Los 45 jueces decanos españoles han aprobado este miércoles en
Valencia una batería de 58 medidas concretas con alcance “estructural,
organizativo y de gestión” para mejorar la lucha contra la corrupción.
Los magistrados, que representan a buena parte del colectivo judicial al ser elegidos por sus compañeros, realizan
un diagnóstico grave sobre la situación de España.
“La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada a
pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones,
el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia,
de la igualdad, de la libertad y de la convivencia”, empieza afirmando
el documento.
Los jueces creen que se está produciendo un “indiscutible
contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las
instituciones, de sospecha generalizada sobre la gestión de lo público”.
En el documento aprobado en sus
XXIV jornadas nacionales de jueces decanos que concluyen hoy
en Valencia, los magistrados ofrecen al resto de “poderes del Estado”
su “colaboración” para mejorar la respuesta al fenómeno y a lo que
califican como una “desesperante lentitud de las causas” aportando para
ello su “experiencia” en el “primer peldaño judicial”.
Las propuestas, casi todas muy específicas, incluyen el incremento
del número de jueces “hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por
100.000 habitantes”, cuando ahora hay 11.
Triplicar la partida destinada
a la justicia para que pase a
representar un 3% de los Presupuestos Generales del Estado
.
Aumentar la “autonomía” económica del Poder Judicial. Ordenar el
reparto de competencias; “es preciso aclarar quién toma las decisiones
en nuestro ineficaz sistema de gestión de justicia”, en el que ahora
interviene el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio y las
comunidades.
Una “modernización informática”, que elimine por ejemplo
las incompatibilidades que ahora existen entre los sistemas utilizados
en cada autonomía. Y la “agrupación de partidos judiciales y
concentración en grandes sedes”.
La reforma del Código Penal que plantean incluye: ampliar la
prescripción de los delitos de corrupción”; introducir el delito de
enriquecimiento injusto y el
“financiación ilegal de partidos políticos”;
elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, “en
particular los de tráfico de influencias, la prevaricación y las
negociaciones prohibidas a funcionarios públicos”.
Apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que
existe un delito fiscal (hoy son 120.000 euros).
Aumentar las penas
“para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la
corrupción”, como la “omisión del deber de denunciar”.
Contemplar un
delito de obstrucción para los casos en que una institución no remita
una documentación requerida o lo haga de forma incompleta. Limitar o
prohibir la posibilidad de sustituir penas cuando se trate de delitos de
corrupción y despenalizar, en cambio, “pequeñas infracciones” que
suponen “un desproporcionado esfuerzo” para el sistema.
Los decanos plantean modificar el sistema de selección en el Tribunal de Cuentas o del Tribunal Constitucional
Los decanos plantean finalmente otras medidas, como modificaciones
“en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal
de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del
Tribunal Constitucional”, que opinan que hoy son “excesivamente
dependiente de los partidos políticos”
. Así como la “eliminación de la
posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los
parlamentos autonómicos”.
Los jueces piden que los refuerzos “en causas especialmente
complejas, en particular casos de corrupción”, se adopten “en cuestión
de días y no de meses”
. Así como la “posibilidad” de que en tales
investigaciones “los jueces puedan trabajar en equipo”. Los decanos
abren la puerta a que pueda llamarse a “jueces sustitutos para funciones
de refuerzos”. Y plantean que el CGPJ tenga “facultad de control sobre
el cumplimiento por las comunidades de sus obligaciones de dotar de
medios a los juzgados”.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, sometida a múltiples cambios desde
su aprobación en el siglo XIX, debe ser, según los jueces, sometida a
una “reforma” profunda que reduzca la fase de instrucción “ubicando el
peso del proceso penal en el juicio oral y poniendo fin a sumarios
interminables”.
Y reclaman una “regulación clara” de diligencias de
investigación como las intervenciones telefónicas o los registros que
proporcionen “seguridad jurídica a los jueces”
. La rapidez, continúan,
debe alcanzar a los “trámites externos”, como informes periciales o
respuesta a oficios por parte de otras instituciones que, afirman,
consume “buena parte del tiempo” de los procedimientos.
Los jueces plantean suprimir “el privilegio” que permite a ciertas autoridades declarar por escrito
El documento pide limitar los “recursos contra resoluciones de mero
trámite”, que “confieren armas para la dilación procesal absolutamente
injustificada”.
Y avanzar hacia un modelo en el que los “medios de
impugnación” se reserve para el final de la investigación como vía para
“revisar la misma”.
Plantean introducir “costas o sanciones” para
disuadir las acusaciones “temerarias”.
Suprimir “el privilegio” que
permite a ciertas autoridades declarar por escrito “lo que hace perder
toda espontaneidad a tales declaraciones”.
Facultar a los fiscales para
que valoren “si es conveniente o no iniciar el proceso penal en caso de
pequeñas infracciones”.
Crear juzgados especializados en delincuencia
económica a escala provincial o autonómica. Y acelerar las
transcripciones de conversaciones telefónicas y las comisiones
rogatorias internacionales.
Los decanos proponen un cambio muy intenso en el tribunal del jurado
.
Como quitarle la competencia para juzgar a los aforados (como ocurrió
con el expresidente valenciano Francisco Camps) y “en general, los
delitos relativos a la corrupción”.
Piden una revisión muy profunda del aforamiento, “que genera
importantes dilaciones procesales”. Y en ocasiones, afirman, facilitan
“la ocultación o destrucción de pruebas” y “obligan al juez de
instrucción a circunvalar a la persona aforada y le impiden adoptar
medidas limitativas de derechos”, como las intervenciones telefónicas.
Consideran “oportuno” que la de la instrucción de las causas de aforados
se ocupe el juez ordinario.
Y, en todo caso, se reserve el
enjuiciamiento a un tribunal de aforados.
Solicitan la supresión del
suplicatorio en las cámaras legislativas, limitar el alcance del
aforamiento a “los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos”,
clarificar la cuestión competencial cuando hay “aforados y no aforados”
imputados y vetar el “cambio de juez instructor o tribunal” para el caso
de que una persona “deje de estar aforada y viceversa”.
Los indultos, solo cuando “exista informe favorable del tribunal” sentenciador
Los indultos solo deberían concederse, opinan los decanos, cuando
“exista informe favorable del tribunal” sentenciador.
Y debería dejarse
de suspenderse la ejecución de la pena (entrada en prisión, por
ejemplo), “en caso de solicitud de indulto” ante lo que consideran un
“uso abusivo” de tal posibilidad.
Los jueces piden reforzar la independencia de los fiscales “en caso
de que se les atribuya la instrucción” de los procedimientos.
Incrementar “los medios personales y materiales de la Fiscalía
Anticorrupción”, crear “equipos de auténtica policía judicial con
agentes a las órdenes directas de los jueces”.
Aumentar la plantilla de
la policía judicial y “en general de todos los grupos especiales de
probada eficacia dedicados a la investigación de la delincuencia
económica y financiera”.
Los decanos plantean que la exigencia de responsabilidad civil se
reserve para un proceso paralelo, porque “frecuentemente retrasan exceso
la finalización de la instrucción”. Piden que se puedan embargas bienes
a “testaferros o colaboradores”, mejorar la formación de los
funcionarios dedicados a la investigación patrimonial y mejorar el
“cruzado de datos” con organismos como La Agencia Tributaria, el índice
notarial, registros, del Banco de España, Seguridad Social y otros.
Consideran necesario los decanos crear “un cuerpo de peritos
contables exclusivamente al servicio de los jueces”, mejorar la ley de
protección de testigos y poner “expertos en informática a disposición”
de los magistrados.
