El último informe policial incorporado al sumario la sitúa en las reuniones en las que se decidió favorecer con contratos públicos a una empresa que hizo campañas electorales al PP.
Es la primera vez que un documento policial implica a la exlíder popular en amaños de la trama.
A preguntas de este diario, Aguirre negó su participación en actos ilegales.
En la causa ya están imputados sus dos hombres de confianza: Ignacio González y Francisco Granados.
Los agentes concluyen que el Gobierno regional que encabezaba Aguirre utilizó “la publicidad institucional [...] con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”.
Mercado, imputado tanto en el caso Púnica como en el sumario sobre la financiación irregular del PP balear en la etapa de Jaume Matas, fue el principal beneficiado de esas supuestas irregularidades.
Su entramado de empresas recibió contratos por un valor superior a los 7,4 millones de euros.
El documento policial destaca que, para beneficiar a Mercado, el Ejecutivo de Aguirre modificó en 2006 varias leyes autonómicas para que cualquier adjudicación, tanto de las consejerías como de empresas públicas y órganos autónomos de la Comunidad de Madrid, necesitase la “autorización previa” de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, que entonces ocupaba Ignacio González, también imputado en la causa.
Una vez modificado el marco legal, supuestamente se impartieron “instrucciones precisas” a varios consejeros para que las empresas Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América, todas ellas propiedad de Mercado, fueran favorecidas con adjudicaciones.
Esas instrucciones surgieron de varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido concretar, en las que participó Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y Francisco Granados.
También intervinieron en ellas el viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo,—actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel— y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, así como la responsable de comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego, y el propio empresario.
Aguirre fue situada en estas reuniones por dos de los participantes: Lamela y el propio Mercado.
El entonces consejero admitió ante los agentes que, tras recibir estas indicaciones, dio instrucciones en ese sentido a su asesor técnico.
A partir de ese momento, las cuatro empresas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento.
Los agentes aprecian delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.
Según recoge el informe de manera destacada, Lamela confirmó en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones “se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”.
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