El ministerio solo admitió un 16% de las casi 9.000 denuncias contra juzgados por funcionamiento defectuoso.
“El auto dice que es el 1º B y es el 1º B…”, –sentenció el funcionario de la comisión judicial de desahucios.
Mientras el cerrajero se ponía manos a la obra, los vecinos explicaron a la comisión, escoltada por policías, que no era ese el piso, que el que tenía deudas con el Banco Pastor era el bajo B.–“Aquí dice que es el 1º B, procédase…”, –cuenta un vecino que le espetó un miembro de la comisión.
Un furgón de mudanzas esperaba a las puertas del bloque.
El cerrajero y los otros operarios que iban con la comisión apenas tardaron un par de horas en dejar el piso expedito de “enseres, muebles y otros efectos personales”.
Ni por lo más remoto imaginó Artemio E.M.E., un profesor de instituto de Granada, que la justicia irrumpiría en su casa como una apisonadora, sin estar él, le cambiaría la cerradura y tiraría sus enseres al vertedero.
Meses antes Artemio recibió en su casa un aviso del juzgado de que iba a desahuciarle.
Contactó con el órgano judicial y le alertó del equívoco.
Su piso no debía nada a nadie. Un funcionario le comentó entonces a Artemio “que haría constar en la carátula del expediente” el número correcto del piso afectado, “para que, cuando vaya la comisión judicial, no se equivoque”, le indicó.
Su piso era el 1º B, y el afectado, el moroso con el banco, el bajo B.
Ambas viviendas se hallan en el número 3 de la plaza Obrero Castro López, en Granada, según describe Artemio en la denuncia que interpuso ante el Consejo del Poder Judicial por el grave error judicial que padeció.
Al funcionario debió olvidársele la anotación en la carátula, ya que el 11 de noviembre de 2013 Artemio perdió durante casi un día su casa (y más cosas) por orden del Juzgado de Primera Instancia 11 de Granada.
Fue una actuación “incomprensible y brutal”, refiere.
Ni por lo más remoto imaginó Artemio E.M.E., un
profesor de instituto de Granada, que la justicia irrumpiría en su casa
como una apisonadora, sin estar él
. Pero ya era tarde: “los operarios habían tirado al vertedero sus enseres personales: ropa, zapatos, herramientas, útiles de limpieza, colchones, sábanas, etcétera”.
Artemio tasó “los daños y perjuicios” del errático desahucio “en 36.332 euros”.
El Consejo del Poder Judicial le ha dado la razón y sostiene que debe ser indemnizado porque la comisión de desahucios se equivocó de casa sin realizar una mínima averiguación, y pese a la alerta vecinal.
El de Artemio no es un error aislado.
El Ministerio de Justicia es muy restrictivo a la hora de pagar por errores judiciales
. Justicia no ha podido facilitar los millones que tiene que desembolsar para reparar errores judiciales.
Desde el año 2000, se han presentado 8.800 reclamaciones por funcionamiento anormal de la justicia.
De ellas, solo ha estimado como indemnizables 1.420 casos.
El ministerio no especifica en su estadística los desahucios erráticos, los incluye dentro del epígrafe “otros” errores. 213 quejas y reclamaciones constan entre los años 2006 y 2015 bajo ese epígrafe, según datos del Ministerio de Justicia
. Aproximadamente la mitad fueron lanzamientos erráticos.
Otro ejemplo en el que la justicia mostró su faz más ciega y sorda, obviando asimismo la alerta vecinal, lo padeció Roberto F. F. Por orden del Juzgado número 4 de León, el 29 de julio de 2014, la comisión de desahucios irrumpió en su casa de Pola de Gordó y se la puso patas arriba.
Sin estar él presente, le cambiaron las cuatro cerraduras de su vivienda.
Vigilaban seis guardias civiles.
Roberto acudió corriendo al juzgado y al banco, escritura en mano, y logró que le dieran las llaves de las nuevas cerraduras. 3.000
euros en daños.
Horst Otto E. E. pidió, por su lado, al ministerio 500 euros de los gastos del viaje (y rotura de la puerta) que tuvo que realizar desde Alemania tras avisarle un vecino de que le habían desahuciado de su casa de Alcudia (Baleares) por orden de un juzgado de Inca.
La afectada era otra casa, no la suya. Los vecinos también alertaron del error, pero la comisión hizo oídos sordos.
José María L. H. llegó a su casa cansado de trabajar.
Y al ir a abrir la puerta vio “dos cortes de 30 centímetros cada uno al lado de la cerradura”, y sus llaves no entraban.
Asustado, fue al cuartel de la Guardia Civil de Arges (Toledo), donde le informaron más tarde que había sido desahuciado por el juzgado 4 de Toledo. “Pero si mi casa no era, es la colindante”,
les dijo a los guardias. 629 euros le costó una nueva puerta. Denunció el caso en los tribunales y ganó.
El Ministerio de Justicia, al tratarse de una sentencia judicial, le ha pagado sin más trámites.
El Audi destrozado. El juzgado 2 de Valdemoro ordenó en octubre de 2004 el decomiso de un Audi de alta gama en el marco de una operación antidroga.
El vehículo era de una persona que nada tenía que ver con la operación, y quien durante años pidió insistentemente al juzgado su devolución, sin éxito.
El juez se lo entregó para su uso a la Guardia Civil antidroga.
Diez años después, la Audiencia de Madrid ordenó por fin devolvérselo.
Pero el coche ya no existía. Estuvo años estacionado prácticamente en la calle, tras cansarse los agentes de él. Los cacos le robaron piezas.
Estaba tan deteriorado que la Delegación del Gobierno en Madrid ordenó su destrucción en febrero de 2010. Su dueño pide 21.000 euros de indemnización. El Poder Judicial le ha dado la razón.
Cuando el juez yerra y le da el dinero al moroso. Conseguir tras meses o años que un inquilino pague por fin sus deudas, aunque sea gracias a la intervención del juez, resulta alentador siempre y cuando el juzgado no se equivoque y entregue el dinero que forzosamente ha consignado el moroso al propio moroso.
Tras dos años de pleito, Jesús Ángel P. C. consiguió que el juez obligase a su inquilino a consignar los 28. 300 euros que le adeudaba en rentas y otros gastos.
Un funcionario del Juzgado 1 de Ferrol, con la firma del juez, escribió lo siguiente en un mandamiento de pago, una vez concluido el proceso: “que el dinero que ha sido ingresado (consignado) en esta cuenta por Pepo Ferrol, S.L.” sea entregado “a Pepo Ferrol”, el moroso.
Entiende Jesús Ángel que se le “ha privado”, por “un funcionamiento defectuoso de la Justicia”, de “un dinero que ya tenía en su poder por el pago del deudor” y que, en lugar de “hacer lo procedente, dárselo a su legítimo dueño” se le ha entregado “al propio deudor”, con la desgracia de que el dinero se evaporó en manos del deudor y ya no se pudo “recuperar”.
“Fue un proceder anómalo”, según lo define el Consejo en un informe en el que da la razón al denunciante.
Un caso parecido denunció la firma Laura Otero, S. A.
El asunto lo llevó el Juzgado 2 de Castuera (Badajoz).
Había una sentencia que decía que la firma García León Exonra debía pagar a Laura Otero, S. A., 30.000 euros.
El juez había logrado trabarle el dinero de unas cuentas.
Bastaba entregarlo al acreedor.
Pero se equivocó y libró un “mandamiento de pago a favor de García León Exontra”.
Corría mayo de 2014.
Cuando advirtió el entuerto, el juez intentó recuperarlo, pero también era tarde.
El procurador dijo que había dado al cliente los 30.000 euros y que este no había vuelto a dar señales de vida (ni del dinero).
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