Una juez ordena donar un alijo a una entidad benéfica.
Adidas y Hugo Boss pleitean para que imitaciones con sus logos no vayan a una ONG.
Policías con un alijo de ropa falsificada en un polígono industrial de Madrid. / EFE
La ropa falsificada será producto de un delito cometido por mafias
organizadas, pero puede tener un destino mucho más útil que la hoguera.
Así lo ha entendido la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, Ana María Lorenzo Carou que —en contra de la voluntad de varias marcas afectadas— ha ordenado entregar a una orden benéfica que atiende a indigentes decenas de sudaderas y otras prendas comercializadas por Internet e incautadas a dos hombres de Vigo.
Eso sí, esta ONG está obligada a eliminar los logotipos de la ropa incautada con tinta indeleble.
Las víctimas de las actividades delictivas de estos empresarios piratas, que han sido condenados a pagar tres indemnizaciones de 4.000 euros por haber comercializado productos falsificados, son Adidas, Hugo Boss y Bikkembergs.
Y los beneficiarios, los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres de Vigo, una orden que viste y da de comer a alrededor de 200 personas en exclusión social o a punto de caer en ella.
“Entendemos la preocupación de estas empresas porque las prendas puedan volver al mercado ilegal, pero agradecemos que gente como esta jueza valore nuestra labor”, dice José Luis Delgado, director de la organización benéfica.
“Ninguna prenda va a salir con la etiqueta. Ese es nuestro compromiso”.
La ley de marcas de 2001 prevé “la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible” de productos ilícitamente identificados con una marca, igual que la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero generalmente se opta por su destrucción
. Ocurre, pero no es lo más usual que la justicia opte por un destino benéfico
. La magistrada de Vigo lo decidió así el 14 de noviembre “dado el ínfimo valor” de las prendas intervenidas, y dado que “su realización por otro medio sería antieconómica”.
Se decomisó mayoritariamente, ropa, calzado y complementos (un 24% del total) pero también gafas (17%), productos relacionados con la electrónica (13%) y otros enseres.
Los más rentables para las mafias son los relojes, con un valor estimado de más de 110 millones.
De haber llegado todas al mercado, habrían alcanzado un valor de 230,9 millones.
Un estudio realizado por la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, Adema, en 2013 concluyó que el 12,4% de la población española compra productos falsificados y que su impacto en las marcas es de más de mil millones de euros anuales.
“Hay otros estudios europeos que elevan el porcentaje al 30%. Y ese es el primer impacto en las cuentas de resultados
. Luego está el daño al prestigio, la imagen”, señala su director general José Antonio Moreno.
Solo en el mercado de A Pedra de Vigo, la Policía Nacional incautó el pasado octubre más de 20.000 prendas y clausuró el recinto.
La operación se desencadenó semanas después de que el departamento de Representación Comercial de la Casa Blanca incluyese el mercado vigués en la lista negra de los grandes circuitos mundiales que atentan contra los intereses comerciales de las empresas de los Estados Unidos
. La Administración Obama apunta que su inclusión en ese listado obedece a que el recinto operaba bajo la supervisión y control del Gobierno municipal.
Las marcas se opusieron por temor a ver de nuevo estos productos
decomisados en mercadillos atentando contra el derecho a la propiedad
intelectual, así que cinco días después presentaron un recurso
. Reclamaron “la inmediata destrucción de las prendas y productos intervenidos en la causa”.
No les bastaba con la eliminación de los logos de marca.
“Basta con observar los productos incautados para concluir que resulta imposible la eliminación de dichos signos distintivos sin afectar, o más bien destruir dichos productos”, alegaron sus abogados. “La práctica”, añadieron, ha demostrado además “que lamentablemente en aquellas ocasiones en que los productos falsificados han sido entregados con fines humanitarios sin que previamente se hubiesen eliminado los logotipos, dichos productos ilícitos han vuelto al mercado como consecuencia del aprovechamiento que ciertos individuos han hecho de la buena voluntad de las instituciones benéficas”.
La juez, siguiendo un informe del fiscal, rechazó su petición.
“No es que nos opongamos a esta medida.
Las circunstancias sociales y económicas son las que son y es bueno el propósito de darle un destino útil”, dice José Antonio Moreno, director general de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, Adema. “El problema es que lo que hay detrás del negocio de las falsificaciones son grupos criminales superprofesionales en lo suyo que controlan todas las rutas.
Y nos hemos encontrado con casos en que unas partidas supuestamente destinadas al Sáhara estaban a los diez días en mercados de Madrid”, continúa.
“Aquí se plantea eliminar los logos para garantizar el derecho de marca, pero eso cuesta dinero”.
Los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres de Vigo no saben si tendrán recursos para costearlo. “Nos vendría muy bien si la policía nos echara una mano”, dice Delgado.
Así lo ha entendido la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, Ana María Lorenzo Carou que —en contra de la voluntad de varias marcas afectadas— ha ordenado entregar a una orden benéfica que atiende a indigentes decenas de sudaderas y otras prendas comercializadas por Internet e incautadas a dos hombres de Vigo.
Eso sí, esta ONG está obligada a eliminar los logotipos de la ropa incautada con tinta indeleble.
Las víctimas de las actividades delictivas de estos empresarios piratas, que han sido condenados a pagar tres indemnizaciones de 4.000 euros por haber comercializado productos falsificados, son Adidas, Hugo Boss y Bikkembergs.
Y los beneficiarios, los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres de Vigo, una orden que viste y da de comer a alrededor de 200 personas en exclusión social o a punto de caer en ella.
“Entendemos la preocupación de estas empresas porque las prendas puedan volver al mercado ilegal, pero agradecemos que gente como esta jueza valore nuestra labor”, dice José Luis Delgado, director de la organización benéfica.
“Ninguna prenda va a salir con la etiqueta. Ese es nuestro compromiso”.
La ley de marcas de 2001 prevé “la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible” de productos ilícitamente identificados con una marca, igual que la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero generalmente se opta por su destrucción
. Ocurre, pero no es lo más usual que la justicia opte por un destino benéfico
. La magistrada de Vigo lo decidió así el 14 de noviembre “dado el ínfimo valor” de las prendas intervenidas, y dado que “su realización por otro medio sería antieconómica”.
Cientos de millones en b
La Agencia Tributaria intervino, en 2013, más de dos millones de productos falsificados en 2.300 operaciones del departamento de Aduanas.Se decomisó mayoritariamente, ropa, calzado y complementos (un 24% del total) pero también gafas (17%), productos relacionados con la electrónica (13%) y otros enseres.
Los más rentables para las mafias son los relojes, con un valor estimado de más de 110 millones.
De haber llegado todas al mercado, habrían alcanzado un valor de 230,9 millones.
Un estudio realizado por la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, Adema, en 2013 concluyó que el 12,4% de la población española compra productos falsificados y que su impacto en las marcas es de más de mil millones de euros anuales.
“Hay otros estudios europeos que elevan el porcentaje al 30%. Y ese es el primer impacto en las cuentas de resultados
. Luego está el daño al prestigio, la imagen”, señala su director general José Antonio Moreno.
Solo en el mercado de A Pedra de Vigo, la Policía Nacional incautó el pasado octubre más de 20.000 prendas y clausuró el recinto.
La operación se desencadenó semanas después de que el departamento de Representación Comercial de la Casa Blanca incluyese el mercado vigués en la lista negra de los grandes circuitos mundiales que atentan contra los intereses comerciales de las empresas de los Estados Unidos
. La Administración Obama apunta que su inclusión en ese listado obedece a que el recinto operaba bajo la supervisión y control del Gobierno municipal.
. Reclamaron “la inmediata destrucción de las prendas y productos intervenidos en la causa”.
No les bastaba con la eliminación de los logos de marca.
“Basta con observar los productos incautados para concluir que resulta imposible la eliminación de dichos signos distintivos sin afectar, o más bien destruir dichos productos”, alegaron sus abogados. “La práctica”, añadieron, ha demostrado además “que lamentablemente en aquellas ocasiones en que los productos falsificados han sido entregados con fines humanitarios sin que previamente se hubiesen eliminado los logotipos, dichos productos ilícitos han vuelto al mercado como consecuencia del aprovechamiento que ciertos individuos han hecho de la buena voluntad de las instituciones benéficas”.
La juez, siguiendo un informe del fiscal, rechazó su petición.
“No es que nos opongamos a esta medida.
Las circunstancias sociales y económicas son las que son y es bueno el propósito de darle un destino útil”, dice José Antonio Moreno, director general de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, Adema. “El problema es que lo que hay detrás del negocio de las falsificaciones son grupos criminales superprofesionales en lo suyo que controlan todas las rutas.
Y nos hemos encontrado con casos en que unas partidas supuestamente destinadas al Sáhara estaban a los diez días en mercados de Madrid”, continúa.
“Aquí se plantea eliminar los logos para garantizar el derecho de marca, pero eso cuesta dinero”.
Los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres de Vigo no saben si tendrán recursos para costearlo. “Nos vendría muy bien si la policía nos echara una mano”, dice Delgado.
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