Aguilar reconoce que mató a dos mujeres en una declaración escrita y leída al inicio del juicio.
Sí va a declarar y y además va a declararse culpable. Juan Carlos Aguilar, el falso monje shaolín acaba de despejar las dos incógnitas iniciales en la vista oral más mediática de los últimos tiempos en Bizkaia, con 119 medios acreditados para cubrir el caso de los asesinatos de Maureen Ada Otuya, nigeriana de 29 años y Jenny Sofía Rebollo, colombiana de 40.
En un escrito de alegaciones leído en la primera jornada del juicio y antes de que preste declaración oral, ha reconocido que asesinó a ambas mujeres "de manera súbita, imprevista e inesperada" después de llevarlas a su gimnasio y de atarlas y maltratarlas.
Aunque su abogada ya presentó un escrito en la Audiencia Provincial de Bizkaia, el procesado acaba de reconocerlo ante la sala, eso sí, en un documento leído por la secretaria judicial. Aguilar lo ha escuchado con los ojos cerrados.
El falso shaolín acepta indemnizar a las familias de las víctimas.
Acaba de pedir que se liquiden sus cuentas bancarias y se reparta el dinero entre las dos, descontando el equivalente al salario mínimo interprofesional para garantizar su subsistencia.
Al rechazar el ensañamiento, y si las acusaciones no demuestran que lo hubo, podría eludir el cumplimiento de una pena máxima de 30 años de prisión y se quedarían en 25.
Está previsto que después de los escritos de las partes, Aguilar preste declaración oral y responda a las preguntas de las acusaciones, fiscal y defensa.
El juicio puede prolongarse durante tres semanas.
Las acusaciones piden entre 40 y 45 años de prisión e indemnizaciones que se acercan a los 300.000 euros.
En un escrito de alegaciones leído en la primera jornada del juicio y antes de que preste declaración oral, ha reconocido que asesinó a ambas mujeres "de manera súbita, imprevista e inesperada" después de llevarlas a su gimnasio y de atarlas y maltratarlas.
Aunque su abogada ya presentó un escrito en la Audiencia Provincial de Bizkaia, el procesado acaba de reconocerlo ante la sala, eso sí, en un documento leído por la secretaria judicial. Aguilar lo ha escuchado con los ojos cerrados.
El falso shaolín acepta indemnizar a las familias de las víctimas.
Acaba de pedir que se liquiden sus cuentas bancarias y se reparta el dinero entre las dos, descontando el equivalente al salario mínimo interprofesional para garantizar su subsistencia.
Al rechazar el ensañamiento, y si las acusaciones no demuestran que lo hubo, podría eludir el cumplimiento de una pena máxima de 30 años de prisión y se quedarían en 25.
Está previsto que después de los escritos de las partes, Aguilar preste declaración oral y responda a las preguntas de las acusaciones, fiscal y defensa.
El juicio puede prolongarse durante tres semanas.
Las acusaciones piden entre 40 y 45 años de prisión e indemnizaciones que se acercan a los 300.000 euros.
Los antecedentes del caso
Juan
Carlos Aguilar fue detenido el 2 de junio de 2013 y encarcelado días
después como presunto autor de las torturas y las muertes de las dos
mujeres, así como del despedazamiento de la ciudadana colombiana.
Fue
arrestado por la Ertzaintza en el gimnasio que regentaba en el centro de
Bilbao, denominado Zen 4, después de que un agente de este cuerpo
rescatara de su interior a la joven nigeriana Ada Otuya, a quien
hallaron maniatada y amordazada, y en estado de extrema gravedad después
de haber sufrido una brutal paliza.
La
mujer, de 29 años y que ejercía la prostitución, quedó ingresada en
coma en el Hospital de Basurto, donde falleció tres días después.
Tras
su arresto, Aguilar confesó también haber matado a otra mujer, la
colombiana de 40 años Jenny Sofía Rebollo.
Restos de su cadáver
descuartizado fueron localizados en el gimnasio.
En
el escrito de calificaciones provisionales, la Fiscalía califica estos
hechos como dos asesinatos con alevosía, por los que pide 20 años de
cárcel por cada uno, además del pago de más de 286.000 euros de
indemnización a las familias de las víctimas.
La
acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, y las
acusaciones particulares, que representan a los parientes de las dos
mujeres, elevan la petición de penas hasta los 45 años, al entender que
en el caso de Ada Otuya, el falso monje actuó además con ensañamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario