Carles Puigdemont junto a varios exconsejeros en una rueda de prensa en Bruselas.Horst WagnerEFE
La juez Carmen Lamela ha ordenado la busca y captura nacional e internacional y ha emitido una euroorden de detención de Carles Puigdemont
y los cuatros exconsellers que han optado por quedarse en Bélgica y
desoír la citación judicial para declarar como imputados por rebelión,
sedición y malversación de fondos. Junto al expresident de la
Generalitat están en Bélgica los exconsellers
Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Meritxell Serret
(Agricultura) y Lluís Puig (Cultura). Los cinco están imputados por
rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. La juez Lamela afirma que Puigdemont aprovechó su cargo al frente del
Govern para “llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en
España la secesión de Caluña” junto a otras autoridades, funcionarios
públicos y entidades públicas y privadas catalanas. “Para ello
promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los
sectores independentistas de la población, llamando a la insurreción y
desafiando el ordenamiento constitucional”.
La juez ha redactado diez autos, dos por cada investigado. En uno
tramita la orden de detención ante la fiscalía federal de Bélgica, que
ya se ha enviado y se inserta en Sirene, el programa de la policía. Por
otro lado se envía orden nacional e internacional a través de policía y
Guardia Civil, por si se le ocurre salir de Bélgica. La magistrada describe cómo, a pesar de la sentencia del
Constitucional de diciembre de 2015, el ahora expresident “continuó
impulsando las medidas necesaria para crear un futuro Estado catalán
independiente valiéndose del poder que otorgaba tener mayoría absoluta
de diputados, no de votos”. Toda una batería de argumentos que vuelve a
poner el punto de mira en el documento EnfoCATS, que “establecía una
hojar de ruta para alcanzar la independencia” y donde se recogía “el
papel que debería jugar cada uno de los actores”.
Los cinco exmiembros del Govern estaban citados a declarar este
jueves y viernes ante la Audiencia Nacional pero desde Bruselas el
abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, adelantó que no acudirían ante la Justicia. Sí lo hicieron Junqueras y otros ocho exconsellers y terminaron su jornada en la cárcel de Estremera
(los varones) y Alcalá Meco (las mujeres), y solo uno de ellos, Santi
Vila, con la posibilidad de volver a casa si paga una fianza de 50.000
euros. La juez ha aceptado la petición del ministerio público, que señalaba
en su escrito que es un “hecho notorio y públicamente conocido” la
citación de los cinco políticos y que el juzgado ha realizado
“reiterados intentos” de entregar la citación en sus domicilios, así
como “reiteradas llamadas telefónicas” a las que “se ha hecho caso
omiso”. De Puigdemont, el fiscal señalaba que "ha manifestado públicamente su
intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho
Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por
videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual". La fiscalía belga aseguró este jueves que en cuanto reciba la
euroorden de detención y entrega aplicará la ley. El ministerio federal
sería el receptor de esa orden y encargado de ejecutarla, según las
fuentes consultadas. La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta
ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera
una colaboración total en el pleno judicial y policial. El proceso, según Bekaert, "llevará un tiempo". La orden de detención
"tiene que ser traducida y luego tramitada por la Policía federal, en
el parquet federal (Fiscalía) en nuestro país [por Bélgica]. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de
instrucción", indicó el abogado.
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