Los préstamos fallidos de Aguirre entran en bancarrota........... Elena G. Sevillano .

Una de cada cuatro empresas a las que dio dinero público el ente Madrid Network están en liquidación y ya parece imposible recuperar al menos 14 millones de euros.

Manuel Lamela con Esperanza Aguirre en 2008. Kike Para

Era 2011, en lo peor de la crisis, y los bancos no estaban por la labor de conceder créditos a empresas tecnológicas recién creadas. Por eso decenas de compañías se lanzaron a pedir los 80 millones de euros que el entonces Ministerio de Ciencia entregó a la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, para que fomentara con préstamos a muy bajo interés la innovación en la región. 

Aguirre, sin embargo, decidió no gestionar directamente esos millones, sino entregárselos a una opaca asociación de empresarios llamada Madrid Network, que decidió con cuánto y a quién se financiaba.

 Siete años después, la mayoría de proyectos han resultado fallidos y una de cada cuatro empresas beneficiarias están en liquidación, lo que hace casi imposible recuperar, al menos, 14 millones de euros.

En varios casos no solo están en concurso las compañías que recibieron los préstamos, sino también sus fiadores.

 Otras empresas beneficiarias con las que Madrid Network mantiene litigios para recuperar el dinero que no devuelven están en pre concurso de acreedores, la mayoría ya tienen embargos de varias administraciones y al menos dos han sido definidas por sendos juzgados como “en ignorado paradero”. Es decir, sus responsables están desaparecidos.

 Madrid Network ha ganado varias sentencias y está intentando embargar los bienes que encuentra, pero también ha sufrido algún revés en los tribunales, según ha comprobado EL PAÍS a partir de documentación interna y de varios fallos judiciales a los que ha tenido acceso.

En total, de los 35 proyectos que inicialmente consiguieron financiación en condiciones ventajosas, 24 han resultado fallidos y no han devuelto el dinero cuando debían. 

Entre ellos están las empresas de dos altos cargos del PP de Aguirre, que obtuvieron 3,5 millones en las adjudicaciones que hizo Madrid Network, según adelantó EL PAÍS en 2015. 

 Uno de ellos, Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II, está actualmente imputado en el caso Lezo por corrupción.

 Safeview y Saerco, las dos empresas vinculadas a él, han llegado a un acuerdo con Madrid Network para ir devolviendo el préstamo poco a poco. 

Antes de alcanzar ese pacto, Safeview había sido condenado en primera y segunda instancia. 

Llegó hasta el Supremo en casación, donde ha perdido en enero pasado. 

La empresa se ha declarado en preconcurso de acreedores. El juicio con Saerco se suspendió justo antes de celebrarse y se llegó también a un acuerdo. 

El caso del otro alto cargo de Aguirre beneficiado por estos préstamos, Manuel Lamela, que fue consejero de Sanidad, aún no se ha resuelto.

 Su proyecto de sanidad privada, Madrid Medical Destination, sigue sin devolver el medio millón de euros que recibió, según recoge una memoria enviada por Madrid Network a la Comunidad de Madrid con fecha de 27 de diciembre pasado. Lamela y otros socios crearon la Asociación Madrid Centro Médico para gestionar ese proyecto, pero ahora el juzgado no la encuentra. 

No le pudo ni notificar la demanda, por lo que acordó la finalización del procedimiento.

 Lamela tiene una fundación (llamada Lafer, un acrónimo de su nombre) y una consultora llamada BAPP que hizo trabajos para Madrid Network por valor de 350.000 euros.

 Lamela no ha atendido a EL PAÍS. 

El año pasado un portavoz suyo aseguró que el exconsejero ya no era presidente de la asociación, pese a que seguía figurando en el Registro oficial como tal.

Las nueve empresas que están oficialmente en liquidación son Agora Proyectos y Sistemas, Tabarca Servicios de Salud, 28 Blackbio, Pross Soluciones Informáticas, Isofoton HCPV, Centro de Desarrollo e Innovación de Tecnologías de Seguridad (Cidites), Infoglobal, Flightech y Pacific Civic Group. 

Además, un juzgado acaba de determinar que Inaltel (antes llamada Urbotero) es “insolvente por inexistencia de bienes” tras hacer una averiguación patrimonial. Inaltel está en “situación procesal de rebeldía”, según un juzgado madrileño que la condenó en 2016.

En total, el dinero que recibieron estas empresas ascendió a 14,3 millones de euros. 

Según varios expertos consultados, la probabilidad de recuperar el dinero es escasa.

 Los responsables están ilocalizables.

 Las páginas web están cerradas, los teléfonos no corresponden a ningún usuario y los emails ya no están operativos.