Todas las fuerzas políticas y territoriales se concertaron para establecer unas bases sobre las que modernizar el país.
Este miércoles, 25 de octubre, se cumplen 40 años de la firma de los Pactos de la Moncloa (fueron dos, denominados Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política),
que se convirtieron en un paradigma mundial de diálogo y convivencia
democrática entre todas las fuerzas políticas y territorios (incluidos,
evidentemente, los nacionalistas vascos y catalanes).
Los pactos permitieron a España iniciar el camino de la modernización que la llevaría a integrarse en la Unión Europea y a tener uno de los periodos más largos de prosperidad de su historia.
La
radiografía de aquella España de 1977 presentaba, en el terreno
económico, un cuadro clínico explosivo que revelaba unas cifras que se
parecían poco a las que había manejado la oficialidad franquista.
Era una economía muy intervenida que llegaba duramente lacerada por la crisis económica mundial causada por el encarecimiento de los precios del petróleo tras la guerra del Yom Kippur entre árabes e israelíes de 1973.
El PIB era de 9,1 billones de pesetas, con un PIB por habitante equivalente a 3.000 dólares (hoy supera los 28.000 dólares); un crecimiento en términos reales del 2,8% que parecía sólido, pero con un consumo privado más débil, en torno al 1,5%.
El déficit público (en torno al 2%) no era alarmante, pero no incluía muchos organismos autónomos o empresas públicas e industrias que luego tendrían que pasar por la reconversión.
La inflación estaba oculta por la Junta Superior de Precios (JSP) y aquel año se disparó hasta un escalofriante 26,4%, aunque en algún momento del año llegó a rebasar el 30%, y los tipos de interés para créditos personales superaban el 10%, aunque no tardarían en sobrepasar el 20%.
También apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española, que se ha instalado a lo largo de los 40 años, el desempleo, que se vio alimentado por la vuelta de muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura, pero también porque la crisis del petróleo había hecho mella en los países en los que se encontraban.
En 1973, los parados rondaban los 325.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
En diciembre de 1976 había pasado a 627.990 y a 760.060 un año después, para superar el millón a finales de 1978.
La tasa de paro sobre la población activa era a finales de 1977 de 5,69%.
Desde entonces se desbocó hasta superar el 25% y los cinco millones de desempleados de los últimos años.
Los pactos permitieron a España iniciar el camino de la modernización que la llevaría a integrarse en la Unión Europea y a tener uno de los periodos más largos de prosperidad de su historia.
Era una economía muy intervenida que llegaba duramente lacerada por la crisis económica mundial causada por el encarecimiento de los precios del petróleo tras la guerra del Yom Kippur entre árabes e israelíes de 1973.
El PIB era de 9,1 billones de pesetas, con un PIB por habitante equivalente a 3.000 dólares (hoy supera los 28.000 dólares); un crecimiento en términos reales del 2,8% que parecía sólido, pero con un consumo privado más débil, en torno al 1,5%.
El déficit público (en torno al 2%) no era alarmante, pero no incluía muchos organismos autónomos o empresas públicas e industrias que luego tendrían que pasar por la reconversión.
La inflación estaba oculta por la Junta Superior de Precios (JSP) y aquel año se disparó hasta un escalofriante 26,4%, aunque en algún momento del año llegó a rebasar el 30%, y los tipos de interés para créditos personales superaban el 10%, aunque no tardarían en sobrepasar el 20%.
También apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española, que se ha instalado a lo largo de los 40 años, el desempleo, que se vio alimentado por la vuelta de muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura, pero también porque la crisis del petróleo había hecho mella en los países en los que se encontraban.
En 1973, los parados rondaban los 325.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
En diciembre de 1976 había pasado a 627.990 y a 760.060 un año después, para superar el millón a finales de 1978.
La tasa de paro sobre la población activa era a finales de 1977 de 5,69%.
Desde entonces se desbocó hasta superar el 25% y los cinco millones de desempleados de los últimos años.
Este miércoles, 25 de octubre, se cumplen 40 años de la firma de los Pactos de la Moncloa (fueron dos, denominados Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política),
que se convirtieron en un paradigma mundial de diálogo y convivencia
democrática entre todas las fuerzas políticas y territorios (incluidos,
evidentemente, los nacionalistas vascos y catalanes). Los pactos
permitieron a España iniciar el camino de la modernización que la
llevaría a integrarse en la Unión Europea y a tener uno de los periodos
más largos de prosperidad de su historia.
La
radiografía de aquella España de 1977 presentaba, en el terreno
económico, un cuadro clínico explosivo que revelaba unas cifras que se
parecían poco a las que había manejado la oficialidad franquista. Era
una economía muy intervenida que llegaba duramente lacerada por la
crisis económica mundial causada por el encarecimiento de los precios
del petróleo tras la guerra del Yom Kippur
entre árabes e israelíes de 1973. El PIB era de 9,1 billones de
pesetas, con un PIB por habitante equivalente a 3.000 dólares (hoy
supera los 28.000 dólares); un crecimiento en términos reales del 2,8%
que parecía sólido, pero con un consumo privado más débil, en torno al
1,5%. El déficit público (en torno al 2%) no era alarmante, pero no
incluía muchos organismos autónomos o empresas públicas e industrias que
luego tendrían que pasar por la reconversión. La inflación estaba
oculta por la Junta Superior de Precios (JSP) y aquel año se disparó
hasta un escalofriante 26,4%, aunque en algún momento del año llegó a
rebasar el 30%, y los tipos de interés para créditos personales
superaban el 10%, aunque no tardarían en sobrepasar el 20%.
También apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española, que se ha instalado a lo largo de los 40 años, el desempleo, que se vio alimentado por la vuelta de muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura, pero también porque la crisis del petróleo había hecho mella en los países en los que se encontraban. En 1973, los parados rondaban los 325.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En diciembre de 1976 había pasado a 627.990 y a 760.060 un año después, para superar el millón a finales de 1978. La tasa de paro sobre la población activa era a finales de 1977 de 5,69%. Desde entonces se desbocó hasta superar el 25% y los cinco millones de desempleados de los últimos años.
Además, el peso del sector primario era todavía alto.
De los 12,5 millones de trabajadores ocupados que había en 1977 (casi 19 millones en la actualidad), 2,5 millones lo estaban en agricultura (ahora hay menos de un millón) y más de 5,3 millones ya estaban en el sector servicios, cifra que en la actualidad ha crecido hasta los 14 millones.
El turismo, la primera industria nacional, trajo a España 34 millones de visitantes, bastante menos de la mitad de los más de 80 millones que se esperan para este año si no se tuercen las previsiones por la crisis catalana.
El sector empresarial era una mezcla de monopolios y oligopolios, controlados en su mayor parte por el Estado, que había acogido en su seno a empresas quebradas de todo signo y condición como solución alternativa al cierre antes de tener que enfrentarse a problemas sociales.
Era una economía intervencionista y rígida que no tenía capacidad competitiva, en la que la JSP fijaba el valor de compra de los artículos básicos mediante los escandallos de costes.
Una antigualla franquista.
Todo estaba roto o descosido.
La decisión del Gobierno de Suárez (UCD), recién salido de las urnas el 15-J, de devaluar la peseta casi un 20% era un síntoma claro de la crítica situación que vivía el país.
Con los precios desbocados y la estructura social maltrecha no cabía otra salida que buscar un gran acuerdo nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales.
Suárez encargó a Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente al frente del área económica, y a Fernando Abril Martorell, vicepresidente encargado del área política, que pusieran en marcha la maquinaria para corregir las grandes lacras que lastraban la economía española: la inflación, el desempleo y el fuerte déficit exterior, que superaba los 11.000 millones de dólares.
Estaban en marcha los Pactos de la Moncloa. Se trataba de involucrar a todos.
“O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia”, afirmó Fuentes Quintana recuperando una frase de un político republicano de 1932.
Y allí estaban invitados los políticos que venían del franquismo con ánimos de cambio y los partidos de izquierda; los sindicatos, recién salidos de las catacumbas, y los empresarios, que acababan de constituir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
“La idea era un ajuste general para luego abordar una
Constitución para todos y no que estuviera partida, ése era el sentido
profundo de aquellos pactos”, sostiene José Luis Leal, entonces director general de Política Económica.
Leal, que luego sería ministro de Economía con UCD, formó el equipo que redactó el documento técnico base para los pactos junto a Manuel Lagares, subsecretario de Economía; Luis Ángel Rojo, director del Servicio de Estudios del Banco de España, y Blas Calzada, director general de Estadística.
Abril negoció primero con Carrillo, lo que no agradó mucho al PSOE, que había salido de las elecciones generales con una clara perspectiva de llegar al poder.
Quizá por ello mostró bastantes reticencias a dar su respaldo, cuando la propia UGT (su sindicato hermano) no los veía mal.
Sin embargo, Felipe González accedió a firmar. “Había un evidente riesgo de descarrilamiento, los ingresos no iban bien, la balanza exterior presentaba un enorme déficit, empezaba a aflorar el desempleo..., la situación era insostenible”, afirma Carlos Solchaga, que unos años después sería ministro de Industria con el PSOE y, después, de Economía.
La ausencia de los sindicatos y la patronal de la histórica foto de la firma en la Moncloa se debió, según recuerdan algunos de los protagonistas, a que los pactos tuvieran más la rúbrica política de las fuerzas representadas en el Parlamento.
“Los Pactos de la Moncloa se hicieron porque los sindicatos nos negamos a hacer el pacto social que nos proponía Suárez”, recuerda Nicolás Sartorius, dirigente entonces de Comisiones Obreras y del PCE;
“le sugerimos que lo importante era alcanzar un acuerdo económico y político.
Si hubiera alcanzado un pacto social con nosotros, probablemente habría pasado de buscar acuerdos tan amplios con los partidos como los que dieron lugar a los Pactos de la Moncloa”.
También apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española, que se ha instalado a lo largo de los 40 años, el desempleo, que se vio alimentado por la vuelta de muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura, pero también porque la crisis del petróleo había hecho mella en los países en los que se encontraban. En 1973, los parados rondaban los 325.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En diciembre de 1976 había pasado a 627.990 y a 760.060 un año después, para superar el millón a finales de 1978. La tasa de paro sobre la población activa era a finales de 1977 de 5,69%. Desde entonces se desbocó hasta superar el 25% y los cinco millones de desempleados de los últimos años.
De los 12,5 millones de trabajadores ocupados que había en 1977 (casi 19 millones en la actualidad), 2,5 millones lo estaban en agricultura (ahora hay menos de un millón) y más de 5,3 millones ya estaban en el sector servicios, cifra que en la actualidad ha crecido hasta los 14 millones.
El turismo, la primera industria nacional, trajo a España 34 millones de visitantes, bastante menos de la mitad de los más de 80 millones que se esperan para este año si no se tuercen las previsiones por la crisis catalana.
El sector empresarial era una mezcla de monopolios y oligopolios, controlados en su mayor parte por el Estado, que había acogido en su seno a empresas quebradas de todo signo y condición como solución alternativa al cierre antes de tener que enfrentarse a problemas sociales.
Era una economía intervencionista y rígida que no tenía capacidad competitiva, en la que la JSP fijaba el valor de compra de los artículos básicos mediante los escandallos de costes.
Una antigualla franquista.
Era una economía intervencionista y rígida sin capacidad competitiva
La decisión del Gobierno de Suárez (UCD), recién salido de las urnas el 15-J, de devaluar la peseta casi un 20% era un síntoma claro de la crítica situación que vivía el país.
Con los precios desbocados y la estructura social maltrecha no cabía otra salida que buscar un gran acuerdo nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales.
Suárez encargó a Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente al frente del área económica, y a Fernando Abril Martorell, vicepresidente encargado del área política, que pusieran en marcha la maquinaria para corregir las grandes lacras que lastraban la economía española: la inflación, el desempleo y el fuerte déficit exterior, que superaba los 11.000 millones de dólares.
Estaban en marcha los Pactos de la Moncloa. Se trataba de involucrar a todos.
“O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia”, afirmó Fuentes Quintana recuperando una frase de un político republicano de 1932.
Y allí estaban invitados los políticos que venían del franquismo con ánimos de cambio y los partidos de izquierda; los sindicatos, recién salidos de las catacumbas, y los empresarios, que acababan de constituir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Leal, que luego sería ministro de Economía con UCD, formó el equipo que redactó el documento técnico base para los pactos junto a Manuel Lagares, subsecretario de Economía; Luis Ángel Rojo, director del Servicio de Estudios del Banco de España, y Blas Calzada, director general de Estadística.
“Situación insostenible”
El documento técnico tenía que pasar la aprobación política.Abril negoció primero con Carrillo, lo que no agradó mucho al PSOE, que había salido de las elecciones generales con una clara perspectiva de llegar al poder.
Quizá por ello mostró bastantes reticencias a dar su respaldo, cuando la propia UGT (su sindicato hermano) no los veía mal.
Sin embargo, Felipe González accedió a firmar. “Había un evidente riesgo de descarrilamiento, los ingresos no iban bien, la balanza exterior presentaba un enorme déficit, empezaba a aflorar el desempleo..., la situación era insostenible”, afirma Carlos Solchaga, que unos años después sería ministro de Industria con el PSOE y, después, de Economía.
La ausencia de los sindicatos y la patronal de la histórica foto de la firma en la Moncloa se debió, según recuerdan algunos de los protagonistas, a que los pactos tuvieran más la rúbrica política de las fuerzas representadas en el Parlamento.
“Los Pactos de la Moncloa se hicieron porque los sindicatos nos negamos a hacer el pacto social que nos proponía Suárez”, recuerda Nicolás Sartorius, dirigente entonces de Comisiones Obreras y del PCE;
“le sugerimos que lo importante era alcanzar un acuerdo económico y político.
Si hubiera alcanzado un pacto social con nosotros, probablemente habría pasado de buscar acuerdos tan amplios con los partidos como los que dieron lugar a los Pactos de la Moncloa”.
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