a intención del Gobierno español de modificar la ley del aborto para que las mujeres vuelvan a tener que justificar su decisión aleja a España de Europa. Alemania, Austria, Holanda, Grecia. Todos (y más) se rigen desde hace décadas por leyes de plazos. Una regulación vigente también en España que da a la mujer un periodo —normalmente entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación— para decidir de forma libre, sin tener que dar razones. Con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de acabar con esa posibilidad, sustentada en la teórica defensa de la maternidad y en la protección del no nacido, España se convierte en el único país que retrocedería hasta fórmulas más restrictivas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo la semana pasada que hay una “violencia de género estructural” que impele a las mujeres a abortar. Si la reforma de Gallardón sigue adelante, España puede ver pasar a la católica Irlanda, uno de los países en los que más limitada está esta prestación, pero que ya da pasos de apertura.
Volver a un sistema de supuestos como el vigente desde 1985 hasta 2010 —cuando interrumpir el embarazo era delito y solo se permitía en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre— devolvería a España a una época en la que el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo dijo rotundamente hace unos días: “El aborto no es un derecho, es un fracaso”.
Pero el cambio que se atisba en España lo han eludido otros Gobiernos conservadores, en Portugal o en Italia. Solo Hungría, con la ultraderecha de Viktor Orban en el poder, escenificó un movimiento similar al modificar su Constitución para recoger que la vida debe protegerse “desde su concepción”. El artículo abre las puertas a una futura reforma represiva de su ley de aborto (libre hasta la semana 18ª). Algo para lo que, sin embargo, el país “no está preparado”, según Orban.
“Otros Estados, aunque no han llegado a emprender el camino que quiere iniciar España, han intentado limitar de alguna forma la interrupción voluntaria del embarazo”, expone Irene Donadio, experta de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF European Network), organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. Se refiere, por ejemplo, a Lituania o Letonia, cuyos Parlamentos votaron propuestas para restringir sus leyes de plazos (hasta la semana 12ª). No progresaron. Tampoco tuvo éxito en Polonia el plan de endurecer aún más su ya limitada norma.
Pasos que desoyen, además, las recomendaciones de órganos como el Consejo de Europa, que lleva años reclamando que el aborto se reconozca como un derecho en todos los países; o la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de que el número de intervenciones es más alto en los países con leyes más restringidas.
“Las leyes que limitan y criminalizan el aborto no frenan a quienes necesitan acceder a él”, dice la parlamentaria británica demoliberal Jenny Tonge.
“Seguirán abortando, pero de manera clandestina e insegura”, añade. Tonge, una médica que antes de ocupar su escaño se dedicó a temas de planificación familiar, explica que las mujeres encuentran formas de hacerlo: “
Desde introducirse objetos o sustancias en la vagina a autolesionarse o ingerir fármacos”, asegura. Solo las que se lo pueden permitir —como hacían algunas españolas antes de la despenalización— viajan a países con leyes de plazos.
Alrededor de 6.000 irlandesas se trasladan cada año a Reino Unido para poner fin a su embarazo, según un informe aún inédito de la IPPF, que analiza la situación del aborto en la UE.
Algo que les puede costar entre 800 y 1.200 euros.
Irlanda es, tras Malta —donde abortar está prohibido—, el país más restrictivo.
Solo lo permite si la vida de la mujer corre “grave y sustancial riesgo”.
Un peligro que no se especifica en ninguna regulación y queda a diagnóstico del médico. En diciembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer, enferma de cáncer, a la que negó un aborto terapéutico. La afectada tuvo que irse a Reino Unido.
Ahora, tras la resaca de la sentencia, en la que el Tribunal criticaba la ausencia de criterios legales para evaluar ese “riesgo sustancial” y las severas sanciones a las que se enfrentan quienes faciliten la intervención, el Gobierno irlandés ha formado un comité de expertos que estudia cómo introducir las recomendaciones de Estrasburgo.
Denise Ryan, consejera de la organización irlandesa de planificación familiar IFPA, cree que ese debate es un avance. No obstante, recuerda que no es la primera vez que algo así ocurre y todo queda en nada.
Si, finalmente, España decide alejarse de la tónica europea, el Gobierno debe decidir en qué espejo mirarse. ¿Un modelo atávico como el irlandés? Gallardón ha asegurado que el modelo de supuestos al que quiere volver “funciona en los grandes países occidentales”.
Se refiere, quizá, a Reino Unido o Finlandia, donde la mujer debe alegar alguna razón para abortar. Supuestos que incluyen, no obstante, el de “riesgo económico y social”, un amplio paraguas que, de facto, permite el plazo de aborto libre.
Siempre entre las nubes hay esos huequitos de Sol que te dan valor.
Un Blues
Del material conque están hechos los sueños
13 mar 2012
El rostro de la violencia machista
Patricia Lefranc y sus abogados, durante el juicio. / YVES HERMAN (REUTERS)
Y Ahora qué? La mujer desfigurada, supongo que habrá algún medio para una estética reparadora, muy lenta, eso si, porque lo malo es muy rápido y lo bueno tarda.
Hasta cuando, un hombre aceptará un NO, sin hacer daño físico a la mujer que le diga No, porque Psicólogico ya se lo habrá hecho.
Que desfachatez decir que no pensaba que iba a hacerle tanto daño y dolor!! Ya está bien.
La vida de Patricia Lefranc, de 45 años, dio un giro hacia el infierno la tarde del 1 de diciembre de 2009. Una llamada al portero automático de alguien que decía traerle un paquete le hizo tomar el ascensor para bajar a recogerlo.
Al pisar el portal, una ducha de ácido sulfúrico le destruyó el rostro y le causó quemaduras gravísimas en el 30% del cuerpo.
La gravedad de las lesiones hizo temer por su vida a los médicos, que durante tres meses la mantuvieron en coma inducido.
Con dificultades para moverse, Lefranc asiste ahora al juicio contra su agresor y antiguo novio, Richard Remes, un hombre de 57 años que entre las muchas versiones que da de lo sucedido habla de “una broma que salió mal”.
No quería causarle semejante daño, y prueba de ello es que había rebajado el ácido, dice Remes.
Según él, solo se trataba de dar un susto a Patricia porque quería dejarle.
En la primera sesión del juicio, Remes ha reconocido haber investigado sobre el ácido sulfúrico "únicamente por curiosidad".
"Después, la idea [de la agresión con esta sustancia] fue germinando en mi espíritu. Quería marcarla, pero nunca imaginé que sería tan rápido", ha continuado. "Yo amaba sinceramente a Patricia Lefranc (...). Pero con ella, un día era blanco y otro negro, un día te amo y otro te dejo", ha asegurado el acusado.
Distintos testimonios y las pesquisas policiales le contradicen y apuntan a un ataque premeditado perpetrado por alguien sin la más mínima capacidad de ocultar sus huellas, pese cubrirse de negro y con un casco en el momento de la agresión.
“Ha sido Richard”, pudo decir Patricia, entre gritos de infinito dolor, a quienes la socorrieron. Richard vivía en otro piso del mismo inmueble. Ahora se juega 30 años de cárcel. Lefranc fue condenada a perpetuidad por Remes.
Al pisar el portal, una ducha de ácido sulfúrico le destruyó el rostro y le causó quemaduras gravísimas en el 30% del cuerpo.
La gravedad de las lesiones hizo temer por su vida a los médicos, que durante tres meses la mantuvieron en coma inducido.
Con dificultades para moverse, Lefranc asiste ahora al juicio contra su agresor y antiguo novio, Richard Remes, un hombre de 57 años que entre las muchas versiones que da de lo sucedido habla de “una broma que salió mal”.
No quería causarle semejante daño, y prueba de ello es que había rebajado el ácido, dice Remes.
Según él, solo se trataba de dar un susto a Patricia porque quería dejarle.
En la primera sesión del juicio, Remes ha reconocido haber investigado sobre el ácido sulfúrico "únicamente por curiosidad".
"Después, la idea [de la agresión con esta sustancia] fue germinando en mi espíritu. Quería marcarla, pero nunca imaginé que sería tan rápido", ha continuado. "Yo amaba sinceramente a Patricia Lefranc (...). Pero con ella, un día era blanco y otro negro, un día te amo y otro te dejo", ha asegurado el acusado.
Distintos testimonios y las pesquisas policiales le contradicen y apuntan a un ataque premeditado perpetrado por alguien sin la más mínima capacidad de ocultar sus huellas, pese cubrirse de negro y con un casco en el momento de la agresión.
“Ha sido Richard”, pudo decir Patricia, entre gritos de infinito dolor, a quienes la socorrieron. Richard vivía en otro piso del mismo inmueble. Ahora se juega 30 años de cárcel. Lefranc fue condenada a perpetuidad por Remes.
“En los premios Nobel también hay modas”
El oncólogo Manuel Patarroyo. / LUIS SEVILLANO
Lo primero que hay que aclarar es que este es “el otro” Manuel Patarroyo, aunque no le guste el apelativo. El más conocido es su hermano mayor, Manuel Elkin, famoso por una polémica vacuna contra la malaria, a quien él llama por su segundo nombre.
“En casa le llamábamos Elkin, por eso mi padre, que quería que un hijo suyo se llamara Manuel como él, me bautizó a mí así.
Pero, de repente, en la universidad empezaron a ponerle el Manuel también a Elkin”, comenta jovial. Lo otro que este Patarroyo (Girardot, Colombia, 1956) comparte con su hermano es el interés por la investigación, que él ha enfocado en la oncología.
Esta vocación le ha marcado tanto que es una de las causas —junto a su esposa, Annette—, para que lleve 33 en años en Suecia. “Fui a Helsinki a hacer la tesis, y acabé en el Instituto Karolinska”.
Y está claro que algo —al menos, los horarios— se le han pegado de Suecia, porque la cita para cenar es a las siete de la tarde. Aunque decir cenar es ser optimista. Patarroyo pide una crema que deja casi a medias. “He desayunado y he comido mucho”, se disculpa. Se desquitará al día siguiente, cuando, después de la conferencia que va a dar en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que le ha invitado a Madrid, vaya a comer uno de sus platos favoritos: paella.
En la charla expondrá el estado de sus trabajos, que se centran en la “biología de la adherencia”
. “Esto es importante porque las células no están sueltas, se pegan unas a otras. Y eso sucede no solo para la formación de órganos, sino en todos los procesos.
Por ejemplo, cuando hay una infección, los leucocitos tienen que unirse a la pared de los vasos antes de atravesarlos para luego migrar y llegar a donde está la infección.
En procesos inflamatorios eso está muy estudiado, y nosotros lo que queremos demostrar es que hay un proceso similar en los tumores, ya que el proceso de una metástasis es muy parecido”, aclara.
Se trata de un trabajo de laboratorio. “Durante mi periodo de formación tuve que tratar con pacientes, pero a mí lo que me gusta es la investigación clínica”, dice sin tapujos. Y le gusta tanto que no admite otra afición. Por eso no se plantea la jubilación. “Solo trabajo, trabajo y trabajo”. “Y familia, familia y familia”. Tiene una hija y, como si fuera un sueco nativo, cuenta el reparto de horarios con Annette —“casi al 50%, menos la cocina”— para cuidarla. “Ahora ya no, que tiene 19 años”.
Su trabajo en el Karolinska tiene otra curiosidad. Esta institución es la encargada de proponer a la Academia sueca los candidatos a los Nobel
. “Y suceden cosas muy curiosas, como que un investigador norteamericano aprovecha que va a dar una conferencia a Río de Janeiro y se pasa por Estocolmo a hacernos una visita..
. ¡Como le pilla de paso!”, dice con ironía. “Eso sí, vienen con todo preparado. Saben a quién tienen que visitar, conocen tu trabajo...”.
Esta visión desde dentro del proceso que está detrás del premio más prestigioso del mundo le permite afirmar que “en los premios Nobel hay modas, como en todo”.
Como en otras citas de este tipo, al final el entrevistado toma las riendas.
Después de la infusión, acompaña al periodista a la puerta del hotel. Y uno se va con la sensación de que ha contestado a más preguntas (sobre política, precios de la vivienda, el 15-M, el caso Urdangarin) que las que ha hecho.
“En casa le llamábamos Elkin, por eso mi padre, que quería que un hijo suyo se llamara Manuel como él, me bautizó a mí así.
Pero, de repente, en la universidad empezaron a ponerle el Manuel también a Elkin”, comenta jovial. Lo otro que este Patarroyo (Girardot, Colombia, 1956) comparte con su hermano es el interés por la investigación, que él ha enfocado en la oncología.
Esta vocación le ha marcado tanto que es una de las causas —junto a su esposa, Annette—, para que lleve 33 en años en Suecia. “Fui a Helsinki a hacer la tesis, y acabé en el Instituto Karolinska”.
Y está claro que algo —al menos, los horarios— se le han pegado de Suecia, porque la cita para cenar es a las siete de la tarde. Aunque decir cenar es ser optimista. Patarroyo pide una crema que deja casi a medias. “He desayunado y he comido mucho”, se disculpa. Se desquitará al día siguiente, cuando, después de la conferencia que va a dar en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que le ha invitado a Madrid, vaya a comer uno de sus platos favoritos: paella.
En la charla expondrá el estado de sus trabajos, que se centran en la “biología de la adherencia”
. “Esto es importante porque las células no están sueltas, se pegan unas a otras. Y eso sucede no solo para la formación de órganos, sino en todos los procesos.
Por ejemplo, cuando hay una infección, los leucocitos tienen que unirse a la pared de los vasos antes de atravesarlos para luego migrar y llegar a donde está la infección.
En procesos inflamatorios eso está muy estudiado, y nosotros lo que queremos demostrar es que hay un proceso similar en los tumores, ya que el proceso de una metástasis es muy parecido”, aclara.
Se trata de un trabajo de laboratorio. “Durante mi periodo de formación tuve que tratar con pacientes, pero a mí lo que me gusta es la investigación clínica”, dice sin tapujos. Y le gusta tanto que no admite otra afición. Por eso no se plantea la jubilación. “Solo trabajo, trabajo y trabajo”. “Y familia, familia y familia”. Tiene una hija y, como si fuera un sueco nativo, cuenta el reparto de horarios con Annette —“casi al 50%, menos la cocina”— para cuidarla. “Ahora ya no, que tiene 19 años”.
Su trabajo en el Karolinska tiene otra curiosidad. Esta institución es la encargada de proponer a la Academia sueca los candidatos a los Nobel
. “Y suceden cosas muy curiosas, como que un investigador norteamericano aprovecha que va a dar una conferencia a Río de Janeiro y se pasa por Estocolmo a hacernos una visita..
. ¡Como le pilla de paso!”, dice con ironía. “Eso sí, vienen con todo preparado. Saben a quién tienen que visitar, conocen tu trabajo...”.
Esta visión desde dentro del proceso que está detrás del premio más prestigioso del mundo le permite afirmar que “en los premios Nobel hay modas, como en todo”.
Como en otras citas de este tipo, al final el entrevistado toma las riendas.
Después de la infusión, acompaña al periodista a la puerta del hotel. Y uno se va con la sensación de que ha contestado a más preguntas (sobre política, precios de la vivienda, el 15-M, el caso Urdangarin) que las que ha hecho.
Felipe González: “Acabáis de poner en libertad a un hijo de perra”
El expresidente, Felipe González, en un mitin político en 2008 / RAFAEL DIEZ (EFE)
“Antonio, acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal”, espetó Felipe González a Antonio Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo, cuando en 1986 la Sala de Conflictos de este tribunal decidió, por cinco votos contra uno, extraditar a Colombia al narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela.
El Gobierno socialista había intentado que el narco fuera enviado a Estados Unidos, país que también pedía su entrega, y planteó un conflicto de jurisdicción contra la decisión de la Audiencia Nacional de entregarlo a su país de origen.
“Algunos amigos suyos (de Orejuela) intentaban obtener su libertad provisional pagando lo que hiciera falta e incluso tocaron determinadas teclas, en una apuesta que llegó muy alta y en un juego sucio muy típico de esa guerra completamente desigual contra el narcotráfico”, relata el expresidente del Ejecutivo en el libro ¿Aún podemos entendernos? (Planeta, 2011), que firman González, Miquel Roca y Lluís Bassets.
Las sospechas y temores del Gobierno se cumplieron y tanto Rodríguez Orejuela como su compatriota José Luis Ochoa fueron puestos en libertad poco tiempo después de llegar a Colombia.
González expone este caso como ejemplo del “ejercicio de respeto al poder judicial” y asegura que no llamó a su amigo Hernández Gil hasta que el Supremo tomó su decisión.
En el juego sucio del que habla el expresidente, algunos aseguran que se movió mucho dinero y afirman, aunque sin aportar pruebas, que se compró la controvertida decisión judicial. Así lo afirma Fernando Rodríguez, hijo de Orejuela, en su libro El hijo del Ajedrecista.
John Jairo Velázquez, antiguo jefe de sicarios del cartel de Medellín, declaró en diciembre pasado a la emisora colombiana RCN que se sacaron 30 millones de dólares “del fondo de los extraditables” para salvar a Ochoa y a Rodríguez Orejuela y así evitar su entrega a EE UU.
Rodríguez Orejuela y Ochoa fueron detenidos el 15 de noviembre de 1985 cuando salían con sus esposas de un piso de la calle del General Oraá, de Madrid. Estados Unidos y Colombia solicitaron su extradición y comenzó una retorcida batalla legal en la que se dictaron 36 resoluciones, algunas contradictorias: primero, juzgarlos en España; más tarde, enviarlos a EE UU; finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió por cuatro votos contra tres conceder la extradición de los dos narcos a Colombia y EE UU, pero atendiendo a la petición colombiana por el principio de nacionalidad de los detenidos.
Durante ese laberinto judicial, algún magistrado modificó sin razón aparente el sentido de su voto.
Ahora, 26 años después, uno de los letrados del equipo que defendió a los narcotraficantes confiesa: “Al final del proceso, alguien me dijo algo sobre pagos a un juez.
Fue tomando un café con uno de los abogados.
Comentó que los colombianos habían comprado a un juez. Yo no me lo creí entonces ni ahora”. Aquel equipo de letrados lo integraban Joaquín Ruiz Giménez Aguilar, Enrique Gimbernat, Miguel Bajo, Juan Garcés y Carlos Cuenca, entre otros.
Cuenca no da crédito a estas sospechas. “No tienen ninguna credibilidad.
Nos costó Dios y ayuda que esta gente [los narcos] nos pagara. La intervención del Gobierno en este caso fue de una virulencia tremenda. Quería dominar a los jueces y no lo logró. Fue un conflicto entre el ejecutivo y la magistratura que nunca antes se había producido”.
Fernando Ledesma, entonces ministro de Justicia, lo recuerda así: “Teníamos temores fundados de lo que podía ocurrir, que podían quedar en libertad, y los hechos nos dieron la razón.
Sabíamos que un juicio a esta gente con todas las garantías solo sería posible si se accedía a la petición de los Estados Unidos”.
El único voto en contra de la resolución de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de entregar a los narcos a Colombia fue el del consejero de Estado Gregorio Peces Barba. Su hijo Gregorio, expresidente del Congreso, describe la reacción de su padre:
“Esa decisión le pareció inexplicable. Nunca la entendió. Estaba clarísimo que en Colombia les iban a soltar porque allí los reclamaban solo por contrabando de ganado.” Orejuela fue años más tarde detenido por tráfico de drogas en su país y entregado a EE UU donde sigue preso.
El Gobierno socialista había intentado que el narco fuera enviado a Estados Unidos, país que también pedía su entrega, y planteó un conflicto de jurisdicción contra la decisión de la Audiencia Nacional de entregarlo a su país de origen.
“Algunos amigos suyos (de Orejuela) intentaban obtener su libertad provisional pagando lo que hiciera falta e incluso tocaron determinadas teclas, en una apuesta que llegó muy alta y en un juego sucio muy típico de esa guerra completamente desigual contra el narcotráfico”, relata el expresidente del Ejecutivo en el libro ¿Aún podemos entendernos? (Planeta, 2011), que firman González, Miquel Roca y Lluís Bassets.
Las sospechas y temores del Gobierno se cumplieron y tanto Rodríguez Orejuela como su compatriota José Luis Ochoa fueron puestos en libertad poco tiempo después de llegar a Colombia.
González expone este caso como ejemplo del “ejercicio de respeto al poder judicial” y asegura que no llamó a su amigo Hernández Gil hasta que el Supremo tomó su decisión.
En el juego sucio del que habla el expresidente, algunos aseguran que se movió mucho dinero y afirman, aunque sin aportar pruebas, que se compró la controvertida decisión judicial. Así lo afirma Fernando Rodríguez, hijo de Orejuela, en su libro El hijo del Ajedrecista.
John Jairo Velázquez, antiguo jefe de sicarios del cartel de Medellín, declaró en diciembre pasado a la emisora colombiana RCN que se sacaron 30 millones de dólares “del fondo de los extraditables” para salvar a Ochoa y a Rodríguez Orejuela y así evitar su entrega a EE UU.
Rodríguez Orejuela y Ochoa fueron detenidos el 15 de noviembre de 1985 cuando salían con sus esposas de un piso de la calle del General Oraá, de Madrid. Estados Unidos y Colombia solicitaron su extradición y comenzó una retorcida batalla legal en la que se dictaron 36 resoluciones, algunas contradictorias: primero, juzgarlos en España; más tarde, enviarlos a EE UU; finalmente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió por cuatro votos contra tres conceder la extradición de los dos narcos a Colombia y EE UU, pero atendiendo a la petición colombiana por el principio de nacionalidad de los detenidos.
Durante ese laberinto judicial, algún magistrado modificó sin razón aparente el sentido de su voto.
Ahora, 26 años después, uno de los letrados del equipo que defendió a los narcotraficantes confiesa: “Al final del proceso, alguien me dijo algo sobre pagos a un juez.
Fue tomando un café con uno de los abogados.
Comentó que los colombianos habían comprado a un juez. Yo no me lo creí entonces ni ahora”. Aquel equipo de letrados lo integraban Joaquín Ruiz Giménez Aguilar, Enrique Gimbernat, Miguel Bajo, Juan Garcés y Carlos Cuenca, entre otros.
Cuenca no da crédito a estas sospechas. “No tienen ninguna credibilidad.
Nos costó Dios y ayuda que esta gente [los narcos] nos pagara. La intervención del Gobierno en este caso fue de una virulencia tremenda. Quería dominar a los jueces y no lo logró. Fue un conflicto entre el ejecutivo y la magistratura que nunca antes se había producido”.
Fernando Ledesma, entonces ministro de Justicia, lo recuerda así: “Teníamos temores fundados de lo que podía ocurrir, que podían quedar en libertad, y los hechos nos dieron la razón.
Sabíamos que un juicio a esta gente con todas las garantías solo sería posible si se accedía a la petición de los Estados Unidos”.
El único voto en contra de la resolución de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de entregar a los narcos a Colombia fue el del consejero de Estado Gregorio Peces Barba. Su hijo Gregorio, expresidente del Congreso, describe la reacción de su padre:
“Esa decisión le pareció inexplicable. Nunca la entendió. Estaba clarísimo que en Colombia les iban a soltar porque allí los reclamaban solo por contrabando de ganado.” Orejuela fue años más tarde detenido por tráfico de drogas en su país y entregado a EE UU donde sigue preso.
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