El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes (centro), el pasado 12 de diciembre, cuando tomó posesión del cargo. / Javier Lizón (POOL)
Los magistrados, que representan a buena parte del colectivo judicial al ser elegidos por sus compañeros, realizan un diagnóstico grave sobre la situación de España.
“La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada a pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la convivencia”, empieza afirmando el documento.
Los jueces creen que se está produciendo un “indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones, de sospecha generalizada sobre la gestión de lo público”.
En el documento aprobado en sus XXIV jornadas nacionales de jueces decanos que concluyen hoy en Valencia, los magistrados ofrecen al resto de “poderes del Estado” su “colaboración” para mejorar la respuesta al fenómeno y a lo que califican como una “desesperante lentitud de las causas” aportando para ello su “experiencia” en el “primer peldaño judicial”.
Las propuestas, casi todas muy específicas, incluyen el incremento del número de jueces “hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes”, cuando ahora hay 11.
Triplicar la partida destinada a la justicia para que pase a representar un 3% de los Presupuestos Generales del Estado
. Aumentar la “autonomía” económica del Poder Judicial. Ordenar el reparto de competencias; “es preciso aclarar quién toma las decisiones en nuestro ineficaz sistema de gestión de justicia”, en el que ahora interviene el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio y las comunidades.
Una “modernización informática”, que elimine por ejemplo las incompatibilidades que ahora existen entre los sistemas utilizados en cada autonomía. Y la “agrupación de partidos judiciales y concentración en grandes sedes”.
La reforma del Código Penal que plantean incluye: ampliar la prescripción de los delitos de corrupción”; introducir el delito de enriquecimiento injusto y el “financiación ilegal de partidos políticos”; elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, “en particular los de tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos”.
Apuestan por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal (hoy son 120.000 euros).
Aumentar las penas “para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción”, como la “omisión del deber de denunciar”.
Contemplar un delito de obstrucción para los casos en que una institución no remita una documentación requerida o lo haga de forma incompleta. Limitar o prohibir la posibilidad de sustituir penas cuando se trate de delitos de corrupción y despenalizar, en cambio, “pequeñas infracciones” que suponen “un desproporcionado esfuerzo” para el sistema.
Los decanos plantean modificar el sistema de selección en el Tribunal de Cuentas o del Tribunal Constitucional
. Así como la “eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos”.
Los jueces piden que los refuerzos “en causas especialmente complejas, en particular casos de corrupción”, se adopten “en cuestión de días y no de meses”
. Así como la “posibilidad” de que en tales investigaciones “los jueces puedan trabajar en equipo”. Los decanos abren la puerta a que pueda llamarse a “jueces sustitutos para funciones de refuerzos”. Y plantean que el CGPJ tenga “facultad de control sobre el cumplimiento por las comunidades de sus obligaciones de dotar de medios a los juzgados”.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, sometida a múltiples cambios desde su aprobación en el siglo XIX, debe ser, según los jueces, sometida a una “reforma” profunda que reduzca la fase de instrucción “ubicando el peso del proceso penal en el juicio oral y poniendo fin a sumarios interminables”.
Y reclaman una “regulación clara” de diligencias de investigación como las intervenciones telefónicas o los registros que proporcionen “seguridad jurídica a los jueces”
. La rapidez, continúan, debe alcanzar a los “trámites externos”, como informes periciales o respuesta a oficios por parte de otras instituciones que, afirman, consume “buena parte del tiempo” de los procedimientos.
El documento pide limitar los “recursos contra resoluciones de mero trámite”, que “confieren armas para la dilación procesal absolutamente injustificada”.
Y avanzar hacia un modelo en el que los “medios de impugnación” se reserve para el final de la investigación como vía para “revisar la misma”.
Plantean introducir “costas o sanciones” para disuadir las acusaciones “temerarias”.
Suprimir “el privilegio” que permite a ciertas autoridades declarar por escrito “lo que hace perder toda espontaneidad a tales declaraciones”.
Facultar a los fiscales para que valoren “si es conveniente o no iniciar el proceso penal en caso de pequeñas infracciones”.
Crear juzgados especializados en delincuencia económica a escala provincial o autonómica. Y acelerar las transcripciones de conversaciones telefónicas y las comisiones rogatorias internacionales.
Los decanos proponen un cambio muy intenso en el tribunal del jurado
. Como quitarle la competencia para juzgar a los aforados (como ocurrió con el expresidente valenciano Francisco Camps) y “en general, los delitos relativos a la corrupción”.
Piden una revisión muy profunda del aforamiento, “que genera importantes dilaciones procesales”. Y en ocasiones, afirman, facilitan “la ocultación o destrucción de pruebas” y “obligan al juez de instrucción a circunvalar a la persona aforada y le impiden adoptar medidas limitativas de derechos”, como las intervenciones telefónicas.
Consideran “oportuno” que la de la instrucción de las causas de aforados se ocupe el juez ordinario.
Y, en todo caso, se reserve el enjuiciamiento a un tribunal de aforados.
Solicitan la supresión del suplicatorio en las cámaras legislativas, limitar el alcance del aforamiento a “los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos”, clarificar la cuestión competencial cuando hay “aforados y no aforados” imputados y vetar el “cambio de juez instructor o tribunal” para el caso de que una persona “deje de estar aforada y viceversa”.
Los indultos solo deberían concederse, opinan los decanos, cuando “exista informe favorable del tribunal” sentenciador.
Y debería dejarse de suspenderse la ejecución de la pena (entrada en prisión, por ejemplo), “en caso de solicitud de indulto” ante lo que consideran un “uso abusivo” de tal posibilidad.
Los jueces piden reforzar la independencia de los fiscales “en caso de que se les atribuya la instrucción” de los procedimientos. Incrementar “los medios personales y materiales de la Fiscalía Anticorrupción”, crear “equipos de auténtica policía judicial con agentes a las órdenes directas de los jueces”.
Aumentar la plantilla de la policía judicial y “en general de todos los grupos especiales de probada eficacia dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera”.
Los decanos plantean que la exigencia de responsabilidad civil se reserve para un proceso paralelo, porque “frecuentemente retrasan exceso la finalización de la instrucción”. Piden que se puedan embargas bienes a “testaferros o colaboradores”, mejorar la formación de los funcionarios dedicados a la investigación patrimonial y mejorar el “cruzado de datos” con organismos como La Agencia Tributaria, el índice notarial, registros, del Banco de España, Seguridad Social y otros.
Consideran necesario los decanos crear “un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los jueces”, mejorar la ley de protección de testigos y poner “expertos en informática a disposición” de los magistrados.
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