Mientras que en el resto del mundo diarios y revistas padecen la competencia de los medios electrónicos y las fábricas de papel sucumben ante la crisis de sus principales compradores, en Argentina, el nuevo marco regulatorio para la producción de pasta celulosa que impuso el Gobierno gracias a su mayoría en el Congreso disparó el último gran debate acerca de la libertad de prensa en el país.
En la última sesión del 2011, el jueves 22 de diciembre, el Senado convirtió en ley un proyecto del Poder Ejecutivo que declara "de interés público la fabricación, comercialización y distribución de la pasta de celulosa y de papel para diarios", crea dos organismos para supervisar la actividad y le impone a Papel Prensa dos obligaciones principales: la de venderle a todos sus potenciales compradores a igual precio y la de aumentar su producción de manera progresiva hasta "asegurar el abastecimiento pleno del mercado local".
Papel Prensa, la única que fabrica papel para diarios en le país, es una sociedad mixta.
El principal accionista es el Grupo Clarín -tiene el 37%, y otro 12% que a través de Cimeco, empresa que controla-, le sigue el Estado con el 27,46% y el diario La Nación con 22.49%.
Las cláusulas transitorias de la nueva ley, que refieren de manera específica a Papel Prensa, la obligan a operar a pleno de su capacidad operativa o al nivel de la demanda interna de papel, si ésta fuese menor que la capacidad operativa de la fábrica; y a ejecutar cada tres años un plan de inversiones que satisfaga la totalidad de la demanda por parte de los diarios del país.
Tanto Clarín como La Nación -y muchos dirigentes de la oposición también- denunciaron desde sus páginas a la ley como una amenaza severa a la libertad de prensa.
Alegaron que viola el artículo de la Constitución que, a modo de garantía, prohibe regular sobre la materia.
Diarios afines al Gobierno, en cambio, celebraron la nueva legislación como un paso imprescindible para romper con posiciones monopólicas que impiden la aparición de nuevas voces.
El contraste entre las tapas no pudo ser mayor.
En los considerandos de la ley, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirma que la regulación es necesaria porque Clarín y La Nación han abusado de una posición dominante de mercado, fijando el precio del papel de manera discrecional y afectando a los medios más pequeños que no pueden competir con los dos diarios de mayor venta del país (dueños a su vez de otros medios en el interior), ya que el papel representa más del 50% de sus costos.
En la actualidad, el arancel para la importación de papel es cero (no paga impuestos) y con un dólar relativamente barato, Papel Prensa ya no representa un problema para los medios que tienen la espalda financiera necesaria como para abastecerse en el exterior.
Pero también es cierto que, en otros períodos, en condiciones de mercado diferente, directivos de Página 12, del diario Perfil, de Ambito Financiero y de publicaciones más pequeñas de alcance provincial, han denunciado como desleal la competencia de Clarín y La Nación por su condición de socios del Estado en la única fábrica de papel para diarios.
Ahora que la ley obliga a Papel Prensa a invertir para aumentar la producción de manera progresiva hasta cubrir la demanda del mercado interno, Clarín y La Nación temen que el Gobierno vaya incrementando la participación del Estado hasta dejar a los diarios en minoría o hasta licuar por completo sus acciones. En en un escenario como el que pintan los dueños de estos diarios, Papel Prensa en breve quedaría en manos del Estado y el Gobierno impondría aranceles a la importación de papel, pasando a controlar en forma total el insumo más elemental de los medios gráficos.
En materia de reparto de publicidad oficial, el Gobierno tiene los peores antecedentes. Desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia en el año 2003, el presupuesto destinado a a los avisos ha ido engordando de manera significativa hasta superar con amplitud los 1000 millones de pesos, que el Poder Ejecutivo reparte entre los medios de manera discrecional y sin rendir cuentas acerca de las tarifas que paga (el oficialismo en el Congreso jamás aceptó siquiera debatir proyectos elaborados por legisladores opositores para establecer parámetros transparentes de asignación de avisos públicos).
En la práctica, la publicidad oficial es utilizada como un castigo a los medios críticos y como un subsidio encubierto para los diarios que tienen una línea editorial afín al Gobierno (única explicación financiera posible a la aparición reciente de un número importante de medios gráficos nuevos, todos ellos de tónica oficialista).
En forma adicional, el debate sobre Papel Prensa está teñido por una polémica acerca del origen de esta sociedad entre los diarios privados y el Estado. La presidenta Fernández de Kirchner promovió una demanda judicial contra los principales directivos de los diarios Clarín y La Nación, a quienes acusa de haber ingresado al directorio de Papel Prensa en plena dictadura, luego de forzar con la complicidad de los militares la venta del paquete accionario que estaba en manos de Lidia Papaleo, viuda del banquero David Graiver, quien había cuidado del dinero que el grupo guerrillero Montoneros obtuvo con el secuestro de los hermanos Born. Papaleo fue víctima de tortura en un centro clandestino de detención y el Gobierno (y ahora ella también) sostiene que la transferencia de acciones debe ser juzgada como un crimen de lesa humanidad.
Los directivos de Clarín y La Nación aseguran que la viuda vendió por su propia voluntad, por otras necesidades y en una fecha anterior a la que señala el Gobierno, y que en todo caso el Gobierno busca quebrar a la prensa independiente.
No resulta sin embargo un debate nada cómodo para los principales diarios del país: recuerda la convivencia que tuvieron a lo largo de la dictadura en sociedad con el Estado nada menos que en la producción del papel. Sobre este tema, aprovecho para recomendar el libro de Graciela Mochkofsky llamado
Pecado original, Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder (Editorial Planeta 2011)
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Y de todo lo que pude leer acerca de la nueva ley de papel y de sus peligros,
el texto que me resultó más esclarecedor y equilibrado es el que escribió en la contratapa del diario Perfil su propietario, Jorge Fontevecchia, el sábado 17 de diciembre, bajo el título "Mienten con Papel Prensa".
Fontevecchia, como competidor de Clarín y de La Nación y como dueño de la editorial más castigada por el Gobierno en la asignación de publicidad oficial, escribió:
"Clarín y La Nación sostienen que hoy (en el pasado no era así) no se le produce ningún perjuicio a quien no tenga cupo para comprar papel de Papel Prensa y deba buscar papel de otra procedencia, porque el precio del papel importado es de US$ 680 la tonelada cuando el de Papel Prensa es de 753. Siguiendo la escuela del Gobierno, todos mienten a medias.
A US$ 680 la tonelada sólo pueden comprar Clarín, La Nación y Perfil, los tres mayores importadores de papel del país, porque para conseguir ese precio es necesario hacer una compra de 5 mil toneladas juntas y pagar al contado US$ 3,5 millones.
(...) La mayoría de los diarios, y ni qué hablar los diarios pequeños del interior a los que no les vende Papel Prensa, deben comprar de a diez toneladas a un revendedor local, un mayorista que compra para fraccionar y revender (la diferencia entre el Mercado de Liniers y la carnicería) y pagar desde el 20% más caro.
Pero miente más el Gobierno cuando dice que al declarar de interés público la fabricación de papel beneficiará a todos los excluidos de Papel Prensa. El Gobierno declara que su plan es aumentar el capital de Papel Prensa con inversiones que permitan producir 30% más de papel: hoy fabrica 175 mil toneladas y el consumo de todos los diarios del país es 225 mil. El objetivo supuesto es que las 50 mil toneladas de papel que hoy se importan se fabriquen en el país.
Si así fuera, Editorial Perfil, que sí puede comprar su papel importado a US$ 680 dólares la tonelada, podría estar obligada a comprárselo a Papel Prensa a 753. ¿Cómo obligarían a Perfil a comprar su papel en Papel Prensa? Prohibiendo la importación de papel o colocándole un arancel a la importación de forma que el papel importado cueste más caro que el nacional.
¿Por qué Clarín y La Nación no hicieron las inversiones necesarias que el Gobierno demanda para abastecer todo el consumo argentino?
Primero, porque no tienen el poder del Estado para garantizarse que todos los diarios estén obligados a comprarle a Papel Prensa.
(...) Segundo, porque no ganarían nada si Papel Prensa produjera todo el papel que Clarín y La Nación precisan más el de todos los diarios que deseen comprarle.
Tendrían que invertir en una actividad que no da ganancia y que hoy (reitero, en el pasado fue distinto) les cuesta más barato importar lo que les falta para completar su consumo.
Clarín y La Nación se abastecen en el 90% de Papel Prensa e importan alrededor del 10% de su consumo.
(...) ¿Y, entonces, para qué Clarín y La Nación tienen Papel Prensa si ya no les trae ningún beneficio? Hay dos respuestas: en el pasado sí les trajo muchos beneficios.
Y la respuesta actual sería que si la Argentina tuviera seguridad jurídica, Clarín y La Nación ya deberían haber vendido Papel Prensa como sí lo hicieron los diarios O Globo y O Estado de São Paulo, que eran dueños de la equivalente a Papel Prensa de Brasil.
(...) Actualmente, el papel se importa con licencia automática, es decir, sin tener que esperar autorización del Estado, pero si esto fuera modificado y/o se colocaran gravámenes que encarecieran la importación de papel, allí se estaría produciendo la paradoja de que “papel para todos” sea papel preferentemente para los amigos.
(...) La falacia kirchnerista está muy bien construida: ¿quién se puede oponer a que todo el mundo tenga al mismo precio todo el papel nacional que quiera, y todos, amigos y no amigos, en las mismas condiciones? Nadie mientras no sea ésa la única alternativa y se pueda comprar libremente y sin encarecimientos papel importado. De lo contrario, el fin declamado termina siendo el opuesto al logrado.
Otra garantía jurídica que se debe cumplir será el justo resarcimiento a Clarín y La Nación por los cambios de condiciones.
(...) Aquí aparece la otra paradoja de esta construcción: si Clarín y La Nación dejaran de ser dueños de Papel Prensa, que es lo que correspondería si el Estado los indemnizara, ¿para qué Clarín y La Nación querrían comprarle el papel a Papel Prensa y no comprar en su lugar papel importado, que cuesta 10% menos? Y en ese caso Papel Prensa quebraría, porque hoy Clarín y La Nación compran el 74% de todo el papel que se fabrica allí. (...) Claro, siempre y cuando no prohiban la importación.
Por último, para ser justos, deseo criticar a Clarín.
Cuando dice que el Gobierno hará con el papel lo mismo que hizo con la publicidad oficial, esto es, repartirlo entre amigos y castigar a adversarios, sería justo decir que también Clarín hizo eso con el papel de Papel Prensa: mientras el papel nacional fue más barato que el importado, Editorial Perfil no tuvo acceso a comprar en Papel Prensa.
Y lo mismo se podría decir de la publicidad: el diario PERFIL no puede contar con los avisos de grandes vendedores de electrodomésticos porque Clarín tiene contratos de exclusividad que expresamente penalizan a esos anunciantes por publicar en medios competidores.
O sea, el Gobierno y Clarín se comportaron igual tanto con la publicidad como, se supone ahora lo harán, con el papel. Pero siempre serán más graves malas prácticas en el Estado que en cualquier privado, tenga el tamaño que fuere, como bien quedó demostrado en la última dictadura".
