Menchu Alvarez del Valle, abuela de la Reina Letizia, a su llegada al juzgado para declarar por el caso, en 2012. / RAFA RIVAS (afp)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís ha
decretado este viernes auto de apertura de juicio oral contra Jesús
Ortiz Álvarez, Henar Ortiz Álvarez y María del Carmen Álvarez del Valle,
padre, tía y abuela de la Reina Letiza, por sendos delitos de
insolvencia punible
. La causa es una deuda contraída, por un importe superior a los 20.000 euros, por Henar Ortiz Álvarez, la hermana del progenitor de la princesa de Asturias.
La jueza les ha requerido además que presten una fianza solidaria de 41.149 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.
La acusación particular pide para cada uno de ellos 2 años y 6 meses de prisión, y multa de 10 euros diarios durante 16 meses.
Además, pide para Henar y Jesús Otiz la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de administrador o apoderado en cualquier persona jurídica, así como para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
La Fiscalía no ha presentado escrito de acusación.
El proceso se emprendió a raíz de la denuncia planteada por un particular, quien reclama a Henar Ortiz el pago de algo más de 20.000 euros.
Esta deuda habría sido contraída por la tía de doña Letizia cuando Henar regentaba una pequeña tienda de regalos y recuerdos en Cangas de Onís.
Tras la denuncia, la fiscalía investigó el caso y determinó que Henar, pero además también su madre y su hermano, podrían haber incurrido en ocultamiento de bienes para no afrontar los débitos contraídos por la primera.
La sospecha de la fiscalía es que los imputados habrían tratado de evitar el embargo de algunos bienes familiares para hacer frente a la deuda; entre ellos, la casa rural de Sardeu, en Ribadesella, donde habita la abuela de la princesa y madre de Henar desde que se jubiló en la radio asturiana, donde ejerció como locutora e informadora durante décadas.
El delito de insolvencia punible se produce por el incumplimiento del deber del deudor, quien ha de responder con todos sus bienes presentes o futuros en caso de no hacer frente a sus obligaciones.
De ser condenados, la pena podría oscilar entre uno y cuatro años de cárcel y una multa, a determinar por el juez, de entre 12 y 24 meses.
. La causa es una deuda contraída, por un importe superior a los 20.000 euros, por Henar Ortiz Álvarez, la hermana del progenitor de la princesa de Asturias.
La jueza les ha requerido además que presten una fianza solidaria de 41.149 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.
La acusación particular pide para cada uno de ellos 2 años y 6 meses de prisión, y multa de 10 euros diarios durante 16 meses.
Además, pide para Henar y Jesús Otiz la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de administrador o apoderado en cualquier persona jurídica, así como para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
La Fiscalía no ha presentado escrito de acusación.
El proceso se emprendió a raíz de la denuncia planteada por un particular, quien reclama a Henar Ortiz el pago de algo más de 20.000 euros.
Esta deuda habría sido contraída por la tía de doña Letizia cuando Henar regentaba una pequeña tienda de regalos y recuerdos en Cangas de Onís.
Tras la denuncia, la fiscalía investigó el caso y determinó que Henar, pero además también su madre y su hermano, podrían haber incurrido en ocultamiento de bienes para no afrontar los débitos contraídos por la primera.
La sospecha de la fiscalía es que los imputados habrían tratado de evitar el embargo de algunos bienes familiares para hacer frente a la deuda; entre ellos, la casa rural de Sardeu, en Ribadesella, donde habita la abuela de la princesa y madre de Henar desde que se jubiló en la radio asturiana, donde ejerció como locutora e informadora durante décadas.
El delito de insolvencia punible se produce por el incumplimiento del deber del deudor, quien ha de responder con todos sus bienes presentes o futuros en caso de no hacer frente a sus obligaciones.
De ser condenados, la pena podría oscilar entre uno y cuatro años de cárcel y una multa, a determinar por el juez, de entre 12 y 24 meses.
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