García Castellón incluye el documento anónimo y el robo de un móvil a una asesora del líder de Podemos entre las actividades irregulares de la 'brigada patriótica'.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor el caso Villarejo, ha iniciado una investigación sobre la autoría del informe que la policía patriótica del PP fabricó contra el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, después de que en poder del comisario José Manuel
Villarejo, actualmente encarcelado, se encontrasen documentos que lo
vinculan presuntamente con el robo de un teléfono móvil a una asesora
del político en 2016, según confirman a EL PAÍS fuentes jurídicas y
policiales.
El magistrado ha llamado este miércoles a Iglesias para interrogarle como perjudicado y ofrecerle la posibilidad de personarse en la causa como acusación.
A la salida de la Audiencia Nacional el líder de Podemos ha hablado de "una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios" en aquel espionaje.
La investigación sobre el político conocida como informe Pisa (Pablo Iglesias SA) salió a la luz en enero de 2016, cuando el digital OKDiario publicó una información sobre la supuesta financiación irregular de Podemos con fondos iraníes y venezolanos en la que se mencionaba por vez primera la existencia de dicho documento policial.
En los meses siguientes, otros medios publicaron otros aspectos recogidos en el polémico informe.
Aunque ninguna unidad policial figuraba como autora del documento, el Ministerio del Interior, que entonces encabezaba el popular Jorge Fernández Díaz, se lo atribuyó a un grupo de "inteligencia" policial adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que dependía del comisario Eugenio Pino, la denominada policía patriótica o brigada patriótica.
Este alto mando policial ya está imputado en el caso Villarejo por su presunta implicación en otro operativo de este grupo: la Operación Kitchen de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
El magistrado ha llamado este miércoles a Iglesias para interrogarle como perjudicado y ofrecerle la posibilidad de personarse en la causa como acusación.
A la salida de la Audiencia Nacional el líder de Podemos ha hablado de "una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios" en aquel espionaje.
La investigación sobre el político conocida como informe Pisa (Pablo Iglesias SA) salió a la luz en enero de 2016, cuando el digital OKDiario publicó una información sobre la supuesta financiación irregular de Podemos con fondos iraníes y venezolanos en la que se mencionaba por vez primera la existencia de dicho documento policial.
En los meses siguientes, otros medios publicaron otros aspectos recogidos en el polémico informe.
Aunque ninguna unidad policial figuraba como autora del documento, el Ministerio del Interior, que entonces encabezaba el popular Jorge Fernández Díaz, se lo atribuyó a un grupo de "inteligencia" policial adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que dependía del comisario Eugenio Pino, la denominada policía patriótica o brigada patriótica.
Este alto mando policial ya está imputado en el caso Villarejo por su presunta implicación en otro operativo de este grupo: la Operación Kitchen de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Pino
está procesado por un juez de Madrid por el intento de colar un pendrive con información de origen desconocido en el sumario sobre el enriquecimiento del clan Pujol.
El informe Pisa terminó llegando al Tribunal Supremo de la mano de una querella del seudosindicato Manos Limpias.
La
Fiscalía del alto tribunal rechazó su admisión y tachó el informe de
"mera remisión de informaciones no autentificadas". Entre ellas,
recortes de prensa e informaciones que provenían de fuentes sin
identificar.
Meses después, la Audiencia Nacional también rechazó
investigarlo al considerar que el documento no tenía ningún valor.El documento sobre la financiación de Podemos llega ahora al caso Villarejo
después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, responsable
de la investigación, remitiese al juez García Castellón un informe
sobre diversa información encontrada en poder del comisario jubilado y
que, presuntamente, procedía de un teléfono móvil robado a una asesora
de Pablo Iglesias.
Parte de su contenido (en concreto unos mensajes intercambiados en un chat en los que hacía referencia a una presentadora de televisión) apareció de nuevo en un diario digital en julio de 2016.
El informe Pisa es la segunda operación presuntamente fraudulenta atribuida a la policía patriótica que es investigada por el juez del caso Villarejo.
La cúpula de la Policía Nacional (entre otros, cinco comisarios) durante el Gobierno del PP ya está imputada por la llamada Operación Kitchen, en la que se espió sin control judicial a Bárcenas y su familia entre 2013 y 2014, tras estallar el escándalo de su contabilidad secreta.
Así, además de Villarejo y Pino están siendo investigados Enrique García Castaño, Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo, además de varios subordinados de Pino.
El juez ha detectado ya el desvío de fondos reservados para el pago a confidentes que colaboraron en el espionaje e investiga si otra parte de este dinero acabó en las cuentas privadas de algunos de los policías imputados.
Parte de su contenido (en concreto unos mensajes intercambiados en un chat en los que hacía referencia a una presentadora de televisión) apareció de nuevo en un diario digital en julio de 2016.
El informe Pisa es la segunda operación presuntamente fraudulenta atribuida a la policía patriótica que es investigada por el juez del caso Villarejo.
La cúpula de la Policía Nacional (entre otros, cinco comisarios) durante el Gobierno del PP ya está imputada por la llamada Operación Kitchen, en la que se espió sin control judicial a Bárcenas y su familia entre 2013 y 2014, tras estallar el escándalo de su contabilidad secreta.
Así, además de Villarejo y Pino están siendo investigados Enrique García Castaño, Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo, además de varios subordinados de Pino.
El juez ha detectado ya el desvío de fondos reservados para el pago a confidentes que colaboraron en el espionaje e investiga si otra parte de este dinero acabó en las cuentas privadas de algunos de los policías imputados.
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