El magistrado destaca el “profundo conflicto económico” existente en la familia y las “lagunas y contradicciones” existentes en la declaración del yerno de la fallecida.
El juez que instruye el caso del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del que fuera presidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, ha ordenado la apertura del juicio oral, según confirmaron a EL PAÍS fuentes judiciales. El único acusado, Miguel López, el
yerno de la víctima, deberá sentarse en el banquillo frente a un
jurado, por un supuesto delito de asesinato y otro de tenencia ilícita
de armas.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, “no procede decretar el sobreseimiento de las actuaciones al
apreciar la subsistencia de elementos indiciarios suficientes en la
instrucción contra el acusado para sostener las acusaciones formuladas”
El magistrado de la causa, José Luis de la
Fuente, sostiene que los hechos relatados por el fiscal y la acusación
particular “pueden ser efectivamente constitutivos de un delito de
asesinato y otro de tenencia ilícita de armas”.
En el auto, De la Fuente divide en tres los
argumentos de la acusación que le han llevado a la apertura del juicio.
El primero, “la existencia de una situación de profundo conflicto
económico, familiar y societario acerca del control del grupo de
empresas familiar”.
Los “derechos políticos privilegiados de las
acciones” del hijo de la víctima, Vicente Jesús Sala, “llegaría a ser
vista por el acusado como principal obstáculo que impedía que triunfaran
sus posiciones”.
Según la investigación, este podría ser el principal móvil del asesinato, la batalla por el control de las empresas de los Sala,
tras la muerte del patriarca, Vicente Sala, en 2011.
Al parecer,
Martínez se había decantado por su único hijo, en detrimento de sus
otras tres hijas, Mar, Eva y Antonia, y le había otorgado la acción de
oro de una de las principales empresas del holding familiar, Samar
Internacional SL, una firma del sector del plástico.
En segundo lugar, el juez menciona “la
ejecución por el acusado del plan concebido para matarla cuando se
encontrara en el lugar y tiempo elegido como más favorable a sus fines”.
Para ello, prosigue el auto, López “habría dispuesto la entrega del
vehículo” de la víctima con el fin de ser reparado, “en condiciones que
le permitieran quedarse a solas con ella en un lugar apartado y poco
iluminado, para, inmediatamente después de que subiera al vehículo y se
encontrara desprevenida, dispararle dos tiros en la cabeza que le
provocarían finalmente la muerte, pretendiendo hacer pasar lo ocurrido
por un intento de robo”.
A juicio del magistrado, “resulta en su
conjunto difícil atribuir” estos hechos “a una mera coincidencia
improbable”.
También califica de “inaudito” la alegación de la defensa
de que el crimen se produjo tras un “intento de robo” en el que “se
dispararía sorpresivamente a la víctima y no se efectuaría apoderamiento
del vehículo ni de ninguno de los efectos o dinero que portaba”.
Por último, el escrito del juez alude a la
“adquisición en circunstancias que no constan y disposición de un arma
(pistola semiautomática de cierta antigüedad con proyectiles
modificados) para cuya tenencia no dispondría de licencia”.
De la Fuente
resalta “la experiencia en el manejo de armas de fuego” del único
sospechoso y las “notorias lagunas e incongruencias apreciadas en las
declaraciones del acusado respecto a sus movimientos posteriores a
abandonar el lugar de los hechos tanto respecto a su inicial llegada a
su domicilio”.
Los hechos sucedieron el 9 de diciembre de 2016.
Martínez fue hallada muerta con dos tiros en la cabeza en un lavadero de
coches de su propiedad.
No hubo testigos.
Junto al cadáver solo se
encontraron dos casquillos y su bolso, que permanecía en el asiento del
acompañante.
La investigación solo condujo a un sospechoso, Miguel
López, que se enfrenta a 24 años de cárcel, según piden tanto el fiscal como la acusación particular.
Su abogado, en cambio, pedirá el sobreseimiento del caso.
El juez De la Fuente ha agotado así el plazo de tres días del que disponía para emitir una resolución, después de que el pasado martes se celebrara una vista previa.
En ella, tanto la defensa como las acusaciones expusieron sus
argumentos según el guion que ya había quedado previsto en sus
declaraciones anteriores.
El discurso no varió en lo más mínimo.
La
defensa de López adujo la falta de pruebas consistentes que inculparan a
su defendido.
Tanto el fiscal como la acusación particular, que
representa al hijo de la fallecida, Vicente Jesús Sala, demandaron que
el juicio siguiera adelante.
El juez ha agotado así el plazo de tres días de
que disponía para emitir una resolución, después de que el pasado
martes se celebrara una vista previa.
En ella, tanto la defensa como las
acusaciones expusieron sus argumentos según el guion que ya había
quedado previsto en sus declaraciones anteriores.
El discurso no varió
en lo más mínimo.
La defensa de López adujo la falta de pruebas
consistentes que inculparan a su defendido.
Tanto el fiscal como la
acusación particular, que representa al hijo de la fallecida, Vicente
Jesús Sala, demandaron que el juicio siguiera adelante.
A partir de ahora, según explicaron las mismas fuentes, habrá que
encajar la disponibilidad de juzgado, acusaciones y defensa, para un
juicio que se prevé largo y que podría llegar antes del verano.
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