El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha comunicado
esta tarde a los sindicatos de funcionarios que congelará el sueldo a
los empleados públicos en 2014 por cuarto año consecutivo
. Los trabajadores públicos encadena recortes desde que estalló la crisis de la deuda en los países periféricos. En 2010, el anterior gobierno socialista les rebajó el salario base un 5%, y el año pasado sufrieron el recorte de la paga extra de Navidad equivalente al 7%, aunque el Ejecutivo popular se ha comprometido a devolverla a través de una transferencia en el fondo de pensiones.
En total, los empleados públicos encadenarán una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%, según las estimaciones de los sindicatos. Aunque los cálculos realizados por este diario sitúan la pérdida de poder adquisitivo cercana al 15% [el IPC ha aumentado un 7,3% desde 2010, año en que se les redujo el salario base un 5%.
La previsión de inflación para 2014 está en el 1,5%]. La medida afectará a todos los funcionarios de la Administración General del Estado así como a los trabajadores interinos y eventuales. El Gobierno trasladará la aplicación de esta norma a las comunidades autónomas que también tendrán que congelar el sueldo a sus empleados públicos.
Hacienda abre la mano en la oferta pública. Durante los dos últimos años había congelado las sustituciones de los funcionarios que se jubilasen con la excepción de los pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y cuerpos de lucha contra el fraude fiscal y de la seguridad en los que permitía una tasa de reposición del 10%.
Ahora, el Ministerio que dirige el ministro Cristóbal Montoro amplía esta excepción a trabajadores de la "educación, sanidad, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, Policía autonómica y local, Fuerzas armadas, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos,
Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado, servicios de prevención y extinción de incendios, personal investigador, supervisión e inspección de mercados de valores, así como inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo".
La decisión de Hacienda de permitir la sustitución de uno de cada diez empleados públicos que se jubilen en el sector de la educación y la sanidad va dirigida sobre todo a las comunidades autónomas que tienen las competencias en esas áreas.
La masa salarial del conjunto de efectivos del sector público estatal ha experimentado hasta el mes de agosto una reducción del 2,08% frente a 2012 hasta un total de 11.195 millones de euros, lo que ha supuesto un ahorro por esta partida de más de 238 millones de euros.
En cuanto al número de efectivos, a 30 de agosto de 2013 el número de efectivos de personal del Sector Público Estatal se ha reducido un 2,95% hasta 560.111, de los que 497.630 son funcionarios (con una reducción del 2,72%) y 62.481 personal laboral (con una reducción del 4,75%). Las comunidades autónomas cuentan con 1.307.343 empleados públicos.
Los Ayuntamientos con 549.807 trabajadores públicos y las universidades tienen contratados a 148.500 trabajadores. En total, el personal público al servicio de las administraciones públicas registrado a enero de este año es de 2.576.746, lo que supone un descenso del 2,25% respecto a junio del año anterior.
La congelación del salario de los funcionarios no es el único revés que han sufrido los empleados públicos. El Gobierno recortó sus derechos el año pasado mediante la supresión de los moscosos y los canosos, los días de libre disposición y de antiguedad que gozaban los trabajadores de la administración.
El Gobierno también recortó el dinero que los funcionarios y el personal laboral cobraban durante las bajas temporales. Hasta el año pasado, la mayoría de empleados públicos, cobraban la totalidad de su nómina cuando estaban de baja independientemente del tiempo.
Desde 2012, el Gobierno estableció que entre el primer día de baja y el tercero, “se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% por ciento de las retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20, el salario, incluido el complemento, no podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día 21 y hasta el 90, se podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones básicas.
. Los trabajadores públicos encadena recortes desde que estalló la crisis de la deuda en los países periféricos. En 2010, el anterior gobierno socialista les rebajó el salario base un 5%, y el año pasado sufrieron el recorte de la paga extra de Navidad equivalente al 7%, aunque el Ejecutivo popular se ha comprometido a devolverla a través de una transferencia en el fondo de pensiones.
En total, los empleados públicos encadenarán una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%, según las estimaciones de los sindicatos. Aunque los cálculos realizados por este diario sitúan la pérdida de poder adquisitivo cercana al 15% [el IPC ha aumentado un 7,3% desde 2010, año en que se les redujo el salario base un 5%.
La previsión de inflación para 2014 está en el 1,5%]. La medida afectará a todos los funcionarios de la Administración General del Estado así como a los trabajadores interinos y eventuales. El Gobierno trasladará la aplicación de esta norma a las comunidades autónomas que también tendrán que congelar el sueldo a sus empleados públicos.
Hacienda abre la mano en la oferta pública. Durante los dos últimos años había congelado las sustituciones de los funcionarios que se jubilasen con la excepción de los pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y cuerpos de lucha contra el fraude fiscal y de la seguridad en los que permitía una tasa de reposición del 10%.
Ahora, el Ministerio que dirige el ministro Cristóbal Montoro amplía esta excepción a trabajadores de la "educación, sanidad, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, Policía autonómica y local, Fuerzas armadas, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos,
Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado, servicios de prevención y extinción de incendios, personal investigador, supervisión e inspección de mercados de valores, así como inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo".
La decisión de Hacienda de permitir la sustitución de uno de cada diez empleados públicos que se jubilen en el sector de la educación y la sanidad va dirigida sobre todo a las comunidades autónomas que tienen las competencias en esas áreas.
La masa salarial del conjunto de efectivos del sector público estatal ha experimentado hasta el mes de agosto una reducción del 2,08% frente a 2012 hasta un total de 11.195 millones de euros, lo que ha supuesto un ahorro por esta partida de más de 238 millones de euros.
En cuanto al número de efectivos, a 30 de agosto de 2013 el número de efectivos de personal del Sector Público Estatal se ha reducido un 2,95% hasta 560.111, de los que 497.630 son funcionarios (con una reducción del 2,72%) y 62.481 personal laboral (con una reducción del 4,75%). Las comunidades autónomas cuentan con 1.307.343 empleados públicos.
Los Ayuntamientos con 549.807 trabajadores públicos y las universidades tienen contratados a 148.500 trabajadores. En total, el personal público al servicio de las administraciones públicas registrado a enero de este año es de 2.576.746, lo que supone un descenso del 2,25% respecto a junio del año anterior.
La congelación del salario de los funcionarios no es el único revés que han sufrido los empleados públicos. El Gobierno recortó sus derechos el año pasado mediante la supresión de los moscosos y los canosos, los días de libre disposición y de antiguedad que gozaban los trabajadores de la administración.
El Gobierno también recortó el dinero que los funcionarios y el personal laboral cobraban durante las bajas temporales. Hasta el año pasado, la mayoría de empleados públicos, cobraban la totalidad de su nómina cuando estaban de baja independientemente del tiempo.
Desde 2012, el Gobierno estableció que entre el primer día de baja y el tercero, “se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% por ciento de las retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20, el salario, incluido el complemento, no podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día 21 y hasta el 90, se podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones básicas.
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