La fiscalía recibe un nuevo atestado que extiende los posibles hechos delictivos del jefe de los Mossos al 1 de octubre.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela volverá a citar a declarar como imputados por sedición al comisario mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero,
y a los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium, Jordi
Sànchez y Jordi Cuixart en una fecha aún por determinar.
Así se ha acordado después de que la Guardia Civil haya entregado en la mañana de este viernes un tercer informe en el que extiende hasta el 1 de octubre los posibles hechos delictivos para impedir la acción judicial contra la preparación del referéndum ilegal de autodeterminación.
En su declaración de hoy, que ha durado unos 40 minutos, Trapero ha realizado “manifestaciones exculpatorias no convincentes”, según fuentes de la investigación.
Aunque la Fiscalía considera que el nuevo atestado de la Guardia Civil puede “resultar trascendente” para “determinar en todas su dimensión” la posible responsabilidad penal de los investigados. Fuentes fiscales señalan, no obstante, que con los atestados recabados hasta ahora, habría indicios suficientes como para solicitar algún tipo de medida cautelar contra los investigados.
Tanto Trapero como Sànchez y Cuixart, que han acudido a declarar como imputados en la causa por sedición abierta la semana pasada por los sucesos del 20 y 21 de septiembre, han salido de la Audiencia Nacional sin ningún tipo de medidas cautelares.
Será en la próxima citación cuando, si llega el caso, la Fiscalía solicitará a la juez Lamela algún tipo de medida para asegurarse de que los investigados no se sustraen a la acción de la justicia.
En la jornada de hoy también ha declarado, por videoconferencia, Teresa Laplana, intendente de los Mossos en el barrio barcelonés del Eixample.
Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, se ha acogido a su derecho a no declarar, ya que, según su defensa, la Audiencia Nacional no es competente para investigar delitos de sedición, ya que estos forman parte de los delitos contra el orden público y no contra la forma de Gobierno, que sí son competencia de los juzgados centrales con sede en Madrid.
Jordi Sànchez se ha limitado –también es su derecho- a contestar a las preguntas de su propia defensa.
Sánchez ha asegurado que las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre contra las detenciones de 14 personas que supuestamente organizaban el referéndum ilegal fueron siempre pacíficas.
Así se ha acordado después de que la Guardia Civil haya entregado en la mañana de este viernes un tercer informe en el que extiende hasta el 1 de octubre los posibles hechos delictivos para impedir la acción judicial contra la preparación del referéndum ilegal de autodeterminación.
En su declaración de hoy, que ha durado unos 40 minutos, Trapero ha realizado “manifestaciones exculpatorias no convincentes”, según fuentes de la investigación.
Aunque la Fiscalía considera que el nuevo atestado de la Guardia Civil puede “resultar trascendente” para “determinar en todas su dimensión” la posible responsabilidad penal de los investigados. Fuentes fiscales señalan, no obstante, que con los atestados recabados hasta ahora, habría indicios suficientes como para solicitar algún tipo de medida cautelar contra los investigados.
Tanto Trapero como Sànchez y Cuixart, que han acudido a declarar como imputados en la causa por sedición abierta la semana pasada por los sucesos del 20 y 21 de septiembre, han salido de la Audiencia Nacional sin ningún tipo de medidas cautelares.
Será en la próxima citación cuando, si llega el caso, la Fiscalía solicitará a la juez Lamela algún tipo de medida para asegurarse de que los investigados no se sustraen a la acción de la justicia.
En la jornada de hoy también ha declarado, por videoconferencia, Teresa Laplana, intendente de los Mossos en el barrio barcelonés del Eixample.
Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, se ha acogido a su derecho a no declarar, ya que, según su defensa, la Audiencia Nacional no es competente para investigar delitos de sedición, ya que estos forman parte de los delitos contra el orden público y no contra la forma de Gobierno, que sí son competencia de los juzgados centrales con sede en Madrid.
Jordi Sànchez se ha limitado –también es su derecho- a contestar a las preguntas de su propia defensa.
Sánchez ha asegurado que las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre contra las detenciones de 14 personas que supuestamente organizaban el referéndum ilegal fueron siempre pacíficas.
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