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20 mar 2013

La juez de los ERE ordena una oleada de detenciones y registros

La Guardia Civil busca información sobre el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo de la Junta en varias provincias.

Javier Guerrero, a su llegada hoy a los juzgados de Sevilla. / Paco Puentes
La Guardia Civil desarrolla esta mañana la Operación Heracles con una veintena de detenidos por el caso de los ERE fraudulentos.
 Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) están realizando registros simultáneos en diversas provincias: Madrid, Sevilla, Barcelona, Granada, Jaén, Cádiz y Las Palmas.
 La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha detallado que afectan a mediadoras que ofrecen servicios a empresas para conseguirles financiación en sus procesos de reestructuración.
Entre otros inmuebles y oficinas, los agentes están registrando las sedes de Vitalia en Madrid.
 También, la única sede que tiene la consultora Uniter en Andalucía, ubicada en Jerez (Cádiz).
 El despliegue de la Guardia Civil ha incluido las oficinas que la aseguradora Generali tiene en Sevilla, ubicadas en plaza Nueva.
La operación dirigida por la juez Mercedes Alaya, de baja por enfermedad hasta hace dos semanas, se desarrollará a lo largo de todo el día, por lo que la cifra de detenidos estará en torno a las 30 personas, según ha avanzado Crespo. En Barcelona, han sido detenidos nueve miembros de la consultora Vitalia y de Eurobank, informa Rebeca Carranco. También en Madrid, donde han sido arrestadas dos personas y donde se registra el domicilio de uno de los directivos de la consultora.
La cifra de arrestados estará en torno a 30, según la delegada del Gobierno en Andalucía
Entre los arrestados este miércoles hay empresarios, testaferros y abogados, según fuentes de la investigación, informa Efe
. Entre ellos, se encuentran el exdirigente de UGT Juan Lanzas, uno de los principales mediadores en los ERE, su cuñado Ismael Sierra y Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las empresas pantalla empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones, informa Europa Press.
El caso de los ERE tiene desde el pasado noviembre una pieza secreta que investiga los "verdaderos beneficiarios" del fondo público de los ERE, investigación a la que posiblemente correspondan las detenciones de hoy
. Esta parte parece estar relacionada con las sobrecomisiones que se cobraron por las tareas de mediación en los ERE entre las empresas afectadas y la Junta de Andalucía. Esta pieza salpica a bufetes de abogados, aseguradoras y brokers.
En la investigación también han sido implicados el abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasis, así como su hermano, también socio del mismo despacho, uno de los dos ha sido detenido y el otro está compareciendo como imputado.
Fuentes del caso han precisado que Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta, ha sido citado a declarar también por la juez que instruye el caso.
 A Guerrero se le sitúa en el centro de esta trama de los ERE fraudulentos y se encuentra en libertad bajo fianza.
Javier Guerrero ha sido citado a declarar también por la juez que instruye el caso
La Guardia Civil ha finalizado el registro en la vivienda de Juan Lanzas, en Jaén, después de alrededor de cinco horas y tras retirar tres cajas. Los agentes han sacado de la vivienda al exdirigente de UGT por la cochera, informa Ginés Donaire
. El registro continúa en el domicilio familiar en el municipio jiennense de Albanchez de Mágina y en el de Ismael Sierra, en Granada. Asimismo, los agentes buscan información en la empresa Uniter, en su antigua sede de la plaza Nueva de Sevilla, y en el despacho de abogados Estudios Jurídicos de la capital hispalense.
 Vitalia es una empresa clave en el caso de los ERE fraudulentos.
 Supuestamente, percibió comisiones excesivas, según la juez que investiga el caso, por su labor de mediación en la negociación de los Expedientes de Regulación de Empleo.
Este caso suma hasta ahora más de 60 imputados y se había centrado en los intrusos (personas que percibieron dinero de las prejubilaciones en empresas en las que nunca trabajaron) y en las ayudas directas a empresas, como las de un exconcejal socialista (José Enrique Rosendo) que logró ayudas que superaron los 10 millones de euros.

 

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