El 11-M comenzó a urdirse a finales de 2001 en Pakistán, dos años antes de la guerra de Irak.
Primeros auxilios a las víctimas del atentado terrorista del 11-M en las vías próximas a la estación de Atocha. / Pablo Torres
Los atentados del 11-M fueron ideados en Karachi a finales de 2001 como venganza por el desmantelamiento de la célula que Al Qaeda
había establecido siete años antes en España, un grupo bautizado con el
nombre de Abu Dahdah en alusión al que fue su líder desde 1995.
El ánimo de venganza fue esencial en la decisión inicial de atentar en España y en la temprana movilización, concretamente a partir de marzo de 2002, de lo que será la red que ejecutó el 11-M.
Así lo corroboran una serie de hechos
. En primer lugar, que Amer Azizi, antiguo miembro de la desarticulada célula de Abu Dahdah, que no fue detenido por encontrarse en Irán cuando se desarrolló la Operación Dátil, fuese quien adoptó en su origen la decisión de atentar en España
En segundo lugar, que otro allegado de la misma, Mustafa Maymouni, se ocupase de recomponer una nueva y decididamente operativa célula yihadista en Madrid a partir de los restos de aquella
. Por último, que tres seguidores más de Abu Dahdah —Serhane ben Abdelmajid Fakhet, el Tunecino; Said Berraj y Jamal Zougam— desempeñaron papeles fundamentales en la preparación y ejecución de la matanza en los trenes de Cercanías.
Además, en el caso del 11-M, no solo Azizi y otros implicados que procedían de la célula de Abu Dahdah albergaban deseos de venganza contra España y los españoles. También los guardaba Allekema Lamari, quien fue miembro de una célula del Grupo Islámico Armado (GIA), desarticulada en Valencia en 1997, que cumplía condena hasta su extemporánea excarcelación en 2002, juró que “los españoles pagarían muy caro su detención”.
Lamari no ocultaba su “resentimiento hacia España” y manifestaba que tras salir de prisión su “único objetivo” era “llevar a cabo en territorio nacional atentados terroristas de enormes dimensiones, con el propósito de causar el mayor número de víctimas posibles”, según se lee en distintos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaborados antes y después del 11-M.
En uno de ellos se afirmaba que, de no haber sido uno de los fallecidos en la explosión suicida ocurrida en Leganés el 3 de abril de 2004, estaría decidido a “continuar con su venganza” contra “la población y los intereses españoles” con “la ejecución de nuevos atentados terroristas”.
La red terrorista del 11-M, que calculo estuvo compuesta en la práctica por más de treinta personas, tuvo un segundo componente, introducido a partir de las estructuras europeas del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), cuyos dirigentes habían optado en febrero de 2002 por reorientar su actividad operativa, atendiendo a criterios de oportunidad, hacia países donde residieran sus miembros.
Eso tuvo implicaciones directas en los parámetros de amenaza terrorista para Marruecos y España. En el verano de 2003 se sumó a la red terrorista un tercer componente: una banda de delincuentes comunes radicalizados en mayor o menor medida en el salafismo yihadista por lealtad a su jefe, Jamal Ahmidan, El Chino.
Finalmente, los propios líderes de Al Qaeda en Pakistán asumieron los planes terroristas en curso unos cinco o seis meses antes del 11-M, mientras Amer Azizi se había convertido en adjunto al jefe de operaciones externas de esa organización yihadista y cuando la guerra de Irak ofreció un contexto favorable para presentarlos en el marco de su estrategia general.
A pesar de ello, en los años que siguieron al 11-M se extendió, tanto en ámbitos académicos como también entre las comunidades de inteligencia y los medios de comunicación, la siguiente interpretación: los atentados de Madrid fueron producto de una célula independiente, carente de conexiones internacionales significativas con organizaciones terroristas establecidas lejos de nuestras fronteras, y que cuantos de un modo u otro intervinieron en llevarlos a cabo eran inmigrantes musulmanes radicalizados a sí mismos en el contexto de la contienda iraquí por entonces en curso.
Tanto los implicados como su entramado, despectivamente retratados en España como “moritos de Lavapiés” serían exponentes, en definitiva, de lo que se denominó “una yihad sin líder”.
Pues bien, la evidencia que proporciono en ¡Matadlos! refuta sobradamente esa interpretación del 11-M, tanto respecto a las características de los actores individuales y colectivos que estuvieron detrás de lo sucedido como al verdadero porqué de la decisión de atentar en España.
La matanza en los madrileños trenes de Cercanías fue, en realidad, una expresión temprana a la vez que compleja de las capacidades con que podía llegar a contar Al Qaeda en Europa occidental dos años y medio después del 11-S.
. Para empezar, los desajustes judiciales, el limitado conocimiento sobre el nuevo terrorismo internacional por parte del ministerio público durante demasiado tiempo y la inexistencia de una legislación adecuada para abordar los desafíos de dicho fenómeno global, hicieron posible que distintos individuos vinculados a células y grupos yihadistas en nuestro país, como la de Abu Dahdah, eludieran su detención o condena para terminar implicándose en la preparación y ejecución de los atentados de Madrid.
Y es que las disposiciones sobre delitos de terrorismo que contempla el Código Penal no se modificaron, para mejor corresponder a las características y manifestaciones del actual terrorismo yihadista, hasta diciembre de 2010, más de nueve años después del 11-S y transcurridos casi siete desde el 11-M.
Por otro lado, los terroristas del 11-M mostraron una gran habilidad, a buen seguro derivada de la capacitación que algunos de ellos había adquirido en campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán, a la hora de preservar la naturaleza de sus intenciones
. Por ejemplo, comunicándose entre sí mediante un uso del correo electrónico o de la telefonía móvil hasta entonces desconocido no solo para la policía o los servicios de inteligencia españoles sino también para otros europeos y occidentales en general.
En cualquier caso, una coordinación —no ya óptima sino a la altura de las auténticas necesidades— entre las correspondientes secciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dedicadas a la lucha contra el terrorismo yihadista, el tráfico de drogas y el comercio ilícito de sustancias explosivas, muy probablemente hubiese permitido cruzar datos, hacer sonar las alarmas y desbaratar los preparativos para perpetrar los atentados de Madrid.
Pero no fue hasta mayo de 2004, dos meses después del 11-M y
transcurrido más de un cuarto de siglo desde que la democracia española
hacía frente al terrorismo de ETA, cuando se hizo realidad el hasta esos
momentos inexistente acceso conjunto y compartido a las bases de datos
policiales para ambos cuerpos con competencias antiterroristas en todo
el territorio nacional, al tiempo que se fundó el Centro Nacional de
Coordinación Antiterrorista (CNCA).
Tampoco la cooperación intergubernamental en relación con la amenaza del terrorismo internacional —aunque se habían registrado avances desde los atentados del 11-S y era un campo al que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado venían prestando una cuidadosa atención, en especial por lo que se refiere a la Comisaría General de Información (CGI), contribuyó a impedir los atentados de Madrid como sí permitió frustrar los planes para perpetrar un segundo 11-M a inicios de 2008 en el metro de Barcelona.
Pese a que los directa o indirectamente implicados en los atentados de Madrid eran extranjeros, residentes o no en nuestro país, sobre todo marroquíes, un buen número de ellos eran conocidos por las agencias de seguridad de sus países de origen e incluso algunos destacados integrantes de la red del 11-M fueron detenidos o investigados, antes de que se iniciara su formación o durante el proceso, en Francia, Reino Unido, Marruecos o Turquía.
Pero del mismo modo que una Comisión Rogatoria internacional dirigida a las autoridades de este último país demoraba su tramitación en exceso, haciendo posible que Said Berraj no fuese detenido por pertenencia a la célula de Abu Dahdah y se convirtiera en uno de los terroristas del 11-M, los servicios antiterroristas marroquíes no trasladaron indicio alguno en base al cual sospechar de lo que se estaba preparando en España, pese a que en 2003 detuvieron al iniciador de la red del 11-M, Mustafa Maymouni, y a que las autoridades turcas entregaron ese mismo año a las de Rabat a Abdelatif Mourafik, quien inicialmente le transmitió las instrucciones de Amer Azizi desde Pakistán.
Tampoco resultaría acertado obviar el hecho de que fueron bastantes quienes en el seno de las mismas, acudiendo regularmente a lugares de culto islámico y teniendo contacto con sus responsables, en algún momento tuvieron razones para pensar que entre sus conocidos o amigos había quienes estaban preparándose para cometer atentados, dentro o fuera de España.
La justificación que a menudo se hace del terrorismo en esos ámbitos, dependiendo de dónde, contra qué blanco o con qué propósito se ejecute un atentado, o la pretensión de que la lealtad basada en la pertenencia a una misma religión está por encima del respeto al Estado de Derecho y a la convivencia democrática, no son excusa para incumplir el deber de informar a las autoridades del país en que habitan.
Estremece que, aún dos años después de la matanza en los trenes de Cercanías, un 16% de los musulmanes residentes en España exhibían actitudes positivas hacia los atentados contra civiles en supuesta defensa del islam o hacia el entonces líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.
A diferencia de lo que ocurrió en el Reino Unido tras los atentados suicidas del 7 de julio de 2005 en Londres, la matanza del 11-M dividió a los españoles, incluso dividió a las víctimas de la matanza en los trenes de Cercanías y a sus familiares.
Cabe asociar esta lacerante realidad a tres factores.
En primer lugar, a la ausencia de un mínimo de sensibilización colectiva previa acerca de la amenaza que el terrorismo yihadista, además del de ETA, suponía para España y los españoles desde mediados los años noventa; en segundo lugar, a una cultura política en sí misma proclive a la polarización; en tercer lugar, a la ausencia de consensos de Estado en sectores fundamentales para las instituciones representativas, la sociedad civil y el conjunto de los ciudadanos, como la política exterior, la política de defensa o la propia política antiterrorista.
Hay lecciones todavía por extraer de las consecuencias que acarrearon los atentados de Madrid, en el ánimo de edificar una sociedad española menos vulnerable a la par que más consciente y resiliente ante desafíos del actual terrorismo global que bien pueden derivar, como en el 11-M, de la venganza.
El ánimo de venganza fue esencial en la decisión inicial de atentar en España y en la temprana movilización, concretamente a partir de marzo de 2002, de lo que será la red que ejecutó el 11-M.
Así lo corroboran una serie de hechos
. En primer lugar, que Amer Azizi, antiguo miembro de la desarticulada célula de Abu Dahdah, que no fue detenido por encontrarse en Irán cuando se desarrolló la Operación Dátil, fuese quien adoptó en su origen la decisión de atentar en España
En segundo lugar, que otro allegado de la misma, Mustafa Maymouni, se ocupase de recomponer una nueva y decididamente operativa célula yihadista en Madrid a partir de los restos de aquella
. Por último, que tres seguidores más de Abu Dahdah —Serhane ben Abdelmajid Fakhet, el Tunecino; Said Berraj y Jamal Zougam— desempeñaron papeles fundamentales en la preparación y ejecución de la matanza en los trenes de Cercanías.
Además, en el caso del 11-M, no solo Azizi y otros implicados que procedían de la célula de Abu Dahdah albergaban deseos de venganza contra España y los españoles. También los guardaba Allekema Lamari, quien fue miembro de una célula del Grupo Islámico Armado (GIA), desarticulada en Valencia en 1997, que cumplía condena hasta su extemporánea excarcelación en 2002, juró que “los españoles pagarían muy caro su detención”.
Lamari no ocultaba su “resentimiento hacia España” y manifestaba que tras salir de prisión su “único objetivo” era “llevar a cabo en territorio nacional atentados terroristas de enormes dimensiones, con el propósito de causar el mayor número de víctimas posibles”, según se lee en distintos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaborados antes y después del 11-M.
En uno de ellos se afirmaba que, de no haber sido uno de los fallecidos en la explosión suicida ocurrida en Leganés el 3 de abril de 2004, estaría decidido a “continuar con su venganza” contra “la población y los intereses españoles” con “la ejecución de nuevos atentados terroristas”.
¿Unos moritos de Lavapiés?
Pero los atentados en los madrileños trenes de Cercanías se llevaron a cabo no solo con la participación de individuos previamente relacionados con la célula de Abu Dahdah y con quienes estos atrajeron.La red terrorista del 11-M, que calculo estuvo compuesta en la práctica por más de treinta personas, tuvo un segundo componente, introducido a partir de las estructuras europeas del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), cuyos dirigentes habían optado en febrero de 2002 por reorientar su actividad operativa, atendiendo a criterios de oportunidad, hacia países donde residieran sus miembros.
Eso tuvo implicaciones directas en los parámetros de amenaza terrorista para Marruecos y España. En el verano de 2003 se sumó a la red terrorista un tercer componente: una banda de delincuentes comunes radicalizados en mayor o menor medida en el salafismo yihadista por lealtad a su jefe, Jamal Ahmidan, El Chino.
Finalmente, los propios líderes de Al Qaeda en Pakistán asumieron los planes terroristas en curso unos cinco o seis meses antes del 11-M, mientras Amer Azizi se había convertido en adjunto al jefe de operaciones externas de esa organización yihadista y cuando la guerra de Irak ofreció un contexto favorable para presentarlos en el marco de su estrategia general.
A pesar de ello, en los años que siguieron al 11-M se extendió, tanto en ámbitos académicos como también entre las comunidades de inteligencia y los medios de comunicación, la siguiente interpretación: los atentados de Madrid fueron producto de una célula independiente, carente de conexiones internacionales significativas con organizaciones terroristas establecidas lejos de nuestras fronteras, y que cuantos de un modo u otro intervinieron en llevarlos a cabo eran inmigrantes musulmanes radicalizados a sí mismos en el contexto de la contienda iraquí por entonces en curso.
Tanto los implicados como su entramado, despectivamente retratados en España como “moritos de Lavapiés” serían exponentes, en definitiva, de lo que se denominó “una yihad sin líder”.
Pues bien, la evidencia que proporciono en ¡Matadlos! refuta sobradamente esa interpretación del 11-M, tanto respecto a las características de los actores individuales y colectivos que estuvieron detrás de lo sucedido como al verdadero porqué de la decisión de atentar en España.
La matanza en los madrileños trenes de Cercanías fue, en realidad, una expresión temprana a la vez que compleja de las capacidades con que podía llegar a contar Al Qaeda en Europa occidental dos años y medio después del 11-S.
Condiciones favorables
Pero si los terroristas pudieron cumplir su venganza y llevar a cabo la matanza en los trenes de Cercanías, pese al conocimiento previo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían de una sustanciosa porción de quienes pertenecieron a la red del 11-M e incluso al seguimiento al que habían sido sometidos algunos de ellos, fue porque se dieron varias condiciones favorables. Para empezar, los desajustes judiciales, el limitado conocimiento sobre el nuevo terrorismo internacional por parte del ministerio público durante demasiado tiempo y la inexistencia de una legislación adecuada para abordar los desafíos de dicho fenómeno global, hicieron posible que distintos individuos vinculados a células y grupos yihadistas en nuestro país, como la de Abu Dahdah, eludieran su detención o condena para terminar implicándose en la preparación y ejecución de los atentados de Madrid.
Y es que las disposiciones sobre delitos de terrorismo que contempla el Código Penal no se modificaron, para mejor corresponder a las características y manifestaciones del actual terrorismo yihadista, hasta diciembre de 2010, más de nueve años después del 11-S y transcurridos casi siete desde el 11-M.
Por otro lado, los terroristas del 11-M mostraron una gran habilidad, a buen seguro derivada de la capacitación que algunos de ellos había adquirido en campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán, a la hora de preservar la naturaleza de sus intenciones
. Por ejemplo, comunicándose entre sí mediante un uso del correo electrónico o de la telefonía móvil hasta entonces desconocido no solo para la policía o los servicios de inteligencia españoles sino también para otros europeos y occidentales en general.
En cualquier caso, una coordinación —no ya óptima sino a la altura de las auténticas necesidades— entre las correspondientes secciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dedicadas a la lucha contra el terrorismo yihadista, el tráfico de drogas y el comercio ilícito de sustancias explosivas, muy probablemente hubiese permitido cruzar datos, hacer sonar las alarmas y desbaratar los preparativos para perpetrar los atentados de Madrid.
Estremece que, aún dos años después de la
matanza en los trenes de Cercanías, un 16% de los musulmanes residentes
en España exhibían actitudes positivas hacia los atentados
Tampoco la cooperación intergubernamental en relación con la amenaza del terrorismo internacional —aunque se habían registrado avances desde los atentados del 11-S y era un campo al que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado venían prestando una cuidadosa atención, en especial por lo que se refiere a la Comisaría General de Información (CGI), contribuyó a impedir los atentados de Madrid como sí permitió frustrar los planes para perpetrar un segundo 11-M a inicios de 2008 en el metro de Barcelona.
Pese a que los directa o indirectamente implicados en los atentados de Madrid eran extranjeros, residentes o no en nuestro país, sobre todo marroquíes, un buen número de ellos eran conocidos por las agencias de seguridad de sus países de origen e incluso algunos destacados integrantes de la red del 11-M fueron detenidos o investigados, antes de que se iniciara su formación o durante el proceso, en Francia, Reino Unido, Marruecos o Turquía.
Pero del mismo modo que una Comisión Rogatoria internacional dirigida a las autoridades de este último país demoraba su tramitación en exceso, haciendo posible que Said Berraj no fuese detenido por pertenencia a la célula de Abu Dahdah y se convirtiera en uno de los terroristas del 11-M, los servicios antiterroristas marroquíes no trasladaron indicio alguno en base al cual sospechar de lo que se estaba preparando en España, pese a que en 2003 detuvieron al iniciador de la red del 11-M, Mustafa Maymouni, y a que las autoridades turcas entregaron ese mismo año a las de Rabat a Abdelatif Mourafik, quien inicialmente le transmitió las instrucciones de Amer Azizi desde Pakistán.
Una sociedad vulnerable
Sería un error, en otro sentido, ignorar que buena parte de los individuos implicados en la red del 11-M eran también conocidos, en el seno de la colectividad musulmana residente en Madrid, precisamente por el extremismo de sus actitudes y creencias religiosas.Tampoco resultaría acertado obviar el hecho de que fueron bastantes quienes en el seno de las mismas, acudiendo regularmente a lugares de culto islámico y teniendo contacto con sus responsables, en algún momento tuvieron razones para pensar que entre sus conocidos o amigos había quienes estaban preparándose para cometer atentados, dentro o fuera de España.
La justificación que a menudo se hace del terrorismo en esos ámbitos, dependiendo de dónde, contra qué blanco o con qué propósito se ejecute un atentado, o la pretensión de que la lealtad basada en la pertenencia a una misma religión está por encima del respeto al Estado de Derecho y a la convivencia democrática, no son excusa para incumplir el deber de informar a las autoridades del país en que habitan.
Estremece que, aún dos años después de la matanza en los trenes de Cercanías, un 16% de los musulmanes residentes en España exhibían actitudes positivas hacia los atentados contra civiles en supuesta defensa del islam o hacia el entonces líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.
A diferencia de lo que ocurrió en el Reino Unido tras los atentados suicidas del 7 de julio de 2005 en Londres, la matanza del 11-M dividió a los españoles, incluso dividió a las víctimas de la matanza en los trenes de Cercanías y a sus familiares.
Cabe asociar esta lacerante realidad a tres factores.
En primer lugar, a la ausencia de un mínimo de sensibilización colectiva previa acerca de la amenaza que el terrorismo yihadista, además del de ETA, suponía para España y los españoles desde mediados los años noventa; en segundo lugar, a una cultura política en sí misma proclive a la polarización; en tercer lugar, a la ausencia de consensos de Estado en sectores fundamentales para las instituciones representativas, la sociedad civil y el conjunto de los ciudadanos, como la política exterior, la política de defensa o la propia política antiterrorista.
Hay lecciones todavía por extraer de las consecuencias que acarrearon los atentados de Madrid, en el ánimo de edificar una sociedad española menos vulnerable a la par que más consciente y resiliente ante desafíos del actual terrorismo global que bien pueden derivar, como en el 11-M, de la venganza.
Fernando Reinares es catedrático de
Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan
Carlos, e investigador principal de Terrorismo Internacional en el Real
Instituto Elcano. Galaxia Gutenberg acaba de publicar su libro ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España.
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