Ángel Hernández suministró una sustancia a María José Carrasco, con esclerosis múltiple desde hace 30 años. "Quiero el final cuanto antes", decía en octubre pasado a este diario.
Ángel Hernández y María José Carrasco lo tenían claro.
El día que ella lo decidiera, él la ayudaría a quitarse la vida. Carrasco tenía desde hacía 30 años una esclerosis múltiple.
En octubre pasado, cuando recibieron a EL PAÍS en su piso de Madrid, manifestó, con la voz gutural de quien está al borde de la asfixia, la única causa por la que no había dado el paso: "Él no tiene miedo, pero yo sí".
Se refería a lo que le podía pasar a su marido si la ayudaba. Nadie sabe qué ha pasado en aquella casa estos seis últimos meses, pero el miércoles, Hernández le preparó la medicación definitiva.
Ella la tomó. Él ha sido detenido.
"Quiero el final cuanto antes", decía en octubre Carrasco, de 61. Secretaria judicial, había sido una mujer activa, inquieta.
Pero hacía ya años que el piano que tocaba había enmudecido, que los pinceles con los que pintaba se habían cegado.
Con los años de enfermedad y deterioro, llegaron las barandillas en los pasillos, cayó un tabique para hacer más amplia la habitación. Se fueron las puertas que dificultaban el paso de la silla de ruedas. Todas, menos la del baño pequeño, el que usaba Hernández, de 69 años.
El grande ya no tenía bañera, era un enorme plato de ducha.
Prácticamente paralizada y con problemas de visión y audición, la tele del salón había crecido para que los dos pudieran ver películas antiguas, porque lo que dan por la tele no les gustaba.
La detención tuvo lugar este miércoles a las tres de la tarde, cuando los agentes se personaron en una casa ubicada en la calle Federico Carlos Sáinz de Robles, en el distrito de Moncloa Aravaca, tras ser avisados por los sanitarios del SUMMA, a los que Hernández contó que había suministrado una sustancia para provocar la muerte a su mujer.
Está en el calabozo de una comisaría de Madrid a la espera de pasar este viernes a disposición judicial.
Como hiciera Ramón Sampedro hace 21 años, la pareja ha dejado grabado el proceso durante el que ella se toma la medicación letal. Pero esta vez no lo han hecho, como el famoso tetrapléjico, para exculpar a quien le ayudó a quitarse la vida.
A Sampedro le funcionó.
Cuando años después se inculpó a Ramona Maneiro, esta fue absuelta por prescripción el delito.
Y es que la cooperación necesaria para el suicido está castigada en España, aunque si se hace con una persona en estado muy grave que lo pide se considera que hay una atenuante.
El artículo 143.4 del Código Penal, que sería el aplicable a este
caso, establece una horquilla de pena atenuada, que quedaría entre los
seis meses y los dos años de prisión, según calcula José Antonio Martín
Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo,
con lo que Hernández no tendría que ingresar en prisión.
Martín Pallín, en la actualidad abogado, critica su detención:
"En un caso así, sin riesgo de fuga, hubiera bastado con que la policía le llamara a declarar y luego pasara el atestado al juzgado de guardia".
Para el jurista, la defensa de Hernández podría solicitar la exención de responsabilidad por actuar "en el cumplimiento de un deber moral, amparado por el derecho a la dignidad recogido en la Constitución".
En cualquier caso, Hernández no tendría que ingresar en prisión si la pena es inferior a dos años y carece de antecedentes penales.
"En España, aunque la eutanasia está prohibida, el Código Penal tiene en cuenta la compasión e introduce una atenuante muy privilegiada", explica Federico de Montalvo, jurista y presidente del Comité Español de Bioética.
Según la asociación Derecho a Morir Dignamente, con la que Hernández se puso en contacto tras ayudar a Carrasco a acabar con su vida, es el primer caso conocido en España, tras el de Sampedro, en el que una persona asiste a otra para suicidarse ante la incapacidad física de la enferma para hacerlo por sí misma. Hernández sería, según la asociación, el primer detenido por esta causa.
El hombre sabía los riesgos, pero estaba dispuesto a afrontarlos. Hace más de 20 años, cuando aún trabajaba como técnico de audiovisuales de la Asamblea madrileña, y ella ya estaba enferma en casa, se la encontró agonizante tras intentar suicidarse.
Llamó al servicio de emergencias y lo impidió. Después, hablando con ella, le prometió no hacerlo más.
En octubre, cuando hablaron con EL PAÍS, tenían sus esperanzas puestas en la ley de regulación de la eutanasia que promueve el PSOE.
Inquietos pero bien informados, temían que la precariedad del Gobierno impidiera llevar a cabo la tramitación.
Tenían razón: el proyecto de ley sigue empantanado en la Mesa del Congreso sometida a la práctica dilatoria del PP y Ciudadanos de prorrogar una y otra vez el plazo de enmiendas para evitar que llegue ni siquiera a debatirse.
Ellos entran de lleno en los supuestos de esa norma: una enfermedad grave, irreversible, que produce enormes sufrimientos físicos y psíquicos.
Derecho a Morir Dignamente ha reaccionado este jueves exigiendo a los "futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia urgentemente".
"Defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea", añade.
"El acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal", asegura en un comunicado.
"Más del 80% de la población está a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido.
Sin embargo, el artículo 143 del Código Penal sigue castigándola con penas de prisión", recalca la asociación, que califica como "inaceptable" que "en una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad", esté penado "ayudar a una persona a disponer de su vida libremente".
Hacía tiempo que la pareja lo tenía todo preparado.
El día que ella lo decidiera, él la ayudaría a quitarse la vida. Carrasco tenía desde hacía 30 años una esclerosis múltiple.
En octubre pasado, cuando recibieron a EL PAÍS en su piso de Madrid, manifestó, con la voz gutural de quien está al borde de la asfixia, la única causa por la que no había dado el paso: "Él no tiene miedo, pero yo sí".
Se refería a lo que le podía pasar a su marido si la ayudaba. Nadie sabe qué ha pasado en aquella casa estos seis últimos meses, pero el miércoles, Hernández le preparó la medicación definitiva.
Ella la tomó. Él ha sido detenido.
"Quiero el final cuanto antes", decía en octubre Carrasco, de 61. Secretaria judicial, había sido una mujer activa, inquieta.
Pero hacía ya años que el piano que tocaba había enmudecido, que los pinceles con los que pintaba se habían cegado.
Con los años de enfermedad y deterioro, llegaron las barandillas en los pasillos, cayó un tabique para hacer más amplia la habitación. Se fueron las puertas que dificultaban el paso de la silla de ruedas. Todas, menos la del baño pequeño, el que usaba Hernández, de 69 años.
El grande ya no tenía bañera, era un enorme plato de ducha.
Prácticamente paralizada y con problemas de visión y audición, la tele del salón había crecido para que los dos pudieran ver películas antiguas, porque lo que dan por la tele no les gustaba.
La detención tuvo lugar este miércoles a las tres de la tarde, cuando los agentes se personaron en una casa ubicada en la calle Federico Carlos Sáinz de Robles, en el distrito de Moncloa Aravaca, tras ser avisados por los sanitarios del SUMMA, a los que Hernández contó que había suministrado una sustancia para provocar la muerte a su mujer.
Está en el calabozo de una comisaría de Madrid a la espera de pasar este viernes a disposición judicial.
Como hiciera Ramón Sampedro hace 21 años, la pareja ha dejado grabado el proceso durante el que ella se toma la medicación letal. Pero esta vez no lo han hecho, como el famoso tetrapléjico, para exculpar a quien le ayudó a quitarse la vida.
A Sampedro le funcionó.
Cuando años después se inculpó a Ramona Maneiro, esta fue absuelta por prescripción el delito.
Y es que la cooperación necesaria para el suicido está castigada en España, aunque si se hace con una persona en estado muy grave que lo pide se considera que hay una atenuante.
Lo que dice el Código Penal
El artículo 143 del Código Penal, aprobado en 1995,
regula la inducción y la cooperación al suicidio.
Su apartado 4 es el que, según los juristas, sería aplicable en el caso de Ángel Hernández y María José Carrasco:
"El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo".
El número 2 impone una pena de prisión de dos a cinco años "al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona". Según explica el jurista José Antonio Martín Pallín, la pena aplicable, de rebajarse un grado, quedaría en una horquilla entre uno y dos años, pero en este caso "es clarísimo que habría que bajar la pena en dos grados", con lo que quedaría entre seis meses y un año.
Su apartado 4 es el que, según los juristas, sería aplicable en el caso de Ángel Hernández y María José Carrasco:
"El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo".
El número 2 impone una pena de prisión de dos a cinco años "al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona". Según explica el jurista José Antonio Martín Pallín, la pena aplicable, de rebajarse un grado, quedaría en una horquilla entre uno y dos años, pero en este caso "es clarísimo que habría que bajar la pena en dos grados", con lo que quedaría entre seis meses y un año.
Martín Pallín, en la actualidad abogado, critica su detención:
"En un caso así, sin riesgo de fuga, hubiera bastado con que la policía le llamara a declarar y luego pasara el atestado al juzgado de guardia".
Para el jurista, la defensa de Hernández podría solicitar la exención de responsabilidad por actuar "en el cumplimiento de un deber moral, amparado por el derecho a la dignidad recogido en la Constitución".
En cualquier caso, Hernández no tendría que ingresar en prisión si la pena es inferior a dos años y carece de antecedentes penales.
"En España, aunque la eutanasia está prohibida, el Código Penal tiene en cuenta la compasión e introduce una atenuante muy privilegiada", explica Federico de Montalvo, jurista y presidente del Comité Español de Bioética.
Según la asociación Derecho a Morir Dignamente, con la que Hernández se puso en contacto tras ayudar a Carrasco a acabar con su vida, es el primer caso conocido en España, tras el de Sampedro, en el que una persona asiste a otra para suicidarse ante la incapacidad física de la enferma para hacerlo por sí misma. Hernández sería, según la asociación, el primer detenido por esta causa.
El hombre sabía los riesgos, pero estaba dispuesto a afrontarlos. Hace más de 20 años, cuando aún trabajaba como técnico de audiovisuales de la Asamblea madrileña, y ella ya estaba enferma en casa, se la encontró agonizante tras intentar suicidarse.
Llamó al servicio de emergencias y lo impidió. Después, hablando con ella, le prometió no hacerlo más.
En octubre, cuando hablaron con EL PAÍS, tenían sus esperanzas puestas en la ley de regulación de la eutanasia que promueve el PSOE.
Inquietos pero bien informados, temían que la precariedad del Gobierno impidiera llevar a cabo la tramitación.
Tenían razón: el proyecto de ley sigue empantanado en la Mesa del Congreso sometida a la práctica dilatoria del PP y Ciudadanos de prorrogar una y otra vez el plazo de enmiendas para evitar que llegue ni siquiera a debatirse.
Ellos entran de lleno en los supuestos de esa norma: una enfermedad grave, irreversible, que produce enormes sufrimientos físicos y psíquicos.
Derecho a Morir Dignamente ha reaccionado este jueves exigiendo a los "futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia urgentemente".
"Defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea", añade.
"El acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal", asegura en un comunicado.
"Más del 80% de la población está a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido.
Sin embargo, el artículo 143 del Código Penal sigue castigándola con penas de prisión", recalca la asociación, que califica como "inaceptable" que "en una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad", esté penado "ayudar a una persona a disponer de su vida libremente".
Hacía tiempo que la pareja lo tenía todo preparado.
Sus únicos
límites eran la voluntad de ella y que, llegado el momento, Carrasco,
que comía con extrema dificultad, no consiguiera tragar.
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