Sistema electoral: ¿gobernabilidad o fraude?GASPAR LLAMAZARES

Para preocupación y escándalo de los ciudadanos, la subcomisión parlamentaria para la Reforma Electoral -creada en 2008, pero con numerosas interrupciones en lo que debió ser su normal desarrollo- pretende dar carpetazo definitivo a la demanda de recuperar el principio democrático de una persona, un voto, histórica e infructuosamente reclamado desde hace más de dos décadas por Izquierda Unida (IU), incluso por Jordi Solé Tura durante la propia ponencia que redactó originalmente la ley.
Los objetivos últimos del vigente sistema electoral, con clara vocación bipartidista y conservadora, se han ido reforzando a través de factores internos y externos a lo largo de la experiencia democrática.
El repetido efecto de gota malaya en las sucesivas elecciones ya celebradas ha servido también para redirigir las consecuencias del voto útil como elemento disuasorio frente al apoyo de potenciales electores hacia otras fuerzas políticas de ámbito estatal, como es el caso de IU, más allá de los dos partidos mayoritarios.


Es un escándalo que la tercera fuerza política en votos sea la sexta en número de diputados

No hace falta una reforma constitucional para que el sistema sea más representativo
Cabe recordar brevemente que este modelo electoral tuvo su origen en las postrimerías del franquismo como uno de los condicionantes del consenso constitucional, junto al mantenimiento del Concordato con el Estado Vaticano en relación a los límites de la aconfesionalidad del Estado, y en consonancia con las limitaciones al federalismo y el blindaje de la forma de Estado como monarquía constitucional o parlamentaria.
Su finalidad principal fue desde el principio favorecer la gobernabilidad, aun a costa del principio representativo y de la proporcionalidad. Se prima mediante diversas fórmulas a dos formaciones mayoritarias en detrimento del resto de fuerzas estatales, aceptando de hecho un "bipartidismo imperfecto" que permite la convivencia con formaciones nacionalistas. Estas, si bien no se benefician directamente del sistema, tampoco se ven perjudicadas por él y perpetúan así su vocación de partidos bisagra de cara a la gobernabilidad.

Ciertos teóricos aplauden la eficacia de este modelo no solo por facilitar la formación de mayorías absolutas sino por hacerlo también a gobiernos en minoría que no necesitan de coaliciones estables.
La cuestión es que un sistema que prima de manera abusiva la gobernabilidad sobre la representatividad pasa a ser un sistema mayoritario (no proporcional) y reduce al mínimo el espacio del juego parlamentario en la configuración del Gobierno.
A menudo, estos teóricos son los mismos que tachan a las minorías de ámbito estatal como marginales, insultando así a sus votantes y despreciando uno de los principios del pluralismo político, del que demuestran tener una visión muy corta.

Determinados componentes técnicos en las reglas del nuevo juego democrático ya marcaban de antemano la búsqueda por perpetuar el predominio conservador. La atribución de dos escaños como mínimo por provincia, independientemente del número total de habitantes de cada una -priman las hectáreas, no los ciudadanos-, en la práctica impone una ventaja de partida a la derecha de más de una decena de escaños, incrementando la representatividad parcial de determinadas circunscripciones con una distribución sociopolítica del electorado muy definida.

Para responder a quienes creen que la no modificación del sistema electoral perpetúa unas reglas del juego que son neutras basta con que conozcan que el importante aumento en la última década del censo poblacional de algunas provincias por efecto de la inmigración -o que luego no se traslada en aumento de censo electoral- ha provocado un vuelco de la representación, reduciendo drásticamente
las posibilidades de fuerzas como IU, con clara implantación y mayor porcentaje de votos en zonas urbanas industrializadas -Asturias, Vizcaya o algunas capitales andaluzas-, que ven bajar su número de escaños a favor de otras zonas como Levante.

Se ha impuesto en la práctica un sistema mayoritario, no proporcional, que lleva a que mientras al PSOE o al PP les cuesta lograr un escaño una media de entre 60.000 y 65.000 votos, esta cifra se tenga que multiplicar por siete u ocho para cada diputado de IU, que necesita del apoyo de más de 465.000 electores para ocupar una plaza en el Congreso, eso sin contar con los posteriores problemas de porcentaje para poder formar grupo parlamentario propio.
Este bipartidismo inducido se ha ampliado geométricamente como consecuencia de la polarización política y del alineamiento mediático que han venido caracterizando a la política de consumo que se corresponde con el modelo económico neoliberal predominante, acentuándose este proceso en la última década.

La ofensiva de la derecha contra las conquistas del Estado social y democrático de derecho y la renuncia socialdemócrata a la defensa de sus principios, es decir, la convergencia política neoliberal, han venido acompañadas de la polarización y la sobreactuación en términos excluyentes a lo largo de la alternancia de gobiernos de PSOE y PP.
También se ha producido un cambio trascendental en buena parte de los medios de comunicación, con un predominio asfixiante del conservadurismo político, la concentración e internacionalización de sus accionistas y la pretensión de convertirse en algo más que el denominado Cuarto Poder, al alimón con el poder económico, como fuerzas determinantes de la sociedad de consumo de masas.

En suma, la anomalía que supone que la tercera fuerza política del Estado en número de votos se convierta en la sexta en número de diputados merced al carácter mayoritario y no proporcional del sistema electoral en la mayoría de circunscripciones se ha convertido en un escándalo democrático, no sin cierta hipocresía por parte de las fuerzas políticas directa o indirectamente beneficiadas.

Las elecciones de 2004 marcaron un punto de inflexión que motivó el compromiso del candidato del PSOE de promover, ya entonces, la reforma electoral.
Pero no fue posible emprenderla en esa legislatura debido al veto de la derecha y de los nacionalistas, contrarios a crear una subcomisión parlamentaria. La legislatura 2008-2012 comenzó de nuevo con la impresión de que la reforma electoral era inevitable.
Debido a las presiones de IU, entre otras razones, esta vez sí se pudo crear esa subcomisión, pero da la impresión de que la estrategia de los partidos mayoritarios, con el apoyo de los grupos nacionalistas, quiere dar de nuevo al traste con una prioridad de primer orden para acabar con el fraude democrático existente.

Lo que reclamamos simplemente es que se recupere el carácter proporcional y representativo de nuestro sistema político, en absoluto un sistema electoral a la carta como tratan algunos de hacer ver de forma interesada y torticera. Para lograrlo, dentro de las variadas propuestas que hemos presentado -la inmensa mayoría avaladas en el completo informe del Consejo de Estado hecho a petición del propio Gobierno- no sería necesaria siquiera la tan manida reforma constitucional.
Está claro que una reforma perfecta pasaría porque la circunscripción dejara de ser la provincia y lo pasara a ser la comunidad autónoma o que se incrementara, de acuerdo con la evolución demográfica, a 400 el número de diputados, algo que ya está contemplado por la Constitución.
Pero una reforma de la actual Ley Orgánica Electoral también puede contemplar pasar de dos a uno el número de diputados fijo por provincia, con lo que se liberarían 50 escaños. Estos servirían, o bien para repartirlos entre las circunscripciones con mayor población, en las que ahora se rompe la proporcionalidad al multiplicarse el número de votos necesario para lograr un diputado, o bien para crear un "fondo estatal de votos" -construido a partir de todos los sufragios sobrantes tras el reparto del último escaño en cada provincia- a través del cual asignar esos 50 escaños liberados.

Todo ello se completaría por la sustitución de la aplastante Ley D'Hondt, creada para primar a las dos opciones más votadas y crear mayorías estables a costa de las formaciones minoritarias, por otra forma de cálculo, y existen varias, que respete más la proporcionalidad de los votos.

Si prevalece este fraude electoral con argumentos como el de propiciar la gobernabilidad, no solo quedará cuestionada la representatividad de nuestro sistema democrático sino que se consagrará de hecho como un fraude a la Constitución.

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Gaspar Llamazares es portavoz parlamentario de IU y ponente en la subcomisión parlamentaria para la Reforma Electoral