Los abogados afirman que el FROB aprovecha su condición para defender a los imputados.
Rodrigo Rato durante una rueda de prensa, en febrero de 2012. / Andrea Comas (Reuters)
La mayoría de las acusaciones particulares y populares del caso Bankia,
que investiga la salida a bolsa de la entidad con las cuentas
falseadas, han pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
que expulse de la causa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Los abogados acusan al fondo público de rescate, dependiente del Gobierno, de usar su condición de acusación particular para defender a los imputados en la investigación, lo que, en su opinión constituye, “un fraude procesal”.
El abogado de UPyD, Andrés Herzog, ha acusado al FROB de “apoyar las tesis de los imputados para acabar con sus responsabilidades”.
El letrado ha puesto de manifiesto el hecho de que el fondo de que el FROB ha recurrido la fianza de 800 millones de euros impuesta solidariamente a Bankia y a cuatro directivos de la entidad –Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella- para hacer frente a las posibles indemnizaciones a los afectados.
Herzog también ha subrayado que el fondo público -que depositó 22.424 millones de euros para rescatar a Bankia- pidió informes a organismos públicos, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para “contrarrestar el informe pericial judicial” que indicó que la entidad salió al mercado con unas cuentas que no reflejaban su verdadero estado.
“Con medios públicos, el FROB se esfuerza para acabar con el procedimiento y lograr su archivo: han salido del armario, estaban adormecidos y ocultos y se ponen de lado de los imputados”, ha afirmado Herzog.
El letrado ha recordado que UPyD ha pedido al juez que revoque la condición de acusación particular que ejerce el FROB y que los informes que aportó el fondo de rescate queden fuera del sumario.
Por su parte, Óscar Arredondo, representante legal de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), que representa a 1.500 compradores de títulos de Bankia, han asegurado que la actuación del FROB en la causa “podría constituir un caso de fraude procesal” y ha pedido también a Andreu que “revise el mantenimiento de su condición de parte acusadora”.
“Están torpedeando al resto de acusaciones: su objetivo está siendo que los perjudicados no sean resarcidos”, ha afirmado Arredondo.
Manuel Pardos, presidente y portavoz de Adicae, que agrupa a 400 preferentistas y 500 accionistas ha señalado que “el peligro de impunidad sigue ahí porque el caso coge de lleno a políticos que no han sido condenados por sus partidos por su actuación. Pardos ha calificado de “decepcionante” la actuación de la fiscalía en el caso Bankia y ha abogado por buscar vías de “acción colectiva extrajudicial” para agilizar la devolución de las cantidades que perdieron los perjudicados”.
El representante de los trabajadores de Bankia despedidos tras la quiebra de la entidad, Gonzalo Postigo, ha reclamado al juez que impute también a la auditora Deloitte por “no hacer correctamente su trabajo” de control de las cuentas de la caja.
“En cualquier país se les hubiera suspendido la licencia para hacer auditoría”, ha señalado Postigo.
A su lado, Herzog ha reclamado también la responsabilidad del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y del expresidente de la CNMV Julio Segura, que autorizó la salida a bolsa de Bankia en mayo de 2011.
Los abogados acusan al fondo público de rescate, dependiente del Gobierno, de usar su condición de acusación particular para defender a los imputados en la investigación, lo que, en su opinión constituye, “un fraude procesal”.
El abogado de UPyD, Andrés Herzog, ha acusado al FROB de “apoyar las tesis de los imputados para acabar con sus responsabilidades”.
El letrado ha puesto de manifiesto el hecho de que el fondo de que el FROB ha recurrido la fianza de 800 millones de euros impuesta solidariamente a Bankia y a cuatro directivos de la entidad –Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella- para hacer frente a las posibles indemnizaciones a los afectados.
Herzog también ha subrayado que el fondo público -que depositó 22.424 millones de euros para rescatar a Bankia- pidió informes a organismos públicos, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para “contrarrestar el informe pericial judicial” que indicó que la entidad salió al mercado con unas cuentas que no reflejaban su verdadero estado.
“Con medios públicos, el FROB se esfuerza para acabar con el procedimiento y lograr su archivo: han salido del armario, estaban adormecidos y ocultos y se ponen de lado de los imputados”, ha afirmado Herzog.
El letrado ha recordado que UPyD ha pedido al juez que revoque la condición de acusación particular que ejerce el FROB y que los informes que aportó el fondo de rescate queden fuera del sumario.
Por su parte, Óscar Arredondo, representante legal de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), que representa a 1.500 compradores de títulos de Bankia, han asegurado que la actuación del FROB en la causa “podría constituir un caso de fraude procesal” y ha pedido también a Andreu que “revise el mantenimiento de su condición de parte acusadora”.
“Están torpedeando al resto de acusaciones: su objetivo está siendo que los perjudicados no sean resarcidos”, ha afirmado Arredondo.
Manuel Pardos, presidente y portavoz de Adicae, que agrupa a 400 preferentistas y 500 accionistas ha señalado que “el peligro de impunidad sigue ahí porque el caso coge de lleno a políticos que no han sido condenados por sus partidos por su actuación. Pardos ha calificado de “decepcionante” la actuación de la fiscalía en el caso Bankia y ha abogado por buscar vías de “acción colectiva extrajudicial” para agilizar la devolución de las cantidades que perdieron los perjudicados”.
El representante de los trabajadores de Bankia despedidos tras la quiebra de la entidad, Gonzalo Postigo, ha reclamado al juez que impute también a la auditora Deloitte por “no hacer correctamente su trabajo” de control de las cuentas de la caja.
“En cualquier país se les hubiera suspendido la licencia para hacer auditoría”, ha señalado Postigo.
A su lado, Herzog ha reclamado también la responsabilidad del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y del expresidente de la CNMV Julio Segura, que autorizó la salida a bolsa de Bankia en mayo de 2011.
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