El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn. / EFE
La Comisión Europea ha confirmado este miércoles que España tendrá más margen de lo previsto para cumplir con el déficit público.
Así, el Ejecutivo comunitario ha accedido a ampliar hasta el 6,5% el
tope para España para este año. Este límite es dos décimas superior (el
equivalente a unos 2.000 millones de euros) al 6,3% que había pedido el
Gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo vigente es del 4,5%. No obstante,
la decisión no es gratuita, ya que a cambio de ella deberá subir
impuestos e implementar la segunda reforma de las pensiones.
No ha habido grandes sorpresas. Bruselas no ha amenazado a España con un procedimiento de sanción, lo que habría supuesto una intervención de la econonomía en toda regla. Pero la Comisión Europea sí que ha llamado la atención a España sobre un amplio abanico de medidas que debe reformar y, lo más importante, ha dejado claro que debe hacerlo más pronto que tarde. El comisario Olli Rehn ha exigido, a este respecto, una aplicación "rigurosa y puntual" de los compromisos adoptados.
El calendario de las reformas está claro. Plan Nacional de Empleo para dentro de dos meses. Organismo presupuestario independiente y, tal y como avanzó EL PAÍS, regulación ya este año del factor de sostenibilidad —es decir, que las pensiones se actualicen en función de la esperanza de vida y no de la inflación, con lo que no podrán subir como hasta ahora—. Sin salir del apartado de las grandes reformas, Bruselas pide una revisión de la reforma laboral durante lo que queda de 2013 para identificar posibles apartados de mejorar.
Junto a ello, la Comisión también ha recordado que a principios de 2014 tendría que empezar a funcionar la ley de desindexación, lo que implica desligar los precios públicos de la inflación. Entre lo más destacado, Bruselas ha solicitado una revisión sistemática del sistema tributario en marzo del próximo año, con lo que pide al Ejecutivo de Rajoy analizar qué productos son factibles de sufrir un alza del IVA y subir impuestos medioambientales, "sobre todo a los carburantes". En concreto, estos productos pasarían de estar gravados con el tipo reducido, que es del 10%, a hacerlo con el ordinario, del 21%.
La partida de tareas pendientes se completa con la obligación de aprobar este mismo 2013 la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, apartado en el que España lleva algo de retraso, y el recorte del gasto farmacéutico en los hospitales. La lista, sin embargo, no concluye aquí, ya que queda un largo listado de cambios que el Gobierno español tiene que comenzar ya.
Bruselas ha confirmado además la prórroga de dos años, hasta 2016, para que España reduzca el déficit por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Su justificación es que el Gobierno de Rajoy ha cumplido los ajustes estructurales exigidos en 2012 y que la situación económica ha empeorado.
Hace solo unas semanas, el Gobierno pujaba por conseguir un 6% —frente al 4,5% previsto— y se quejaba de que Bruselas se resistía a abrir tanto la mano. Ahora el clima ha cambiado. La Comisión está más centrada en impulsar las reformas estructurales que en unos objetivos concretos de déficit. Las propuestas de Bruselas deben ser ahora aprobadas por el Eurogrupo y el Ecofin en su reunión de junio y avaladas por la cumbre de líderes europeos que se celebrará a finales de ese mes.
No ha habido grandes sorpresas. Bruselas no ha amenazado a España con un procedimiento de sanción, lo que habría supuesto una intervención de la econonomía en toda regla. Pero la Comisión Europea sí que ha llamado la atención a España sobre un amplio abanico de medidas que debe reformar y, lo más importante, ha dejado claro que debe hacerlo más pronto que tarde. El comisario Olli Rehn ha exigido, a este respecto, una aplicación "rigurosa y puntual" de los compromisos adoptados.
El calendario de las reformas está claro. Plan Nacional de Empleo para dentro de dos meses. Organismo presupuestario independiente y, tal y como avanzó EL PAÍS, regulación ya este año del factor de sostenibilidad —es decir, que las pensiones se actualicen en función de la esperanza de vida y no de la inflación, con lo que no podrán subir como hasta ahora—. Sin salir del apartado de las grandes reformas, Bruselas pide una revisión de la reforma laboral durante lo que queda de 2013 para identificar posibles apartados de mejorar.
Junto a ello, la Comisión también ha recordado que a principios de 2014 tendría que empezar a funcionar la ley de desindexación, lo que implica desligar los precios públicos de la inflación. Entre lo más destacado, Bruselas ha solicitado una revisión sistemática del sistema tributario en marzo del próximo año, con lo que pide al Ejecutivo de Rajoy analizar qué productos son factibles de sufrir un alza del IVA y subir impuestos medioambientales, "sobre todo a los carburantes". En concreto, estos productos pasarían de estar gravados con el tipo reducido, que es del 10%, a hacerlo con el ordinario, del 21%.
La partida de tareas pendientes se completa con la obligación de aprobar este mismo 2013 la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, apartado en el que España lleva algo de retraso, y el recorte del gasto farmacéutico en los hospitales. La lista, sin embargo, no concluye aquí, ya que queda un largo listado de cambios que el Gobierno español tiene que comenzar ya.
De momento, sin más ajustes
En cualquier caso, el conjunto de medidas enumerado por el Ejecutivo comunitario no pide expresamente nuevos ajustes para cuadrar las cuentas. Según matiza, solo si se producen desviaciones, hay que "estar preparados para tomar medidas correctivas".Bruselas ha confirmado además la prórroga de dos años, hasta 2016, para que España reduzca el déficit por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Su justificación es que el Gobierno de Rajoy ha cumplido los ajustes estructurales exigidos en 2012 y que la situación económica ha empeorado.
Hace solo unas semanas, el Gobierno pujaba por conseguir un 6% —frente al 4,5% previsto— y se quejaba de que Bruselas se resistía a abrir tanto la mano. Ahora el clima ha cambiado. La Comisión está más centrada en impulsar las reformas estructurales que en unos objetivos concretos de déficit. Las propuestas de Bruselas deben ser ahora aprobadas por el Eurogrupo y el Ecofin en su reunión de junio y avaladas por la cumbre de líderes europeos que se celebrará a finales de ese mes.
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