ampliar foto Carmen Jiménez, auxiliar de hostelería de la residencia de mayores Doctor González Bueno, junto con otras compañeras. / SANTI BURGOS
SPara Carmen Jiménez es como un rompecabezas.
“Si pago la hipoteca, no pago la luz; si pago la luz, no pago el gas...”. Entre “voy y vengo”, como ella dice, lleva casi 20 años de auxiliar de hostelería interina en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, la Doctor González Bueno (Fuencarral). Habla atropelladamente y, si se atiende a su definición, no cumple exactamente con la imagen típica del funcionario de ventanilla. “Me ocupo de quitar mierda, literalmente”, explica al teléfono. Lo hace de lunes a viernes, tres fines de semana al mes y en los peores turnos de las vacaciones, a razón de 21 camas por hacer, 21 baños que limpiar y 21 abuelos al día que atender.
Está “enfadada y fatal de ánimo” y con la cabeza llena de números que no cuadran. Imposible sacar adelante así el hogar en el que aún vive uno de sus dos hijos. Divorciada y con 51 años, necesita ayuda económica de su madre, de 84. “Sobrevivo gracias a su pensión, me ayuda con unos 200 euros al mes y eso sin contar la próxima rebaja”.
La rebaja de la que habla supone que su sueldo de algo menos de 1.000 euros se quede en unos 850.
Jiménez forma parte del grupo de entre 10.000 y 12.000 interinos (según la horquilla oficial, aunque la Comunidad de Madrid habló inicialmente de 400) que perderán un 10% de sueldo y jornada con el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos.
Es el mismo porcentaje que los altos cargos pero con nóminas mucho más bajas y con un horario que casi se queda como estaba hace tres meses.
Es lo que Eva López Simón, secretaria del sector autonómico de UGT Madrid, llama “el timo de la estampita”. En marzo, el Gobierno regional aumentó la jornada semanal (que no el sueldo) a 120.000 empleados: de 35 a 37,5 horas. Ahora baja la retribución (y esta vez también la nómina) al grupo que está a la cola de la escala salarial.
La mayoría de los afectados cobran entre 900 y 1.300 euros mensuales, según estimaciones sindicales. Cuando se apruebe el proyecto de Ley en julio, percibirán un 13,3% menos (la reducción prevista para todos más su 10%) por un trabajo similar.
“Es como perder una nómina al año”, estima Manuel Rodríguez, coordinador del área pública de CC OO. En la mayoría de los casos, según Rodríguez, son trabajadores que llevan más de una década a sueldo de la Comunidad.
El nuevo plan de ajuste prevé 1.045 millones de euros menos con una reducción de todos los sueldos de la Administración (con un 3,3% de media a unos 180.000 empleados) y una nueva subida generalizada de tasas.
La previsión regional es rebajar unos 200 millones en nóminas, de los que 3,5 corresponden a los altos cargos y 17,5 millones (cinco veces más) a los interinos.
Es un paso más en el plan de ajuste que el Gobierno de Aguirre comenzó el año pasado, con los funcionarios y sus sueldos en el punto de mira. Entonces se aprobó el aumento de jornada y un recorte en las prestaciones que perciben los trabajadores durante las bajas laborales.
A Carmen Jiménez y a sus compañeras les concentraron el aumento de 2,5 horas semanales en un fin de semana más al mes. Ni ella ni nadie sabe cómo será el nuevo ajuste, en el que ni siquiera está claro quiénes son los afectados. El artículo 12 del proyecto de Ley establece que la medida “no resultará de aplicación al personal temporal que, dentro del ámbito sanitario, educativo y de los servicios sociales se encuentre adscrito a puestos de trabajo vinculados a la prestación de servicios públicos de carácter exclusivamente sanitario, docente o asistencial”.
Los sindicatos reclaman sin éxito desde la semana pasada un listado de afectados. A menos de un mes de la aprobación del recorte, la Administración aún no ha aclarado quiénes son los 12.000. “Cada Consejería debe perfilar sus puestos”, señala una portavoz de Presidencia.
María (nombre ficticio) tampoco lo tiene claro.
Trabaja en los juzgados de violencia de género de un polígono de Fuencarral. Pide anonimato para que no le localicen los agresores de las mujeres a las que atiende. Tiene 36 años y lleva 12 trabajando.
Su nómina actual es de 1.450 euros mensuales, incluida la ayuda de 109 euros que recibe para la guardería pública de su hija.
Un 13,3% menos es quedarse en 1.257.
La trabajadora social se acaba de enterar de que la cuota mensual que paga por su niña sube un 18% con el aumento de precios públicos de la Comunidad.
Ahora suponen casi 300 euros al mes con la ampliación de horario para poder llegar a tiempo a su trabajo y la cuota del comedor.
“Sube todo y los sueldos menguan. Así ya no compensa”, protesta.
“Si no fuera por la vocación, dejaría el trabajo”.
Calcula que ganaría más cobrando el paro y haciéndose cargo de su hija. “He estudiado para trabajar, tengo tres carreras y la impresión de que llevo toda la vida formándome para nada”. Su primer ajuste será quedarse sin vacaciones.
“A mí me fastidian totalmente. Había planificado mi vida hasta el 31 de diciembre y ahora tengo que darle la vuelta porque perder casi 200 euros es un buen palo”.
El puesto de Alberto González, licenciado en Derecho, pertenece a otro sector sensible de la Administración. Es técnico interino en una oficina de empleo del barrio de la Concepción (Ciudad Lineal).
“Es normal que nos insulten a diario como están las cosas”.
Su nómina de 1.360 euros se quedaría en 1.180 con el ajuste. González, de 38 años, se queja de que a los funcionarios les han cambiado “el decorado” en los últimos años, desde el primer recorte en las nóminas aprobado en 2010 por el Gobierno de Zapatero. “Uno entra en la función pública buscando condiciones más seguras. Eso ha desaparecido”. Ni él ni su pareja, médico interina, se atreven a hacer planes de futuro. “No podemos tener hijos porque no tenemos margen económico ni estabilidad”.
Los sindicatos han reclamado que no se apliquen los recortes a los “doblemente afectados”.
Así los llama Manuel Rodríguez, que se pone en lo peor. “Primero nos dijeron que aumentaban las horas de trabajo para dejar intactos los salarios, ahora que tocan salarios para evitar despidos.
A este ritmo habrá un nuevo hachazo en 2013 y tendremos interinos en la calle”.
“Si pago la hipoteca, no pago la luz; si pago la luz, no pago el gas...”. Entre “voy y vengo”, como ella dice, lleva casi 20 años de auxiliar de hostelería interina en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, la Doctor González Bueno (Fuencarral). Habla atropelladamente y, si se atiende a su definición, no cumple exactamente con la imagen típica del funcionario de ventanilla. “Me ocupo de quitar mierda, literalmente”, explica al teléfono. Lo hace de lunes a viernes, tres fines de semana al mes y en los peores turnos de las vacaciones, a razón de 21 camas por hacer, 21 baños que limpiar y 21 abuelos al día que atender.
Está “enfadada y fatal de ánimo” y con la cabeza llena de números que no cuadran. Imposible sacar adelante así el hogar en el que aún vive uno de sus dos hijos. Divorciada y con 51 años, necesita ayuda económica de su madre, de 84. “Sobrevivo gracias a su pensión, me ayuda con unos 200 euros al mes y eso sin contar la próxima rebaja”.
La rebaja de la que habla supone que su sueldo de algo menos de 1.000 euros se quede en unos 850.
Jiménez forma parte del grupo de entre 10.000 y 12.000 interinos (según la horquilla oficial, aunque la Comunidad de Madrid habló inicialmente de 400) que perderán un 10% de sueldo y jornada con el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos.
Es el mismo porcentaje que los altos cargos pero con nóminas mucho más bajas y con un horario que casi se queda como estaba hace tres meses.
Es lo que Eva López Simón, secretaria del sector autonómico de UGT Madrid, llama “el timo de la estampita”. En marzo, el Gobierno regional aumentó la jornada semanal (que no el sueldo) a 120.000 empleados: de 35 a 37,5 horas. Ahora baja la retribución (y esta vez también la nómina) al grupo que está a la cola de la escala salarial.
La mayoría de los afectados cobran entre 900 y 1.300 euros mensuales, según estimaciones sindicales. Cuando se apruebe el proyecto de Ley en julio, percibirán un 13,3% menos (la reducción prevista para todos más su 10%) por un trabajo similar.
“Es como perder una nómina al año”, estima Manuel Rodríguez, coordinador del área pública de CC OO. En la mayoría de los casos, según Rodríguez, son trabajadores que llevan más de una década a sueldo de la Comunidad.
El nuevo plan de ajuste prevé 1.045 millones de euros menos con una reducción de todos los sueldos de la Administración (con un 3,3% de media a unos 180.000 empleados) y una nueva subida generalizada de tasas.
La previsión regional es rebajar unos 200 millones en nóminas, de los que 3,5 corresponden a los altos cargos y 17,5 millones (cinco veces más) a los interinos.
Es un paso más en el plan de ajuste que el Gobierno de Aguirre comenzó el año pasado, con los funcionarios y sus sueldos en el punto de mira. Entonces se aprobó el aumento de jornada y un recorte en las prestaciones que perciben los trabajadores durante las bajas laborales.
A Carmen Jiménez y a sus compañeras les concentraron el aumento de 2,5 horas semanales en un fin de semana más al mes. Ni ella ni nadie sabe cómo será el nuevo ajuste, en el que ni siquiera está claro quiénes son los afectados. El artículo 12 del proyecto de Ley establece que la medida “no resultará de aplicación al personal temporal que, dentro del ámbito sanitario, educativo y de los servicios sociales se encuentre adscrito a puestos de trabajo vinculados a la prestación de servicios públicos de carácter exclusivamente sanitario, docente o asistencial”.
Los sindicatos reclaman sin éxito desde la semana pasada un listado de afectados. A menos de un mes de la aprobación del recorte, la Administración aún no ha aclarado quiénes son los 12.000. “Cada Consejería debe perfilar sus puestos”, señala una portavoz de Presidencia.
María (nombre ficticio) tampoco lo tiene claro.
Trabaja en los juzgados de violencia de género de un polígono de Fuencarral. Pide anonimato para que no le localicen los agresores de las mujeres a las que atiende. Tiene 36 años y lleva 12 trabajando.
Su nómina actual es de 1.450 euros mensuales, incluida la ayuda de 109 euros que recibe para la guardería pública de su hija.
Un 13,3% menos es quedarse en 1.257.
La trabajadora social se acaba de enterar de que la cuota mensual que paga por su niña sube un 18% con el aumento de precios públicos de la Comunidad.
Ahora suponen casi 300 euros al mes con la ampliación de horario para poder llegar a tiempo a su trabajo y la cuota del comedor.
“Sube todo y los sueldos menguan. Así ya no compensa”, protesta.
“Si no fuera por la vocación, dejaría el trabajo”.
Calcula que ganaría más cobrando el paro y haciéndose cargo de su hija. “He estudiado para trabajar, tengo tres carreras y la impresión de que llevo toda la vida formándome para nada”. Su primer ajuste será quedarse sin vacaciones.
“A mí me fastidian totalmente. Había planificado mi vida hasta el 31 de diciembre y ahora tengo que darle la vuelta porque perder casi 200 euros es un buen palo”.
El puesto de Alberto González, licenciado en Derecho, pertenece a otro sector sensible de la Administración. Es técnico interino en una oficina de empleo del barrio de la Concepción (Ciudad Lineal).
“Es normal que nos insulten a diario como están las cosas”.
Su nómina de 1.360 euros se quedaría en 1.180 con el ajuste. González, de 38 años, se queja de que a los funcionarios les han cambiado “el decorado” en los últimos años, desde el primer recorte en las nóminas aprobado en 2010 por el Gobierno de Zapatero. “Uno entra en la función pública buscando condiciones más seguras. Eso ha desaparecido”. Ni él ni su pareja, médico interina, se atreven a hacer planes de futuro. “No podemos tener hijos porque no tenemos margen económico ni estabilidad”.
Los sindicatos han reclamado que no se apliquen los recortes a los “doblemente afectados”.
Así los llama Manuel Rodríguez, que se pone en lo peor. “Primero nos dijeron que aumentaban las horas de trabajo para dejar intactos los salarios, ahora que tocan salarios para evitar despidos.
A este ritmo habrá un nuevo hachazo en 2013 y tendremos interinos en la calle”.
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