Anticorrupción pedirá tras el verano la imputación de varios cargos públicos del partido en el ‘caso Púnica’.
Mariano Rajoy, atiende a los medios de comunicación durante su paseo por las orillas del río Umia (Pontevedra).EFE/Salvador Sas
Pasado el mal trago de la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, el PP se enfrentará después de verano a un nuevo chaparrón judicial por culpa de la corrupción. En esta ocasión será el caso Púnica, en el que se investiga la trama presuntamente encabezada por el ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados,
el que convertirá los últimos meses de 2017 en un nuevo vía crucis
judicial para los populares. De las 16 piezas en la que está dividido el
sumario, el juicio de la primera tiene ya fecha: noviembre. Entonces se
sentarán en el banquillo el propio Granados y dos guardias civiles,
acusados de dar al político el chivatazo que puso en peligro la
investigación y que obligó a finales de octubre de 2014 a precipitar las
primeras detenciones.
Mariano Rajoy, atiende a los medios de comunicación durante su paseo por las orillas del río Umia (Pontevedra).EFE/Salvador Sas
Pasado el mal trago de la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, el PP se enfrentará después de verano a un nuevo chaparrón judicial por culpa de la corrupción. En esta ocasión será el caso Púnica, en el que se investiga la trama presuntamente encabezada por el ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados,
el que convertirá los últimos meses de 2017 en un nuevo vía crucis
judicial para los populares. De las 16 piezas en la que está dividido el
sumario, el juicio de la primera tiene ya fecha: noviembre. Entonces se
sentarán en el banquillo el propio Granados y dos guardias civiles,
acusados de dar al político el chivatazo que puso en peligro la
investigación y que obligó a finales de octubre de 2014 a precipitar las
primeras detenciones.
Desde
sus inicios, el sumario ha provocado un goteo constante de imputaciones
de cargos públicos, en su inmensa mayoría del PP. Varios ven ya el
banquillo como un horizonte cercano. En concreto, los presuntamente
implicados en las actividades de la trama en la Diputación de León y en
el Gobierno de Murcia, las otras dos piezas separadas del sumario cuya
investigación ya ha finalizado y cuyos juicios deben ser fijados en
breve. En la primera están encausados Marcos Martínez Barazón, alcalde
de Cuadros (León) y sustituto de la asesinada Isabel Carrasco al frente
de la diputación provincial, y el regidor de Puebla de Lillo, Pedro
Vicente Sánchez. La pieza de Murcia ha supuesto la imputación del
exconsejero Juan Carlos Ruiz y del ex presidente regional, Pedro Antonio
Sánchez. La senadora Pilar Barreiro será investigada por el Tribunal
Supremo por los mismos hechos. Sus nombres llevan casi desde el principio presentes en el sumario
junto a los de otros cargos públicos del PP, como los antiguos aforados
Salvador Vitoria y Lucía Figar, exconsejeros de la Comunidad de Madrid;
los exmiembros del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla,
José Miguel Moreno Torres y Daniel Ortiz; y alcaldes de varios partidos
como el que fuera regidor socialista de Parla, José María Fraile; el de
Valdemoro, el 'popular' José Carlos Boza Lechuga; el de Collado
Villalba, Agustín Juárez López de Coca, también del PP; el de
Serranillos del Valle, el independiente Antonio Sánchez Hernández; los
de Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, David Rodríguez Sanz y Gonzalo
Cubas Navarro; y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Estada, también
popular.
Los últimos escritos de la fiscalía apuntan a que la cifra de cargos
públicos imputados aumentará en los próximos meses. El pasado mayo, el
ministerio público pidió que se interrogara a 35 personas dentro de la
pieza separada del sumario en el que se investigan las supuestas
adjudicaciones irregulares de millonarios contratos municipales de
eficiencia energética a la empresa Cofely.
Entre los citados aparecen
dos alcaldes —los de las localidades madrileñas de Brunete y Torrejón de
Velasco, Borja Gutiérrez y Esteban Bravo—, cuatro concejales y un ex
alto cargo de la Comunidad.
En esta pieza también aparece salpicado un
nuevo aforado: el diputado de la Asamblea de Madrid Bartolomé González,
exalcalde de Alcalá de Henares.
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