechos dinásticos, a los que no ha renunciado pese a las
presiones. Los efectos del caso siguen percutiendo sobre la Corona. A
ello contribuye el desfile ante el juez de ex altos cargos de La
Zarzuela como Alberto Aza, Fernando de Almansa, José Manuel Romero o el
secretario de las infantas Carlos García Revenga. Incluso de antiguos
amigos íntimos como José Luis Ballester,Pepote, ex director general de
Deportes del Gobierno balear.
A la inquietud por el alboroto mediático de Nóos, se ha unido la
difusión el pasado marzo de unos mensajes privados entre los Reyes y
el empresario Javier López Madrid,
una persona de su círculo de amistades, lo que ha supuesto otro
contratiempo para la imagen de Felipe VI. Según las conversaciones de
ese chat incorporado a una causa judicial, López Madrid, implicado en el
caso de las tarjetas
black y también investigado en la trama
Púnica por la presunta financiación ilegal del PP, recibió ánimos por
parte de los Reyes en pleno escándalo
, en octubre de 2014.
Aunque el Rey había cortado la amistad con el empresario días después,
la publicación de los mensajes ha traído nuevas turbulencias a la Casa
del Rey.
Pero en este tiempo la Casa del Rey también ha dado significativos
pasos para mejorar la imagen de la institución mediante la
transparencia. Medidas que eran lógicas tratándose de la jefatura del
Estado, pero que su antecesor en el trono nunca había llevado a cabo. Ha
sido el año en el que La Zarzuela ha adoptado la nueva normativa de
contratación, en la que pese a mantener la naturaleza privada se ajusta a
los principios que rigen la contratación pública de concurrencia,
transparencia, igualdad y no discriminación. También ha sido el año en
el que la Corona ha hecho públicos sus contratos de 2015 y ha difundido
por primera vez
la lista de regalos institucionales recibidos. Y la primera ocasión en 40 años en que La Zarzuela se ha sometido
una auditoría externa de sus gastos, que cerró con un superávit de 177.130 euros.
En el segundo año en el trono, el mayor problema que el Rey ha tenido
sobre la mesa sigue siendo la ofensiva del independentismo catalán, que
tras los sucesivos desencuentros entre el Gobierno central y la
Generalitat se ha robustecido en las principales instituciones de
Cataluña y ha convertido su discurso en hegemónico.
No es un problema
sobrevenido, pero sí el más trascendental para Felipe VI, que simboliza
la unidad y permanencia del Estado y tiene que ejercer una función
arbitral y moderadora del funcionamiento regular de las instituciones.
En este período, el Rey, en función de sus limitadas atribuciones, ha
tratado de terciar en el conflicto manteniendo abiertas las líneas de
diálogo incluso en medio de la escalada.
Aunque, a tenor de los
resultados, sin éxito. Felipe VI ha estado en medio de dos extremos que
parecían retroalimentarse.
En uno, el partido en el Gobierno de España,
el PP, para el que la custodia de la unidad de la patria representaba
una bandera lo suficientemente ancha como para tapar su escandalosa
situación judicial por los casos de corrupción.
En el otro,
Convergència, el partido que gobernaba la Generalitat, para el que la
independencia cumplía idéntica función.
Tras una sucesión de llamadas a la unidad en sus discursos, el Rey
puso en marcha en julio una serie de audiencias con presidentes
autonómicos con el objeto de incluir un encuentro extraordinario con
Artur Mas con aparente formato ordinario.
En esa audiencia Felipe VI
constató que el proceso en el que se había embarcado en entonces
presidente catalán no tenía vuelta atrás.
Los mensajes del Rey fueron subiendo de intensidad con el desarrollo
del proceso.
El 13 de noviembre, un día después de que el Tribunal
Constitucional suspendiera la declaración independentista aprobada por
el Parlamento catalán, intervino directamente en la crisis.
En un
intenso discurso pronunciado en un acto de la Marca España afirmó que la
Constitución prevalecería ante las intenciones separatistas.
La esperanza de La Zarzuela era que las elecciones catalanas primero,
y luego las generales, abrieran un nuevo período con nuevos actores que
pudieran oxigenar el ambiente y desactivar el enfrentamiento. Los
comicios catalanes, lejos de descongestionar la situación, añadieron más
leña al fuego.
Y La Zarzuela, en un gesto muy criticado desde todo el
espectro político, aportó su contribución a la hoguera al negarse a
recibir a la nueva presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme
Forcadell, para que comunicara la investidura del presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont.
Las elecciones generales, con su resultado improductivo, no han
arreglado la situación y la interinidad del Gobierno de España es
percibida como una oportunidad por la Generalitat, aunque zancadilleada
por la CUP, consagrada a la causa independentista y aferrada a su hoja
de ruta.
