Ninguno de los Gobiernos en democracia ha reclamado los cerca de 27.500 documentos sobre la actividad política que generó el dictador conservados en la fundación dedicada a enaltecer su figura.
"No les pertenecen”. Al historiador Antonio Cazorla le parecía “muy extraño” tener que consultar documentos públicos “en una fundación de extrema derecha”.
Autor de Franco. Biografía del mito (Alianza) y de Cartas a Franco de los españoles de a pie (RBA), suele visitar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) para peinar la que está considerada como fuente esencial para el estudio de la gestión política del Gobierno franquista.
La mayor parte de la documentación producida por Francisco Franco como jefe de Estado se encuentra en el Archivo General de Palacio, donde hay acceso libre a las casi 4.000 cajas sobre sus funciones civiles.
En el Archivo General Militar de Ávila se conservan 236 cajas de sus decisiones militares.
El archivo de la cuestionada fundación de la familia del dictador atañe al área política de su Gobierno y comprende registros producidos por el Alto Estado Mayor, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Presidencia del Gobierno o el Ministerio de la Gobernación, hasta el nombramiento de Carrero Blanco como presidente, en 1973.
Son cerca de 27.500 documentos y se custodian en el chalé de la calle de Concha Espina de Madrid, propiedad de la familia Franco y sede de la FNFF.
Allí, la consulta de los documentos también es libre, pero para el historiador almeriense la situación es una “anomalía democrática”. No entiende cómo es posible que una fuente de información política del franquismo de esta índole se encuentre en poder de una fundación privada, amenazada de cierre por el Gobierno de Pedro Sánchez por enaltecimiento del dictador.
Durante cuatro décadas los historiadores han calificado esta situación como un “escándalo incomprensible y siniestro”, que responde a la tradición de los altos cargos españoles de llevarse papeles públicos a casa.
“No tiene ni pies ni cabeza. Allí estás rodeado de viejos falangistas y esto no es el archivo de la Falange”, cuenta Cazorla, investigador y profesor en la Trent University de Ontario (Canadá) hace más de una década, donde ejerce como catedrático de Historia Contemporánea de Europa. “¿Qué garantías tenemos de objetividad en la conservación, acceso y difusión del archivo? Ninguna”, afirma.
“Debemos recuperarlo, porque es nuestro”.
Son más de 100.000 páginas —recogidas en 338 carpetas y 230 rollos microfilmados— que fueron llevadas, no se sabe cómo ni exactamente cuándo, al hogar de la viuda del dictador, Carmen Polo.
Ella las entregó a la fundación creada en 1976 y presidida por su hija, Carmen Franco, hasta su muerte el año pasado.
Guirao tiene la palabra
La FNFF tiene en este archivo su principal activo para cumplir con su objetivo estatutario: “Difundir el conocimiento de Francisco Franco, su dimensión humana y política”.
Sin los papeles, quedaría descapitalizada. Pero nunca, ningún Gobierno demócrata, ha reclamado el fondo.
Este periódico ha tratado de saber si a lo largo de la actual legislatura el Ministerio de José Guirao se pondrá manos a la obra para exhumar los documentos, pero no ha recibido respuesta.
El pasado noviembre la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que la justicia determine si los documentos que custodia la FNFF son propiedad del Estado.
La fiscalía pasó la bola al ministerio dirigido entonces por Íñigo Méndez de Vigo, que nunca respondió.
La ARMH tiene previsto remitir en los próximos días una carta al ministro Guirao para que aclare su postura.
Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, es una apropiación indebida de la familia Franco, un “expolio” de documentos que deben volver a manos del Estado.
“Este es otro de los privilegios que se les ha consentido a los Franco: si alguien se lleva documentos de un archivo, el Estado debe perseguirlo.
Es un robo, y la manera de recuperarlo es como se resuelve cualquier delito, con la intervención de la policía”, señala.
Por ley, los originales son propiedad de los órganos productores o receptores de la documentación.
“Es incuestionable la importancia de esta colección única de los papeles de quien fue jefe del Estado español de 1939 a 1975”, responde por correo electrónico el historiador británico Paul Preston, que no logró que la FNFF le permitiera acceder al archivo a mediados de los ochenta cuando preparaba su famosa biografía del dictador, ni que tan siquiera le contestaran aquella carta de solicitud que aún está sin respuesta.
“Lo único que pude ver fueron los documentos citados por Luis Suárez en su propio estudio del dictador, para el cual él tuvo un acceso privilegiado a los papeles de la FNFF”, comenta.
Suárez tuvo exclusividad sobre el archivo y la aprovechó para publicar, en 1984, Francisco Franco y su tiempo, una obra de ocho volúmenes.
Los documentos, antes de su informatización y constitución como archivo, estaban en 338 carpetas
. Carmen Franco le encargó a Suárez, historiador medievalista, que realizara labores de archivero y clasificara los documentos, dada su cercanía con el pensamiento del dictador (fue procurador de las Cortes en el franquismo).
El veto sobre los papeles públicos que padeció Preston se prolongó hasta 2004.
Entre 2000 y 2003, el Gobierno de José María Aznar invirtió en la fundación privada 150.000 euros para la digitalización de sus fondos.
El archivo antes de esa fecha sólo pudo ser consultado, durante 28 años, por 51 personas.
En los últimos 14 años por la sede de la FNFF han pasado unas 1.000 personas.
Lejos de resolver el veto, la digitalización del archivo reforzó la anomalía porque la propiedad sigue en manos de la FNFF, y ésta no entregó una versión completa del material digitalizado al Ministerio de Cultura.
La copia que llegó en 2010 al Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca está incompleta.
Tal y como se puede leer en la descripción del Portal de Archivos Españoles (Pares), el CDMH conserva una versión “parcial” que comprende 27.357 documentos. En el inventario facilitado por la FNFF figuraban 27.490.
Es decir, hubo expurgo.
No hay copia en Salamanca de 133 documentos, los que van del “27.357 al 27.490”. Pares apunta que la consulta de los expurgados “debe realizarse en la FNFF”. Es más, la periodista Tereixa Constenla denunció en este periódico estas graves ausencias en la copia del CDMH.
Por ejemplo, el documento 1.158 descrito como “cuentas de Franco” no está.
El microfilme salta del 1.157 al 1.159.
Suárez es presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos y miembro de la Real Academia de la Historia y, en 2011, firmó la biografía de Franco que descubrió la inconsistencia historiográfica del Diccionario biográfico español. El académico “tardó cinco años en ordenar todos estos documentos del archivo”, dice la FNFF.
Autor de Franco. Biografía del mito (Alianza) y de Cartas a Franco de los españoles de a pie (RBA), suele visitar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) para peinar la que está considerada como fuente esencial para el estudio de la gestión política del Gobierno franquista.
La mayor parte de la documentación producida por Francisco Franco como jefe de Estado se encuentra en el Archivo General de Palacio, donde hay acceso libre a las casi 4.000 cajas sobre sus funciones civiles.
En el Archivo General Militar de Ávila se conservan 236 cajas de sus decisiones militares.
El archivo de la cuestionada fundación de la familia del dictador atañe al área política de su Gobierno y comprende registros producidos por el Alto Estado Mayor, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Presidencia del Gobierno o el Ministerio de la Gobernación, hasta el nombramiento de Carrero Blanco como presidente, en 1973.
Son cerca de 27.500 documentos y se custodian en el chalé de la calle de Concha Espina de Madrid, propiedad de la familia Franco y sede de la FNFF.
Allí, la consulta de los documentos también es libre, pero para el historiador almeriense la situación es una “anomalía democrática”. No entiende cómo es posible que una fuente de información política del franquismo de esta índole se encuentre en poder de una fundación privada, amenazada de cierre por el Gobierno de Pedro Sánchez por enaltecimiento del dictador.
Durante cuatro décadas los historiadores han calificado esta situación como un “escándalo incomprensible y siniestro”, que responde a la tradición de los altos cargos españoles de llevarse papeles públicos a casa.
“No tiene ni pies ni cabeza. Allí estás rodeado de viejos falangistas y esto no es el archivo de la Falange”, cuenta Cazorla, investigador y profesor en la Trent University de Ontario (Canadá) hace más de una década, donde ejerce como catedrático de Historia Contemporánea de Europa. “¿Qué garantías tenemos de objetividad en la conservación, acceso y difusión del archivo? Ninguna”, afirma.
“Debemos recuperarlo, porque es nuestro”.
Son más de 100.000 páginas —recogidas en 338 carpetas y 230 rollos microfilmados— que fueron llevadas, no se sabe cómo ni exactamente cuándo, al hogar de la viuda del dictador, Carmen Polo.
Ella las entregó a la fundación creada en 1976 y presidida por su hija, Carmen Franco, hasta su muerte el año pasado.
Guirao tiene la palabra
La FNFF tiene en este archivo su principal activo para cumplir con su objetivo estatutario: “Difundir el conocimiento de Francisco Franco, su dimensión humana y política”.
Sin los papeles, quedaría descapitalizada. Pero nunca, ningún Gobierno demócrata, ha reclamado el fondo.
Este periódico ha tratado de saber si a lo largo de la actual legislatura el Ministerio de José Guirao se pondrá manos a la obra para exhumar los documentos, pero no ha recibido respuesta.
El pasado noviembre la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que la justicia determine si los documentos que custodia la FNFF son propiedad del Estado.
La fiscalía pasó la bola al ministerio dirigido entonces por Íñigo Méndez de Vigo, que nunca respondió.
La ARMH tiene previsto remitir en los próximos días una carta al ministro Guirao para que aclare su postura.
Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, es una apropiación indebida de la familia Franco, un “expolio” de documentos que deben volver a manos del Estado.
“Este es otro de los privilegios que se les ha consentido a los Franco: si alguien se lleva documentos de un archivo, el Estado debe perseguirlo.
Es un robo, y la manera de recuperarlo es como se resuelve cualquier delito, con la intervención de la policía”, señala.
Por ley, los originales son propiedad de los órganos productores o receptores de la documentación.
“Es incuestionable la importancia de esta colección única de los papeles de quien fue jefe del Estado español de 1939 a 1975”, responde por correo electrónico el historiador británico Paul Preston, que no logró que la FNFF le permitiera acceder al archivo a mediados de los ochenta cuando preparaba su famosa biografía del dictador, ni que tan siquiera le contestaran aquella carta de solicitud que aún está sin respuesta.
“Lo único que pude ver fueron los documentos citados por Luis Suárez en su propio estudio del dictador, para el cual él tuvo un acceso privilegiado a los papeles de la FNFF”, comenta.
Suárez tuvo exclusividad sobre el archivo y la aprovechó para publicar, en 1984, Francisco Franco y su tiempo, una obra de ocho volúmenes.
Los documentos, antes de su informatización y constitución como archivo, estaban en 338 carpetas
. Carmen Franco le encargó a Suárez, historiador medievalista, que realizara labores de archivero y clasificara los documentos, dada su cercanía con el pensamiento del dictador (fue procurador de las Cortes en el franquismo).
El veto sobre los papeles públicos que padeció Preston se prolongó hasta 2004.
Entre 2000 y 2003, el Gobierno de José María Aznar invirtió en la fundación privada 150.000 euros para la digitalización de sus fondos.
El archivo antes de esa fecha sólo pudo ser consultado, durante 28 años, por 51 personas.
En los últimos 14 años por la sede de la FNFF han pasado unas 1.000 personas.
Lejos de resolver el veto, la digitalización del archivo reforzó la anomalía porque la propiedad sigue en manos de la FNFF, y ésta no entregó una versión completa del material digitalizado al Ministerio de Cultura.
La copia que llegó en 2010 al Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca está incompleta.
Tal y como se puede leer en la descripción del Portal de Archivos Españoles (Pares), el CDMH conserva una versión “parcial” que comprende 27.357 documentos. En el inventario facilitado por la FNFF figuraban 27.490.
Es decir, hubo expurgo.
No hay copia en Salamanca de 133 documentos, los que van del “27.357 al 27.490”. Pares apunta que la consulta de los expurgados “debe realizarse en la FNFF”. Es más, la periodista Tereixa Constenla denunció en este periódico estas graves ausencias en la copia del CDMH.
Por ejemplo, el documento 1.158 descrito como “cuentas de Franco” no está.
El microfilme salta del 1.157 al 1.159.
Suárez es presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos y miembro de la Real Academia de la Historia y, en 2011, firmó la biografía de Franco que descubrió la inconsistencia historiográfica del Diccionario biográfico español. El académico “tardó cinco años en ordenar todos estos documentos del archivo”, dice la FNFF.
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