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7 ago 2017

‘Caso Púnica’: el sumario que amargará el otoño al PP

 

Anticorrupción pedirá tras el verano la imputación de varios cargos públicos del partido en el ‘caso Púnica’.

Mariano Rajoy, atiende a los medios de comunicación durante su paseo por las orillas del río Umia (Pontevedra).
Mariano Rajoy, atiende a los medios de comunicación durante su paseo por las orillas del río Umia (Pontevedra).
Pasado el mal trago de la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, el PP se enfrentará después de verano a un nuevo chaparrón judicial por culpa de la corrupción. 
En esta ocasión será el caso Púnica, en el que se investiga la trama presuntamente encabezada por el ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, el que convertirá los últimos meses de 2017 en un nuevo vía crucis judicial para los populares.
 De las 16 piezas en la que está dividido el sumario, el juicio de la primera tiene ya fecha: noviembre. 
Entonces se sentarán en el banquillo el propio Granados y dos guardias civiles, acusados de dar al político el chivatazo que puso en peligro la investigación y que obligó a finales de octubre de 2014 a precipitar las primeras detenciones.
 
Mariano Rajoy, atiende a los medios de comunicación durante su paseo por las orillas del río Umia (Pontevedra).
Mariano Rajoy, atiende a los medios de comunicación durante su paseo por las orillas del río Umia (Pontevedra).
Pasado el mal trago de la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, el PP se enfrentará después de verano a un nuevo chaparrón judicial por culpa de la corrupción. En esta ocasión será el caso Púnica, en el que se investiga la trama presuntamente encabezada por el ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, el que convertirá los últimos meses de 2017 en un nuevo vía crucis judicial para los populares. De las 16 piezas en la que está dividido el sumario, el juicio de la primera tiene ya fecha: noviembre. 
Entonces se sentarán en el banquillo el propio Granados y dos guardias civiles, acusados de dar al político el chivatazo que puso en peligro la investigación y que obligó a finales de octubre de 2014 a precipitar las primeras detenciones.

Desde sus inicios, el sumario ha provocado un goteo constante de imputaciones de cargos públicos, en su inmensa mayoría del PP. Varios ven ya el banquillo como un horizonte cercano.
 En concreto, los presuntamente implicados en las actividades de la trama en la Diputación de León y en el Gobierno de Murcia, las otras dos piezas separadas del sumario cuya investigación ya ha finalizado y cuyos juicios deben ser fijados en breve. En la primera están encausados Marcos Martínez Barazón, alcalde de Cuadros (León) y sustituto de la asesinada Isabel Carrasco al frente de la diputación provincial, y el regidor de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez. 
La pieza de Murcia ha supuesto la imputación del exconsejero Juan Carlos Ruiz y del ex presidente regional, Pedro Antonio Sánchez. La senadora Pilar Barreiro será investigada por el Tribunal Supremo por los mismos hechos.
Sus nombres llevan casi desde el principio presentes en el sumario junto a los de otros cargos públicos del PP, como los antiguos aforados Salvador Vitoria y Lucía Figar, exconsejeros de la Comunidad de Madrid; los exmiembros del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla, José Miguel Moreno Torres y Daniel Ortiz; y alcaldes de varios partidos como el que fuera regidor socialista de Parla, José María Fraile; el de Valdemoro, el 'popular' José Carlos Boza Lechuga; el de Collado Villalba, Agustín Juárez López de Coca, también del PP; el de Serranillos del Valle, el independiente Antonio Sánchez Hernández; los de Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, David Rodríguez Sanz y Gonzalo Cubas Navarro; y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Estada, también popular.

Los últimos escritos de la fiscalía apuntan a que la cifra de cargos públicos imputados aumentará en los próximos meses. El pasado mayo, el ministerio público pidió que se interrogara a 35 personas dentro de la pieza separada del sumario en el que se investigan las supuestas adjudicaciones irregulares de millonarios contratos municipales de eficiencia energética a la empresa Cofely.

 Entre los citados aparecen dos alcaldes —los de las localidades madrileñas de Brunete y Torrejón de Velasco, Borja Gutiérrez y Esteban Bravo—, cuatro concejales y un ex alto cargo de la Comunidad. 

En esta pieza también aparece salpicado un nuevo aforado: el diputado de la Asamblea de Madrid Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares.

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