Los farmacéuticos de Castilla-La Mancha echarán el jueves la persiana para protestar contra los impagos del Gobierno que preside María Dolores de Cospedal, del PP. La Junta adeuda al sector por primera vez 125 millones (no paga desde el 15 de mayo). Salvo un acuerdo de última hora, cerrarán todas las boticas de la región, menos las 244 de Albacete –cuyos colegiados decidieron no secundar la protesta-, y las de guardia (30%), que por ley deben abrir, aunque sólo dispensarán medicamentos de urgencia. Así, podrían sumarse a la iniciativa cerca del 60% de las 1.300 farmacias de Castilla-La Mancha.
Fuentes de la Confederación del Colegio de Farmacéuticos de España (22.000 oficinas) admiten que, al tratarse el de un sector regulado, la Junta podría responder a la protesta con algún tipo de sanción administrativa. Los cuatro colegios provinciales que secundan la protesta han solicitado el permiso de cierre a la Junta, que todavía no ha contestado pero podría hacerlo en las próximas horas.
Las farmacias de Castilla-La Mancha denunciarán lo que, a su juicio, resulta una "situación extrema”. En la reunión que mantuvieron el miércoles, el viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Jesús Galván, no ofreció una solución y animó al sector a suscribir créditos con bancos y cajas, siguiendo el modelo de Murcia.
El Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel, también del PP, instó a los farmacéuticos en vísperas del 22-M a solicitar un préstamo avalado con su patrimonio.
La presidenta de la patronal del sector de Castilla-La Mancha, Fefcam, Dolores Espinosa, ha explicado que la mora administrativa ha conducido al sector a la "asfixia". La situación se ha cebado, asegura, con las farmacias rurales (de pueblos de menos de 1.000 habitantes), que representan el 10% del total.
Espinosa, pese a la gravedad, no ve riesgo de que se produzca el desabastecimiento de medicinas (las boticas tienen existencias para 15 días).
El estado de las farmacias de Castilla-La Mancha, donde se extienden cuatro millones de recetas anuales, revela la dificultad de administración para afrontar su deuda con los proveedores, de 1.742 millones, según Cospedal. "Esto no había pasado nunca: ahora [las Administraciones] te dicen directamente que no pueden pagar", explica Fernando Redondo, presidente de la patronal nacional Fefe, que aglutina al 60% de las 21.800 farmacias españolas.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, Rosa López-Torres, asegura no obstante que la Junta mantiene una predisposición “positiva a seguir trabajando y a buscar vías para pagar a los boticarios”. Añade que indica que, a las demoras de pago de la administración, se suma la caída de un 10% en el precio de los medicamentos, que ha reducido el margen de ventas, fijado por ley en un 28%.
Los distintos consejeros de la Junta han recurrido al argumento del legado socialista de facturas en los cajones para justificar el impago a proveedores, según una representante farmacéutica que asistió a la última reunión del sector con el consejero de Sanidad, José Ignacio Echaniz.
El exconsejero de Sanidad y diputado regional del PSOE por Guadalajara, Fernando Lamata, ha recordado que el Gobierno la Junta, durante el mandato del socialista José María Barreda, pagó "puntualmente" las facturas.
Lamata ha pedido a Cospedal que utilice los 350 millones que recibe mensualmente del Gobierno central para saldar la deuda con los farmacéuticos.
El Confederación de Colegios Farmacéuticos estiman que 3.000 de las 22.000 farmacias españolas atraviesan una situación "asfixiante".
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