Entrevista con el juez que ha logrado meter una china en el sistema de desahucios.
hivado en:
El juez José María Fernández Seijo / Caterina Barjau
Tiene un hablar cálido, y tan quedo, que a veces cuesta oírlo. Pero
el discurso que desgrana es nítido, y su actitud, tan humilde como
firme. No parece un juez, al menos no parece un juez como el que ha
poblado el imaginario colectivo durante muchos años: un ser distante,
acomodado en el pedestal de un poder intocable, insensible a la realidad
y más preocupado por aplicar la letra de la ley que por hurgar en su
espíritu. El magistrado José María Fernández Seijo está
en las antípodas de ese cliché. Es titular del Juzgado Mercantil Número
3 de Barcelona, al que llegan más de ochocientos asuntos cada año,
algunos de ellos muy complejos. Miembro de la asociación Jueces para la
Democracia, lleva su juzgado al día y no escatima esfuerzos para
defender las reformas que considera necesarias.
Durante la entrevista se explaya en las respuestas, pero llegado un momento comienza a mirar el reloj. Se acerca la hora de recoger a los niños, “de conciliar”, dice, aunque es un término que no le gusta. “Porque parece que vayas forzado, y es al contrario, a mí me gusta ir a buscar a los niños al colegio y jugar con ellos en el parque”. Tiene una hija de 20 años, de un primer matrimonio, que estudia Medicina, y otros dos de 3 y 5 años. Y aún le queda tiempo y ganas para mantener un blog que presenta como “una propuesta subjetiva, desordenada y poco rigurosa” sobre el mundo de la cocina.
Fernández Seijo es uno de los principales responsables de que la normativa española sobre ejecución hipotecaria esté ahora mismo en la picota, pese a los intentos del sistema bancario para que todo quede como está. Fue él quien planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el caso de Mohamed Aziz, un desahuciado que pidió amparo judicial por entender que los términos del préstamo eran abusivos, y se espera sentencia para antes de Navidad. De momento, el informe de la abogada general de ese tribunal considera que la legislación española es abusiva e incumple la normativa europea de protección de los consumidores.
PREGUNTA: Cuánta injusticia tiene que haber en las ejecuciones hipotecarias para que los propios jueces, entre ellos 47 decanos, hayan tenido que salir a denunciar los abusos que permite la ley. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
RESPUESTA: Es que el problema es muy grave, y nosotros estamos en primera línea de fuego. Nos sentimos como si estuviéramos sentados sobre una olla a presión. El proceso de ejecución hipotecaria viene cuestionándose desde 1978, porque no garantiza el derecho de defensa de los afectados. En los 22 años que llevo de juez se ha modificado varias veces, pero todas en aspectos accesorios. El artículo 9 de la Constitución consagra al juez como el garante de que la ciudadanía pueda ejercer de manera efectiva sus derechos, pero tenemos una Ley de Enjuiciamiento Civil del siglo XIX que en estos procesos concede al juez una intervención residual, de manera que quienes hemos querido ejercer esa función de garantes hemos tenido que hacerlo de forma forzada, buscando los poros del sistema.
P: ¿En qué momento se sintió usted interpelado por esta situación?
R: Bastante antes de la crisis. Ya en mayo de 1991, al poco de llegar a mi primer destino, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), un día me llamó la agente judicial porque iban a desalojar a un matrimonio muy joven, y la chiquita, que ya tenía dos hijos, se había subido a un tejadillo de un sexto piso y amenazaba con tirarse. Ese fue el primer contacto que tuve con un desalojo. Yo tenía 25 años, y la chica, 21. Intenté disuadirla: “Baja, que no te quieres matar, pero al final vas a hacerte daño”. No se creía que fuera el juez. Después de aquello he intentado siempre hacer un seguimiento personalizado de las ejecuciones. En el sistema español, el juez, si no quiere, ni siquiera llega a conocer al afectado.
P:¿Está cambiando el modelo de juez?
R: En el ideario del siglo XIX, el juez debía ser una figura “desafecta” al mundo, en el sentido de no dejarse influir por el entorno. Esa idea napoleónica ha ido desapareciendo. Los jueces tenemos ahora los mismos problemas que cualquier ciudadano, hemos sufrido recortes como los demás y cada vez tenemos un mayor anclaje en la realidad social. Por otra parte, la de juez ya no es una carrera de élite, como la gente cree. Formamos parte de las clases medias.
P:Decidir sobre la vida de los demás es algo muy serio. Siempre he pensado que para ser juez hacía falta una gran vocación. ¿Cómo nació la suya?
R: Pues la verdad es que no pensaba ser juez. Inicialmente pensaba dedicarme a la filología, pero luego me decanté por Derecho, y aquí estoy. Es un trabajo muy bonito, pero no soy un juez vocacional.
P: Pues para no serlo…
R: Mi padre era secretario judicial y accedió a la judicatura en Madrid. Yo era el mayor de cuatro hermanos, y la verdad es que cuando empecé la carrera de Derecho, lo que me planteaba era la opción académica, salir dos o tres años al extranjero y enseñar en la Universidad. Pero, al terminar, la carrera judicial me pareció una buena opción. He de confesar que las materias en las que sacaba peores notas durante la carrera eran las de procesal y mercantil, que son a las que ahora me dedico.
P: ¿Le hubiera gustado más dedicarse al ámbito penal?
R: No elegí penal porque tuve una experiencia vital muy curiosa.
Cuando llevaba tres años de juez me tocó hacer la prestación social sustitutoria y pedí trabajar en la cárcel de mujeres. Estuve 13 meses. Guillem Vidal, que entonces presidía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, me decía: “José Mari, cuando salgas de la cárcel no podrás ser nunca juez de lo penal, porque has mostrado tanta empatía con la gente de ahí dentro, que no serías un buen juez”. Por otra parte, pensé que la izquierda se había preocupado mucho más por el Derecho Penal que por el Civil, y me pareció que en este ámbito había muchas cosas que hacer.
P:¿Porque considera que el juez tiene también un deber social?
R: Sí, claro. Yo pertenezco a la asociación Jueces para la Democracia, y en mi vida privada soy votante de izquierdas, no me importa decirlo. Soy independiente en mi trabajo, pero a la hora de votar siempre me he identificado con planteamientos progresistas.
P: ¿Cómo le llegó el caso de Mohamed Aziz?
R: El mismo día en que estaba previsto que se ejecutara el lanzamiento de su casa por un juzgado de Mataró, en un intento desesperado de parar el proceso acudió al juzgado para pedir amparo judicial por contrato abusivo. Cuando se inició la ejecución hipotecaria, en 2009, la entidad bancaria le reclamaba los 139.000 euros de la hipoteca, más 41.000 de intereses de demora y costas. Cuando se ejecutó la subasta, en 2010, la caja se quedó con la vivienda por el 50% del valor de tasación y, después de perder la casa, Mohamed Aziz seguía debiendo 40.000 euros de la hipoteca y otros 42.000 de intereses de demora y costas. No pude evitar el lanzamiento, pero empecé a darle vueltas. No podía ser que si tenía razón, si el contrato era abusivo, no tuviera posibilidad de reparación. Entonces decidí plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Durante la entrevista se explaya en las respuestas, pero llegado un momento comienza a mirar el reloj. Se acerca la hora de recoger a los niños, “de conciliar”, dice, aunque es un término que no le gusta. “Porque parece que vayas forzado, y es al contrario, a mí me gusta ir a buscar a los niños al colegio y jugar con ellos en el parque”. Tiene una hija de 20 años, de un primer matrimonio, que estudia Medicina, y otros dos de 3 y 5 años. Y aún le queda tiempo y ganas para mantener un blog que presenta como “una propuesta subjetiva, desordenada y poco rigurosa” sobre el mundo de la cocina.
Fernández Seijo es uno de los principales responsables de que la normativa española sobre ejecución hipotecaria esté ahora mismo en la picota, pese a los intentos del sistema bancario para que todo quede como está. Fue él quien planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el caso de Mohamed Aziz, un desahuciado que pidió amparo judicial por entender que los términos del préstamo eran abusivos, y se espera sentencia para antes de Navidad. De momento, el informe de la abogada general de ese tribunal considera que la legislación española es abusiva e incumple la normativa europea de protección de los consumidores.
PREGUNTA: Cuánta injusticia tiene que haber en las ejecuciones hipotecarias para que los propios jueces, entre ellos 47 decanos, hayan tenido que salir a denunciar los abusos que permite la ley. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
RESPUESTA: Es que el problema es muy grave, y nosotros estamos en primera línea de fuego. Nos sentimos como si estuviéramos sentados sobre una olla a presión. El proceso de ejecución hipotecaria viene cuestionándose desde 1978, porque no garantiza el derecho de defensa de los afectados. En los 22 años que llevo de juez se ha modificado varias veces, pero todas en aspectos accesorios. El artículo 9 de la Constitución consagra al juez como el garante de que la ciudadanía pueda ejercer de manera efectiva sus derechos, pero tenemos una Ley de Enjuiciamiento Civil del siglo XIX que en estos procesos concede al juez una intervención residual, de manera que quienes hemos querido ejercer esa función de garantes hemos tenido que hacerlo de forma forzada, buscando los poros del sistema.
P: ¿En qué momento se sintió usted interpelado por esta situación?
R: Bastante antes de la crisis. Ya en mayo de 1991, al poco de llegar a mi primer destino, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), un día me llamó la agente judicial porque iban a desalojar a un matrimonio muy joven, y la chiquita, que ya tenía dos hijos, se había subido a un tejadillo de un sexto piso y amenazaba con tirarse. Ese fue el primer contacto que tuve con un desalojo. Yo tenía 25 años, y la chica, 21. Intenté disuadirla: “Baja, que no te quieres matar, pero al final vas a hacerte daño”. No se creía que fuera el juez. Después de aquello he intentado siempre hacer un seguimiento personalizado de las ejecuciones. En el sistema español, el juez, si no quiere, ni siquiera llega a conocer al afectado.
P:¿Está cambiando el modelo de juez?
R: En el ideario del siglo XIX, el juez debía ser una figura “desafecta” al mundo, en el sentido de no dejarse influir por el entorno. Esa idea napoleónica ha ido desapareciendo. Los jueces tenemos ahora los mismos problemas que cualquier ciudadano, hemos sufrido recortes como los demás y cada vez tenemos un mayor anclaje en la realidad social. Por otra parte, la de juez ya no es una carrera de élite, como la gente cree. Formamos parte de las clases medias.
P:Decidir sobre la vida de los demás es algo muy serio. Siempre he pensado que para ser juez hacía falta una gran vocación. ¿Cómo nació la suya?
R: Pues la verdad es que no pensaba ser juez. Inicialmente pensaba dedicarme a la filología, pero luego me decanté por Derecho, y aquí estoy. Es un trabajo muy bonito, pero no soy un juez vocacional.
P: Pues para no serlo…
R: Mi padre era secretario judicial y accedió a la judicatura en Madrid. Yo era el mayor de cuatro hermanos, y la verdad es que cuando empecé la carrera de Derecho, lo que me planteaba era la opción académica, salir dos o tres años al extranjero y enseñar en la Universidad. Pero, al terminar, la carrera judicial me pareció una buena opción. He de confesar que las materias en las que sacaba peores notas durante la carrera eran las de procesal y mercantil, que son a las que ahora me dedico.
P: ¿Le hubiera gustado más dedicarse al ámbito penal?
R: No elegí penal porque tuve una experiencia vital muy curiosa.
Cuando llevaba tres años de juez me tocó hacer la prestación social sustitutoria y pedí trabajar en la cárcel de mujeres. Estuve 13 meses. Guillem Vidal, que entonces presidía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, me decía: “José Mari, cuando salgas de la cárcel no podrás ser nunca juez de lo penal, porque has mostrado tanta empatía con la gente de ahí dentro, que no serías un buen juez”. Por otra parte, pensé que la izquierda se había preocupado mucho más por el Derecho Penal que por el Civil, y me pareció que en este ámbito había muchas cosas que hacer.
P:¿Porque considera que el juez tiene también un deber social?
R: Sí, claro. Yo pertenezco a la asociación Jueces para la Democracia, y en mi vida privada soy votante de izquierdas, no me importa decirlo. Soy independiente en mi trabajo, pero a la hora de votar siempre me he identificado con planteamientos progresistas.
P: ¿Cómo le llegó el caso de Mohamed Aziz?
R: El mismo día en que estaba previsto que se ejecutara el lanzamiento de su casa por un juzgado de Mataró, en un intento desesperado de parar el proceso acudió al juzgado para pedir amparo judicial por contrato abusivo. Cuando se inició la ejecución hipotecaria, en 2009, la entidad bancaria le reclamaba los 139.000 euros de la hipoteca, más 41.000 de intereses de demora y costas. Cuando se ejecutó la subasta, en 2010, la caja se quedó con la vivienda por el 50% del valor de tasación y, después de perder la casa, Mohamed Aziz seguía debiendo 40.000 euros de la hipoteca y otros 42.000 de intereses de demora y costas. No pude evitar el lanzamiento, pero empecé a darle vueltas. No podía ser que si tenía razón, si el contrato era abusivo, no tuviera posibilidad de reparación. Entonces decidí plantear la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE.
