El magistrado ha denunciado seguimientos, pintadas amenazantes y el hostigamiento de los abogados de los acusados.
J. J. Gálvez
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Palma de Mallorca / MadridEl relato de Manuel Penalva, el instructor de la causa de corrupción que cerca al rey de la noche mallorquina, incluye pintadas amenazantes en la puerta de su casa, seguimientos de detectives privados, el incendio de un vehículo en el garaje de su edificio e, incluso, la convocatoria de manifestaciones contra él por parte de uno de los abogados de los imputados. "Un hostigamiento continuo", según ha concluido este jueves la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha decidido por unanimidad concederle amparo ante toda esta batería de presiones que sufre.
El empresario Tolo Cursach, a su llegada en un furgón policial a los juzgados de Vía Alemania de Palma, en una imagen de archivo. En vídeo, así era el imperio de Cursach. CATI CLADERA (EFE) / VÍDEO: EPV
Algunas de ellas, según concluye el órgano, por parte de los propios letrados inmersos en el caso Cursach, también conocido como caso Policía Local.
Penalva, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, mantiene abierta una investigación contra Bartolomé Cursach Mas, dueño de discotecas, locales nocturnos, hoteles y restaurantes de la isla.
Según las pesquisas, el empresario tejió presuntamente una trama de corrupción para levantar su imperio.
Para ello, compró a agentes y mandos de la Policía Local de Palma, que le cubrían las espaldas ante inspecciones y multas; y que, además, hacían supuestamente la vista gorda ante las extorsiones del magnate local a la competencia, a quien amenazaba con destruir sus negocios.
Los testigos protegidos han relatado cómo Cursach, alias Tolo, agasajaba a los policías "con fiestas privadas en las que había cocaína, alcohol y mujeres, como en la discoteca Kiss, que fue cerrada para los agentes que trabajaban para él". - "Amenazaba al que le hacía sombra, ahogaba negocios ajenos y se quedaba con ellos a precio de saldo.
- Si le hacías la competencia, te echaba a la policía encima, te freían a multas e inspecciones.
- Te clausuraban", ha contado Ángel Ávila, uno de los empresarios al que expulsó del negocio.
- Un "hostigamiento" que ahora sufre el instructor de la
causa, que acusa al empresario de cohecho, extorsión, amenazas,
pertenencia a organización criminal, blanqueo, homicidio, corrupción de
menores y tenencia de armas.
Por ejemplo, Vicente Campaner, uno de los abogados personados en la causa y que defiende a Cursach, convocó una manifestación a las puertas del juzgado de Penalva, donde unas 200 personas exigieron su detención e inhabilitación, así como la del fiscal anticorrupción encargado del asunto, Miguel Ángel Subirán.
El letrado los acusa de haber manipulado e inventado pruebas para "encarcelar a personas inocentes".
"Esta manifestación, que coincidió además con el día en que se encontraban señaladas diversas declaraciones de investigados, supone una actuación que tiene suficiente gravedad y entidad como para ocasionar un efecto negativo apreciable sobre el ejercicio de la jurisdicción, suponiendo una clara injerencia en un asunto judicial en curso", señala este jueves el Consejo General del Poder Judicial, que exige a Campaner que "cese cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional".
Presiones de los investigados
La primera manifestación organizada por el letrado Campaner contra el juez Penalva y el fiscal Subirán tuvo lugar el 27 de noviembre y acudieron unas 200 personas.
Muchas de ellas familiares de los empresarios investigados, trabajadores del grupo Cursach y policías locales imputados en la trama que se situaron tras una pancarta en la que se podía leer "Corrupción en el Juzgado de instrucción".
Días después se celebró una nueva convocatoria con menos éxito de participación y que se desarrolló bajo la misma tónica. Para este próximo domingo por la tarde el abogado ha convocado una nueva protesta en la Plaza de España de Palma con recorrido hasta el Tribunal Superior de Justicia de las Islas, bajo el lema "SOS Tribunal Supremo, corrupción judicial en Baleares".
Para el CGPJ, la manifestación dirigida por Campaner tiene como objetivo sembrar la duda sobre la independencia del juez que conoce el caso.
"Estas actuaciones no solo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que además transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la justicia y del principio constitucional de la separación de poderes".
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