La familia de la joven madrileña logra imponer como perito al médico que examinó el cadáver de Asunta Basterra mientras el grupo al que inicialmente correspondió el cuerpo de Diana aún revisa vídeos de 'El Chicle'.
A la familia de Diana Quer nunca le pareció suficiente el extenso informe definitivo de la autopsia
que entregaron en marzo al juez instructor tres forenses del Imelga
(Instituto de Medicina Legal de Galicia).
Desde entonces, el abogado de la acusación pidió aclaraciones y ampliaciones, en las que todavía están trabajando los médicos responsables de la investigación de la muerte de la joven madrileña, que además revisan unos vídeos con las últimas declaraciones del homicida confeso, José Enrique Abuín, alias El Chicle.
Según fuentes del caso, el juzgado les ha encomendado que "estudien la compatibilidad" entre su relato de los hechos y la autopsia.
Pero además tanto el padre de la víctima, Juan Carlos Quer, como la propia fiscal encargada de este crimen en los juzgados de Ribeira (A Coruña), han reclamado que sea otro facultativo del mismo instituto público quien revise desde ahora todo el trabajo (textos y abundante material gráfico) ya hecho por sus compañeros.
En primera instancia, tanto el magistrado del caso, Félix Isaac Alonso, como previamente la dirección del propio Imelga, se negaron a este inusual traspaso de bártulos que finalmente puede desembocar en una revisión crítica de la autopsia.
Pero esta semana se ha sabido que en julio la Audiencia Provincial de A Coruña accedía a los deseos de la acusación, que recurrió el auto del juez, y que la persona designada para revisitar los papeles no iba a ser otra que el forense que quería la familia Quer: José Blanco Pampín.
Blanco Pampín, jefe de servicio de Patología Forense del Imelga con plaza de trabajo en Santiago, declaró ya en su momento que se hubiera hecho cargo de la autopsia de Diana Quer desde el principio si no fuese que cuando se halló el cuerpo sumergido en el pozo de agua dulce de la fábrica de Rianxo él se encontraba de larga baja laboral.
Antes de su regreso, además, se cernía sobre él un expediente abierto por la Xunta de Galicia, recurrible, que le castigaba a un mes sin empleo y sueldo supuestamente por faltar al respeto a compañeros.
La autopsia recayó en dos subordinados suyos en Santiago, y estos solicitaron la participación de un tercero, tan célebre en Galicia como Pampín, que se desplazó el 1 de enero de 2018 desde Verín (Ourense), Fernando Serrulla Rech.
No obstante, poco más de una semana después de ser rescatado el cadáver de la muchacha en la madrugada del último Año Nuevo, el jefe de Patología Forense (con miles de autopsias en su carrera y conocido sobre todo por casos como los de Asunta Basterra o Ramón Sampedro), concedía una entrevista al periódico El Correo Gallego que sembraba la polémica y las dudas sobre el trabajo que se estaba haciendo.
Pampín no se mordía la lengua, criticaba la decisión, tras las primeras pruebas, de trasladar al Hospital de Verín (Ourense) los restos de la víctima y devaluaba la capacidad y las posibilidades del departamento del Imelga que allí se ubica: la unidad de Antropología Forense, del que es responsable precisamente Serrulla, con una experiencia tan larga como la de Pampín y considerado uno de los tres mejores forenses expertos en huesos de España.
En la entrevista, Blanco Pampín decía que le "desconcertaba" una frase del informe preliminar que sus subordinados entregaron al juez el propio día 1 de enero y declaraba "innecesario" el traslado a Ourense, donde se usaban métodos que a su parecer suponían "una vuelta al pasado".
"Me ha sorprendido enormemente que se haya derivado el cadáver o partes del mismo.
Semejante actitud puede inducir a la opinión pública a considerar que en un pueblo como Verín se dispone de medios técnicos muy superiores a los nuestros y nada más lejos de la realidad", advertía. "La citada unidad carece de medios propios y utiliza aquellos que posee el hospital, obviamente inferiores a los que posee el Complejo Hospitario de Santiago, considerado uno de los mejores de España".
El jefe de Patología no se quedaba aquí y en sucesivas respuestas seguía dejando patente su rechazo a la intervención del departamento de Serrulla.
"La citada unidad carece de acreditación, es decir, de herramientas establecidas a escala internacional para generar confianza sobre la correcta ejecución de un determinado tipo de actividades como son los estudios antropológicos", llegaba a recoger El Correo en la entrevista.
Ahora, la Audiencia Provincial ha ordenado poner a disposición de Pampín todo el material para que supervise sobre el papel cada erosión de un cuerpo que fue hallado en estado de saponificación, una evolución natural de algunos cadáveres que permanecen sumergidos. por la que la grasa se transforma en jabón y la víctima se conserva, total o parcialmente, en relativa buena situación externa.
Un cuerpo saponificado puede conservar más pistas que uno descompuesto, aunque en el caso de Diana Quer, bajo el agua durante 16 meses, según fuentes de la investigación "el 80% de la información se había perdido".
El informe definitivo, y en concreto el estudio antropológico que reveló fractura de huesos en la zona cervical, confirmó que la chica no había muerto atropellada, como declaró al principio Abuín, sino estrangulada, como él mismo reconoció a posteriori para adaptarse al dictamen forense.
Pero nunca se hallaron señales, ni con la autopsia ni con los análisis del Instituto Nacional de Toxicología llevados a cabo en Madrid, de que la joven hubiese sufrido una agresión sexual.
Si habían quedado huellas, el tiempo transcurrido se había encargado de borrarlas; pero en encontrar indicios se cimenta la cruzada de la familia Quer para que el preso sea condenado a prisión permanente revisable.
Mientras Pampín ya se ha puesto manos a la obra, según fuentes vinculadas al caso que se investiga desde Ribeira desde antes del verano los tres forenses que se responsabilizaron ya al principio tienen la encomienda de aclarar a las partes aspectos de su informe definitivo.
Y en concreto se les ha encargado revisar las grabaciones que hizo la Guardia Civil durante la reconstrucción (entre las localidades coruñesas de A Pobra do Caramiñal y Padrón) de la noche en que murió Diana Quer, una prueba que también había solicitado la acusación particular y en la que participó José Enrique Abuín escenificando su versión de los hechos.
Su misión es "estudiar la compatibilidad" entre las declaraciones del investigado y los datos que reveló la autopsia.
Con la entrada en juego de Blanco Pampín, cuando llegue el juicio lo más probable es que tengan que acudir, por separado, a declarar como peritos ante el jurado popular tanto el primer equipo forense como el jefe de Patología del Imelga.
"Si al final de todo esto existen discrepancias, el que va a salir beneficiado es El Chicle", comenta a este diario una investigadora. En el caso Asunta, la autopsia oficial realizada por Pampín también fue revisada por dos forenses externos contratados por el abogado de Rosario Porto.
En el juicio testificaron tanto él como los que criticaban algunos de los protocolos llevados a cabo por el equipo del Imelga, pero las explicaciones del funcionario no dejaron lugar a dudas al jurado. En aquel caso, como en adelante va a ocurrir, ya coincidían este forense y el abogado Ricardo Pérez Lama, que ahora representa a los Quer y en ese momento ejercía la acusación particular contra los padres de Asunta Basterra, en nombre de la Asociación Clara Campoamor.
Desde entonces, el abogado de la acusación pidió aclaraciones y ampliaciones, en las que todavía están trabajando los médicos responsables de la investigación de la muerte de la joven madrileña, que además revisan unos vídeos con las últimas declaraciones del homicida confeso, José Enrique Abuín, alias El Chicle.
Según fuentes del caso, el juzgado les ha encomendado que "estudien la compatibilidad" entre su relato de los hechos y la autopsia.
Pero además tanto el padre de la víctima, Juan Carlos Quer, como la propia fiscal encargada de este crimen en los juzgados de Ribeira (A Coruña), han reclamado que sea otro facultativo del mismo instituto público quien revise desde ahora todo el trabajo (textos y abundante material gráfico) ya hecho por sus compañeros.
En primera instancia, tanto el magistrado del caso, Félix Isaac Alonso, como previamente la dirección del propio Imelga, se negaron a este inusual traspaso de bártulos que finalmente puede desembocar en una revisión crítica de la autopsia.
Pero esta semana se ha sabido que en julio la Audiencia Provincial de A Coruña accedía a los deseos de la acusación, que recurrió el auto del juez, y que la persona designada para revisitar los papeles no iba a ser otra que el forense que quería la familia Quer: José Blanco Pampín.
Blanco Pampín, jefe de servicio de Patología Forense del Imelga con plaza de trabajo en Santiago, declaró ya en su momento que se hubiera hecho cargo de la autopsia de Diana Quer desde el principio si no fuese que cuando se halló el cuerpo sumergido en el pozo de agua dulce de la fábrica de Rianxo él se encontraba de larga baja laboral.
Antes de su regreso, además, se cernía sobre él un expediente abierto por la Xunta de Galicia, recurrible, que le castigaba a un mes sin empleo y sueldo supuestamente por faltar al respeto a compañeros.
La autopsia recayó en dos subordinados suyos en Santiago, y estos solicitaron la participación de un tercero, tan célebre en Galicia como Pampín, que se desplazó el 1 de enero de 2018 desde Verín (Ourense), Fernando Serrulla Rech.
No obstante, poco más de una semana después de ser rescatado el cadáver de la muchacha en la madrugada del último Año Nuevo, el jefe de Patología Forense (con miles de autopsias en su carrera y conocido sobre todo por casos como los de Asunta Basterra o Ramón Sampedro), concedía una entrevista al periódico El Correo Gallego que sembraba la polémica y las dudas sobre el trabajo que se estaba haciendo.
Pampín no se mordía la lengua, criticaba la decisión, tras las primeras pruebas, de trasladar al Hospital de Verín (Ourense) los restos de la víctima y devaluaba la capacidad y las posibilidades del departamento del Imelga que allí se ubica: la unidad de Antropología Forense, del que es responsable precisamente Serrulla, con una experiencia tan larga como la de Pampín y considerado uno de los tres mejores forenses expertos en huesos de España.
En la entrevista, Blanco Pampín decía que le "desconcertaba" una frase del informe preliminar que sus subordinados entregaron al juez el propio día 1 de enero y declaraba "innecesario" el traslado a Ourense, donde se usaban métodos que a su parecer suponían "una vuelta al pasado".
"Me ha sorprendido enormemente que se haya derivado el cadáver o partes del mismo.
Semejante actitud puede inducir a la opinión pública a considerar que en un pueblo como Verín se dispone de medios técnicos muy superiores a los nuestros y nada más lejos de la realidad", advertía. "La citada unidad carece de medios propios y utiliza aquellos que posee el hospital, obviamente inferiores a los que posee el Complejo Hospitario de Santiago, considerado uno de los mejores de España".
El jefe de Patología no se quedaba aquí y en sucesivas respuestas seguía dejando patente su rechazo a la intervención del departamento de Serrulla.
"La citada unidad carece de acreditación, es decir, de herramientas establecidas a escala internacional para generar confianza sobre la correcta ejecución de un determinado tipo de actividades como son los estudios antropológicos", llegaba a recoger El Correo en la entrevista.
Ahora, la Audiencia Provincial ha ordenado poner a disposición de Pampín todo el material para que supervise sobre el papel cada erosión de un cuerpo que fue hallado en estado de saponificación, una evolución natural de algunos cadáveres que permanecen sumergidos. por la que la grasa se transforma en jabón y la víctima se conserva, total o parcialmente, en relativa buena situación externa.
Un cuerpo saponificado puede conservar más pistas que uno descompuesto, aunque en el caso de Diana Quer, bajo el agua durante 16 meses, según fuentes de la investigación "el 80% de la información se había perdido".
El informe definitivo, y en concreto el estudio antropológico que reveló fractura de huesos en la zona cervical, confirmó que la chica no había muerto atropellada, como declaró al principio Abuín, sino estrangulada, como él mismo reconoció a posteriori para adaptarse al dictamen forense.
Pero nunca se hallaron señales, ni con la autopsia ni con los análisis del Instituto Nacional de Toxicología llevados a cabo en Madrid, de que la joven hubiese sufrido una agresión sexual.
Si habían quedado huellas, el tiempo transcurrido se había encargado de borrarlas; pero en encontrar indicios se cimenta la cruzada de la familia Quer para que el preso sea condenado a prisión permanente revisable.
Mientras Pampín ya se ha puesto manos a la obra, según fuentes vinculadas al caso que se investiga desde Ribeira desde antes del verano los tres forenses que se responsabilizaron ya al principio tienen la encomienda de aclarar a las partes aspectos de su informe definitivo.
Y en concreto se les ha encargado revisar las grabaciones que hizo la Guardia Civil durante la reconstrucción (entre las localidades coruñesas de A Pobra do Caramiñal y Padrón) de la noche en que murió Diana Quer, una prueba que también había solicitado la acusación particular y en la que participó José Enrique Abuín escenificando su versión de los hechos.
Su misión es "estudiar la compatibilidad" entre las declaraciones del investigado y los datos que reveló la autopsia.
Con la entrada en juego de Blanco Pampín, cuando llegue el juicio lo más probable es que tengan que acudir, por separado, a declarar como peritos ante el jurado popular tanto el primer equipo forense como el jefe de Patología del Imelga.
"Si al final de todo esto existen discrepancias, el que va a salir beneficiado es El Chicle", comenta a este diario una investigadora. En el caso Asunta, la autopsia oficial realizada por Pampín también fue revisada por dos forenses externos contratados por el abogado de Rosario Porto.
En el juicio testificaron tanto él como los que criticaban algunos de los protocolos llevados a cabo por el equipo del Imelga, pero las explicaciones del funcionario no dejaron lugar a dudas al jurado. En aquel caso, como en adelante va a ocurrir, ya coincidían este forense y el abogado Ricardo Pérez Lama, que ahora representa a los Quer y en ese momento ejercía la acusación particular contra los padres de Asunta Basterra, en nombre de la Asociación Clara Campoamor.
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