En California, los padres pueden tomar el control de los centros públicos con malos resultados.
Carrera profesional, evaluaciones externas, rendición de cuentas, incentivos, premios y castigos. Estas palabras sobrevuelan desde hace años los sistemas educativos de todo el mundo sin que nadie termine de hacerse con ellas. Para unos representan una necesidad ineludible para mejorar la enseñanza y para otros, perversiones neoliberales que pueden desvirtuar el sentido de la educación.
En España, en un contexto de recortes presupuestarios que tiene a la comunidad educativa muy crispada, el afán del nuevo Gobierno —según el programa electoral del Partido Popular— pasa por cambiar el sistema de acceso para intentar contratar a los mejores profesores para la enseñanza pública y por intentar de nuevo (se ha intentado y fracasado varias veces) crear una carrera docente para que los maestros de las aulas públicas puedan mejorar sus condiciones a base de méritos.
Mientras, en Estados Unidos e Inglaterra van mucho más allá y gana fuerza la idea del premiar a los docentes que obtengan buenos resultados y castigar, es decir, incluso despedir, a los malos, un tema peliagudo como pocos, sea cual sea su estatus laboral.
En Estados Unidos, aparte de iniciativas como la de California (desde 2010, los padres de un colegio público pueden hacerse con el control del centro, imponer nuevas normas a los profesores e incluso despedirlos), una iniciativa federal (Race to the top, en inglés, Carrera hacia la cima) consiste en dar dinero extra a los Estados si, entre otras cosas, miden la eficacia de los docentes por medio de exámenes externos a sus alumnos; los malos resultados pueden acabar en despidos.
Uno de los últimos Estados en hacerlo ha sido Nueva York. Su gobernador, el demócrata Andrew Cuomo, pidió al consejo rector de Educación que en el proceso de evaluación de los maestros, entre el 20% y el 40% obedezca a las notas de sus alumnos en exámenes unificados a nivel estatal y federal. Además, ese consejo ha diseñado decenas de pruebas estatales que se añadirán a las que ya existen de matemáticas, lengua y conocimientos generales. Los profesores que no logren mejoras y sean considerados ineficaces en dos cursos seguidos pueden ser despedidos.
Diversos Estados someten a sus profesores a una evaluación en una escala que abarca de “ineficaz” a “altamente eficaz”. Los Estados eligen si se someten a ese programa, que contiene subsidios de 4.350 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros).
En la edición del año pasado, los Estados ganadores fueron 11, además del distrito federal de Columbia. Nueva York, que estaba entre ellos, recibió junto con Florida el mayor premio (700 millones de dólares, unos 530 millones de euros), y ahora somete a sus profesores a mayor presión para mantener esas buenas notas ante el Gobierno federal. Para ello ha diseñado todo un sistema de exámenes unificados a aplicar a todos los colegios e institutos que sirvan de baremo objetivo para evaluar a los docentes a través de los resultados de sus estudiantes.
La medida provocó la primera revuelta de directores de colegio de la que se tiene constancia en EE UU. De los 4.500 directores registrados en Nueva York, más de 1.000 firmaron una carta abierta que contiene argumentos en contra de ese método de evaluación de docentes.
“Nosotros, los directores de las escuelas del Estado de Nueva York, llegamos a la conclusión de que [el sistema propuesto] no será más que un desperdicio de unos recursos que cada vez son más limitados. Más importante aún, desmoralizará a los educadores y será perjudicial para los niños a los que guiamos.
Nuestros estudiantes son más que la suma de los resultados de sus exámenes, y poner un énfasis excesivo en las notas no se traducirá en un mejor aprendizaje”, se dice en la misiva, redactada por Sean C. Feeney, presidente de la Asociación de Presidentes de Escuela del Condado de Nassau, y Carol C. Burris, directora del instituto South Side.
El sociólogo de la Universidad Complutense Julio Carabaña usa argumentos parecidos para decir que la idea es un “disparate”. “La propuesta no consiste en que haya incentivos ligados al buen cumplimiento (cosa ya de dudosa eficacia y moralidad), sino en trabajar a destajo.
Pero los profesores no podemos trabajar a destajo, como tampoco los periodistas, los jueces, los policías y hasta dicen ahora que los corredores de hipotecas.
Se puede trabajar a destajo cuando el producto es perfectamente especificable, exactamente medible e inequívocamente atribuible al trabajador. A destajo se segaba, se ponen ladrillos, se cosen prendas de vestir, y algunas cosas más.
Pero no se enseña a destajo y, menos aún, se educa”, dice Carabaña. Por eso, algunos especialistas apuestan por incentivos —buena parte rechaza los castigos— colectivos, a todo un colegio o instituto.
Sin embargo, ¿qué es un centro sino la suma del trabajo de muchos profesores? El también catedrático de Sociología de la Complutense Mariano Fernández Enguita defiende que los incentivos para los buenos y los castigos para los malos deben existir, aunque haya que tener cuidado con los criterios para juzgarlos. “Los resultados académicos de los alumnos no pueden ser, desde luego, el único criterio para evaluar a un profesor, ni pueden manejarse con ligereza.
Pero dependen también, y mucho, del profesor, que puede marcar la diferencia, para bien y para mal. Y cuando lo hace claramente para mal, la Administración educativa (la dirección, la inspección...) tiene el derecho y el deber de plantearle un plan de mejora y, si no lo cumple, prescindir de él o de ella.
Hablar de despedir a un profesor puede sonar muy agresivo, sobre todo si eres profesor, pero desde el punto de vista de la sociedad no es ningún problema: entre los cinco millones de parados actuales hay sin duda miles que serían mejores profesores que otros tantos que ahora lo son”, sostiene Fernández Enguita.
En España, la condición de funcionario de los docentes de la pública hace casi imposible que alguien pierda esa condición. Antonio Redero, responsable de enseñanza pública del sindicato FETE-UGT, no recuerda ningún caso, aunque sí hay suspensiones de empleo y sueldo por peridodos más o menos largos, en ocasiones muy graves. Redero rechaza de plano la idea de los despidos.
El profesor de la Universidad de Zaragoza Tomás Escudero tampoco está por los despidos, pues es muy difícil establecer de manera justa si un docente es bueno o malo, y porque “a la postre, es algo poco eficaz y caro”. Prefiere los estímulos positivos, aunque matiza: “El despido es un arma que debería dejarse para los irrecuperables, los que han demostrado reiteradamente que no quieren ser profesores, con la actitud y responsabilidad que ello conlleva”.
En Inglaterra, el próximo septiembre entrará en vigor la reforma de los procedimientos para evaluar la eficacia de los maestros de escuela y los pasos que hay que dar para despedir a aquellos que no tienen un nivel suficiente. El objetivo de la reforma es simplificar la actual normativa, dar más poder de decisión a los directores de escuela y acortar los plazos para poder llegar a aplicar los despidos.
En la actualidad, el proceso de despido de un profesor que no da la talla se demora más de un año y se interrumpe si este está de baja. El Gobierno quiere que se pueda completar en menos de un curso.
Según los sindicatos, esas propuestas darán a los directores “licencia para acosar a los maestros”, en palabras de Chris Reates, secretaria general del sindicato de la enseñanza Nasuwt.
El Gobierno apoya sus propuestas en una reciente investigación del Sutton Trust.
El trabajo concluye que el 57% de los maestros y directores encuestados están de acuerdo en que las escuelas no tienen en la actualidad suficiente libertad para despedir a los profesores que no desempeñan lo bastante bien su trabajo, frente a un 21% que discrepan.
“Los directores y los maestros quieren un sistema más sencillo y más rápido para afrontar el problema de los profesores que no rinden. Las escuelas han estado atrapadas durante demasiado tiempo en una compleja burocracia”, sostuvo el ministro de Educación, Michael Gove. “La propuesta pone en manos de los directores el control de la eficacia de los maestros. En lugar de ayudar a los maestros a mejorar su enseñanza va a dar a los directores una manera fácil de quitarse de encima a los profesores que no les gustan”, ha denunciado Mary Bousted, líder del sindicato de maestros ATL.
“Desde luego, en España y en todas partes profesores y centros se evalúan, y continuamente. Lo que no se hace es pagarles según los resultados de sus alumnos en unas pruebas, es decir, pagarles a destajo. La razón es muy simple: es imposible controlar totalmente desde fuera su actividad”, insiste Carabaña, y continúa: “Por eso no queda más remedio que confiar en ellos, y esperar que actúen por motivos morales.
Por eso, como a los periodistas, se les considera profesionales. Y por eso, como los médicos, tienen siempre un margen de actuación libre, que puede ser mejor o peor, pero que no puede controlar el dueño o señor de la organización, sea este público o privado”.
También insiste Fernández Enguita: “El mundo de la educación tiene una característica notable: hables de lo que hables, alguien saldrá afirmando que ‘ese no es el verdadero problema’, lo cual se revela como una táctica muy eficaz para no resolver jamás ninguno. Son muchas las cosas que importan en la educación: profesores y centros, familias y comunidades y, por supuesto, los alumnos. Podemos dedicarnos a teorizar las limitaciones de cada uno de ellos si no le acompañan los otros, o sea, a teorizar sobre la impotencia para no hacer nada, culpar a los otros y lamentar lo mal que están las cosas, o podemos preguntarnos qué es lo que puede hacer cada uno”.
En España, en un contexto de recortes presupuestarios que tiene a la comunidad educativa muy crispada, el afán del nuevo Gobierno —según el programa electoral del Partido Popular— pasa por cambiar el sistema de acceso para intentar contratar a los mejores profesores para la enseñanza pública y por intentar de nuevo (se ha intentado y fracasado varias veces) crear una carrera docente para que los maestros de las aulas públicas puedan mejorar sus condiciones a base de méritos.
Mientras, en Estados Unidos e Inglaterra van mucho más allá y gana fuerza la idea del premiar a los docentes que obtengan buenos resultados y castigar, es decir, incluso despedir, a los malos, un tema peliagudo como pocos, sea cual sea su estatus laboral.
En Estados Unidos, aparte de iniciativas como la de California (desde 2010, los padres de un colegio público pueden hacerse con el control del centro, imponer nuevas normas a los profesores e incluso despedirlos), una iniciativa federal (Race to the top, en inglés, Carrera hacia la cima) consiste en dar dinero extra a los Estados si, entre otras cosas, miden la eficacia de los docentes por medio de exámenes externos a sus alumnos; los malos resultados pueden acabar en despidos.
Uno de los últimos Estados en hacerlo ha sido Nueva York. Su gobernador, el demócrata Andrew Cuomo, pidió al consejo rector de Educación que en el proceso de evaluación de los maestros, entre el 20% y el 40% obedezca a las notas de sus alumnos en exámenes unificados a nivel estatal y federal. Además, ese consejo ha diseñado decenas de pruebas estatales que se añadirán a las que ya existen de matemáticas, lengua y conocimientos generales. Los profesores que no logren mejoras y sean considerados ineficaces en dos cursos seguidos pueden ser despedidos.
Diversos Estados someten a sus profesores a una evaluación en una escala que abarca de “ineficaz” a “altamente eficaz”. Los Estados eligen si se someten a ese programa, que contiene subsidios de 4.350 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros).
En la edición del año pasado, los Estados ganadores fueron 11, además del distrito federal de Columbia. Nueva York, que estaba entre ellos, recibió junto con Florida el mayor premio (700 millones de dólares, unos 530 millones de euros), y ahora somete a sus profesores a mayor presión para mantener esas buenas notas ante el Gobierno federal. Para ello ha diseñado todo un sistema de exámenes unificados a aplicar a todos los colegios e institutos que sirvan de baremo objetivo para evaluar a los docentes a través de los resultados de sus estudiantes.
La medida provocó la primera revuelta de directores de colegio de la que se tiene constancia en EE UU. De los 4.500 directores registrados en Nueva York, más de 1.000 firmaron una carta abierta que contiene argumentos en contra de ese método de evaluación de docentes.
“Nosotros, los directores de las escuelas del Estado de Nueva York, llegamos a la conclusión de que [el sistema propuesto] no será más que un desperdicio de unos recursos que cada vez son más limitados. Más importante aún, desmoralizará a los educadores y será perjudicial para los niños a los que guiamos.
Nuestros estudiantes son más que la suma de los resultados de sus exámenes, y poner un énfasis excesivo en las notas no se traducirá en un mejor aprendizaje”, se dice en la misiva, redactada por Sean C. Feeney, presidente de la Asociación de Presidentes de Escuela del Condado de Nassau, y Carol C. Burris, directora del instituto South Side.
El sociólogo de la Universidad Complutense Julio Carabaña usa argumentos parecidos para decir que la idea es un “disparate”. “La propuesta no consiste en que haya incentivos ligados al buen cumplimiento (cosa ya de dudosa eficacia y moralidad), sino en trabajar a destajo.
Pero los profesores no podemos trabajar a destajo, como tampoco los periodistas, los jueces, los policías y hasta dicen ahora que los corredores de hipotecas.
Se puede trabajar a destajo cuando el producto es perfectamente especificable, exactamente medible e inequívocamente atribuible al trabajador. A destajo se segaba, se ponen ladrillos, se cosen prendas de vestir, y algunas cosas más.
Pero no se enseña a destajo y, menos aún, se educa”, dice Carabaña. Por eso, algunos especialistas apuestan por incentivos —buena parte rechaza los castigos— colectivos, a todo un colegio o instituto.
Sin embargo, ¿qué es un centro sino la suma del trabajo de muchos profesores? El también catedrático de Sociología de la Complutense Mariano Fernández Enguita defiende que los incentivos para los buenos y los castigos para los malos deben existir, aunque haya que tener cuidado con los criterios para juzgarlos. “Los resultados académicos de los alumnos no pueden ser, desde luego, el único criterio para evaluar a un profesor, ni pueden manejarse con ligereza.
Pero dependen también, y mucho, del profesor, que puede marcar la diferencia, para bien y para mal. Y cuando lo hace claramente para mal, la Administración educativa (la dirección, la inspección...) tiene el derecho y el deber de plantearle un plan de mejora y, si no lo cumple, prescindir de él o de ella.
Hablar de despedir a un profesor puede sonar muy agresivo, sobre todo si eres profesor, pero desde el punto de vista de la sociedad no es ningún problema: entre los cinco millones de parados actuales hay sin duda miles que serían mejores profesores que otros tantos que ahora lo son”, sostiene Fernández Enguita.
En España, la condición de funcionario de los docentes de la pública hace casi imposible que alguien pierda esa condición. Antonio Redero, responsable de enseñanza pública del sindicato FETE-UGT, no recuerda ningún caso, aunque sí hay suspensiones de empleo y sueldo por peridodos más o menos largos, en ocasiones muy graves. Redero rechaza de plano la idea de los despidos.
El profesor de la Universidad de Zaragoza Tomás Escudero tampoco está por los despidos, pues es muy difícil establecer de manera justa si un docente es bueno o malo, y porque “a la postre, es algo poco eficaz y caro”. Prefiere los estímulos positivos, aunque matiza: “El despido es un arma que debería dejarse para los irrecuperables, los que han demostrado reiteradamente que no quieren ser profesores, con la actitud y responsabilidad que ello conlleva”.
En Inglaterra, el próximo septiembre entrará en vigor la reforma de los procedimientos para evaluar la eficacia de los maestros de escuela y los pasos que hay que dar para despedir a aquellos que no tienen un nivel suficiente. El objetivo de la reforma es simplificar la actual normativa, dar más poder de decisión a los directores de escuela y acortar los plazos para poder llegar a aplicar los despidos.
En la actualidad, el proceso de despido de un profesor que no da la talla se demora más de un año y se interrumpe si este está de baja. El Gobierno quiere que se pueda completar en menos de un curso.
Según los sindicatos, esas propuestas darán a los directores “licencia para acosar a los maestros”, en palabras de Chris Reates, secretaria general del sindicato de la enseñanza Nasuwt.
El Gobierno apoya sus propuestas en una reciente investigación del Sutton Trust.
El trabajo concluye que el 57% de los maestros y directores encuestados están de acuerdo en que las escuelas no tienen en la actualidad suficiente libertad para despedir a los profesores que no desempeñan lo bastante bien su trabajo, frente a un 21% que discrepan.
El afán del nuevo Gobierno español pasa por cambiar el sistema de acceso para contratar a los mejores profesores
“Desde luego, en España y en todas partes profesores y centros se evalúan, y continuamente. Lo que no se hace es pagarles según los resultados de sus alumnos en unas pruebas, es decir, pagarles a destajo. La razón es muy simple: es imposible controlar totalmente desde fuera su actividad”, insiste Carabaña, y continúa: “Por eso no queda más remedio que confiar en ellos, y esperar que actúen por motivos morales.
Por eso, como a los periodistas, se les considera profesionales. Y por eso, como los médicos, tienen siempre un margen de actuación libre, que puede ser mejor o peor, pero que no puede controlar el dueño o señor de la organización, sea este público o privado”.
También insiste Fernández Enguita: “El mundo de la educación tiene una característica notable: hables de lo que hables, alguien saldrá afirmando que ‘ese no es el verdadero problema’, lo cual se revela como una táctica muy eficaz para no resolver jamás ninguno. Son muchas las cosas que importan en la educación: profesores y centros, familias y comunidades y, por supuesto, los alumnos. Podemos dedicarnos a teorizar las limitaciones de cada uno de ellos si no le acompañan los otros, o sea, a teorizar sobre la impotencia para no hacer nada, culpar a los otros y lamentar lo mal que están las cosas, o podemos preguntarnos qué es lo que puede hacer cada uno”.
Con información de J. A. AUNIÓN
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